El proyecto de ley que busca incorporar a la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), para elevarla a Viceministerio de Turismo, fue presentado ante diversas comisiones de la Cámara de Diputados este lunes. Se apunta a que la nueva estructura ayude a la consolidación del sector y el desembarco de inversiones que ubiquen a Paraguay como un hub turístico en la región.

Así lo explicó el ministro del MIC, Javier Giménez, quien resaltó que lejos de perder jerarquía, el sector será fortalecido como viceministerio. “La integración permitirá potenciar la promoción turística, consolidar fondos de inversión, actualizar la legislación vigente, modernizar terminales aéreas y pensar en la proyección de nuestro país como un punto de eventos internacionales de gran escala”, explicó.

Aseguró además que Paraguay cuenta con una oportunidad histórica para atraer turistas y consolidar la “industria sin chimeneas”, aprovechando la afluencia de visitantes a grandes eventos internacionales como el Rally del Paraguay, los Juegos Panamericanos Junior o los Juegos Odesur.

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• Por Sofía Céspedes, sofia.cespedes@nacionmedia.com.

Desde que asumió el gobierno, el pasado 15 de agosto de 2023, las políticas del presidente Santiago Peña se basaron en las reformas estructurales, dar un mayor impulso y apoyo a los programas sociales y seguir generando incentivos a fin de atraer inversiones para el crecimiento de nuestra economía.

Un pilar fundamental, y promesa de campaña de Santiago Peña, fue la creación de 500.000 puestos de trabajos durante su periodo de cinco años. Según datos de la Presidencia de la República, el gobierno logró incorporar a 85.000 trabajadores en la seguridad social en los últimos 22 meses.

Se pudo formalizar a unos 30.000 trabajadores y se está llegando a un total de 100.000 trabajadores formales desde agosto de 2023. También informaron que, hasta mayo de 2025, se registran unos 793.000 trabajadores registrados en el Instituto de Previsión Social (IPS).

De acuerdo a datos del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), se establecieron unas 7.700 nuevas empresas y se inscribieron más de 1.000 nuevas sucursales. Además, mediante el modelo de Empresas por Acciones Simplificadas (EAS), que permite abrir empresas de forma gratuita en un plazo de 72 horas, se experimentó un crecimiento del 21,6 % en el último año. De las más de 17.000 EAS constituidas desde su implementación, 6.122 se crearon entre julio de 2024 y mayo de 2025.

Entre julio de 2024 y mayo de 2025 se aprobaron proyectos de inversión y programas bajo el régimen de la Ley 60/90 y de Maquila por un total de USD 522 millones, con una proyección de 9.400 nuevos empleos. También, el régimen de maquila registró cifras récord: USD 1.062 millones en exportaciones entre julio de 2024 y mayo de 2025, un aumento del 13 % con relación al mismo periodo del año anterior.

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Una de las reformas más importantes que realizó Santiago Peña en su gobierno fue la fusión de la Subsecretaría de Estado de Tributación con la Dirección de Aduanas, para crear la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que permitió alcanzar una presión tributaria histórica del 11,5 % del producto interno bruto (PIB) en un año, sin aumentar impuestos. La recaudación tributaria aumentó en USD 586 millones (2024) respecto al periodo anterior.

Entre estos cambios, también se destaca el programa Hambre Cero en las escuelas, que hoy está brindando una alimentación de calidad a más de 1 millón de niños en instituciones educativas de todo el país. Esto, a su vez, genera una gran cantidad de empleo, porque moviliza una cadena de valor importante para que los alimentos lleguen a las escuelas, a través de las ruedas de negocios.

El gobierno presentó a finales de 2024 un ambicioso plan de inversiones en infraestructura por USD 5.500 millones para los próximos 5 años, con el objetivo de generar mejores empleos, impulsar la productividad y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

En el último año, se aprobaron proyectos por más de USD 1.000 millones en infraestructura vial, USD 210 millones en agua y saneamiento. y USD 455 millones en energía, según informaron desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

En comunicación con La Nación/Nación Media, la ministra de Obras, Claudia Centurión, indicó que en estos dos años se aprobaron y adjudicaron obras de suma importancia para cumplir con el objetivo mencionado anteriormente.

Una de las principales es la Ruta de la Soberanía, un proyecto vial que se extiende por 221 kilómetros y linda con Brasil en los departamentos de Amambay y Canindeyú. Es una obra financiada por USD 220 millones.

“También la Ruta PY05, que ha sido un contrato fracasado en la gestión anterior, es la tercera vez que se intenta reconstruir Pozo Colorado-Concepción, y estamos seguros que nosotros vamos a lograr resultados exitosos”, dijo Centurión a LN. También resaltó que esta obra será construida con pavimento rígido.

Otra obra destacada fue la Ruta PY01, que está por adjudicarse, porque está en evaluación económica. Será el segundo proyecto con modalidad Asociación Público-Privada (APP). Finalmente, habló de la pronta adjudicación para el mejoramiento de la Ruta PY010 en modalidad Llave en mano.

Economistas y analistas coinciden en que Paraguay vive un momento de estabilidad macroeconómica “soñada” y admirada por muchos países, además de tener una de las monedas más antiguas, estables y ponderadas de la región.

Víctor Pavón, abogado y analista económico, dijo a La Nación que el gobierno está cumpliendo con su promesa de atraer inversiones, mientras baja el déficit fiscal de acuerdo a la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) y propone reformas.

