La Cámara de Apelación rechazó la recusación que presentó la defensa del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, contra el juez Humberto Otazú, en el marco de la causa referente al presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables.
De este modo, el magistrado queda confirmado en la causa y podrá fijar la audiencia preliminar. En la causa, los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Valdez acusaron y pidieron juicio oral y público para el intendente esteño y otros procesados por supuesta lesión de confianza y asociación criminal.
El 24 de julio, la máxima instancia judicial ya había rechazado otro procedimiento realizado por la defensa de Prieto, que buscaba apartar de la causa a los tres miembros de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones. Andrea Vera, Bibiana Benítez y Arnulfo Arias serían los camaristas recusados anteriormente.
Los integrantes de la cámara confirmaron de forma unánime la permanencia de Otazú en la causa. Una vez fijada la audiencia preliminar por parte del magistrado, se determinará el curso del proceso judicial contra el intendente; el juez penal de garantías deberá convocar a las partes involucradas.
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Sobre Miguel Prieto
De acuerdo a la denuncia presentada, en plena pandemia del coronavirus, el intendente de Ciudad del Este entregó un millonario monto al pequeño autoservice Tía Chela por kits alimenticios fantasmas. En enero pasado se decidió ampliar el plazo para que el fiscal Silvio Corbeta formule los requerimientos conclusivos.
Según la acusación, Prieto encabezó un esquema integrado por funcionarios a su cargo para el desvío de los recursos municipales que terminó en un perjuicio patrimonial a la institución de G. 2.130.036.160.
Según las acusaciones, Prieto está implicado en la realización de compras ficticias de 25.000 kits de cestas básicas destinados a familias de escasos recursos, por un valor total de G. 1.769.790.000, causando un significativo perjuicio económico a la municipalidad.
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LN PM: edición del 20 de agosto
Sala Penal destraba chicana de Prieto en caso Tía Chela
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió declarar inadmisible el recurso de apelación general que interpuso la defensa del destituido intendente esteño Miguel Prieto, en la causa relacionada a los kits de alimentos a través de la firma proveedora Tía Chela SRL.
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Confirman 16 casos de sarampión en San Pedro y otros 9 sospechosos
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“Esta campaña siempre genera expectativas muy importantes en la clientela, la gente está buscando cómo ahorrar y que el dinero le rinda un poco más”, dijo.
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Sala Penal destraba chicana de Prieto en caso Tía Chela
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió declarar inadmisible el recurso de apelación general que interpuso la defensa del destituido intendente esteño Miguel Prieto Vallejos, en la causa relacionada a los kits de alimentos a través de la firma proveedora Tía Chela SRL. La resolución fue emitida este 20 de agosto, con firma de los ministros Eugenio Jiménez Rolón, Manuel Dejesús Ramírez Candia y César Antonio Garay Zuccolillo.
En la causa caratulada “Miguel Prieto Vallejos y otros s/lesión de confianza (Ley n.° 6379) superior a 5.500 jornales”, expediente n.° 4.524 del año 2020, los abogados Gilda María Portillo Vera y Andrés Casati Caballero, representantes legales de Prieto, habían presentado esta chicana, el 6 de agosto de 2024, contra el Auto Interlocutorio n.° 158 de fecha 2 de agosto de 2024, dictado por la Cámara Especializada de Delitos Económicos, que dispuso no hacer lugar a la recusación contra el juez Humberto Otazú, del Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos del Primer Turno.
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El 18 de julio de 2023, los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia imputaron a Miguel Prieto, y a otros diez implicados, por una supuesta compra fraudulenta de unas 25.000 cestas de alimentos durante la pandemia, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este por la compra efectuada en 2020 mediante una licitación convocada por la vía de la excepción y adjudicada a la firma Tía Chela SRL, supuestamente para familias de escasos recursos.
Los procesados son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.
La decisión de la Corte ratifica lo resuelto por el tribunal de apelación, manteniendo la validez de las actuaciones procesales dentro de la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación para la adquisición y distribución de los kits de alimentos durante la pandemia, operación realizada a través de la firma proveedora Tía Chela SRL.
Unas 50 denuncias
Este fallo se suma a otro proceso que enfrenta Prieto, quien cuenta con 50 denuncias formuladas contra el ahora ya destituido intendente de Ciudad del Este; y constituye un precedente relevante dentro del expediente, ya que limita las posibilidades de la defensa de revertir las resoluciones judiciales en instancias superiores.
Hay que resaltar que la intervención municipal, que estuvo a cargo del economista Ramón Ramírez, la cual culminó la semana pasada, ha revelado la forma en la que operaba el esquema que organizó el destituido intendente Miguel Prieto para concretar su maquiavélica gran estafa, con el objetivo de embolsillarse millonarias sumas pertenecientes a las arcas públicas.
