Paraguay logró recuperar USD 3,4 millones del Mecanismo Covax, que fueron abonados para la compra de vacunas contra el Covid-19 durante la pandemia. Con este logro, Paraguay evitó el pago de una garantía contractual millonaria que fue firmada por el gobierno de Mario Abdo Benítez.
“Esto marca un capítulo cerrado con el mecanismo, ya nosotros no podemos reclamarle nada, ni ellos pueden hacerlo y eso es un gran logro porque el exministro (de Hacienda) había firmado una garantía por USD 88 millones”, señaló a la 650 AM Marco Aurelio González, procurador general de la República.
De acuerdo a lo que explicó, nuestro país había hecho un depósito de USD 6,5 millones y se había comprometido a comprar 3 millones de dosis, pero solo recibió 700.000, lo que representa casi USD 1 millón. Paraguay tenía a su favor USD 5.600.000 y se inició una misión encabezada por el Ministerio de Salud para recuperar ese dinero.
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“Pedimos la devolución y ellos decían que nosotros nos comprometimos a comprar las vacunas, que nos comprometimos a pagar las vacunas por más de que no recibamos, firmamos una garantía y nos decían que esa plata debía quedar retenida y además debíamos pagar una tasa de USD 180.000″, relató.
El procurador indicó que en esta tarea acompañaron al Ministerio de Salud la presidencia de la República, la asesoría jurídica del Poder Ejecutivo y la Procuraduría, que lograron que recupere parte del dinero abonado y evitaron que Paraguay tenga que realizar pagos adicionales al mecanismo.
Desde septiembre del año pasado, se escucharon propuestas que se hicieron a nuestro país y luego de un profundo análisis, se optó por la opción que ya fue comunicada oficialmente el lunes 22 de julio.
“Esta fue la última propuesta del mecanismo y nosotros estábamos en la disyuntiva de aceptar o tener que ir a arbitraje después de todas las negociaciones. El costo del arbitraje es alrededor de USD 1,5 millones, sin contar peritos y otros costos que pudieran derivarse. Era tener la plata hoy o ir arbitraje y pagar un monto sideral, estábamos empatados”, manifestó el procurador.
González indicó que con esta propuesta no se corría el riesgo de perder eventualmente la demanda, lo que conllevaba perder la totalidad del dinero abonado e incluso asumir otros gastos.
“Medidos la probabilidad de éxito y el riesgo que teníamos y terminamos aceptando la propuesta, lo que implica un reconocimiento de la legitimación del derecho de Paraguay porque se han percibido gran parte del dinero depositado”, concluyó.
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Abc es puro paja
- Por Benjamín Livieres
- Analista político de NM
Los ataques sistemáticos del grupo Abc al gobierno de Santiago Peña y al cartismo, sobre el tema que fuere, tienen como único objetivo instalar la idea de que “estamos peor”, lo que implicaría que “con Mario Abdo estábamos mejor”, algo que ni los mejores sofistas –ausentes en sus filas– podrían sostener algunos segundos.
Ese es un camino con inconvenientes para sus fines, pues no lograrían más que hacer el ridículo. Los registros dan cuenta del retroceso económico y social durante la gestión anterior, así como de los cerca de 20.000 muertos por falta de vacunas en pandemia, además de los casos penales por enriquecimiento ilícito y lavado que se le siguen al expresidente, y por haber utilizado las instituciones del Estado para borrar del mapa a Horacio Cartes, a los que se suma un rosario de ilícitos en diversas reparticiones.
Tampoco es capaz de rebatir los indicadores económicos –claramente positivos en esta gestión–, que la inversión en programas sociales es la mayor de todos los tiempos o que el país ha ganado posiciones en la consideración internacional; aparte de mantener la estabilidad política en los últimos 30 meses, un don muy preciado en la convulsionada Sudamérica.