Sin embargo, aseguró que “tenemos cambios positivos, pero se requiere de reformas más profundas aún. Yo creo que nuestro país está en marcha tercera en un vehículo que ya requiere operar en quinta, incluso en sexta".

Pavón hizo alusión a que nuestro país tiene que enfocarse en realizar una reforma en la generación de energía eléctrica. Sostuvo que la electricidad, a diferencia de otros bienes, no puede almacenarse sino distribuirse al momento en el que se genera, pero para eso se requiere de inversiones que superan el presupuesto del Plan Maestro de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), que hoy ronda los USD 250 millones, cuando la necesidad es de USD 1.000 millones por año.

“Cubrir este déficit con más endeudamiento sería un grave error. Continuar aumentando la deuda pública, tarde o temprano, implicará subir impuestos o crear nuevos tributos, y eso sería totalmente contraproducente para la economía”, opinó.

Pavón hizo énfasis en que el gobierno debe impulsar un sistema que incentive la inversión y el empleo formal,” no que los castigue”, respecto a la materia tributaria. Expuso que si Paraguay quiere quiere posicionarse como un destino confiable para la inversión, debe ofrecer reglas claras, estables y transparentes.

“La previsibilidad es clave: los inversores no arriesgarán su capital en un país donde las normas cambian constantemente o se aplican de manera discrecional”, afirmó.

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Desde su perspectiva, el presidente de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco), el ingeniero José Luis Heisecke, el primer año de la gestión de Santiago Peña fue complicado ya que hubo pocas licitaciones, dificultades financieras y cobros atrasados por la deuda que heredó del gobierno anterior, pero que con responsabilidad la asumió y cumplió.

“Hacia finales de 2024 e inicios del 2025, el sector comenzó a despegar con un aumento significativo de licitaciones y adjudicaciones, lo que también obligó al gobierno a incrementar la inversión en infraestructura. Paraguay debe seguir apostando fuertemente por la infraestructura para mejorar su posición y aprovechar su potencial de desarrollo”, aseveró Heisecke.

El Poder Ejecutivo remitió al Congreso un proyecto de ley que “establece la política nacional para la producción y el ensamblaje de equipos eléc­tricos, electrónicos, electro­mecánicos y digitales”.

Los ministros de Economía y de Industria y Comercio, Car­los Fernández Valdovinos y Javier Giménez, respectiva­mente, destacaron la rele­vancia de esta iniciativa y sus beneficios.

Ambos ministros forma­ron parte de una audiencia pública en la que se analizó la propuesta legislativa, que permitirá a los importado­res seguir adquiriendo pro­ductos del exterior, pero con la opción de importar piezas y ensamblarlas en el país, lo que otorgará ventajas aran­celarias y contribuirá a la generación de empleo.

“El ensamblaje es un área nueva, con mucho potencial para la creación de puestos de trabajo, pero considera­mos que es lo que Paraguay necesita de acá para ade­lante”, expresó el ministro Fernández Valdovinos.

La iniciativa surge en un contexto internacional par­ticular, en el que las últimas disposiciones arancelarias de Estados Unidos, que fijó 145 % y luego reajustó al 30 % para las importacio­nes provenientes de China, además de un gravamen del 50 % aplicado a las exporta­ciones brasileñas, abren una ventana estratégica para que Paraguay se consolide como un polo regional de ensam­blaje.

Una delegación de la calificadora Moody’s llegó al país y se reunió con el equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En el encuentro, confirmaron el mantenimiento del grado de inversión al país, destacando la solidez de sus fundamentos económicos, fiscales e institucionales.

Al respecto, el viceministro de Economía, Felipe González, dijo a La Nación/Nación Media que Moody’s valoró que Paraguay continúa cumpliendo las proyecciones trazadas el año pasado, cuando se logró mejorar la nota de riesgo soberano. También mencionó que la ratificación llega en un contexto regional marcado por alta volatilidad, donde varios países han perdido estabilidad financiera en los últimos años.

“Nos señalaron que consideran correcta la decisión tomada el año pasado al mejorar la calificación de Paraguay. Destacaron nuestras fortalezas económicas, fiscales e institucionales, y que las perspectivas trazadas hace un año se están cumpliendo con los resultados actuales”, manifestó.

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En detalles, González dijo que hablaron especialmente de la sostenibilidad de la deuda pública, el manejo prudente del gasto y la capacidad institucional del país para implementar reformas cuando se consideran necesarias; resaltaron que Paraguay logró mantener competitividad y confianza en los mercados internacionales, en contraste con otros países de la región que enfrentan tensiones fiscales y financieras.

Otro punto mencionado por la agencia fue la continuidad de la política monetaria y el rol del Banco Central del Paraguay (BCP). El esquema de metas de inflación y la flexibilidad cambiaria otorgaron previsibilidad al sistema financiero, mientras que el ordenamiento del gasto público y la priorización de inversiones estratégicas reforzaron la percepción de estabilidad.

González sostuvo que el respaldo de Moody’s no sólo valida la política económica aplicada, sino que también abre la puerta a mejores condiciones de financiamiento en los mercados externos, lo que impacta directamente en proyectos de infraestructura y programas de desarrollo social.

En cuanto a las otras calificadoras, Fitch Ratings y Standard & Poor’s (S&P), el viceministro recordó que se encuentran evaluando la posibilidad de otorgar también el grado de inversión, lo que consolidaría aún más la percepción positiva del país en los mercados internacionales.

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