El resultado de esta intervención, se presentó a la Cámara de Diputados que resolvió ayer martes la destitución del jefe comunal debido las graves irregularidades denunciadas por la Contraloría General de la República y que fueron corroboradas por el interventor.
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Movimiento Yo creo de Prieto no está habilitado para próxima elección esteña
El movimiento Yo Creo, encabezado por el destituido intendente Miguel Prieto, se encuentra imposibilitado de presentar candidatura para la intendencia de Ciudad del Este, en la elección prevista este año para completar el mandato de forma interina, confirmó el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
Dicho impedimento fue expuesto por el director de Procesos Electorales, Carlos María Ljubetic, de acuerdo con el artículo 19 del Código Electoral, que establece claramente que los partidos políticos en formación no podrán presentar aspirantes para los comicios generales departamentales o municipales.
Prieto fue apartado ayer del cargo mediante una amplia mayoría en la Cámara de Diputados tras graves irregularidades confirmadas por una intervención y que fueron detectadas con anterioridad por la Contraloría General de la República (CGR). Desde el órgano electoral informaron que las elecciones internas se encuentran programadas para el primer domingo de octubre, mientras que los comicios generales municipales están previstos para el 9 de noviembre.
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No obstante, el senador de Yo Creo Rubén Velázquez manifestó que analizan solicitar al TSJE el reconocimiento de un movimiento dentro del cronograma electoral que dictará próximamente la institución.
“Yo Creo está en fase de reconocimiento como partido político, entonces ya no llegamos por el tiempo, pero nosotros podemos pedir el reconocimiento de un movimiento político y tener un candidato. Por ejemplo puede ser el movimiento Conciencia Democrática Esteña, que lo llevó a Prieto por primera vez como concejal municipal y nuestro eslogan podrá ser Yo Creo”, dijo en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Yo Creo evalúa la posibilidad de lanzar la candidatura de Daniel Pereira Mujica para completar el este período. El economista se desempeña como asesor político de Prieto. En las pasadas elecciones generales del 2023 fue candidato a la gobernación de Alto Paraná.
“Ya existe un precedente, cuando Prieto fue electo también intendente por primera vez en el 2019, se dio justamente por un movimiento político inscripto durante ese período electoral que duró 90 días (llamado de elecciones). Es un período electoral comprimido, pero se puede hacer, existe precedentes”, dijo.
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Chicanas de Prieto impiden el avance de sus causas judiciales, afirma fiscal Corbeta
El fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, afirmó que las causas judiciales por corrupción que pesan sobre el destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, no pueden avanzar debido a las reiteradas chicanas que impulsa el líder del movimiento Yo Creo, con 50 denuncias y dos imputaciones.
“El Ministerio Público se tropieza con muchas dificultades, hacemos lo que podemos para llegar a resultados concretos. Nosotros entendemos que existe una suerte de preocupación (por la lentitud), pero hacemos nuestra labor con la mayor objetividad”, dijo Corbeta, este miércoles, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Prieto se encuentra imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El dirigente opositor está sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que ascendería a la suma de G. 306.188.500 por el pago concretado por mercaderías inexistentes.
En la causa se menciona que el dirigente político, entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos, con supuestos fines sociales, ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.
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Kits de alimentos
De acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales, todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto. En un caso previo, el Ministerio Público lo imputó por presunta compra amañada de 25.000 kits de alimentos, causando un perjuicio patrimonial de G. 1.769 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este, también durante la pandemia del covid.
“Las investigaciones avanzan en la medida de lo posible, pero estamos ante reiteradas chicanas que nos dejan temporalmente fuera de las causas. En el caso Costanera, por ejemplo, fuimos recusados dos veces en cuestión de días, incluso por personas que ni siquiera guardan relación directa con el proceso”, refirió el agente fiscal.
Asimismo, siguió sosteniendo que “hay causas en etapa de acusación, como el caso Tía Chela y el de Tajy, pero seguimos dependiendo de pericias técnicas contables y de obras para avanzar. Sin esos informes, resulta imposible llegar a imputaciones sólidas”.
El agente fiscal comentó que fueron establecidos dos equipos de la Unidad de Delitos Económicos para investigar los hechos punibles atribuidos a Prieto. Por una parte se encuentra Corbeta junto con sus colegas Jaime Adle y Verónica Valdez; y, por otra, figuran Néstor Coronel, Marlene González y Luz Guerrero. Entre ambos equipos llevan 33 investigaciones. Las restantes están a cargo de fiscales de Ciudad del Este por tratarse de delitos ordinarios.
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