“El tiempo donde Sebastián Marset se hizo rico y donde su estructura operó abierta y libremente fue en el periodo anterior", dijo el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, acerca del auge de la organización criminal del narcotraficante uruguayo durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

“Marset operó con la venia de quién, con la autorización de quién, con el acuerdo de quién o quiénes, si fueron funcionarios, políticos, autoridades de alto rango, quienes sean, pero deben caer en algún momento”, indicó en el programa “Cara o cruz” de Unicanal.

La gestión de Mario Abdo Benítez vuelve al centro del debate por el funesto legado en las finanzas del Estado y en la credibilidad institucional. Con el paso del tiempo, los datos permiten reconstruir un patrón: abundancia de recursos en momentos clave, pero resultados que hoy siguen siendo cuestionados.

Durante la pandemia, Paraguay accedió a un volumen inédito de financiamiento. Se aprobó una ley de emergencia con un préstamo internacional de USD 1.600 millones. Diversas investigaciones periodísticas documentaron irregularidades en la ejecución de esos fondos: compras fallidas de insumos médicos, procesos licitatorios observados y cuestionamientos por sobrecostos.

La Cámara de Senadores rechazó este lunes, en su sesión extraordinaria, la solicitud de permiso por tiempo indefinido realizada por Javier “Chaqueñito” Vera tras la difusión de audios que le fueron atribuidos y lo involucrarían en delitos como abuso sexual en menores.

La decisión fue tomada de manera unánime por el pleno, con un total de 29 votos. “Los representantes de bancadas están trabajando en la redacción del libelo acusatorio contra Vera que se tendrá hoy antes del mediodía. Una vez que se tenga esto, se procederá a convocar a otra extraordinaria y se le notificará de la situación”, afirmó antes de la sesión el presidente de la Cámara Alta, Basilio “Bachi” Núñez, a los medios de comunicación.

La Cámara de Senadores trata hoy el proyecto de ley que elimina las bonificaciones por este año para los cargos de conducción política en los tres poderes.

La sesión extraordinaria de la Cámara Alta se desarrolla en reemplazo de la ordinaria que debía realizarse el miércoles. En el punto tres del orden del día aparece el proyecto de ley que suprime, durante todo el ejercicio fiscal 2026 el pago de bonificaciones, cualquiera sea su denominación, a los funcionarios que ocupan cargos de conducción política de mayor jerarquía

Si bien Gustavo Alfaro adelantó que va a esperar más para determinar el once que va a arrancar ante Marruecos, el seleccionar de Paraguay aclaró que la idea es no modificar demasiado la base del equipo que paró ante Grecia, el viernes último en Atenas.

Y así como están las cosas, de no surgir algún inconveniente físico, el “Cazador de Utopías” solamente meterá 4 cambios para el duelo con los africanos. A los que ya mencionó; Orlando Gill, Juan José Cáceres y Gabriel Ávalos, se sumaría el ingreso de Braian Ojeda en el medio sector.

“Yo creo que el Paraguay tiene una deuda con la ciudad de Luque, que posee el sentimiento de identidad más marcado, fue de hecho capital de nuestro país y ha crecido muchísimo urbanísticamente", manifestó este lunes, el presidente de la República, Santiago Peña, al encabezar la verificación de la ampliación y mejoramiento de la ruta General Elizardo Aquino, conocida como Tape Tuja.

“Luque hoy es la ciudad del Paraguay que recibe el mayor número de inversión inmobiliaria y esto no es al azar, esto no es suerte, esto es gestión y la toma de decisiones en los momentos difíciles. Esta obra tiene un enorme impacto social con un retorno económico muy importante”, afirmó.

El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, advirtió que existe una campaña de manipulación con fin político e ideológico en torno a la pensión universal para adultos mayores que apunta principalmente a que el programa sea administrado y ejecutado por las municipalidades, situación que considera un retroceso.

“Hay una manipulación, mala intención e incluso una especie de politización y esto lo digo con absoluta responsabilidad. Hay personajes que se hacen llamar líderes de ese sector que se pasan incitando con una intención de ideologizar y generar una suerte de reacción popular”, advirtió al programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media.

El expresidente Mario Abdo Benítez criticó al Estado por las deudas con los proveedores, pero “olvidó” que gran parte de la deuda con las vialeras y farmacéuticas corresponden a su administración. Así, volvió a poner en el centro del debate su gestión y la pesada herencia que dejó para las finanzas del Estado y la credibilidad institucional.

Abdo Benítez contó con abundancia de recursos en momentos clave, pero cuyos usos y resultados hoy siguen siendo cuestionados.

Durante la pandemia, Paraguay accedió a un volumen inédito de financiamiento. Se aprobó una ley de emergencia con un préstamo internacional de USD 1.600 millones. Sin embargo, se destaparon diversas irregularidades en la ejecución de esos fondos.

Mientras los hospitales denunciaban carencias básicas, se denunciaban compras fallidas de insumos médicos, irregularidades en procesos licitatorios y sobrecostos, con casos conocidos como insumos chinos, agua tónica y tapabocas de oro.

