El intendente de Asunción, Luis Bello, mantuvo este lunes un encuentro con el contralor general de la República (CGR), Camilo Benítez, donde abordaron respecto a mecanismos para fortalecer la transparencia en la municipalidad capitalina.

La reunión se concretó a tempranas horas en la sede del órgano extrapoder. Bello detalló a los medios de comunicación que su visita obedeció para manifestarle su predisposición de trabajar conjuntamente para efectuar controles en la Municipalidad de Asunción, tras el reciente proceso de intervención que concluyó con la renuncia de Óscar Rodríguez, el 22 de agosto.

“A partir de ahora estaremos planificando una agenda definida, le manifesté mi predisposición de trabajar y pedirle su ayuda. El contralor mantiene su visión, de que la cuenta única no es legal y que no debió ser aplicado“, comentó.

Mientras que desde las redes sociales de la Municipalidad de Asunción se informó que el encuentro fue “con el objetivo de fortalecer los mecanismos de transparencia y consolidar los procesos de control en el municipio“.

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Bello, integrante dek movimiento Honor Colorado, asumió el cargo de intendente el pasado 27 de agosto, tras la renuncia de Óscar “Nenecho” Rodríguez. El extitular de la Junta Municipal completará el periodo 2021-2026.

Rodríguez presentó su renuncia al cargo de intendente el 22 de agosto luego de que su administración haya sido intervenida por requerimiento de la Contraloría General de la República. La Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, ya cuenta con cinco carpetas con denuncias relacionadas a la fiscalización de la administración del exjefe comunal.

El proceso inicial, implicará un estudio minucioso de las acusaciones para verificar la “correspondencia de los casos. Esto significa examinar las informaciones, la dimensión de los acontecimientos relatados y la magnitud de los posibles daños. Una vez confirmada la pertinencia, se procederá a conformar un equipo fiscal o asignar una persona específica para el trabajo de investigación que eventualmente podría derivar o no en una imputación y proceso.

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Desde las dos cadenas mediáticas que fueron soportes publicitarios y cómplices por pecado de omisión de los graves hechos de corrup­ción perpetrados en el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018-2023), hoy quieren crear un clima adverso, de visceral antagonismo a la gestión del presidente Santiago Peña. Y lo hacen desde sesgados puntos de vista que tra­tan de ungirlos a la categoría de relatos univer­salmente válidos. Incontrastables, demole­dores.

Es lo que afanosa e infructuosamente ambicionan. Pero, para ellos, el periodismo ya no es lo que era. Nos referimos al tiempo en que recuperaron la memoria de lo que esta profe­sión representa para la sociedad, la democra­cia y la construcción del pensamiento crítico. Habían recuperado la memoria –insistimos– por razones que nunca quedaron muy claras, porque, durante más de una década, fueron aliados y apologistas de la dictadura del gene­ral Alfredo Stroessner, recibiendo, a cambio, ingentes beneficios que les permitieron amon­tonar la fortuna que actualmente impúdica­mente ostentan.

Y en este conflicto de intereses bien demar­cados, la verdad es la primera víctima. Dentro de ese esquema, para que sus prédicas tengan algún éxito, algunos hechos son magnificados, en tanto que otros son intencionalmente ocul­tos, creando una imagen que carece de con­sistencia, pues las falsedades son tan obvias como torpes, y sus autores –obnubilados por sus deleznables propósitos– ni siquiera se pre­ocupan en armar un cuadro que pueda tener alguna credibilidad, disimulando con inteli­gencia y talento su distorsionada narrativa. Así que, cuando la verdad es la primera víctima en esta campaña inmoral que atenta con los prin­cipios mínimos del periodismo, la segunda es, indefectiblemente, la credibilidad.

