El senador Rubén Velázquez solicitó el tratamiento de preferencial de la iniciativa, alegando que se vuelve urgente su implementación para reducir los índices de delincuencia y desalentar a los criminales a reiterar hechos punibles. Foto: Gentileza
Apuntan a prohibir medidas sustitutivas o alternativas de prisión para los “reiterantes”
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El senador opositor Rubén Velázquez presentó el proyecto de ley por el cual se modifica el código de procedimientos penales y la prohibición del otorgamiento de medidas sustitutivas o alternativas de prisión a personas reiterantes en hechos punibles, con el fin de evitar el peligro a la sociedad y sus bienes. El documento será girado a las diversas comisiones asesoras de la Cámara Alta para sus correspondientes dictámenes y tratamiento en el pleno.
La exposición de motivos refiere que “la inseguridad que asola al país y la delincuencia realizada con extremos actos de violencia, que casi siempre por individuos que están gozando de algunas medidas sustitutivas a la prisión, hace que el presente proyecto sea un mecanismo de urgencia para reducir estos índices. De esta forma, evitar que muchos inocentes sean perjudicados en su vida o patrimonio, los delincuentes repitiendo sus propios actos y hechos delictivos, se van profesionalizándose y modernizando todo lo referente a la comisión y perpetración de estos hechos delictivos”.
Por otra parte, el parlamentario del movimiento Yo Creo sostiene en la iniciativa que ciertamente la Constitución Nacional y los tratados internacionales prevén la presunción de la inocencia como una garantía del debido proceso.
No obstante, refiere que “también es cierto que los individuos que vuelven a reiterar en conductas delictivas destruyen por sí mismos la presunción de su inocencia. Esta garantía procesal debe regir con intensidad y el máximo esplendor para aquellas personas que por primera vez han sido procesadas por un hecho delictivo. La causalidad y no la casualidad hacen que no se pueda argumentar el principio de inocencia ante personas que se encuentren dos o más veces procesadas o condenadas por una o más causas penadas por ley”.
El parlamentario agrega que la propuesta no solo tienepor objeto la detención y aislamiento del delincuente, sino que también trae aparejado consigo mismo el fin preventivo, que es la amenaza de no ser pasible de la aplicación de medida alternativa de prisión para que el individuo no vuelva a delinquir. De esta manera, el proyecto de ley busca coaccionar psicológicamente al delincuente para que este no vuelva a reincidir en la comisión de un hecho punible, habida cuenta que no podrá beneficiarse con ningún tipo de medida sustitutiva.
Velázquez solicita también a la Cámara de Senadores el tratamiento preferencial de la iniciativa para su posterior sanción y promulgación,alegando que se vuelve urgente su implementación para reducir los índices de delincuencia y desalentar a los criminales a reiterar hechos punibles.
La comisión bicameral también tendrá como finalidad investigar sobre las deudas contraídas con proveedores sin la autorización del Congreso Nacional, al que calificó como "espuria". Foto: Gentileza
Leite plantea la creación de una comisión bicameral para investigar el caso ueno
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Paralelamente a las indagaciones que realiza el Ministerio del Interior sobre la causa ueno bank, el senador Gustavo Leite plantea la creación de una comisión bicameral en el Congreso Nacional para indagar la crisis financiera que afectó a tres millones de paraguayos luego de la intervención y disolución de la entidad bancaria.
A la vez el legislador afirmó que la comisión bicameral tambiéntendrá como finalidad investigar sobre las deudas contraídas con proveedores sin la autorización del Congreso Nacional. “Tenemos que dejar que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, haga su trabajo y ya adelantó que la semana que viene voy a presentar a mis colegas la propuesta de crear una comisión bicameral especial para investigar el caso del banco ueno y para investigar la deuda; para mi gusto, espuria de los proveedores que se tomaron sin consentimiento del Congreso”, dijo a los medios de comunicación.
Las afirmaciones de Leite surgieron tras la destitución vía juicio político del exjefe de Estado, Santiago Peña, y la asunción de Pedro Alliana como mandatario y de su excolega Antonio Barrios como vicepresidente de la República.
“Este país utilizó la Constitución Nacional y la ley para sacar encima a un presidente que incumplió y traicionó al pueblo. Le dimos el derecho a la defensa, le escuchamos a sus abogados y abramos en consecuencia con lo que el pueblo paraguayo pedía”, refirió.
Agregó que “Paraguay ha dado una lección al mundo tras resolver la crisis institucional por la vía pacífica y de la Constitución Nacional”.Leite a la vez expresó su respaldo a la propuesta de Alliana consistente en la presentación de un proyecto de ley para recortar los gastos superfluos en el Estado.
“Estoy de acuerdo con su idea, tendrá todo nuestro apoyo, hay que cortar los gastos, hay que poner medicamentos en las manos de la gente, doctores que atiendan a los paraguayos con calidez y calidad. Nosotros haremos todo de nuestro alcance para que no falte plata. Celebro que él escuche lo que el pueblo paraguayo clama”, comentó.
