El abogado y exdiputado Óscar Tuma recordó que el Congreso Nacional sigue sin analizar un proyecto de ley para la distribución de las indemnizaciones a las víctimas y las familias de las víctimas fatales del incendio sin precedentes en el supermercado Ycuá Bolaños.
El proyecto de ley había sido presentado por Óscar Tuma cuando ocupaba una banca en la Cámara de Diputados, sin embargo, hasta la fecha no se logró tratar y mucho menos aprobar esta iniciativa.
“Para buscar un punto final a esta situación, hemos presentado un proyecto de ley cuando fui diputado, o traté de impulsar, no lograba el acompañamiento, donde se establecía que ese dinero que es de las víctimas”, señaló el abogado en conversación con el programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Tuma explicó que el seguro parte del dinero en concepto de indemnización para las víctimas, pero que hasta el momento no se ha logrado distribuir. “Ese dinero que se pagó por parte del seguro que se distribuya entre las víctimas sin esperar la sentencia y hacer una distribución de un porcentaje mayor para los familiares de los fallecidos, un porcentaje menor para las víctimas con lesión grave y un porcentaje menor para las víctimas con lesión”, indicó.
El abogado cree que este proyecto de ley es una salida para distribuir de manera equitativa la compensación, no solo a los familiares de las víctimas fatales, sino también para las víctimas sobrevivientes de esta tragedia.
“Es la única manera que de forma equitativa se pueda distribuir ese dinero y no seguir esperando 20 años más. Ese es el proyecto que yo creo que va dar una solución, porque cuando este dinero se depositó, que era 20 mil millones de guaraníes, que equivalía a 5 millones de dólares, hoy los 20 millones ya no valen los 5 millones de dólares”, señaló.
Instó a los actuales diputados que traten este proyecto de ley que se encuentra parado en la instancia legislativa. “A los diputados les recuerdo que existe un proyecto que soluciona la indemnización de las víctimas y que lleva años dormido, ojalá hoy alguien se haga cargo del mismo y no solo aprovechen este día para figuretear”, puntualizó.
Leé también: Por unanimidad, senador “Chaqueñito” es expulsado de la bancada de Honor Colorado
Dejanos tu comentario
Buscan acelerar incentivos para médicos subespecialistas del sector público
El diputado colorado Arturo Urbieta destacó la importancia del proyecto de ley “Que crea el Programa Nacional de Incentivos para Profesionales Médicos con Subespecialidad en el Sistema de Salud Pública”, en un contexto de reclamos planteados por médicos del sistema público.
La iniciativa adquiere especial relevancia tras la huelga nacional de médicos y la presentación de renuncias de profesionales de distintas especialidades. Los reclamos del sector incluyen mejores condiciones laborales, reajustes salariales, desprecarización y nombramientos.
En este escenario, el diputado Urbieta manifestó su preocupación por la situación y urgió el tratamiento del proyecto en las distintas comisiones asesoras de la Cámara Baja, con miras a la emisión de los respectivos dictámenes y su posterior consideración en sesión plenaria.
La iniciativa impulsada por el legislador Urbieta se halla en etapa de análisis en las comisiones Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y Previsión Social; Derechos Humanos; Salud Pública; Presupuesto; Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria; Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer; y Reestructuración y Modernización del Estado. Una vez dictaminado será puesto a consideración del plenario de la Cámara de Diputados.
Programa de incentivos
La propuesta tiene por objeto establecer un régimen laboral y financiero especial mediante la creación del “Programa de Incentivos para Profesionales Médicos con Subespecialidad”. La finalidad es atraer y retener a estos profesionales, promover su formación continua y garantizar su permanencia en las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud.
Según la exposición de motivos, la formación de un médico subespecialista puede demandar entre 12 y 15 años, considerando la carrera de Medicina, una especialidad básica y la posterior capacitación en áreas de alta complejidad.
El documento señala que, al incorporarse al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social o al Instituto de Previsión Social, estos profesionales encuentran las mismas condiciones laborales y salariales que un médico general o un especialista de primer nivel.