No es una crisis ética que estamos enfocando por primera vez, pero lo volvemos a hacer, por­que la situación se torna, también, cada vez más reincidente, poniendo en práctica la vieja estrategia nazifascista del “miente, miente, que algo queda”. Partamos de la base de que nadie está exento de la crítica, pues la perfec­ción humana no existe. No estamos, conse­cuentemente, negando el derecho al cues­tionamiento que, de manera alguna, puede ser restringido o cortado abruptamente. Sin embargo, estamos muy lejos de que vivamos bajo un régimen autoritario, como pretenden proyectar estos medios y algunos desaforados militantes de la oposición política e, incluso, determinados referentes sociales. Basta con recordar que, ante el mínimo señalamiento de ciertos actos reprochables cometidos por auto­ridades de la dictadura depuesta en febrero de 1989, la represión era inmediata: periodis­tas presos o exiliados y medios suspendidos o clausurados.

Stroessner no tuvo contemplación ni siquiera con el diario del que fue su aliado por años, cuando su director decidió cambiar de línea editorial. Varias son las explicaciones de este giro brusco de posición. No obstante, lo con­creto es que se volvió crítico al sistema cuando este empezaba a agonizar. Pero el tiranosaurio, como diría Augusto Roa Bastos, todavía podía dar sus últimos coletazos, aunque, probable­mente, ya de la mano de su círculo más íntimo formado por el llamado “Cuatrinomio de Oro”, siendo uno de sus miembros justamente Mario Abdo Benítez, padre, progenitor del expresi­dente de la República y abonado personaje de estos conglomerados mediáticos. Este perma­nente recordatorio no tiene más intención de que conozcan las nuevas generaciones quiénes fueron sus actuales supuestos “paladines de la justicia y la honestidad”.

Está claro dónde pondrán sus fichas, todas ellas, en las elecciones municipales que se desarrollarán en Ciudad del Este, del inten­dente Miguel Prieto, destituido mediante sólidas pruebas fundadas en una amplia y profunda investigación de la Contraloría General de la República, corroborada, luego, por el interventor designado por el Poder Ejecutivo para verificar las denunciadas irregularidades. Los comicios internos ten­drán lugar el 5 de octubre de este año, y las generales el 9 de noviembre. Serán operado­res, estos medios, del candidato del defenes­trado jefe comunal, quien representará al movimiento político denominado Concien­cia Democrática Esteña Yo Creo. En tanto que la Asociación Nacional Republicana pro­pondrá oficialmente a un postulante de con­senso como el más fuerte. Decimos el más fuerte, porque, como se trata de un partido que ajusta su estatuto al Código Electoral, cualquiera que esté afiliado podrá inscri­bir su candidatura. Tratarán de instalar a toda costa que estamos ante la madre de todas las batallas, pretendiendo transportar los resultados de estas justas electorales al 2028, como presagio de lo que podría ocurrir entonces.

Esto lo harán, claro está, si triunfa el candidato de estos medios periodísti­cos. De lo contrario, habrá sido apenas una elección más. Una situación que solo puede darse en un modelo democrático, modelo al que estos medios –desesperada y paradóji­camente– tratan de desacreditar a cualquier precio, con tal de intentar desprestigiar al presidente Santiago Peña.

Los concejales Tomás González, Aldo Maciel y Emilio Espinoza piden celeridad a la Contraloría General de la República para emitir el dictamen sobre la verificación que se realizó al Centro de Salud de San Antonio, en el departamento Central, en el que, según manifestaron los ediles, aún está pendiente de finalización de las obras de adecuación, incumpliendo así con un convenio firmado con el Ministerio de Salud.

Según explicó el concejal González a La Nación/Nación Media, se presentó una denuncia ante la Contraloría el pasado 9 de julio adjuntando documentaciones respecto a las irregularidades cometidas por el intendente liberal, Santiago Aguilera, y como consecuencia, hubo una verificación in situ por parte del equipo del ente contralor, pero hasta la fecha, no hay un informe final sobre el trabajo realizado.

La administración del jefe comunal firmó un convenio en 2022 con el Ministerio de Salud mediante el cual se comprometía a ejecutar obras en el Centro de Salud, de modo que la cartera sanitaria pueda elevarlo a Hospital Materno Infantil y dotarlo del equipamiento y personal necesario.

