“Vamos a ir acompañando a la Fiscalía con todo indicio o evidencia que pueda conducir a otras acciones más”, manifestó el nuevo director de Establecimientos Penitenciarios, Óscar Pereira, con relación al proceso de investigación sobre la fuga de reos del Centro Penitenciario de Reinserción Martín Mendoza, localizado en Emboscada.

“Las investigaciones están en curso, las acompañaremos. Las personas que están privadas de su libertad a cargo del Estado tendrían que estar cumpliendo las medidas a las que fueron sometidas; en ese sentido, vamos a estar revisando todos los procesos actuales, veremos qué controles están fallando y, de acuerdo a eso, tomar las decisiones más pertinentes”, indicó este viernes en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Añadió que “realmente vamos a tomar primero el pleno conocimiento de cada dirección penitenciaria e ir evaluando, lo que podría estar haciéndose bien vamos a ir mejorando y tomaremos medidas sobre las cosas que no son correctas en el proceder. El penal ahora se encuentra a cargo de un interventor, con los recursos que tiene está dando cobertura con personal suficiente en este momento”.

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Los datos recabados mediante la investigación fiscal y policial refieren que los reclusos burlaron los controles de seguridad mediante corte de barrotes y el uso de sogas confeccionadas con sábanas y frazadas, aprovechando una zona perimetral que se encontraba sospechosamente sin el resguardo de agentes penitenciarios.

“Dentro de los controles vamos a establecer algunos procesos de trabajo con resultados verificables cada cierto tiempo. Será un programa de recuperación del control donde se deberá rendir sobre los resultados cada 30, 60 y 90 días, eso como una acción inmediata. También se establecerán acciones sobre la supervisión de la cadena de mando en cumplimiento de los protocolos, cuidar la integridad del personal que se desempeña correctamente, vamos a trabajar en la prevención de la complicidad interna con la trazabilidad de traslados y alojamiento”, afirmó.

Pereira agregó que “también se fortalecerá el control para evitar el ingreso de objetos prohibidos. En la gestión de incidentes, vamos a establecer mecanismos para la protección de los denunciantes y la preservación de los registros pertinentes”. De acuerdo a las pericias preliminares y las cámaras de circuito cerrado se evidenciaron fallas deliberadas, ausencia de rondas reglamentarias y una supuesta complicidad interna que facilitó la fuga de los reos el pasado 25 de octubre.

“Dentro de los controles vamos a establecer algunos procesos de trabajo con resultados verificables cada cierto tiempo. Será un programa de recuperación del control donde se deberá rendir sobre los resultados cada 30, 60 y 90 días, eso como una acción inmediata. También se establecerán acciones sobre la supervisión de la cadena de mando en cumplimiento de los protocolos, cuidar la integridad del personal que se desempeña correctamente, vamos a trabajar en la prevención de la complicidad interna con la trazabilidad de traslados y alojamiento”, afirmó.

Pereira agregó que “también se fortalecerá el control para evitar el ingreso de objetos prohibidos. En la gestión de incidentes, vamos a establecer mecanismos para la protección de los denunciantes y la preservación de los registros pertinentes”. De acuerdo a las pericias preliminares y las cámaras de circuito cerrado se evidenció fallas deliberadas, ausencia de rondas reglamentarias y una supuesta complicidad interna que facilitó la fuga de los reos el pasado 25 de octubre.

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El comisario general (SR) Óscar Pereira asume este miércoles como nuevo director de Establecimientos Penitenciarios tras la destitución del coronel (SR) Ruben Peña, en medio de una investigación por la fuga de dos reclusos de alta peligrosidad del penal de Emboscada.

El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, tomó esta decisión luego de una intervención que dejó al descubierto una presunta red de complicidad interna. Como resultado de las primeras diligencias, fueron detenidos e imputados el exdirector del penal, Pablo Abel González; el jefe de seguridad, Aldo Galeano; y el subjefe, Mario Cristaldo.

La evasión ocurrió en los primeros minutos del domingo pasado en un sector considerado de máxima seguridad. Los prófugos fueron identificados como Ever Alejandro Ozuna (condenado a 28 años por secuestro y señalado como presunto sicario) y Ricardo Arsenio Merlo, quien cumplía condena por narcotráfico, lo que activó de inmediato una investigación penal y un sumario.

