El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, Armindo Torres, dijo que el órgano extrapoder aguarda la fiscalización de Ingresos Tributarios para emitir un resultado sobre el examen de correspondencia de las declaraciones juradas del exmandatario. Foto: Archivo
Contraloría afirma que la Dnit debe actuar de oficio para indagar ingresos de Abdo Benítez
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Desde la Contraloría General de la República (CGR) sostienen que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit), encabezada por Óscar Orué, debe actuar de oficiopara determinar la existencia o no de una evasión de impuestos en las empresas de asfalto pertenecientes al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, y no aguardar el requerimiento fiscal.
Ayer lunes se dieron a conocer algunos resultados de la fiscalización impulsada por la Contraloría sobre las declaraciones juradas de Abdo Benítez. El análisis, elaborado con base en datos proporcionados por Ingresos Tributarios, detalla un mecanismo financiero que podría estar vinculado a la evasión de impuestos por un monto aproximado de USD 45 millones que fueron declarados como “reservas”.
“La institución competente para realizar estas verificaciones, estas auditorías en los estados financieros es la Dnit. Es obligación del órgano tributario fiscalizar esa situación y comprobar si es así o no, esto lo puede hacer de oficio”, dijo Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas de la Contraloría al programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
“Cuando esta institución se percata que no hubo una disminución en la cuenta de otras reservas, ellos mismos deducen que probablemente esas reservas no fueron aplicadas a los fines constituidos, entonces ahí existe una duda”, agregó.
Torres sostuvo que el órgano extrapoder se encuentra a la resulta de la fiscalización por parte de la Dnit para emitir un resultado final sobre el examen de correspondencia de las declaraciones juradas presentadas por el líder del movimiento Fuerza Republicana.
“Sería muy irresponsable de nuestra parte concluir sobre un examen de correspondencia sin tener datos certeros. Nosotros debemos ser objetivos en nuestros informes, porque tenemos que sostener esto ante el Ministerio Público”, expresó.
En ese sentido añadió: “Definitivamente nosotros necesitamos realizar una conclusión fidedigna, objetiva. Nosotros no concluimos sobre el examen de correspondencia, no estamos diciendo que hay un enriquecimiento ilícito o defraudación. Lo que queremos es que se profundice esto, se fiscalice y se llegue a la verdad real es por eso que estaremos a la resulta de la fiscalización”.
No obstante, desde Ingresos Tributarios aguardan una solicitud de informe por parte de investigadores para determinar si se registraron irregularidades en los ingresos de las empresas Almacenamiento y Distribución de Asfalto S. A. (Aldia SA) y Creando Tecnología S. A. (Createc SA), donde Abdo Benítez es el accionista mayoritario.
DNIT aplicará control integrado con otros países en el tránsito del Corredor Bioceánico
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Oscar Orué, titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), habló sobre el impacto del Corredor Bioceánico que está en construcción y detalló que se proyecta aplicar controles integrados con Brasil, Argentina y Chile. Aseguró que los camiones ingresados al país serán seguidos vía GPS, teniendo una detallada radiografía de lo que pasa por el territorio nacional.
El alto funcionario destacó la relevancia que tendrá la conexión regional en la economía local. “El impacto económico va a ser fundamental en el sentido de que va a tener un impacto positivo muy grande, porque toda la producción de Brasil ya no va a salir por el Atlántico, va a salir por el Pacífico, va a ahorrar en costos, en tiempo”, vaticinó. No quiso entrar en detalles, considerando que no dispone de las cifras para estimar, sin embargo lanzó un pronóstico más que alentador al indicar que “va a ser un Canal de Panamá, pero a nivel de transporte terrestre”.
Con relación a los controles a ser ejecutados, apuntó que se tiene proyectado trabajar de cerca con los demás países afectados al proyecto. “Ya tenemos un acuerdo por escrito con la Receita Federal, con Brasil, donde nuestro control va a ser integrado en la zona de Brasil. Los funcionarios de la DNIT van a pasar al lado brasileño para hacer un control integral, entre los funcionarios de la Receita y la DNIT, de hecho, hoy tenemos control integrado con Argentina, por ejemplo”, explicó sobre lo que se está planificando.
