La vicepresidencia de la asociación de fiscales, Belinda Bobadilla, respaldó la labor investigativa de su colega Deny Yoon Pak quien lleva adelante el caso A Ultranza. Foto: Gentileza
Aso de Fiscales se mantiene alerta, pese al desmentido del narco Sebastián Marset
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La vicepresidenta de la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay, Belinda Bobadilla, se pronunció sobre el desmentido realizado por el narco uruguayo Sebastián Marset, acerca de las amenazas que había formulado públicamente contra fiscales y jueces paraguayos. Esto tras la detención de su esposa Gianina García Troche, imputada por lavado de dinero en el marco del operativo A Ultranza.
“La Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay se mantiene en su posición de dar todo el respaldo a los agentes fiscales a cargo de la investigación. Yo no tengo conocimiento de los elementos de convicción, pero sí conozco el trabajo del colega Deny Yoon Pak, es una persona sumamente criteriosa, altamente técnica y que por lo menos el no tiene ulteriores más allá de la búsqueda de la verdad de las causas que tiene a su cargo”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Marset, mediante un audio emitido al programa uruguayo “Santo y Seña”, desde la clandestinidad había calificado a los jueces y fiscales paraguayos que tienen a su cargo el caso A Ultranza como “delincuentes”, alegando que García Troche es inocente y víctima de una persecución por parte del sistema de justicia de nuestro país.
Nuevamente, a través de un audio, pero esta vez remitido a un medio de comunicación paraguayo, había afirmado que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Asociación de Fiscales, la Cámara de Diputados y el Ejecutivo “montaron un circo” para acusarlo de amenazar a quienes investigan a su mujer. Agregó que las amenazas contra los operadores de justicia solo fue jurídica y no de muerte.
Los agentes paraguayos de justicia que se encuentran involucrados en la causa son: las juezas contra el crimen organizado Rosarito Montanía y Lici Sánchez, así como los agentes fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta.
“Deny Yoon Pak es una persona firme, se mantiene en sus posiciones. Con el se tiene la seguridad de que no cambiará de criterio, se apega a la ley. La asociación se ratifica en que la justicia es y seguirá siendo el fin último del rol que persigue la Fiscalía por lo tanto la objetividad de las investigaciones no solo se basa en un principio que el agente fiscal cumple, sino que es la columna vertebral de todo el actuar de una investigación y el procesamiento de las personas”, comentó.
Bobadilla acotó: “de ninguna forma los agentes fiscales permitirán que cualquier circunstancia externa, presiones, puedan menoscabar el principio de objetividad. En los medios de comunicación no hay una suerte de filtro de que es lo que se difunde, que es útil y que no al propagar una información, claro se recibe los audios y vídeos y vuelven a transmitirlo, pero estamos hablando de una persona que ni siquiera se sometió a la justicia y desde afuera está haciendo amenazas”, refirió.
Movimiento Renovación Gremial exige seguridad y el esclarecimiento de amenazas a abogados
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En el marco de una denuncia por sicariato realizada por tres profesionales del derecho del departamento de Itapúa, el Movimiento Renovación Gremial, liderado por Enrique Berni, expresó su repudio ante las amenazas recibidas por los afectados. Asimismo, dicho gremio manifestó su firme respaldo a los abogados y exigió el pleno esclarecimiento de los hechos.
El comunicado emitido a la opinión pública señala: “Repudiamos enérgicamente las amenazas denunciadas contra colegas abogados del departamento de Itapúa, por constituir un grave ataque contra el libre ejercicio de la profesión, el Estado de derecho y la administración de justicia”.
Igualmente, el documento refiere: “Expresamos nuestra solidaridad con los colegas afectados y con sus familias, e instamos a las autoridades competentes a garantizar su seguridad, investigar con celeridad los hechos, identificar a los responsables y evitar que estos actos queden impunes”.