¿Entonces, qué hace Abc Color? Se monta sobre algunos hechos puntuales, verdaderos o inventados, para atacar “el todo”, para descalificar la gestión de gobierno en su conjunto y socavar las bases de sus programas más relevantes, en el afán de producirle el mayor desgaste político que le sea posible.
Este es el caso de la campaña que despliegan los medios del Grupo Zuccolillo sobre la politización del programa Hambre Cero, que no apunta a enmendar errores y desarrollarlo, sino a destruirlo. Así, las denuncias sobre malos manejos en ciertas gobernaciones, que van desde presunto enriquecimiento ilícito hasta prácticas de chantajes laborales para respaldar tal o cual candidatura, no tienen como centro la investigación de los hechos denunciados y que se apliquen las medidas pertinentes, sino la invalidación absoluta del proyecto.
Podríamos citar muchos otros ejemplos, pero sería redundante. Estamos ante el “relato” de un poderoso grupo mediático que defiende sus intereses corporativos sin la menor ética ni escrúpulos, con el fin de acabar con aquellos a quienes considera enemigos, los “cartistas malvados”.
Dicho esto, la respuesta a estos ataques de los que está siendo objeto Hambre Cero no puede ser, simplemente, que “todo es falso”, que “las gobernaciones ni inciden en los contratos laborales” y sus titulares, sin excepción, ya tienen reservado un lugar en el paraíso. No es minimizando los problemas, ni menos desconociéndolos, como se fortalecerán los programas y proyectos en curso, sino al revés, actuando sobre ellos y rectificando lo que deba rectificarse, en esas y otras áreas en donde los problemas de gestión resultan notorios. Y comunicar bien. Claro, para eso el Gobierno debería contar con su propio “relato” y responder las cuestiones de estratégicas, no la montaña de acusaciones que recibe a diario.
Como criterio general, es siempre importante separar la paja del trigo. Hay críticas que se ajustan a la realidad, pero no por eso invalidan, ni mucho menos, programas de tanta trascendencia. No porque exista paja en el trigal, se considera una plantación de pura paja, como transmite Abc en todas sus páginas, al no diferenciar –intencionalmente– lo uno de lo otro.
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Colonos de Manduarã avanzan hacia la titulación tras décadas de espera
Familias beneficiarias de la colonia Aba`i, distrito de Manduarã, departamento de Caazapá, recuperan las esperanzas luego de 32 años de espera, con la reciente entrega de un total de 320 adjudicaciones de las emblemáticas tierras, de manos del presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz.
Desde la institución agraria informaron que el acto de entrega de las adjudicaciones a los sujetos de la Reforma Agraria de Manduarã se realizó este domingo 1 marzo, con la presencia de colonos, autoridades locales y la comisión vecinal San Óscar Romero (Ex Marina Cué), de Curuguaty, Canindeyú.
El siguiente paso a la adjudicación será el finiquito de los títulos de propiedad, cuya entrega a los colonos está prevista para los próximos días, en lo que será otra fiesta de la titulación que garantiza el desarrollo socio-económico y arraigo campesino.
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La participación de la comisión vecinal resultó fundamental por su rol en la mesa de trabajo y diálogo encabezado por el titular del ente agrario, para la solución de otro caso emblemático, a fin de lograr la paz en la comunidad.
Los representantes de la comisión, Martina Paredes y Padre Pascual Kinoti, asesor de la comisión, resaltaron que a través de la voluntad política y acciones concretas del gobierno con los beneficiarios, se pueden resolver de forma definitiva los casos emblemáticos de tierras, teniendo en cuenta la experiencia en Marina Cué, que enlutó a familias compatriotas del lugar, hace 13 años.
Garantía y seguridad jurídica de colonos
Juan Molina, dirigente de la colonia Manduarã, sostuvo que esto es histórico para Santa Teresa. En los próximos días vendrán los títulos de propiedad, que anhelamos hace 35 años y con el título en mano nadie volverá ingresar a nuestra propiedad sin permiso, añadió.
