Una de las buenas noticias de la última semana de febrero es que los europeos se están prepa­rando para dar cumplimiento al acuerdo pactado entre el Mercosur y la Unión Europea. Aunque hay resistencia de algunos países del viejo continente, la mayoría del conglomerado de 27 naciones ve la necesidad de darle una pronta vigencia, sobre todo teniendo en cuenta la decisión del presidente norteamericano, Donald Trump, de aplicar más aranceles al comercio, que afectaría a la economía europea.

Paraguay es uno de los países del Mercosur que todavía no ha ratificado el acuerdo con los europeos y se aguarda que lo haga con prontitud ya que otras naciones socias ya lo han hecho.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló que los países de la unión aplicarán provisionalmente el acuerdo comercial suscrito con el Merco­sur, a la espera de la decisión final del tri­bunal europeo al que se sometió la tarea de consignar la legalidad del convenio inter­nacional.

Localmente, en Paraguay se aguarda que las autoridades parlamentarias nacionales le den su aprobación y así se pueda comen­zar su aplicación en el plazo más breve posi­ble. Nuestro país es una de las naciones que mayor provecho obtendrá con la vigencia de la norma internacional para mejorar sus exportaciones a los países del norte y ampliar sus inversiones de cara al futuro.

“En las últimas semanas he mantenido conversaciones en profundidad sobre esta cuestión con los Estados miembros y con los eurodiputados. Sobre esta base, la Comisión procederá ahora a su aplicación provisional”. Ese es el anuncio realizado por Von der Leyen el viernes pasado cuando tuvo ocasión de hablar con los periodistas acreditados ante la corporación interna­cional. Lo que indica el fuerte interés que tiene la unión de poner en marcha el conve­nio que se firmó recientemente en nuestra capital luego de más de 25 años de negocia­ciones.

El tratado que se acordó con los países de la Unión Europea tiene una importancia tras­cendental, pues elimina aranceles y trabas para más del 90 % de la actividad comer­cial entre los 27 países del norte y las cuatro naciones miembros del Mercosur: Argen­tina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Según los datos estadísticos, entre ambos bloques se conforma el 30 % de la economía mundial y tiene más de 700 millones de consumido­res que están atentos a las ventajas que se aplicarán.

La ratificación del acuerdo Mercosur-UE estaba prácticamente congelada luego de que el Parlamento Europeo remitiera el documento al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con el fin de que deter­mine su legalidad. Pero, ahora, con la deci­sión de la autoridad comunitaria se tiene la oportunidad de que se la ponga en vigen­cia de manera provisional. Esto porque, de acuerdo a las autoridades comunitarias, es posible darle cumplimiento de manera transitoria hasta que se conozca la deci­sión final del tribunal, que puede llevar su tiempo, acaso un año y medio, según las previsiones.

Por el lado del Mercosur, la otra novedad de la última semana de febrero es que tanto la Argentina como el Uruguay ratifica­ron el jueves 26 el convenio con los euro­peos. Ahora solo queda Paraguay, que tiene que dar el paso correspondiente, lo mismo que Brasil, que todavía no ha dado su visto bueno final. Recientemente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió imponer un arancel del 10 % a las importa­ciones que realiza de todos los países. Esta determinación terminó de apurar a muchas naciones a intensificar su relación comer­cial con otras economías, a fin de que su impacto no se haga sentir con mucha fuerza en sus negocios. Los gobiernos de España y Alemania han apoyada claramente la vigencia del acuerdo con Mercosur, porque dará muchos beneficios a los países involu­crados.

Según un comunicado del Ministerio de Economía español, “en un mundo más incierto, Europa no puede permitirse que­darse atrás. El acuerdo con Mercosur es un gran paso en la hoja de ruta de la UE para ser más autónoma y resiliente”. En Alema­nia, el ministro de Relaciones Exteriores, Johan Wadephul, resaltó que el mencio­nado acuerdo traerá prosperidad y creci­miento.