La serie de falencias durante la pandemia del covid-19 consta en un informe de la Contraloría General de la República, específicamente en la Memoria Anual 2021.

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En paralelo, Abdo Benítez impulsó la obra pública, particularmente el rubro vial. El expresidente siempre se jacta de los 4.000 kilómetros de asfalto que hizo, pero olvida mencionar que empresas vinculadas a su entorno, Aldia SA y Createc SA.E, tuvieron una acumulación de ganancias de USD 45 millones entre el 2018 y el 2023. Esto, sin que se vea reflejado en su manifestación patrimonial ante Contraloría

Informes publicados señalan una fuerte concentración de contratos y posibles direccionamientos y abren interrogantes sobre conflictos de interés y uso de la función pública para beneficio privado.

El frente fiscal es, quizás, el punto más difícil de defender. Al cierre de su administración quedó al descubierto una deuda no reconocida de aproximadamente USD 600 millones con proveedores del Estado, incluyendo farmacéuticas y constructoras. Este pasivo, que no había sido plenamente transparentado, condicionó de inmediato al gobierno siguiente y obligó a reordenar pagos urgentes en sectores sensibles como la salud.

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A esto se suma una deuda de G. 22.000 millones en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), específicamente dentro del programa Fonavis, según denunció la administración posterior en agosto de 2023. Además, se reportaron deudas adicionales con la Ande y Essap por aproximadamente G. 25.000 millones.

También el fuerte incremento de la deuda pública, que alcanzó los USD 15.565 millones hacia agosto de 2023, representando cerca del 35 % del PIB. Si bien parte de este endeudamiento se justificó en el contexto de la pandemia, el cuestionamiento central radica en la calidad del gasto y en la falta de resultados proporcionales a los recursos comprometidos.

Otros cuestionamientos a la administración Abdo Benítez son el auge narco tras la liberación de los puertos, la destrucción del Metrobús, su proceso en Seychelles, la mansión que construyó en pandemia.

Es por ello que hoy, cuando el expresidente opina sobre la situación del país, los datos de su gestión reaparecen como un recordatorio incómodo: antes que un problema del presente, muchas de las dificultades actuales tienen origen en su gobierno. Esta es la pesada herencia de Mario Abdo Benítez.

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“El tiempo donde Sebastián Marset se hizo rico y donde su estructura operó abierta y libremente fue en el periodo anterior", dijo el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, acerca del auge de la organización criminal del narcotraficante uruguayo durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

“Marset operó con la venia de quién, con la autorización de quién, con el acuerdo de quién o quiénes, si fueron funcionarios, políticos, autoridades de alto rango, quienes sean, pero deben caer en algún momento”, indicó en el programa “Cara o cruz” de Unicanal.

Rachid se refirió a la publicación periodística de la Unidad de Investigación de Nación Media, que hace referencia al tráfico de cocaína que desarrolló la estructura criminal de Marset durante la administración abdista.

La publicación periodística detalla que los informes de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU), concernientes al operativo a Ultranza Py, revelan datos que exponen una suerte de complicidad y compromete seriamente a la gestión de Abdo Benítez con la estructura criminal del capo narco.

En ese entonces, las autoridades contaban con reportes precisos, la ruta, las pistas, las estancias, grandes centros de acopio, hasta una alerta de bloques criminales conformado por empresarios asociados a Marset para el envío de cocaína desde el país.

“No es coincidencia y nunca fue coincidencia todas esas toneladas de clorhidrato de cocaína que se fueron de Paraguay a Europa, no siendo nuestro país un productor de esa droga. Nosotros representamos en el 2021 el 10 % de toda la cocaína que iba a Europa”, remarcó Rachid.

El mismo informe de inteligencia que inició en noviembre del 2019 hace referencia a los datos que se habían recabado con el operativo Arai 2, iniciado en mayo del 2018 y que en ese momento ya había alertado sobre el esquema criminal de Marset, dedicado al tráfico internacional de drogas que ingresaban a territorio paraguayo vía área desde Bolivia y eran enviadas en contenedores desde los puertos.

“Todos ya sabemos en que periodo ocurrió el auge. Es muy importante lo que Marset vaya a aportar en la investigación en Estados Unidos y yo aseguro que como moscas caerán después de lo que él diga“, sentenció el ministro.

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Arai 2 también ya había interceptado comunicaciones, ejecutado vigilancias de inteligencia, seguimientos y ahí proviene la base de datos que fueron ampliados para la mayor operación contra el crimen organizado y el lavado de dinero en la historia del Paraguay, denominada a Ultranza Py, la cual se inició el 22 de febrero del 2022.

El operativo Arai 2 fue un trabajo de inteligencia que provino de la Dirección de Investigación Aérea, Fluvial y Terrestre (Diaft), que el exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Arnaldo Giuzzio cerró en mayo del 2020, precisamente después de que esta unidad reportara el circuito del ilícito de la organización de Marset.