Con esto, el Movimiento Renovación Gremial reafirma su compromiso con la abogacía libre, independiente y protegida, sosteniendo que, frente a cualquier forma de violencia o intimidación, el silencio no es una opción. Cabe destacar que varios gremios de Itapúa también repudiaron las presuntas amenazas de sicariato denunciadas por los abogados Marcus Becker, Francisco Zayas y un tercer profesional, quienes intervienen en una causa judicial en el nordeste de dicho departamento.
Condenan a 10 años de cárcel a esposa de Alejandro Ramos
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Un tribunal de sentencia condenó a 10 años de cárcel a Lourdes Ramírez de Ramos, esposa de Alejandro Ramos, con quien fundó el Ejército de Mariscal López y exmiembro del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), al ser hallada culpable de apología del delito, atentado contra la existencia del Estado y atentado contra el orden constitucional.
De acuerdo con los antecedentes del caso, la ahora sentenciada apareció en un video difundido en enero de 2014, en el cual el grupo criminal reivindicaba la lucha de clases como único medio para acceder al poder e instaurar un gobierno de los pobres. En dicho material audiovisual también se emitían expresiones contra las autoridades nacionales legítimamente constituidas, hechos que sustentaron la condena impuesta.
Durante el juicio oral y público, el fiscal Federico Delfino acreditó la participación de la acusada mediante las pruebas producidas durante el desarrollo de la audiencia oral.
Ahora, la defensa de la condenada tendrá la posibilidad de apelar el fallo judicial, en cuyo caso un tribunal de apelación deberá resolver si corresponde confirmar la sentencia dictada en primera instancia.
Jueces desnudan falencias de la Fiscalía y absuelven a Boidanich
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Los magistrados evidenciaron la inconsistente acusación fiscal con argumentos sólidos que dieron la razón a la defensa del extitular de la Seprelad.
Un Tribunal de Sentencia absolvió de forma unánime de culpa y pena al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Óscar Boidanich, quien fue juzgado por frustración de la persecución y ejecución penal en el caso del empresario Darío Messer.
Los jueces Darío Báez, Gloria Hermosa y Natalia Cacavelos concluyeron que las acciones atribuidas por la Fiscalía no se adecuan a ningún hecho punible. Asimismo, el colegiado señaló que el Ministerio Público no logró demostrar que la actuación del acusado impidiera la investigación contra Messer o frustrara el comiso de sus bienes. Por el contrario, ambos resultados se concretaron: el empresario fue imputado y sus activos fueron incautados.
Durante la lectura de la sentencia, el presidente del Tribunal, Darío Báez, explicó que la Fiscalía no logró demostrar los elementos necesarios para sostener la acusación. “No se probó el resultado típico ni el nexo causal”, afirmó el magistrado.
SIN SUSTENTO
Los magistrados explicaron que, al tratarse de un hecho punible de resultado, la Fiscalía debía probar que la conducta de Boidanich evitó de forma directa el proceso penal o el comiso. Al no suceder esto, la acusación quedó sin sustento y sin argumento. Los jueces de sentencia evidenciaron las falencias del Ministerio Público. Estos argumentos de los jueces pusieron en evidencia que la acusación respondió a una estrategia mediática de ciertos medios de comunicación contrarios al gobierno de Horacio Cartes para perjudicar al Boidanich, al frente de la Seprelad durante esa gestión.
Durante el juicio oral, funcionarios de la Seprelad declararon que Boidanich nunca ordenó retener ningún reporte; por el contrario, se le dio la celeridad correspondiente. Finalmente, se demostró que el informe de la institución fue entregado al Ministerio Público, que lo utilizó como base para sustentar la imputación contra Darío Messer, garantizando además que el documento nunca se filtrara.
El Ministerio Público, a cargo del agente Francisco Cabrera, había solicitado la semana pasada una condena de dos años y seis meses de prisión para Boidanich.