Por su parte, el gobernador de Caazapá, Christian Acosta, dijo que tantos enfrentamientos y problemas entre paraguayos les trajo Santa Teresa. “Hoy en día es diferente, vemos rostros felices y emocionados. Con propiedad le podré decir al presidente de la República que así como en Marina Cué, aquí en Manduarã pueda venir a entregar los títulos de propiedad a los beneficiarios de la colonia", acotó.
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Falleció Farías Kronawetter, imputado en caso de filtración de Seprelad
El abogado Daniel Alberto Farías Kronawetter falleció el sábado 28 de febrero, a los 41 años, debido a un paro cardiaco que sufrió durante una actividad deportiva. Al momento de su deceso era funcionario permanente de la Cámara de Senadores, tras su paso por varias instituciones estatales, y estaba procesado por supuesta filtración de datos de la Seprelad, en una causa que incluye al exmandatario Mario Abdo Benítez y el exministro Arnaldo Giuzzio, entre otros.
La noticia se difundió por redes sociales, el domingo 28 de febrero, y uno de los primeros en mencionarla fue el exministro anticontrabando Emilio Fúster y abogado defensor de Giuzzio, al igual que el exmandatario Abdo Benítez, quienes expresaron sus condolencias a la familia. El diputado abdista Mauricio Espínola, su colega Raúl Benítez, y el senador Rafael Filizzola también reaccionaron al informe periodístico.
Según datos de la función pública, entre junio de 2015 a noviembre 2023, Farías estuvo vinculado con la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET, que en agosto de 2023 pasó a ser DNIT), entonces dependiente del Ministerio de Hacienda (convertido en Ministerio de Economía y Finanzas, desde agosto de 2023). Luego pasó a la nómina del Senado, y figuraba como asistente en el despacho del senador Óscar Salomón.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia debe destrabar la causa penal mencionada para que las doce chicanas presentadas, desde abril de 2024, por la defensa de cada uno de los hoy acusados, puedan ser analizadas por la jueza penal de Garantías, Cynthia Lovera. De los nueve acusados, Abdo Benítez y Mauricio Espínola siguen escudados en sus fueros parlamentarios, defendidos por sus aliados que forman parte de la oposición.
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Vínculo con Giuzzio
En el ámbito del análisis financiero de la SET, Farías ya venía colaborando anteriormente con Arnaldo Giuzzio en sus tareas como fiscal (2004-2013), quien, tras su paso por el Senado (2013-2018), fue designado ministro de la Senad por el gobierno de Abdo Benítez, en agosto de 2018, y luego ministro del Interior, del 22 de enero de 2021 al 22 de febrero de 2022, cuando fue destituido por presuntos vínculos con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, por lo que afronta un juicio en curso.
En dicho contexto, Daniel Farías se convirtió en asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, desde marzo de 2021 y siguió comisionado hasta mediados de 2022 en este ministerio, tras la destitución del exfiscal. No obstante, en abril de 2022 fue presentado como nuevo integrante de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad, aunque su traslado temporal se aceptó recién el 26 de junio del 2022.
Imputación
El 11 de marzo de 2024, el Ministerio Público imputó a Mario Abdo Benítez y otros ocho exfuncionarios de su gobierno: Carlos Adolfo Arregui Romero (extitular de Seprelad), Arnaldo Euclides Giuzzio Benítez (exministro del Interior), René Milciades Fernández Bobadilla (exministro de Senac y Seprelad), Carmen María Pereira Bogado (alta funcionaria de Seprelad), Daniel Alberto Farías Kronawetter (Seprelad), Guillermo Preda Galeano (Seprelad), Francisco Pereira Cohene (Seprelad) y Mauricio Fabián Espínola Núñez (exsecretario privado del presidente y actual diputado).