Recordó que recientemente se reunió con autoridades chilenas, sobre el mismo tema, “porque vamos a hacer un control integral, Chile, Argentina Paraguay y Brasil, para toda esa Bioceánica”, amplió.
Oscar Orué detalló que los camiones ingreados al país serán seguidos a través de GPS. Foto: Archivo
Tecnología
En cuanto al tránsito por el territorio nacional, citó que están preparados con un sistema que permite el seguimiento de los camiones, vía GSP. “Los controles nosotros ahora tenemos totalmente por GPS, de todos los camiones, de hecho tenemos un centro de monitoreo 24/7, que invertimos USD 11 millones ahí con un proyecto Koica, en el cual, por ejemplo, entra el camión, nosotros normalmente cuando entra le ponemos como una especie de candado y el vehículo queda más de 10 minutos y ya sale una alerta a nuestro control”, especificó en conversación con la 1020 AM.
Recordó también otros mecanismos de monitoreo, como control de matrícula, pesaje del camión y los escáneres aplicados al salir de Brasil, por mencionar algunos.
Obra del Corredor
La obra del Corredor Bioceánico, que principalmente se basa en una ruta que cruza el Chaco paraguayo de este a oeste, está en plena marcha. En este contexto, quizás la infraestructura más emblemática es el puente entre las localidades de Carmelo Peralta (Paraguay) y Puerto Murtinho (Brasil). Durante la semana pasada, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que el paso se encuentra a 21 metros de completarse.
“Existe voluntad de formalización cuando hay mecanismos viables”, destaca director de la DNIT
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El régimen excepcional de regularización de deudas impulsado por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) registró una alta participación de pequeños contribuyentes, que representan cerca del 70 % de las adhesiones. Según explicó el director nacional de la DNIT, Óscar Orué a La Nación/Nación Media, este comportamiento refleja una respuesta del segmento con menor capacidad financiera ante un esquema diseñado para facilitar el cumplimiento tributario.
Orué señaló que el régimen busca ofrecer una vía de regularización para contribuyentes que, en muchos casos, no incurrieron en incumplimientos por evasión deliberada, sino por restricciones de liquidez, ingresos irregulares, dificultades administrativas o acumulación de obligaciones. Ya que el esquema contempla recargo del 0 %, una entrega mínima del 10 % y financiamiento en cuotas, lo que reduce barreras de acceso para ponerse al día con el fisco.
Añadió que la concentración de adhesiones entre pequeños contribuyentes evidencia voluntad de formalización y cumplimiento cuando existen mecanismos considerados viables desde el punto de vista financiero y operativo.
Óscar Alcides Orué, Director Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). Foto: Archivo
Sectores con mayores desafíos de cumplimiento
En cuanto a los niveles de incumplimiento tributario, Orué indicó que históricamente los principales desafíos se concentran en sectores con uso intensivo de efectivo, alta fragmentación empresarial y mayores niveles de informalidad operativa.
Entre ellos mencionó actividades comerciales minoristas, algunos segmentos de servicios, operaciones con fuerte movilidad de mercaderías y rubros donde la facturación no siempre refleja la actividad económica real.
En ese contexto, explicó que la DNIT evolucionó hacia un modelo de fiscalización basado en cruces de información, analítica de riesgo, trazabilidad de operaciones mediante herramientas digitales, fortalecimiento del control documental y seguimiento a contribuyentes reincidentes. Asimismo, recordó que el régimen excepcional también permite regularizar contingencias tributarias ya identificadas, incluyendo deudas firmes y procesos administrativos o judiciales con aceptación expresa del contribuyente.
Obstáculos para la formalización
Sobre los niveles de informalidad en Paraguay, el titular de la DNIT sostuvo que uno de los principales obstáculos para los pequeños negocios es la percepción de que formalizarse implica un aumento inmediato de costos sin beneficios visibles en el corto plazo.