Las disposiciones alcanzarían a médicos con subespecialidad debidamente acreditada que presten servicios en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el Instituto de Previsión Social, el Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción y la Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales.
El proyecto define como médico con subespecialidad al profesional que cuente con el título de médico cirujano y una especialidad médica básica, haya completado un programa formal de formación en una subespecialidad, posea la certificación correspondiente del Círculo Paraguayo de Médicos y mantenga actualizado su registro profesional expedido por el Ministerio de Salud Pública.
El programa se sustentaría en un régimen especial de becas y remuneración complementaria. Para ello, plantea la creación del “Fondo de Actualización Científica para Subespecialidades”, que sería administrado por el Ministerio de Salud Pública y permitiría otorgar permisos especiales con goce de sueldo de hasta 30 días anuales para participar en congresos, seminarios, pasantías o rotaciones internacionales relacionadas con la subespecialidad.
El fondo también podría financiar total o parcialmente pasajes y viáticos para la presentación de trabajos científicos en congresos internacionales en representación del Estado, conforme a las condiciones que establezca la reglamentación.
La iniciativa contempla una bonificación permanente por subespecialidad equivalente a un salario mínimo mensual, que sería aplicable a un solo cargo cuando el profesional mantenga más de un vínculo laboral y se percibiría independientemente de otros incentivos otorgados al personal de salud del sector público.
Para acceder, los médicos deberán contar con la certificación o recertificación de su subespecialidad y poseer un registro profesional vigente como subespecialistas, otorgado por el Ministerio de Salud Pública. La cartera sanitaria deberá mantener actualizada la nómina de profesionales que reúnan estas condiciones.
Siga informado con: Contralor califica al IPS como la institución más “desordenada del Estado”
Dejanos tu comentario
Proponen fortalecer la memoria histórica de Acosta Ñu y las Campañas Cordilleras
Buscando convertir a Acosta Ñu y la Campaña de las Cordilleras en ejes prioritarios de preservación, investigación y divulgación de la memoria histórica nacional presentaron un proyecto de Ley que plantea fortalecer la protección patrimonial del sitio, promover su enseñanza y desarrollar herramientas de turismo educativo, con visitas guiadas, investigaciones de campo y materiales audiovisuales sustentados en fuentes verificables.
Por iniciativa del diputado colorado, Saúl González, el proyecto legislativo contempla la creación de un Comité Histórico ad honorem para acompañar las acciones académicas y culturales. El enfoque incorpora, además de los hechos militares, sus profundas consecuencias sociales, territoriales y demográficas. El documento fue derivado a las respectivas comisiones asesoras para su correspondiente estudio y dictamen.
La propuesta normativa reconoce el derecho de la sociedad al conocimiento de la verdad histórica y a la preservación de la memoria colectiva sobre la Campaña de las Cordilleras y los hechos de Acosta Ñu.
Le puede interesar: Cancilleres del Mercosur se reúnen en Uruguay para destrabar cuotas de UE
Por ello, el congresista busca establecer una política permanente de investigación, preservación y divulgación de la memoria histórica vinculada con la Campaña de las Cordilleras y, particularmente, con los acontecimientos de Acosta Ñu, ocurridos el 16 de agosto de 1869, durante la Guerra de la Triple Alianza.
Valorización cultural
Según exposición de motivos, el Estado paraguayo ya reconoce la relevancia histórica, cultural, patrimonial y educativa de estos acontecimientos. No obstante, se pretende sistematizar, profundizar y articular instrumentos jurídicos e institucionales existentes, sin sustituir competencias de instituciones públicas.
El proyecto plantea reconocer el 16 de agosto y el sitio histórico de Acosta Ñu como ejes prioritarios de memoria histórica, educativa y de valorización cultural, sin modificar el régimen conmemorativo del Día del Niño del Paraguay, establecido por el Decreto Nº 27484 de 1948.