“Siempre se respetó la institucionalidad”
ÓSCAR BOIDANICH - Extitular de Seprelad
Tras conocerse el fallo, el exministro de la Seprelad Óscar Boidanich aseguró que se pone fin a ocho años de un proceso que no tuvo que ser llevado ante la justicia porque siempre hubo transparencia. “Siempre se respetó la institucionalidad de Serprelad, institución que tuve el honor de dirigir durante varios años”, indicó.
Por otra parte, recalcó que aquí hubo un intento de instalar un relato falso. “Lógicamente, en un momento dado empezó lo que yo llamo un tiroteo mediático. Se empezó a mediatizar el caso a través de un sector de la prensa hacia mi persona, tratando de involucrar también al expresidente de la República (Cartes) e, incluso, al actual presidente. En varias fotografías aparecí en medio, se intentó instalar una vinculación y llevando el caso del ámbito judicial al campo político”, destacó. “Actué siempre de manera técnica y transparente. Entonces, hubo una mala intención de un sector de la prensa de tratar de involucrar al expresidente”, dijo.
La acusación “era muy abstracta”
CLAUDIO LOVERA - Abogado defensor
Claudio Lovera, abogado de Óscar Boidanich, se mostró conforme con la absolución de su cliente y aseguró que la acusación del Ministerio Público era abstracta. “El tribunal, además, señaló que la hipótesis acusatoria era muy abstracta” dijo, para agregar luego que esa abstracción “quedó en evidencia porque no resistió la prueba producida durante el juicio”, añadió.
Luego explicó que también hay que rescatar que, entre todas las actuaciones y documentos analizados, quedó demostrado que Óscar Boidanich “no dio ninguna instrucción para realizar un manejo irregular de la labor de inteligencia financiera. Ese también es un aspecto que debe destacarse en el marco de esta absolución”, recalcó el abogado. “Se reconoció que a partir del informe remitido por la Seprelad (a cargo de Boidanich) fue posible concretar el comiso de los bienes, algo que también quedó acreditado durante el juicio”, dijo.
La acusación del Ministerio Público naufragó en juicio
La hipótesis acusatoria no logró demostrar que existiera una maniobra para favorecer a Darío Messer, dejando sin respaldo la construcción fiscal.
La absolución unánime de Óscar Boidanich, extitular de Seprelad del gobierno de Horacio Cartes en el caso Messer, dejó sin sustento la acusación del Ministerio Público, cuya tesis de una supuesta demora deliberada del informe CHASA de la citada institución no se acreditó durante el juicio oral. Tras la producción de las pruebas y la declaración de 11 testigos, el Tribunal concluyó que no existió conducta punible por parte del extitular de la Seprelad.
La sentencia determinó que Boidanich nunca intervino en las tareas de análisis de inteligencia financiera ni impartió instrucciones para retrasar el trabajo técnico. Incluso, el analista responsable declaró que jamás recibió órdenes para influir o demorar la elaboración del informe. La evidencia también confirmó que el documento siguió el procedimiento interno previsto, incluyendo la revisión jurídica, que recomendó diligencias adicionales antes de su remisión al Ministerio Público.
Otro aspecto que derrumbó la acusación sin sustento del Ministerio Público fue que, durante parte del proceso, Boidanich se encontraba con reposo médico por una grave afección de salud y la institución quedó a cargo de un encargado de despacho. Al reincorporarse, el primer día hábil firmó el envío del informe de inteligencia a la Fiscalía.
El juicio también estableció que el documento llegó oportunamente al Ministerio Público y fue utilizado para impulsar las primeras diligencias del caso Messer y posteriormente el comiso autónomo. Asimismo, se comprobó que las medidas cautelares fueron dictadas en tiempo y forma y que todos los bienes fueron alcanzados por la acción fiscal.