La Fiscalía, que presentó más de 206 elementos probatorios, apuntó los hechos punibles de Revelación de secretos de servicio (Art. 315 del CP), Revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial (Art. 148 del CP), Inducción a un subordinado a un hecho punible (art. 318 del CP), Denuncia falsa (Art. 289 del CP), Simulación de un hecho punible (Art. 291 del CP), Usurpación de funciones públicas (Art. 241 del CP) y Asociación criminal (Art. 239 del CP).
El acta fiscal describe que Abdo Benítez habría gestado en su gobierno (2018-2023) “un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña)”, para lo cual conformó un equipo, en que se mencionan a Carlos Arregui (Seprelad), Arnaldo Giuzzio (Interior) y René Fernández, entonces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), pero sustituyó a Arregui en Seprelad, en setiembre de 2022.
Entre diciembre de 2021 a mayo de 2022, en Seprelad se habría redactado el informe de inteligencia n.° 10/2022, referenciado como “MARA041922MP”, “introduciendo información tergiversada y falsa, en colaboración con personas ajenas a la institución”, dice la Fiscalía. Este informe de “carácter confidencial” se filtró intencionalmente a los medios de comunicación y a determinados referentes y aliados abdistas para su difusión en redes sociales.
El acta de imputación refiere textualmente: “En dicho contexto, Daniel Farías Kronawetter, asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio (marzo 2021 a junio 2022), comisionado recién a partir de junio del 2022 a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, y René Fernández Bobadilla, entonces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (desde el año 2019), sin ser funcionarios de la Seprelad, habrían contribuido en la composición del Informe de inteligencia n.° 10/2022 referenciado como MARA041922MP, al elaborar el borrador de este informe”, que guardaba relación con el expresidente Horacio Cartes y la firma Tabesa.
Equipo paralelo en Seprelad
El Ministerio Público señala en el acta de imputación: “En el mes de abril del 2022, Carmen María Pereira Bogado, entonces secretaria adjunta de la Seprelad y encargada de despacho de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico, habría presentado a Daniel Farías Kronawetter ante los funcionarios de la mencionada dependencia institucional como nuevo integrante, específicamente con el cargo de director de análisis a efectos de apoyar en las investigaciones relacionadas al expresidente de la República, Horacio Cartes Jara”.
“Además, Carmen María Pereira Bogado habría creado una carpeta compartida en la web con archivos de carácter confidencial, de manera a que se le faciliten todos los datos que Daniel Farías Kronawetter pudiera requerir para su cometido. En aquel momento, Daniel Farias Kronawetter no era funcionario de la Seprelad sino de la Subsecretaría de Estado de Tributación, comisionado al Ministerio del Interior para prestar funciones con Arnaldo Giuzzio, en carácter de asesor de inteligencia financiera”, continúa el documento fiscal.
También expone: “Por consiguiente, entre el mes de abril al día 26 de junio del 2022, Carlos Arregui Romero y Carmen María Pereira Bogado habrían permitido que Daniel Farías Kronawetter se insertará laboralmente al sector de trabajo de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad, utilizara equipos informáticos, y acceda a informaciones de inteligencia financiera”.
“En concreto, Daniel Farías Kronawetter habría creado el archivo denominado: “AAA_INFORME_DE INTELIGENCIA_AAA_MJ”13, editado por René Fernández Bobadilla”, puntualiza la Fiscalía. Como parte del operativo abdista, en enero de 2022, Giuzzio presentó una denuncia falsa contra Cartes ante la Seprelad, que recientemente fue ratificada su desestimación tras interponerse una apelación irregular por parte del exministro.
Igualmente, el Informe de inteligencia n.° 10/2022 fue incorporado en el informe final de la Comisión Bicameral de Investigación, en octubre de 2022, que presidió el exsenador Jorge Querey del sector opositor Frente Guazú. En julio de 2022, Estados Unidos emitió sanciones contra Horacio Cartes a partir de documentos proveídos por el gobierno abdista; sin embargo, en octubre de 2025, todas las sanciones fueron levantadas al demostrarse jurídicamente que la documentación sobre el exmandatario había sido falsa y tergiversada.