Asimismo, recuerda que el área correspondiente al campo de batalla de Acosta Ñu, en Eusebio Ayala, ya fue declarada Patrimonio Natural, Cultural y Arqueológico mediante la Resolución SNC Nº 157/2017, en el marco de la Ley Nº 5621/2016, “De protección del patrimonio cultural”.
La propuesta plantea complementar la protección vigente con acciones de investigación histórica y documental, digitalización de fuentes, elaboración de mapas históricos, señalización interpretativa, recursos educativos y divulgación audiovisual.
“El estudio de la Campaña de las Cordilleras debe contemplar no solo los enfrentamientos militares, sino también sus consecuencias sociales, territoriales y demográficas, incluyendo los desplazamientos de población y la destrucción de comunidades. Propongo incorporar a Acosta Ñu y la Campaña de las Cordilleras como ejes prioritarios de las herramientas de turismo educativo previstas en la Ley Nº 6755/2021″, explicó el legislador.
Turismo educativo
Para ello, la normativa contempla visitas guiadas, investigaciones de campo y proyectos escolares vinculados con el sitio histórico y se plantea la producción de materiales audiovisuales sustentados en fuentes verificables e investigaciones académicas, con fines educativos, culturales y de divulgación pública.
Finalmente, el diputado González insta a crear un Comité Histórico ad honorem, de carácter consultivo, técnico y académico, integrado por especialistas nacionales y, cuando corresponda, extranjeros. “Este organismo no sustituiría las competencias de las instituciones públicas ni generaría cargos remunerados”, enfatizó.
El proyecto establece mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación y Ciencias, la Secretaría Nacional de Cultura y el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo, así como la posibilidad de suscribir convenios con universidades, archivos, museos y otras instituciones.
Dejanos tu comentario
Propuesta para facilitar la titulación de tierras gana respaldo del sector campesino
Representantes de la Federación Nacional Campesina, la Multisectorial, la Coordinadora por la Reforma Agraria y comisiones vecinales apoyaron la propuesta del Ejecutivo para eliminar el pago previo del 3 % y ampliar los plazos de pago de los lotes.
El proyecto del Ejecutivo plantea flexibilizar las condiciones para acceder a la titulación, eliminando la barrera económica que implica el pago inicial del 3 % y estableciendo un régimen de pago diferido. La iniciativa recibió respaldo de representantes campesinos durante una audiencia pública que se llevó a cabo este viernes en el Congreso Nacional.
El titular de la Cámara de Senadores, y presidente del Congreso, Basilio Núñez, convocó una audiencia pública para analizar el proyecto de ley que modifica disposiciones del Estatuto Agrario y la normativa del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), con el objetivo de facilitar el acceso a la titulación de tierras para las familias campesinas. El debate estuvo acompañado del presidente del ente agrario, Francisco Ruiz Díaz.
Promover su próximo tratamiento
Durante las deliberaciones los representantes del sector campesino, autoridades y legisladores, señalaron que están a favor de las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo. El objetivo del diálogo fue recoger las inquietudes y promover el tratamiento del proyecto de ley el próximo 16 de septiembre.
El titular del Indert presentó el proyecto con los puntos específicos que se plantea modificar. Brindó una amplia explicación a los participantes sobre la propuesta del gobierno. Explicó que el proyecto plantea eliminar el pago previo del 3 % del valor de la tierra como requisito para acceder al título de propiedad y establecer un régimen de pago diferido.
Señaló que de aprobarse, los beneficiarios podrían recibir primero la titulación y posteriormente abonar el valor de la tierra mediante cuotas anuales, con el inicio de los pagos 12 meses después de la entrega del título. El plazo previsto sería de hasta 30 años para las mujeres y 20 años para los hombres.
La audiencia se realizó en la sala de sesiones del Congreso Nacional y contó con la presencia de los senadores Natalicio Chase, Líder Amarilla, Óscar Salomón, Enrique Salyn Buzarquis, Arnaldo Samaniego, Patrick Kemper e Ignacio Iramain. El proyecto de modificación contó con un fuerte respaldo de los representantes campesinos, así como también de los parlamentarios.