La investigación periodística manifiesta que Giuzzio no solo cerró esta unidad de inteligencia, desmanteló las bases de la Senad en los puertos privados, sino que, a juzgar por las toneladas de cocaína que salieron de Paraguay hacia Europa entre los 2020 y 2022, puede deducirse que cooperó con la narcoexportación de la estructura de Marset.

“Esto no se hizo gratis y tampoco fue una coincidencia, esto fue a cambio de platazo del narcotráfico y ese dinero tiene nombre y apellido seguramente y lo que más deseo es que esos nombres salten a la luz después de que Marset declare y ahí le quiero ver a todos ellos que hablan a boca llena de honestidad, moral y buenas costumbres como quedan“, afirmó Rachid.

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Los informes de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) concernientes al operativo A Ultranza Py revelan datos que expone una suerte de complicidad que compromete seriamente al gobierno de Mario Abdo Benítez en torno a cómo operaba la estructura criminal liderada por Sebastián Marset. Las autoridades tenían los reportes precisos, la ruta, las pistas, los centros de acopio, hasta una alerta de bloques de criminales conformados por empresarios asociados al uruguayo preso hoy en Estados Unidos para envío de cocaína. Pero Arnaldo Giuzzio, entonces titular de la Senad, antes que reforzar los controles cerró las bases de la Dirección de Investigación Aérea Fluvial y Terrestre (DIAFT), la entidad que reportó estos datos.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

El mismo informe de inteligencia de la Uni­dad de Investigación Sensitiva (SIU) que inició en noviembre del 2019, hace refe­rencia a los datos que se habían recabado con el operativo de ARAI II, iniciado en mayo del 2018 y que en ese momento ya había alertado al esquema cri­minal liderado por Sebastián Marset, dedicado al tráfico internacional de drogas que ingresaban a nuestro territo­rio vía aérea desde Bolivia y eran enviadas en contenedo­res desde los puertos.

Es por eso que, las primeras páginas del reporte de SIU de A Ultranza Py menciona que ya tenían identificadas a cada una de las personas involucradas en la estructura de Marset, incluso la alianza con otras organiza­ciones delictivas, las rutas, las pistas, las estancias, los centros de acopios y hasta los bloques que operaban en los puertos desde donde salían las cargas contaminadas.

Araí II ya había interceptado comunicaciones, ejecutado vigilancias de inteligencia, seguimientos, identificación de las pistas y ahí proviene la base de datos que fueron ampliados para la gran opera­ción A Ultranza Py. Este hilo no es solamente una cronolo­gía de los hechos considerando la frustración como la injeren­cia que sufrieron las investiga­ciones en una abierta coope­ración del gobierno de Mario Abdo Benítez, principalmente a través de su ex ministro de la Secretaría Nacional Antidro­gas (Senad), Arnaldo Giuzzio.

Claramente el informe SIU de A Ultranza Py especifica su hipó­tesis con los datos preliminares de ARAI II. Y aquí aparece el elemento clave de cómo obró el gobierno de Abdo en favor de la estructura criminal de Mar­set y sus aliados. ARAI II es un trabajo de inteligencia que pro­viene de la Dirección de Investi­gación Área Fluvial y Terrestre (DIAFT) que, Giuzzio cerró en mayo del 2020, precisamente después de que esta unidad reportara el circuito del ilícito de la organización Marset.

El informe de SIU A Ultranza Py, claramente hace la obser­vación proveniente de ARA II a cargo de la DIAFT en la que se identifica a la organización de Marset, la de sus aliados, las ubi­caciones de las pistas, los depó­sitos y la logística en el Chaco, la ruta que sigue el tránsito de la mercancía para ser acopiada en grandes centros de distribución en el departamento Central y un dato clave en la exportación de cocaína desde Paraguay.

Textualmente, en la página 17 de las 503 del informe SIU en el marco del operativo ARAI II elaborado por la DIAFT señala, “la etapa de exportación de la droga, en la que estaría inter­viniendo otro bloque crimi­nal conformado por grupos de empresarios dedicados al comercio internacional, quie­nes haciendo uso de su logís­tica empresarial y asociados al esquema criminal de Sebas­tián Marset Cabrera, organizan envíos de mercaderías ilícitas de exportación por medio de contenedores, entre las cuales se trafican grandes cargamen­tos de clorhidrato de cocaína empleando distintos métodos de ocultamiento. Estas exporta­ciones de sustancias ilícitas par­ten desde puertos ubicados en la República del Paraguay y tran­sitan a través de las rutas fluvia­les y marítimas internacionales, desde Sudamérica hasta otros continentes del hemisferio”.

DIAFT alertó de la alianza de grupos empresariales con Mar­set y Giuzzio cerró esta unidad de inteligencia, retiró de los puertos a los agentes de inves­tigación. Giuzzio no solamente desmanteló las bases de inteli­gencia de la Senad en los puer­tos privados sino, a juzgar por las toneladas de cocaína que salieron de Paraguay hacia Europa entre el 2020 y el 2022, puede deducirse que cooperó con el narco exportación de la estructura Marset y que toda­vía es un capítulo pendiente de las investigaciones concer­nientes a la logística delictiva desarrollada en nuestro país durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.