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Mario Abdo es el menos indicado para hablar del bienestar de la gente
El expresidente Mario Abdo Benítez y equipo, siempre en la línea de dinamitar este gobierno y como buenos oportunistas no se ruborizaron en salir a cuestionar la rapidez con la que encauzó la reforma de la Caja Fiscal.
Principalmente el exmandatario, que se inspiró la frase popular “desastre ko Marito”, es el menos indicado en dar lecciones de buen manejo, ya que su gobierno estuvo plagado de escándalos de corrupción, sus rivales lo salvaron de un juicio político por el acuerdo secreto de Itaipú y usó la estructura del Estado para facilitar negocios de sus empresas de asfalto detrás de contratistas del Estado generando una fortuna escondida de manera táctica de los organismos de control.
A su estilo, obviamente con cero iniciativas y después de haber desatendido problemas, proyectos clave como la mencionada, burlándose de la memoria de la población, Abdo como de costumbre realizó una vaga crítica a la premura en el tratamiento de la modificación de la Caja Fiscal, sacando a relucir que el bienestar de las familias está atada a la jubilación.
Abdo también osó con cátedras de mesura política cuestionando privilegios, fingió demencia y fiel a su estilo, con fuerte dosis de hipocresía y cinismo, salió a hablar del “bienestar” de las familias que dependen de la jubilación.
Durante los 5 años sufrió amnesia de impulsar soluciones a problemas fundamentales para garantizar el sistema jubilatorio, pero ahora trata de colgarse del tema con vagos discursos proselitistas.
Si recordamos uno de los primeros grandes escándalos que lo sacudió durante su mandato, podemos mencionar el sonado caso del acta entreguista con Itaipú, donde se contemplaba sobrecostos a una cota de USD 250 millones en perjuicio de los intereses del Paraguay.
Esto sigue una serie de denuncias contra distintos estamentos bajo su gobierno que eran evidenciados por sucesos de corrupción, situación que fue acuciante durante la pandemia, con los miles de muertos, pese a la promesa de fortalecimiento del sistema sanitario que iban a hacer con los millonarios préstamos internacionales.
La corrupción, la decadencia en los servicios básicos, el desempleo golpeaba el día a día de la gente, mientras sus empresas ingresaban miles de millones de ganancias gracias al auge de la construcción de rutas y una clientela asegurada compuesta por los contratistas del rubro.
Según dictamen de la Contraloría, las ganancias de las distribuidoras de asfalto de Abdo aumentaron 70 veces durante su gobierno. Entre 2028 y 2023, Aldia SA y Createc SA acumularon utilidades en torno a los USD 45 millones, unos G. 329.000 millones. Las ganancias anuales de una de estas firmas crecieron hasta 6.110 % en comparación con 2014.
Las astronómicas ganancias, sin embargo, no impactaron en su declaración jurada de bienes, ya que fueron estratégicamente redireccionadas a las famosas reservas operativas. El 90 % de las utilidades de ambas empresas se escondieron bajo el mencionado recurso administrativo. Es por ello que, en su manifestación patrimonial, Abdo aparece como un expresidente retirado del cargo con modesto aumento de bienes.
Con este nefasto antecedente al mando del país, Abdo es el menos indicado para salir a dar lecciones de prácticas eficientes, menos aun de moralidad, pues conocemos muy bien la negra gestión que nos hizo pasar por los peores momentos de nuestra historia reciente. Es más, si viene de este personaje, cualquier versión debe ser tomada con pinza, porque algún interés perverso ha de esconder.
La gente conoce el presente, la realidad y los desafíos de reformas esenciales para garantizar recursos y, por ende, el futuro del sistema jubilatorio. Es ahora, porque la postergación de las soluciones puede tener consecuencias altamente dañinas e irreversibles.