El abogado Ricardo Preda se refirió al proyecto de ley que plantea elevar las penas, de 8 a 10 años, a quienes cometan un accidente fatal en estado de ebriedad. Sobre la iniciativa, indicó que no cree que tal medida tenga un efecto real, dado que el aumento es ínfimo y se debería buscar trabajar en otras alternativas.

“Yo no veo un impacto en ningún sentido, tampoco en que esto vaya a acabar o reducir las muertes que se produzcan en ese marco de personas que conducen bajo los efectos del alcohol”, expuso el abogado en contacto con la 650 AM.

Preda realizó observaciones sobre esta iniciativa y señaló que tampoco se puede alegar que vaya a vulnerar los derechos de las personas, puesto que apenas se plantea elevar dos años más de lo que se establece en la normativa vigente, dejando en claro que este no es el defecto del proyecto.

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En esta línea, detalló que al ser ínfima la diferencia entre lo que se propone y la ley actual, la que dispone 3 años como mínimo y ocho como máximo, no tendrá un efecto preventivo o disuasivo a conducir bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias.

“No me refiero a este caso en particular, pero muchas veces los políticos toman la ley penal como una cuestión de oportunismo político, haciéndole creer a la gente que eso va a cambiar, pero ya hubo una agravación de la pena y no ha habido ningún impacto”, afirmó.

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La iniciativa mencionada es planteada por el senador Eduardo Nakayama, y desde la óptica del abogado, lo más adecuado sería trabajar en la educación y en la prevención, tomando como ejemplo lo que ocurre en otros países, donde hay un gran despliegue policial para controlar a aquellos que estén bajo sospecha de conducción bajo los efectos de alguna sustancia.

“Tendría que controlarse a aquel que está conduciendo bajo ciertas circunstancias, que es lo que ocurre en otros países, que solo se le controla a quien genera una sospecha en la conducción. Para eso se necesita la cantidad suficiente de agentes que estén en las calles para poder determinar la sospecha”, explicó.

El presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto, Senador Silvio Ovelar, manifestó su preocupación respecto al plan de gastos 2026. Advirtió que sería inviable responder a todos los pedidos de aumentos salariales que ya han comenzado a recibir de parte de varias instituciones del Estado, no solo del Ejecutivo, sino también de los otros poderes y extra poderes.

El legislador explicó que, desde el Poder Ejecutivo, a través del ministerio de Economía y Finanzas sí está planteando incrementos importantes en materia de seguridad porque se tiene que nombrar a más de 5.000 nuevos policías; lo mismo ocurre en Salud, con 3.200 nuevos personales de blanco; Educación lo mismo, ya que se trata de crecimientos vegetativos necesarios.

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“Ahora, nos están pidiendo incrementos salariales de diferentes instituciones, dentro del Poder Ejecutivo y también de los otros poderes, lo que hace de que resulte inviable poder satisfacer toda esa demanda porque estaríamos rompiendo el tope de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que sería lo razonable en el funcionamiento de la Constitución", explicó.

Aclaró que, con esto, no quiere decir que está cerrando las puertas a ninguna institución, por el contrario, enfatizó que estarán escuchando a cada uno sus pedidos y propuestas. Asimismo, remarcó que ya tiene acordado con sus colegas parlamentarios que no se otorgarán incrementos a los legisladores.

El senador Ovelar insistió en que los pedidos vienen por doquier, y que este es el momento en que los gremios también organizados ya solicitan incrementos de todo tipo.

Recordó que el año pasado, tanto en la Bicameral de Presupuesto y el Congreso en sí, fueron bastante generosos en muchos aspectos, gracias a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios tras la fusión con Aduanas, lo que permitió mejorar los ingresos al Estado.

Indicó que ese impulso rebote que tuvo el año pasado con los ingresos financieros, este año ya se está estabilizando, lo que significa que no se va a tener esa misma cantidad de ingresos.

Pese a ello, indicó que el Incan va a contar con un incremento. “Por todo ello considero que el presupuesto planteado por el Ministerio de Economía, es un plan de gastos bastante equilibrado”, concluyó.

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El presidente de la República, Santiago Peña, firmó este lunes los decretos por los cuales promulga las nuevas leyes de inversión, maquila y producción con las que se podrá fortalecer el ecosistema económico e impulsar sectores como la industria, el turismo y el acceso al crédito productivo.

