El Tribunal Supremo español rechazó el martes un recurso del fiscal general del Estado para evitar ir a juicio por haber filtrado presuntamente documentos judiciales contra la pareja de una figura de la oposición conservadora, en otro revés para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

Álvaro García Ortiz deberá enfrentar un juicio por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con la filtración de un correo electrónico relativo a Alberto González Amador, pareja de la influyente figura de la derecha, Isabel Díaz Ayuso.

El año pasado, los medios españoles publicaron un supuesto borrador de acuerdo entre la fiscalía general y el abogado de González Amador, un empresario que está siendo investigado por presunto fraude fiscal.

Según estas informaciones, Amador habría mencionado un posible acuerdo de culpabilidad en el que admitiría los presuntos delitos a cambio de evitar un juicio.

El Partido Popular (PP), la principal formación de la oposición de derecha, acusó a los aliados de Sánchez de organizar la filtración para perjudicar a Ayuso, una figura ascendente de la derecha española.

El Tribunal Supremo inició una investigación contra Ortiz en octubre del año pasado tras una denuncia de Amador, cuya empresa prestaba servicios sanitarios y vio cómo sus ingresos se disparaban durante la pandemia del Covid-19.

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Nombrado por el gobierno de Sánchez en 2022, Ortiz negó haber filtrado informaciones sobre Amador, ni de forma personal ni a través de su oficina.

La Sala de Apelación del Tribunal Supremo comunicó este martes que rechazaba el recurso de García Ortiz e informó en un comunicado que decidió “mayoritariamente que los indicios recabados durante la instrucción por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos son suficientes para que se pueda formular acusación por los hechos investigados”.

Tras conocerse la noticia, el PP volvió a pedir la dimisión del fiscal general. “Quien se sienta en el banquillo de los acusados no puede perseguir delitos. El fiscal general debe dimitir inmediatamente”, escribió el líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, en su cuenta de X.

El caso contra Ortiz agrava los problemas que acechan al gobierno de izquierda que preside el socialista Pedro Sánchez, del que varios miembros de su entorno o excolaboradores están siendo investigados en diferentes causas.

• Fuente: AFP

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La Cámara de Senadores remitió este martes el informe proveniente de la Comisión Bicameral de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos, a la Contraloría General de la República y al Banco Central del Paraguay (BCP), para que puedan indagar respecto a los varios indicios de lavado de dinero detectados por el cuerpo bicameral del Congreso.

No obstante, desde la Cámara Alta señalan que aún falta remitir estos documentos que están desarrollados en varios tomos, al Ministerio de Economía y Finanzas; al Ministerio de Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República.

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Durante su proceso de investigación la CBI se basó en cuatro ejes principales, que son los vínculos sobre lavado de dinero, que a su vez estuvieron ligados eventualmente con el financiamiento político mediante los recursos recibidos por organizaciones sin fines de lucro. Igualmente se indagó el lavado de activos provenientes del tráfico de armas.

También contiene información relevante respecto al lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, blanqueadas e ingresadas al sistema financiero vía bancos y empresa.

Este frondoso informe elaborado por miembros de la CBI que conforman legisladores de ambas cámaras, contiene además conclusiones y recomendaciones para varias instituciones del Estado.

A los documentos escritos se les adjuntó pendrives con audios, videos, notas varias, documentos, entre otros, que guardan relación a los casos investigados por la Comisión.

Ayer lunes, estos mismos documentos ya tuvieron entrada en el Ministerio Público y se aguarda que la Fiscalía general designe a los agentes fiscales que indagarán sobre el caso. Igualmente, se había enviado copias de los documentos a la Cancillería Nacional, para que a su vez remita vía diplomática al Departamento de Estado y de Justicia de los Estados Unidos.

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La jueza de Garantías Rosarito Montanía confirmó la constitución de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia tras denuncia de Gianina García Troche, esposa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien supuestamente habría recibido maltrato inhumano en el penal de Viñas Cue. La magistrada indicó que la mujer cuenta con un plantel de 8 abogados y estos van turnándose para imponer alguna acción.

La jueza fue consultada sobre la situación que está pasando la detenida y señaló que todos los trabajos que se han realizado respecto a la señora Gianina García están dentro del sistema al cual acceden todos sus abogados de defensa.

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“Efectivamente se realizó la constitución de Derechos Humanos a petición de esta magistratura. Ella cuenta con un régimen diferenciado de prisión. Ella tiene como ocho abogados actualmente y van turnándose, como una suerte de agotar las instancias”, refirió Rosarito Montanía en comunicación con radio 1080 AM.

Agregó que el pedido de constitución de DD. HH. no solo lo realizó en este caso de la esposa de Marset; sino también en el caso de Insfrán y en su momento con el caso de la señora Laura Villalba.

“Esto a los efectos de constatar su condición de habitabilidad y de reclusión; ya que son civiles guardando reclusión en el penal de Viñas Cué, que en teoría debería estar personal militar procesado. Pero ellos cuentan con un régimen diferenciado de prisión”, acotó.

El objetivo de esta constitución de DD. HH. fue a los efectos de constatar de que no se están vulnerando los derechos. Como magistrada encargada del proceso no está restringiendo sus derechos a la procesada, quien estuvo reclamando más tiempo con sus hijos, así como autorizar la visita de algunos parientes que estaban llegando del Uruguay.