Las pesquisas del Ministerio Público escalaron en las últimas horas tras una comitiva fiscal-policial que allanó la vivienda del subcomisario Derlis Cáceres en el barrio Ypati de Villa Elisa. Ante la ausencia del agente durante el operativo, las autoridades ordenaron su inmediata captura.

Cáceres, quien se desempeñaba como director de Inteligencia Penitenciaria hasta ser apartado hace un mes tras otra fuga en Minga Guazú, es señalado por guardiacárceles detenidos como uno de los presuntos colaboradores clave que habría facilitado información sensible para concretar la evasión.

La investigación, liderada por el Departamento de Lucha contra el Crimen Organizado a cargo del comisario Luis López, busca esclarecer las conexiones internas. Mientras tanto, Óscar Pereira asume el mando con el desafío urgente de depurar el sistema y restablecer el control en las cárceles del país.

Fiscales arrestados, dinero escondido en una ambulancia y acusaciones de narcotráfico y corrupción desde Estados Unidos: una tormenta sacude a la justicia de Bolivia tras la detención del fiscal general Roger Mariaca. En prisión preventiva por seis meses en una cárcel de Potosí, en el sur del país, el exfuncionario de 38 años es investigado por la justicia boliviana por lavado de activos, tráfico de drogas y criminalidad organizada.

Fue capturado por la policía la semana pasada en Santa Cruz (este) en un operativo en el que resultaron detenidas otras 13 personas, incluidos tres fiscales. Días antes, Estados Unidos había cancelado la visa de Mariaca y de otros altos funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, a quienes acusa de corrupción o vínculos con el narco. A continuación, cuatro puntos clave para entender qué se juega en Bolivia.

Mariaca fue nombrado a la cabeza del Ministerio Público en 2024 por el Congreso controlado en ese momento por el oficialista Movimiento al Socialismo que llevó al poder a los izquierdistas Evo Morales (2006-2019) y el entonces mandatario Luis Arce (2020-2025). Morales es hoy el principal opositor del presidente centroderechista Rodrigo Paz.

Antes, Mariaca era jefe de fiscales en Santa Cruz, el departamento más golpeado por el narcotráfico. “Su figura siempre ha sido controvertida” por “casos polémicos” bajo su supervisión, dice a la AFP la socióloga boliviana Luciana Jáuregui.

Uno de ellos fue la investigación contra el narco uruguayo Sebastián Marset, uno de los más buscados del cono sur.

Desde agosto de 2025, como fiscal general, el accionar de Mariaca tomó un “carácter político”, según Jáuregui, que menciona el caso del consultor argentino Fernando Cerimedo, asesor personal del presidente Paz, detenido por intento de feminicidio y presunta corrupción que salpica al gobierno y a la familia presidencial. Mariaca denunció a la prensa que la cancelación de su visa por parte de Estados Unidos fue una “presión” por la investigación contra Cerimedo.

Washington sostiene que como fiscal recibió “sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia”, acusación que él niega. El gobierno boliviano denuncia que bajo su mandato la Fiscalía se convirtió en una “organización criminal”. En la noche de su detención, una ambulancia fue interceptada cuando salía de su residencia con 300.000 dólares escondidos, según las autoridades.

Cuando llevaba el caso Marset en 2023, el narco uruguayo eludió un megaoperativo para ser capturado. El actual ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, denunció que entonces las autoridades fiscales “lo dejaron salir” y “le devolvieron sus bienes incautados”. Marset fue finalmente capturado en Bolivia en marzo y expulsado a Estados Unidos. Medios locales difundieron un video de su detención, que la AFP no ha podido verificar, en el que supuestamente dice a policías: “Mariaca es mi amigo”.

El gobierno asegura que el operativo contra Mariaca y los otros detenidos fue realizado por la policía boliviana con cooperación de inteligencia de Estados Unidos. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, dijo que su país “respalda firmemente” a Paz. Lo mismo hicieron los 15 países miembros del Escudo de las Américas, la alianza de gobiernos de derecha contra el crimen transnacional en la región liderada por la administración de Donald Trump. “De alguna forma, la presión externa está siendo un punto” de apoyo para Paz “frente a su debilidad interna”, dice Jáuregui.