“Estas tres leyes representan más trabajo, más empleo”, afirmó el jefe de Estado durante la apertura del Paraguay Business Week 2025, que se desarrolla durante el evento Alto Paraná Invest Forum, en Ciudad del Este.

Este paquete de nuevas legislaciones incluye el “Régimen de Incentivos Fiscales para la Inversión Nacional y Extranjera”; la actualización del “Régimen de Maquila” y la “Política Nacional para la Producción y el Ensamblaje de Equipos Eléctricos, Electrónicos, Electromecánicos y Digitales”, normativas que modernizan el marco industrial y económico del país.

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En la oportunidad, Peña aseguró que estas nuevas legislaciones permitirán una mayor y mejor integración en la región. “Estas leyes no buscan sacar empleos de Brasil y de Argentina; con esto se quiere traer empleos de Asia y de Europa para nuestra región, el desarrollo del Paraguay se hace con Brasil y Argentina”, afirmó.

El mandatario comentó que dichas propuestas tuvieron un intenso debate al interior del Poder Ejecutivo y en ese sentido, agradeció a los ministerios de Economía e Industria y Comercio por el trabajo realizado, así como el apoyo por parte del Parlamento, “que entendió la responsabilidad y la oportunidad” que representaban las mismas.

Este paquete de leyes busca el crecimiento económico con la modificación de los incentivos vigentes de los regímenes, además de la creación de un marco favorable para el ensamblaje local de productos tecnológicos como electrodomésticos, celulares y otros, con el fin de diversificar la matriz productiva y atraer industrias de alto impacto en la generación de empleo, resaltaron desde el Ejecutivo.

El titular del Poder Ejecutivo enfatizó que la industria es la que permite alcanzar niveles altos de ingreso y de desarrollo. “Ahí es donde los paraguayos estamos decididos a ir, en apoyar a esos patriotas que deciden endeudarse a largo plazo, contratar y generar esas inversiones”, añadió.

Sobre el punto, el jefe de Estado señaló que el Paraguay proyecta una visión de desarrollo hacia el mundo. “Queremos ser protagonistas y promover proyectos de integración”, alegó finalmente.

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La Dirección General del Tesoro Público (DGTP), dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), inició hoy el proceso de desembolso de un total de G. 109.883 millones destinados al pago de compromisos con las empresas proveedoras y acreedoras del Estado.

El cronograma de transferencias se extiende desde este lunes 8 hasta el jueves 11 de setiembre, en cumplimiento con los registros procesados durante la primera semana del mes. Los pagos corresponden a las Solicitudes de Transferencia de Recursos (STR) ingresadas entre el lunes 1 y el viernes 4 de setiembre, todas bajo la Fuente de Financiamiento 10, correspondiente a “Recursos del Tesoro”.

Estos fondos provienen directamente de la recaudación del Estado, los cuales se orientan al cumplimiento de las obligaciones asumidas con los proveedores que abastecen de bienes y servicios a las instituciones públicas.

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Desde el MEF explicaron que el proceso de pagos se desarrolla de manera sostenida y conforme al orden de ingreso de las STR, garantizando así un flujo regular de desembolsos. Este mecanismo busca dar previsibilidad a las empresas contratistas del Estado, que dependen de la puntualidad en la ejecución de los pagos para mantener sus operaciones y planificar nuevas inversiones.

El calendario detallado de transferencias puede consultarse en el portal del MEF, en la sección de consulta ciudadana, además de estar disponible en el sitio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y en el Sistema de Proveedores del Estado (SIPE). Estas plataformas permiten a los proveedores verificar la fecha en que se hará efectiva la acreditación de los recursos, lo cual aporta mayor transparencia al proceso de ejecución presupuestaria.

El cumplimiento de estos pagos reviste una importancia estratégica para la economía local, ya que dinamiza la cadena de proveedores vinculados al sector público. Cada desembolso no solo representa el cumplimiento de obligaciones estatales, sino que también impacta en la liquidez del mercado y en la circulación de capital en distintas áreas productivas.

Para muchas empresas, especialmente pequeñas y medianas, la certeza en el cobro por servicios prestados al Estado es clave para sostener empleos, cumplir con compromisos financieros propios y continuar participando en futuras licitaciones.

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