Explicó que muchos emprendimientos operan con márgenes reducidos, ingresos variables y escasa planificación financiera, lo que convierte el cumplimiento de obligaciones tributarias periódicas en un desafío. A ello se suman el desconocimiento sobre procesos administrativos, obligaciones fiscales y herramientas digitales, además de factores estructurales como el acceso limitado al financiamiento, baja bancarización y reducida educación tributaria.
Según Orué, la formalización debe abordarse con medidas de simplificación, asistencia técnica, digitalización accesible y acompañamiento, de modo a incorporar sosteniblemente a más actores a la economía formal y facilitar el acceso a créditos, capacitaciones y mercados formales.
Consultado sobre el desempeño del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), que fue uno de los pilares del aumento de recaudación en abril, Orué afirmó que aún existen contribuyentes en estado omiso, por lo que el tributo podría seguir siendo un componente relevante de los ingresos fiscales durante el segundo semestre.
En ese sentido, indicó que parte del crecimiento esperado provendría del fortalecimiento del cumplimiento tributario, recuperación de deudas, reducción de brechas de evasión y consolidación de contribuyentes formalizados. Agregó que el régimen excepcional genera un efecto transitorio positivo al facilitar la regularización de obligaciones acumuladas, mientras se trabaja en medidas con impacto permanente sobre el cumplimiento fiscal.
Aduanas y combate al contrabando
Respecto a la desaceleración de la recaudación aduanera en un contexto de presión cambiaria sobre el guaraní, Orué señaló que las medidas previstas para el segundo semestre incluyen fortalecer el control aduanero, combatir la subvaloración de mercaderías, mejorar la fiscalización posterior al despacho y reforzar la inteligencia de riesgo en operaciones de comercio exterior.
Añadió que el objetivo es compensar eventuales pérdidas de ingresos derivadas del contexto macroeconómico mediante una mayor calidad de control, sin incrementar cargas tributarias. También destacó el combate al contrabando y el cruce de información entre importaciones, facturación y declaraciones tributarias internas para detectar inconsistencias.
El director Óscar Orué adelantó que robustecerán los cruces de datos y la fiscalización posterior en Aduanas para compensar los impactos. Foto: Ilustrativa
La informalidad como desafío
Al referirse al principal problema tributario del país, Orué consideró que la informalidad representa el desafío más estructural, debido a que limita la amplitud de la base tributaria y genera inequidad competitiva.
No obstante, indicó que tanto la evasión dentro del sistema como la incapacidad de pago requieren respuestas diferenciadas. Mientras la evasión deliberada demanda controles y sanciones, la incapacidad financiera requiere herramientas de regularización, como el régimen excepcional actualmente vigente.
Finalmente, sostuvo que la DNIT trabaja en distintos frentes para fortalecer la eficiencia de la recaudación y canalizar los recursos hacia el financiamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN).
En Amambay ejecutan allanamientos que representan las primeras intervenciones realizadas bajo la nueva Ley N.º 7438/25, orientada a desmantelar redes de juego ilegal y mitigar riesgos asociados al lavado de activos. Foto: Gentileza
Conajzar avanza en la lucha contra el juego ilegal
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Para la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conjazar), dependiente de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la persecución de las bancas y plataformas de juego ilegal se posiciona como una prioridad de gestión de alta sensibilidad.
En ese marco, la Conajzar impulsó una serie de allanamientos simultáneos en el departamento de Amambay como parte de la estrategia estatal de combate a las apuestas clandestinas. Los operativos civiles y policiales fueron ejecutados por la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional, en un trabajo coordinado con el Ministerio Público, tras recepcionar denuncias formales sobre la explotación irregular de plataformas de apuestas deportivas y otras modalidades de azar.