Parlatino aprobó una declaración impulsada por el diputado paraguayo Carlos Núñez Salinas para reforzar la cooperación, la inteligencia y el control en las zonas fronterizas. Foto: Archivo
Parlatino declara ofensiva regional contra economías ilícitas que mueven USD 300.000 millones
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El Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), aprobó una declaración estratégica sobre soberanía, seguridad nacional y gobernanza regional frente al crimen organizado y las economías ilícitas. La iniciativa partió del presidente alterno del bloque regional, el diputado paraguayo Carlos Núñez Salinas, con la cual apunta a aplastar las economías ilícitas de USD 300 mil millones que amenazan a la región y la Triple Frontera.
La propuesta que fue acogida y convertida en Declaración del Parlatino, impulsa una respuesta regional coordinada para fortalecer la seguridad fronteriza, proteger la soberanía de los Estados y combatir el avance del crimen organizado transnacional.
En su presentación, el legislador paraguayo explicó que la iniciativa surge ante una realidad que exige acciones inmediatas. Señaló que las economías ilícitas en América Latina y el Caribe superan los USD 300 mil millones anuales, una cifra comparable con el producto interno bruto de varios países de la región.
“El narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, el contrabando y la minería ilegal han transformado las fronteras en zonas de alta vulnerabilidad. Estas organizaciones ya no actúan como estructuras delictivas aisladas, sino como redes transnacionales con recursos económicos, capacidad tecnológica y sistemas logísticos que desafían directamente la autoridad de los Estados”, sostuvo el presidente alterno de Parlatino.
La declaración impulsada por el diputado paraguayo Carlos Núñez Salinas plantea una respuesta regional frente al narcotráfico, el contrabando, la trata y el lavado de dinero. Foto: Archivo
Mencionó que en este complejo escenario regional, Paraguay ocupa un rol geográfico crítico, enfrentando desafíos mayúsculos en zonas vulnerables como la Triple Frontera (punto neurálgico compartido con Argentina y Brasil).
“Esta región fronteriza, históricamente afectada por la porosidad de sus límites y dinámicas comerciales complejas, es utilizada por facciones criminales internacionales para el lavado de dinero, el contrabando a gran escala y el tráfico de armas y drogas. El fortalecimiento de la seguridad en este sector estratégico se vuelve, por ende, una prioridad urgente dentro de la agenda continental”, remarcó.
Cooperación regional
La declaración promovida por el presidente Alterno plantea fortalecer los marcos legislativos nacionales y avanzar hacia mecanismos de cooperación regional que permitan mejorar el intercambio de inteligencia, desarrollar operaciones coordinadas y reforzar la vigilancia de las zonas fronterizas, respetando la soberanía de cada país.
Conforme al documento declaratorio, propone priorizar la inversión pública en tecnologías avanzadas para el control territorial, incluyendo vigilancia satelital, radares de interceptación aérea, drones de reconocimiento de largo alcance y sistemas biométricos en los puntos de tránsito legal.
Además, la iniciativa también contempla la elaboración de una agenda regional de seguimiento, con la participación de distintas comisiones del Parlatino, para evaluar los avances legislativos y la implementación de políticas contra el crimen organizado transnacional. Se plantea, además, la presentación de un informe anual sobre la situación de las fronteras y las acciones adoptadas por los países miembros.
“Con esta Declaración, el Parlatino reafirma que la seguridad, la defensa de la soberanía y el control efectivo del territorio constituyen condiciones fundamentales para preservar la democracia, promover el desarrollo económico y garantizar el bienestar de los pueblos de América Latina y el Caribe”, concluye el documento.
Desde el organismo regional se destaca que la propuesta del diputado Carlos Núñez Salinas coloca en el centro del debate regional la necesidad de pasar de las acciones aisladas a una verdadera estrategia continental, basada en la cooperación, la tecnología, la coordinación legislativa y el fortalecimiento institucional. Frente a un crimen organizado que no reconoce fronteras, América Latina y el Caribe necesitan una respuesta conjunta, firme y proporcional al desafío.