Nuestro país debe aprovechar esta situa­ción y comenzar a darle más impulso a las exportaciones con mayor cantidad y varie­dad de productos nacionales para fortalecer la economía y acrecentar el desarrollo.

La presidenta del brazo ejecutivo de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, pidió el sábado “la máxima moderación” ante los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, y añadió que garantizar la seguridad nuclear era “crucial”.

“Garantizar la seguridad nuclear y prevenir cualquier acción que pueda agravar aún más las tensiones o socavar el régimen mundial de no proliferación es de importancia crucial”, señaló la presidenta de la Comisión Europea.

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“Pedimos a todas las partes que ejerzan la máxima moderación, que protejan a la población civil y respeten plenamente el derecho internacional”, añadió en una declaración conjunta con el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

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Fuente: AFP.

Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela durante 10 años hasta su renuncia ayer miércoles, se describe como defensor de los derechos humanos, abogado y poeta, pero sus detractores lo señalan de ser el artífice de la represión bajo Nicolás Maduro. Tras su renuncia fue designado defensor del pueblo de manera interina por parte de la Asamblea Nacional.

Repleto de tatuajes y promotor de sus propios libros de poesía, Saab era una de las grandes figuras del gobierno de Maduro, capturado en una incursión militar estadounidense el 3 de enero. La oposición lo considera símbolo de una justicia sometida por el poder. De perfil mediático, justificó en entrevistas y redes sociales las olas de represión en Venezuela durante 2017, 2019 y más recientemente los disturbios que siguieron a la reelección de Maduro en julio de 2024, que dejaron unos 2.400 detenidos y 28 muertos.

“Si nosotros no actuamos en ese momento en la manera como lo hicimos, Venezuela hubiera sido objeto de una guerra civil”, dijo a la AFP entonces. Saab recuerda regularmente su alineación con el chavismo, la doctrina ideológica inspirada en el socialismo del popular y fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

“Puso su identidad ideológica muy por encima de sus principios de defensa de derechos humanos”, explicó a la AFP Rafael Uzcátegui, defensor de derechos humanos, que lo conoció de cerca. “Fue un extraordinario fiscal”, dijo el poderoso ministro del interior Diosdado Cabello, que le auguró una buena gestión como defensor del pueblo.

El despacho de Saab en la Fiscalía es muestra de su carácter antimperialista: un cuadro del Libertador Simón Bolívar; fotos suyas con Chávez y otras con Fidel Castro; un bastón de madera con un grabado que reza “nunca más (Donald) Trump”. Irónicamente, fue la presión de Estados Unidos la que impulsó su salida. Trump dice estar a cargo de la Venezuela pos-Maduro.

Era muy activo en redes sociales. Ordenaba investigaciones desde X y publicaba constantemente fotos personales. Adepto al gimnasio, se calificaba como “poeta”, “libre” y “hippie”. Sus detractores lo tildan de “egocéntrico”. Nacido en 1962 en El Tigre (este) en el seno de una familia de origen libanés, Saab lideró movimientos estudiantiles de izquierda, a la vez que se adentraba en la poesía como una de sus grandes pasiones.

Abandonó sus estudios de literatura para dedicarse al derecho. “Quería defender los derechos humanos”, dijo a la AFP. En 1999 estrechó sus lazos con el recién electo Chávez, al participar en la redacción de una nueva Constitución que cimentó los 27 años de “Revolución Bolivariana”.

Afrontó la cárcel durante un intento de golpe de Estado sufrido por Chávez en 2002, un episodio que le gusta evocar. Fue liberado gracias a la presión de oenegés de defensa de derechos humanos. Fue gobernador de su estado natal Anzoátegui entre 2004 y 2012. En 2014 fue nombrado ya bajo el gobierno de Maduro como defensor del pueblo, un cargo que vela por la garantía de los derechos de la población ante posibles abusos del Estado.