El argumento de fondo de las instituciones señala que estas actividades clandestinas no sólo erosionan la recaudación fiscal y generan una competencia desleal contra las empresas concesionarias que operan bajo la economía formal, sino que también actúan como canales para la configuración de delitos conexos, tales como el lavado de activos y el financiamiento de estructuras vinculadas al crimen organizado.
De acuerdo con las verificaciones preliminares de los interventores, los establecimientos comerciales intervenidos operaban completamente al margen del sistema regulatorio, careciendo de las licencias y autorizaciones obligatorias emitidas por la Conajzar. Durante las incursiones, las fuerzas del orden procedieron a la incautación de un volumen importante de evidencias digitales, equipos informáticos de soporte, dispositivos de telefonía celular y vehículos de uso logístico, elementos que quedaron bajo custodia fiscal para el desarrollo de las pericias correspondientes.
Primeras intervenciones bajo la nueva ley
Las autoridades fiscales indicaron que el operativo conjunto constituye uno de los primeros hitos procedimentales ejecutados bajo el nuevo esquema de articulación interinstitucional establecido en la Ley N.º 7438/25 y sus respectivos decretos reglamentarios. Esta reciente normativa fue estructurada con el propósito de robustecer la cooperación técnica entre los diferentes estamentos de seguridad del Estado, optimizando los canales de denuncia ciudadana y dotando de mayor agilidad a las fiscalizaciones en zonas fronterizas.
El ex primer ministro español (2004-2011), José Luis Rodríguez Zapatero, interviene durante el "Encuentro entre Gobierno y Sociedad Civil" en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en 2021. Foto: AFP/Archivo
El expresidente Zapatero defiende su inocencia tras imputación por tráfico de influencias
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El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero defendió este martes su inocencia al conocerse que la Justicia lo investiga por tráfico de influencias en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, vinculada a capitales venezolanos.
El político socialista se convirtió en el primer exjefe del Gobierno español en democracia en ser imputado.
La Audiencia Nacional, una jurisdicción con sede en Madrid, lo convocó el 2 de junio para ser interrogado por el juez José Luis Calama.
El magistrado ordenó registros este martes en la oficina de Zapatero en Madrid y de otras tres empresas, una de ellas pertenecientes a las hijas del exmandatario, según medios españoles.
Zapatero, al frente del Ejecutivo entre 2004 y 2011, está señalado como el líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” para “la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”, indicó la Audiencia Nacional en un comunicado.
La trama utilizó “sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos” para ocultar el origen y destino de los fondos, agregó.
Específicamente, Zapatero está imputado por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.
“Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad”, respondió Zapatero en un vídeo divulgado a la prensa, donde aseveró que “jamás” realizó “ninguna gestión ante ninguna administración pública (...) en relación con el rescate de Plus Ultra”.
“Jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España”, subrayó Zapatero, quien se mostró dispuesto “a colaborar con la justicia”.
Un rescate controvertido
Plus Ultra recibió un préstamo de 53 millones de euros (unos 62 millones de dólares) de dinero público en marzo de 2021, coincidiendo con la pandemia de covid-19.
Entonces, sólo cubría rutas con Ecuador, Perú y Venezuela, con cuatro Airbus A-340.
Sin embargo, la compañía se benefició del préstamo de emergencia otorgado por el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez gracias a un fondo especial de 10.000 millones de euros destinado al rescate de empresas “estratégicas” en dificultades por la pandemia.
Las pesquisas se centran en una empresa de consultoría de un allegado de Zapatero, que habría actuado como intermediario financiero para pagar comisiones ocultas.
El rescate de Plus Ultra provocó controversia en España y recibió críticas de la oposición de derecha, que incidió en los vínculos de la empresa con Venezuela, pocos meses después de que el ministro español de Transportes de aquel entonces, José Luis Ábalos, se reuniera en Madrid en enero de 2020 con Delcy Rodríguez, en ese momento vicepresidenta y ahora al frente del gobierno en Venezuela.
Ábalos, en prisión, es investigado por corrupción ya la espera de veredicto en un juicio por irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.