El mandatario ganó la elección con una coalición de fuerzas que después se deshizo, mientras que en las calles fuertes protestas han puesto a su gobierno contra las cuerdas. En el poder desde noviembre, Paz padece un “desgaste” debido a sus recientes medidas económicas impopulares, dijo a la AFP la politóloga Adriana Rodríguez.

Después de la captura de Mariaca, la Fiscalía nombró a Luis Montaño como nuevo jefe, pero el gobierno de Paz lo denunció por obstruir el caso y lo desconoció. La madrugada del sábado, tras una larga sesión, el Congreso designó a José Armando Urioste como fiscal general interino, tras aprobar una reforma para destituir a Mariaca y reemplazarlo.

Una senadora de la oposición cuestionó la presencia de funcionarios de las embajadas de Estados Unidos, Argentina y Perú, a los que grabó. Según Adriana Rodríguez, la Fiscalía es escenario de una “pugna de poder político” mientras se elige a su titular definitivo. Para la socióloga Jáuregui, el gobierno de Paz “está buscando (...) construir una nueva legitimidad a partir de la lucha contra la corrupción y el narcotráfico”.

Fuente: AFP.

El Congreso de Bolivia suspendió al fiscal general, detenido tras ser señalado por Estados Unidos de supuestos vínculos con el narcotráfico, y designó el sábado a un interino tras una prolongada sesión de urgencia. Roger Mariaca, que ejerció la jefatura del Ministerio Público desde 2024 hasta su arresto el miércoles, será reemplazado por José Armando Urioste de forma interina.

Urioste tiene una amplia trayectoria como juez y académico en el departamento del Beni (noreste). “Estamos recibiendo una institución que demuestra, por los acontecimientos de esta semana, que está totalmente empañada por actos de corrupción, manchada por la trayectoria lamentable de los colegas”, dijo Urioste en entrevista al diario El Deber.

“Vamos a investigar. Yo soy enemigo de hacer una cacería de brujas. Yo considero que hay un principio de presunción de inocencia, pero también existe el principio de objetividad”, indicó. La designación se realizó con 113 votos a favor y 11 en contra, tras extensas negociaciones y varias nominaciones sin consenso que se extendieron desde la noche del viernes hasta las 6:30 locales (10:30 GMT).

“Hay más de dos tercios, por lo tanto, ha sido seleccionado el doctor Urioste”, señaló tras la votación a mano alzada el presidente del Senado, Diego Avila. El Congreso tuvo que modificar primero la normativa para permitir la suspensión del fiscal general al existir en su contra una imputación delictiva o prisión preventiva.

La noche del viernes, el presidente centroderechista Rodrigo Paz promulgó la ley y el Congreso retomó la sesión para tramitar el reemplazo. Mariaca es investigado por la justicia boliviana por lavado de activos, tráfico de drogas y organización criminal, cargos que él niega.

Esta semana, Washington le retiró la visa junto a otros altos funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Su captura dos días después fue “fruto de un esfuerzo de investigación y de trabajo silencioso, minucioso”, dijo el presidente Paz en la sede de gobierno.

Horas después de la detención de Mariaca, la Fiscalía nombró como interino a Luis Montaño, el funcionario más antiguo de la institución, pero el gobierno de Paz desconoció la designación y anunció que sería detenido por usurpar funciones y obstaculizar las pesquisas contra Mariaca.

Según el Ministerio de Gobierno, el exjefe del Ministerio Público habría brindado protección al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado por la policía en marzo de este año con ayuda de la DEA y expulsado a Estados Unidos.

Por este caso también fueron detenidas el miércoles otras 13 personas: tres fiscales, seis funcionarios de la Fiscalía y cuatro individuos que intentaron retirar unos 300.000 dólares del domicilio de Mariaca escondidos en una ambulancia. Paz destacó la participación en estas capturas del Escudo de las Américas, una alianza de gobiernos de derecha impulsada por Washington para combatir el crimen transnacional.

Fuente: AFP.