“Expresó su idea de hacer un plan de trabajo con las organizaciones, pero la verdad es que de esa primera reunión no prosperó nada”, contó Uzcátegui. “Es extremadamente sensible a la crítica, a los cuestionamientos, y a la medida que las organizaciones fuimos exigiéndole cosas, interpelándolo en su rol como defensor del pueblo, pues él comenzó rápidamente a alejarse de las organizaciones y a considerarlas como enemigas”, acotó.

En 2017 la entonces fiscal general Luisa Ortega Díaz denunció una “ruptura del orden constitucional” en medio de una ola de duras protestas antigubernamentales, tras lo cual huyó del país. Saab fue designado como su sucesor. Como fiscal general se jacta de haber combatido eficazmente la corrupción, especialmente por ordenar la detención del poderoso ministro petrolero Tareck El Aissami.

Defensores de derechos humanos no ahorran duras críticas para su gestión. “No hay adjetivo negativo que pueda describir acertadamente cómo ha sido su gestión dentro de la fiscalía”, señaló Uzcátegui. “Una fiscalía absolutamente falta de independencia, que se convirtió permanentemente en un apéndice del Ejecutivo, que no garantizó el derecho a la justicia de las víctimas, que se convirtió en una herramienta de persecución”, añadió.

Recordó además que informes de organismos internacionales en materia de derechos humanos lo señalan como “cómplice de la comisión de graves violaciones de derechos humanos”. Saab contradice estas acusaciones y asegura que más de 600 funcionarios fueron condenados por abusos durante su mandato como fiscal.

Bajo sanciones estadounidenses desde 2017, Saab lamentaba no poder viajar más a París, en particular al festival musical Fiesta de la Humanidad. Saab no dejó de condenar la captura de Maduro, que llegó a considerar como evidencia de la “muerte del derecho internacional”. En las últimas semanas se enorgulleció de participar en la redacción de una histórica ley de amnistía que debe impulsar la liberación de cientos de presos políticos. Esperaba que la “pacificación” que justifica la ley pudiese abarcar a Maduro, preso en Nueva York.

Fuente: AFP.

La Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro), presentó observaciones técnicas ante la Comisión Europea durante la consulta pública sobre el Borrador de Reglamento Delegado que modifica el Reglamento (UE) 2019/807.

El gremio señaló que teniendo en cuenta que el borrador propone clasificar a la soja como una materia prima de alto riesgo de ILUC (cambio indirecto del uso de la tierra) dicho estudio presenta limitaciones metodológicas relevantes.

En ese sentido, se objetó la generalización geográfica del análisis, ya que se focaliza exclusivamente en la región del Chaco, cuando el 99 % de la producción de soja del Paraguay se concentra en la Región Oriental. “Esta omisión distorsiona la evaluación del riesgo real asociado al cultivo”, indicaron.

Las observaciones fueron elevadas el 18 de febrero por la Comisión de Sustentabilidad de Cappro y “se basan en inconsistencias identificadas en el estudio elaborado por la consultora Guidehouse, utilizado por la Comisión Europea como sustento técnico para dicha clasificación”.

Así también, se cuestionó la proporcionalidad establecida entre la expansión de la soja y la pérdida de bosques, señalando que los datos utilizados no reflejan adecuadamente la realidad productiva de nuestro país.

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“También se objetó la clasificación de la soja como monocultivo, cuando en la práctica predominan esquemas de rotación y diversificación de cultivos, lo que contribuye a una mayor eficiencia en el uso de la tierra”, detalló la Cappro.

Igualmente explicaron que al no incorporar información de la Región Oriental el estudio omite la existencia y plena vigencia de la Ley de Prohibición de Deforestación (N° 6676/2020), así como otros marcos normativos ambientales que regulan la producción agrícola.

“Ante estas inconsistencias, Cappro instó respetuosamente a la Comisión Europea a revisar y reevaluar la clasificación propuesta, incorporando información representativa y datos oficiales del país, con el objetivo de asegurar una evaluación consistente y ajustada a la realidad productiva y ambiental del país”, finalizaron.

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