La jueza Montania explicó que el problema surgió con un impasse respecto a la resolución que establecía de forma clara los días de visita, la modalidad, las personas que podían ingresar que son los familiares directos de ella. Esto implica que no podrán ingresar otras personas ajenas al parentesco.

“Surgió así algunos problemas con la defensa que comenzaron a atacar la decisión de esta magistratura. Ingresaron varios abogados, ella tiene 8 abogados actualmente, que van turnándose como una suerte de buscar agotar las instancias”, precisó.

De hecho, en la fecha surgió la información que la defensa de García Troche ha planteado la nulidad absoluta de actuaciones fiscales y judiciales. Además, se pidió la extinción de la acción penal alegando el fenecimiento del plazo de la etapa preparatoria. Así como solicitó se dicte su inmediata libertad y que se aparte del cargo la jueza Rosarito Montanía.

Resaltó que afortunadamente la propia directora de Derechos Humanos de la CSJ, la doctora Nury Montiel, se ha constituido en el penal para recabar todos los datos. Indicó que su misión fue a más de entrevistar a la procesada, también entrevistó al director del penal de Viñas Cué; así como observar personalmente la forma que está viviendo dentro de la cárcel.

“Se hicieron las fotos, las entrevistas y efectivamente la señora García continuó reclamando mayor tiempo con sus hijos. Cuando hace más de 32 días se le amplió el tiempo con sus hijos, estableciendo los días sábados de 8 a 14 horas. Eso es muchísimo tiempo, aún así ella sigue reclamando”, explicó.

Indicó que independiente a esto, la defensa sigue presentando permiso de visitas familiares, las cuales se realizan de forma individual, porque no son visitas colectivas. Explicó que si se presentan 5 personas, cada una de ellas ingresa de forma individual; y ellos deben manejar su tiempo; ya que el horario de visita establecido en general son de 9:30 a 11:30.

“Entonces, no estamos incumpliendo, ni estamos violando sus derechos, procesales, ni constitucionales; y mucho menos se está violando sus derechos humanos”, acotó.

Remarcó que en todo el tiempo, desde su detención en el país, la señora García está contando con atención médica, psicológica y psiquiátrica, lo cual está todo respaldado con documentaciones.

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El abogado Ricardo Preda insistió en que el Ministerio Público debe identificar a las personas que forman parte de las sociedades remitentes o intermediarias vinculadas a las supuestas cuentas bancarias ocultas que tendrían por beneficiarios finales al exjefe de Estado, Mario Abdo Benítez, y su esposa Silvana López Moreira, en el paraíso fiscal de las islas Seychelles (África).

“La decisión para poder abrir una investigación tiene que ver con la calidad de la información y no la fuente de la información. En este caso concreto se determinan los números de cuentas, montos, fechas de transferencias. La Fiscalía tendría que identificar quiénes son o forman parte de esas empresas que fueron las que transfirieron dinero a las cuentas”, refirió el experto en derecho penal económico en una entrevista con el programa “Cara o cruz” de Unicanal.

Los fondos ocultos por Abdo Benítez y López Moreira estarían canalizados a través de firmas offshore, específicamente Star Capital y Exchange Contract, que habrían recibido depósitos desde otras firmas creadas en Hong Kong y Dubái, según la investigación del portal argentino PeriodismoyPunto del periodista Luis Gasulla, publicada el pasado 20 de julio.

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“Habría que ver quiénes son los beneficiarios finales de esas sociedades para determinar si en alguna parte hay conexión con el expresidente, su familia o familia política. Hay muchas aristas a ser investigadas, no es solamente enviar una carta a Seychelles y solicitar información sobre esas cuentas nada más (Star Capital y Exchange Contract)“, refirió Preda.

“Esto no nació del movimiento Honor Colorado, el movimiento está totalmente lejos y ajeno a esta información que surgió en el país vecino. Esta denuncia contra Abdo da una información con datos y nombres certeros, concretos, para que las instituciones puedan hacer la verificación si es o no correcto. Yo hacía denuncias en época de pandemia de que nos estaban asaltando, robando, saqueando y ahora nos encontramos con esto, casualmente posterior a ese periodo tan nefasto”, dijo el diputado Rodrigo Gamarra, respaldando las afirmaciones del abogado Preda.

El informe periodístico refiere que presuntamente se ocultó la millonaria suma de USD 21 millones, hecho que configura posibles cargos por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión en el caso de haberse omitido su mención de las declaraciones juradas.

La publicación periodística detalla que, con el número 3128614805, la primera cuenta se encuentra localizada en el banco MCB International y presenta la suma de USD 12.316.108,44. Esta cuenta fue abierta en noviembre del 2022, año en que el líder del movimiento Fuerza Republicana, Mario Abdo Benítez, aún se desempeñaba como presidente de la República.

Detalla que la cuenta figura a nombre de la firma Star Capital Financial Services Limited y sus únicos autorizados eran Abdo Benítez y López Moreira. Mientras que la segunda cuenta tiene el número 29478391 y fue abierta en setiembre del 2023 a nombre de Exchange Contracts International Finance Limited, un mes después de finalizar su periodo como jefe de Estado. En junio del 2025, la cuenta presentaba un balance de USD 8.716.581,02, y también tendrían como beneficiarios finales a Abdo Benítez y su esposa.

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