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Sin embargo, las obras no han culminado y las refacciones realizadas son de mala calidad, según detalló el edil, quien recordó que para esta obra el municipio invirtió más de G. 2.500 millones, no obstante, existen irregularidades cometidas por la gestión de Aguilera que parten desde la adjudicación.

“Instamos a la Contraloría General República a corroborar las irregularidades en esta licitación, pues con una simple revisión in situ se observa la mala calidad y falta de cumplimiento del pliego y base de condiciones de dicha licitación”, expresó el concejal.

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De acuerdo a la denuncia presentada por los tres concejales, existe un sinfín de irregularidades en esta obra, por ejemplo, el aumento por más de G. 419 millones del costo de la obra posterior a su adjudicación, por lo que se sospecha que esta pudo haber sido una maniobra para direccionar la licitación a la empresa adjudicada fijando previamente una oferta más competitiva.

También se habla de retrasos en la entrega de una parte de la obra, la falta de exigencia a la firma para ejecutar la multa por su incumplimiento. En el documento se menciona que la obra no cumple con las especificaciones técnicas, por lo que el centro de salud habría sido “objeto de un supuesto daño patrimonial o estafa”, advirtieron.

Las obras entregadas a la fecha fueron realizadas por una empresa distinta a la que firmó inicialmente el contrato, sostiene la denuncia, y alegan que la subcontratación no era una herramienta que podía aplicarse a este llamado.

“El Ministerio de Salud y la verificación in situ señalaron casos muy peligrosos con respecto a las faltas de pilares importantes para la seguridad de las obras”, sostiene la denuncia que fue remitida a Contraloría.

“Exigimos al intendente que en la brevedad posible cumpla con el convenio en cuanto a la transferencia del título de propiedad a nombre del Ministerio de Salud y la refacción de los 650 m2 del edificio viejo que falta, que justamente el secretario general de la intendencia había confirmado que aún falta esa parte de modo que posteriormente el ministerio pueda cumplir con su parte de equipar y elevar de categoría”, cerró diciendo el concejal.

Por primera vez Europa no ha registrado incautaciones de cocaína con origen en Paraguay durante 2025, según el informe de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) sobre el comportamiento del tráfico marítimo de cocaína entre 2019 y 2025.

El documento detalla que, hasta la fecha, las estadísticas marcan cero decomisos en puertos europeos de cargamentos procedentes de nuestro país, un hecho sin precedentes en el periodo analizado. En contraste, los años previos muestran un flujo constante de incautaciones.

En 2019, Paraguay fue origen del 1,85 % de las aproximadamente 202 toneladas de cocaína decomisadas en Europa, lo que representa 3.720 kilos de la cocaína incautada. En 2020, la participación subió a 2,94 % de unas 213 toneladas, llegando a los 6.103 kilos de la sustancia ilícita que partió desde nuestro país.

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El salto más notable ocurrió en 2021, cuando se alcanzó un 10,57 % sobre un total de 303 toneladas, equivalente a más de 32 toneladas de droga que surcó de puertos paraguayos con destino a Europa.

La tendencia decreció un poco en 2022, con un 2,63 % de las 323 toneladas decomisadas, es decir, un total de 7.481 kilos, pero volvió a subir en 2023 llegando a los 13.523 kilos decomisados, impulsado por cargamentos récord detectados en Bélgica y España.

En 2024, la cifra cayó de forma drástica al 0,89 % de las 405 toneladas incautadas en el continente, un total de 3.600 kilos fueron incautados el 3 de septiembre en Portugal, y la mejor estadística se ha logrado en el 2025, de los 77.859 kilos de cocaína que fue decomisada en Europa, ninguno corresponde a Paraguay.

Cabe mencionar que durante el gobierno de Mario Abdo se flexibilizaron los controles en puertos y la gestión de Arnaldo Giuzzio al frente de la Senad, desmanteló las bases de la institución que se encontraban en las zonas portuarias y como resultado se obtuvo los kilos y kilos de cocaína decomisada. Ya durante este Gobierno, se volvieron a instaurar y endurecer los controles que llevaron a cero la incautación de cocaína.

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