Apoyo del sector campesino
Al inicio del encuentro, el presidente del Senadores, Basilio Núñez, destacó la importancia de escuchar a los distintos sectores involucrados, a fin de que el proyecto responda a las necesidades del campesinado. “Necesitamos conocer sus opiniones para establecer una respuesta que se traduzca en este proyecto de ley, que verdaderamente beneficie principalmente al campesinado”, expresó.
Marcial Gómez, dirigente de la Federación Nacional Campesina, confirmó el apoyo de la FNC a la eliminación de las barreras económicas que impiden al campesinado acceder al título de propiedad.
En ese sentido, dijo que están de acuerdo en eliminar el pago previo del 3 % y la ampliación de plazos. De igual forma, la Multisectorial, la Coordinadora por la Reforma Agraria, así como las comisiones vecinales de diferentes departamentos, brindaron su apoyo a la iniciativa de cambios en el Estatuto Agrario.
Pulciano Sánchez sostuvo que la iniciativa representa a un sector importante del país que merece ser escuchado y que las decisiones adoptadas deben contemplar las necesidades reales de las familias campesinas.
El monseñor Mario Melanio Medina, representante de la Delegación del Comité de Iglesias, resaltó la importancia de abordar el problema de fondo y encontrar una respuesta que favorezca efectivamente a las familias campesinas.
En la misma línea, Alejandro Colmán, beneficiario de San Pedro y representante de la Comisión de Fomento y Desarrollo Yvype, sostuvo que la regularización de las tierras constituye una responsabilidad del Estado y remarcó la importancia de garantizar soluciones que permitan a las familias campesinas consolidar su propiedad y mejorar sus condiciones de vida.
Siga informado con: Presentan proyecto para sumar nueve km al Corredor Suroeste
Dejanos tu comentario
Senado aprobó con modificaciones ley de emergencia del IPS
La Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley que declara en emergencia al Instituto de Previsión Social (IPS), por lo que el texto fue remitido nuevamente a Diputados para su consideración en segunda vuelta.
Varios diputados impulsaron la propuesta ante el desabastecimiento de medicamentos esenciales, problemas en la infraestructura edilicia, de máquinas y falta de personal; y faculta la realización de acciones administrativas y financieras necesarias.
En su intervención ante el pleno, el senador Silvio Ovelar explicó que la iniciativa establece procedimientos excepcionales para atender las necesidades de la institución, entre ellos la suspensión de mecanismos convencionales de contratación y la posibilidad de realizar compras directas de medicamentos e insumos, además de reparaciones edilicias.
Te puede interesar: El canciller presidió la reunión del Consejo Consultivo Empresarial
Plazo de vigencia: un año
Recordó que durante una reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto participaron el presidente del IPS y el ministro de Economía y Finanzas, quienes expusieron sobre el alcance de la propuesta.
A su vez, el senador Natalicio Chase propuso su aprobación con modificaciones. El planteamiento contempla, entre otros aspectos, medidas relacionadas con el fortalecimiento del recurso humano, incluyendo la desprecarización laboral de aproximadamente 700 funcionarios y la incorporación de nuevos contratos, conforme a la planificación institucional, para cubrir el déficit de médicos existente en el ente previsional.
La propuesta también contempla la constitución de una fiducia de gestión de cobranza, orientada a la recuperación de la cartera judicializada de la institución. El objetivo es alcanzar al total de los deudores en mora y recuperar, en un plazo de cinco años, el 60 % de la cartera entregada para gestión de cobro.
Durante el tratamiento también se planteó modificar el plazo de vigencia de la emergencia, estableciendo que sea por un año desde su promulgación, en sustitución del plazo previsto inicialmente hasta el año 2028.
Finalmente, el proyecto de ley fue aprobado con modificaciones y, al contar con cambios respecto de la versión sancionada por la Cámara de Diputados, se envió nuevamente a la Cámara Baja para su tratamiento en plenaria.
Leé también: Ministro de Defensa destaca trabajo coordinado del Gobierno ante efectos de El Niño