Impulsan proyecto de regularización de tierras expropiadas en Antebi Cué
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Diputados de diferentes bancadas presentaron este miércoles un proyecto de ley que busca regularizar la tenencia de tierras expropiadas en Antebi Cué, que abarcan unas 267.836 hectáreas en los distritos de los los departamentos de Concepción y Amambay.
Se trata del proyecto “que establece el régimen especial para la regularización de la tenencia y ocupación de los inmuebles expropiados por la Ley Nº 517/95”. Se pretende ordenar la situación jurídica y ocupacional de las tierras expropiadas en 1995, destinadas a beneficiarios de la Reforma Agraria.
La propuesta plantea establecer un régimen especial y transitorio que permita concluir el proceso de regularización, mediante la identificación de los ocupantes y la verificación de su condición de sujetos de la Reforma Agraria, además de exigir informes técnicos y sociales antes de cualquier adjudicación, transferencia o fijación de precios.
Además se plantea que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) sea la autoridad de aplicación y tenga a su cargo la elaboración de informes que contemplen la identificación de los ocupantes.
El Indert también deberá verificar el cumplimiento de los requisitos del Estatuto Agrario, la actividad productiva desarrollada, la existencia de adjudicaciones anteriores, el uso efectivo de los inmuebles, la aptitud productiva del suelo y una tasación oficial actualizada.
Los diputados se reunirán este miércoles a las 10:00 para tratar el proyecto de ley de emergencia que busca garantizar la devolución íntegra de los depósitos a los ahorristas de ueno bank. Foto: Gentileza
Diputados convoca a sesión para tratar proyecto de ley de protección a ahorristas de ueno bank
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La Cámara de Diputados convoca a sesión extraordinaria para este miércoles a las 10:00 para tratar como único tema el proyecto de ley con media sanción del Senado que busca brindar protección a los ahorristas de ueno bank, otorgándole además liquidez inmediata.
El presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, anunció que el cuerpo legislativo dará tratamiento prioritario y urgente al proyecto de ley “que establece la ampliación de la Garantía de Depósitos Bancarios del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para la cobertura de la totalidad de los fondos públicos depositados en la entidad bancaria denominada ueno bank”.
La normativa plantea una modificación excepcional y perentoria a los límites actuales establecidos en la Ley Nº 2334/03 de Garantía de Depósitos.
El objetivo es salvaguardar los activos del Estado y evitar un perjuicio patrimonial irreversible a las instituciones públicas que mantenían sus reservas e inversiones en el banco bajo proceso de resolución.
Con esta herramienta legal se busca autorizar al Banco Central del Paraguay (BCP) a utilizar los mecanismos de liquidez y los recursos del FGD para cubrir de forma total -y no solo hasta el tope legal ordinario de 75 salarios mínimos- las cuentas correspondientes a los entes públicos afectados.
El texto aprobado este martes por los senadores establece un anticipo de la garantía de depósitos de hasta 40 salarios mínimos por depositante, previa compensación de sus obligaciones con la entidad.
La ley prevé el pago dentro de las 24 horas siguientes, una vez aprobada la iniciativa legislativa.
El legislador Antonio Barrios confirmó la preocupación de Horacio Cartes y advirtió que impulsar un juicio político traerá graves consecuencias. Foto: Archivo
El senador Barrios respalda decisión del BCP, pero rechaza juicio a Peña
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El senador Antonio Barrios se refirió a la resolución de ueno bank anunciada por el Banco Central del Paraguay (BCP) este martes, y expresó que desde el Senado ya se habían tomado acciones sobre la situación, y que el presidente de la República, Santiago Peña, tomó las medidas que corresponden en este momento.
“(Peña) dijo que las cosas iban a arreglarse y que iba a tomar medidas en el asunto; ahora tomó el presidente las medidas, está cambiando al presidente del Banco Central y ahí ya va a venir el cambio del directorio y van a ir abriendo las causas que se deben ir abriendo”, dijo a los medios tras su arribo a la ciudad de Encarnación.
Indicó que conversó con el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, quien también mostró preocupación sobre la situación. “Estamos todos muy preocupados, muy consternados por lo que está ocurriendo, esperemos que la justicia sea pronta y actúe, y se pueda determinar quiénes son los verdaderos responsables. (Cartes) está preocupado porque hay una cantidad de heridos que no tienen nada que ver en este asunto y pueden ser perjudicados, claro que estamos preocupados”, refirió.
Por otra parte, fue consultado sobre los costos políticos y la especulación de un juicio político al presidente de la República, a lo que respondió que no corresponde, teniendo en cuenta que esto tendrá graves consecuencias para el país.
“Por supuesto que va a haber un costo político, claro que va a tener un costo político. No corresponde un juicio político para el presidente de la República, creo que el juicio político es una medida extrema que tenemos que analizar muy bien si corresponde o no corresponde, no hay que hablar ligeramente de un juicio político, porque un juicio político trae consecuencias muy serias para el país”, sentenció.