El diputado colorado Francisco Petersen se refirió a la reunión que mantuvo con el presidente de la República, Santiago Peña, y de la que también participaron la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, y líderes de las cooperativas del Chaco Central, ante la severa escasez de agua potable en la región chaqueña.
El representante del departamento de Boquerón explicó que el objetivo de la reunión fue la reactivación temporal del acueducto como medida para mitigar la sequía, durante un diálogo con radio 104.1 FM. “Se han realizado reparaciones en el acueducto existente, que presenta deficiencias estructurales en sus 200 kilómetros; los técnicos identificaron un punto óptimo para transportar agua a los reservorios de la región”, explicó.
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El legislador enfatizó la urgencia de acondicionar el acueducto para abastecer los reservorios del Chaco Central y distribuir agua a las comunidades indígenas de toda la región occidental. “Buscamos evitar el constante tránsito de camiones cisterna cruzando puentes para llevar agua a nuestros compatriotas”, añadió.
El legislador reveló que el presidente Peña respondió positivamente a la propuesta, mostrándose sorprendido por la inoperatividad del acueducto. “El mandatario instruyó a la ministra del MOPC coordinar con la ESSAP para optimizar recursos, poner en marcha la planta de Puerto Casado y realizar pruebas hidráulicas”, detalló.
Aunque el suministro de agua a los reservorios de Loma Plata no será inmediato, se estima que en un mes podría concretarse esta solución temporal.
El diputado agradeció la disposición de las autoridades nacionales para atender las necesidades del Chaco paraguayo, resaltando la importancia de encontrar una solución definitiva a la problemática hídrica de la región.
Sin embargo, explicó, que el agua no estaría llegando en 15 días a los reservorios de Loma Planta, pero sí en un mes (30 días), pero se podrá tener agua, como una solución paliativa, hasta encontrar una solución definitiva y concreta.
Aprovechó la ocasión para exteriorizar su agradecimiento a las autoridades nacionales, las cuales demostraron su predisposición en todas las necesidades y requerimientos que se tiene en la zona del Chaco paraguayo.
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Alliana requiere datos sobre el estado de la Essap
El presidente de la República, Pedro Alliana, requirió informes al titular de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (Essap), Luis Fernando Bernal.
La reunión sirvió para conocer el estado de la empresa y sus trabajos. El mandatario reafirmó su compromiso de garantizar el acceso al agua potable en los hogares paraguayos.
En julio de 2025, la Essap daba a conocer una histórica inversión que transformará el servicio de agua potable.
En ese momento, las autoridades consideraron el proyecto como un paso clave para mejorar la calidad de vida de miles de consumidores.
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El ambicioso plan consistió en renovar 500 kilómetros de cañerías del sistema de distribución de agua potable. Con esta iniciativa, ya se apuntaba garantizar un suministro más eficiente y confiable en beneficio de la población.
Luis Fernando Bernal asumió como presidente de la Essap el 28 de agosto de 2023. Fue designado en el cargo por el entonces presidente Santiago Peña, tras desempeñarse previamente como titular de la Junta Municipal de Asunción.
Desde su asunción, se encuentra al frente de la aguatera estatal gestionando proyectos de infraestructura, como la planta de tratamiento de agua potable en el Bañado Sur de Asunción, además de enfrentar desafíos en la distribución y el mantenimiento de redes de agua y alcantarillado.
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Vicepresidente se reúne con propietarios de laboratorios: “La salud es una prioridad”
El vicepresidente de la República, Antonio Barrios se reunió con propietarios de laboratorios nacionales en una mesa de trabajo, con el objetivo de cumplir con disposiciones del presidente de la República, Pedro Alliana para restablecer el abastecimiento de insumos y medicamentos en todos los hospitales del país.
El trabajo coordinado entre el Gobierno y el sector farmacéutico busca garantizar respuestas rápidas y efectivas. “La salud es una prioridad”, señala el comunicado de la Vicepresidencia.
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Alliana ordenó aplicar reasignaciones en el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio 2027, para los sectores salud, obras públicas y educación, que serán los beneficiados con más recursos.
La reasignación es de aproximadamente un poco más de G. 600.000 millones con recursos del Tesoro que está vinculado a todo lo que sean obras de carácter institucional, pasajes viáticos y lo que hace al funcionamiento de las distintas entidades.
“Más de G. 620.000 millones para medicamentos, obras y educación. Le pedí al ministro de Economía, Óscar Lovera, reducir los gastos innecesarios del Estado y destinar esos recursos a lo que la gente más necesita. Menos pasajes, viáticos y gastos que podemos evitar. Más medicamentos para nuestros hospitales, más obras que generan trabajo y más recursos para la educación. La plata de los paraguayos va a estar al servicio del pueblo”, anunciaba el mandatario a través de sus redes sociales.
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Caso Ueno: Fiscalía imputa por asociación criminal a Peña y cinco autoridades del BCP
La Fiscalía formuló este viernes 13 de noviembre una nueva imputación por el supuesto hecho punible de asociación criminal contra el expresidente de la República Santiago Peña y cinco autoridades y exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades financieras que derivaron en el colapso de Ueno Bank.
El Acta de Imputación N.º 9, correspondiente a la causa penal N.º 92/2026, sostiene que los investigados habrían integrado una estructura organizada y jerárquica dentro del aparato estatal para favorecer los intereses del conglomerado empresarial Grupo Vázquez, controlador de la entidad bancaria.
La nueva imputación alcanza a Santiago Peña Palacios, expresidente de la República; Carlos Carvallo Spalding, expresidente del BCP; Holger Insfrán Ibarrola, exsuperintendente de Bancos; y los exdirectores Marco Aurelio González Maldonado, Liana Emilce Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora.
En el caso de los tres exintegrantes del directorio, la Fiscalía también atribuye otros hechos punibles relacionados con presuntas omisiones de supervisión y el manejo de documentos oficiales.
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Peña habría encabezado la presunta estructura criminal
Según la hipótesis del Ministerio Público, Santiago Peña habría utilizado su posición como presidente de la República para colocar y mantener en cargos estratégicos a personas de su confianza o con vínculos corporativos previos.
Los investigadores sostienen que estas designaciones habrían permitido establecer un esquema de protección institucional para Ueno Bank, mediante la participación de autoridades encargadas de regular y supervisar el sistema financiero.
La Fiscalía señala que Peña habría actuado como jefe de la presunta organización, mientras que los demás integrantes habrían cumplido funciones específicas desde sus respectivas responsabilidades públicas.
En ese contexto, el documento menciona la designación de Carlos Carvallo, expresidente de financiera ueno, como titular del BCP, además de la permanencia de Holger Insfrán en la Superintendencia de Bancos y la actuación de los tres integrantes del directorio. La imputación sostiene que el objetivo de la presunta estructura habría sido subordinar los mecanismos de control financiero a los intereses particulares del Grupo Vázquez.
Reuniones reservadas con Miguel Vázquez en Mburuvicha Róga
Otro de los aspectos centrales del acta fiscal es la presunta relación entre el expresidente Peña y Federico Miguel Vázquez Villasanti, principal referente del conglomerado empresarial. Los investigadores sostienen que ambos habrían mantenido reuniones reservadas en Mburuvicha Róga para coordinar necesidades e intereses del grupo financiero.
De acuerdo con la imputación, Peña habría impartido directivas destinadas a evitar la intervención de Ueno Bank y frenar las alertas públicas relacionadas con su situación de insolvencia.
El documento también menciona el presunto hallazgo y entrega de USD 200.000 en efectivo, distribuidos en sobres dentro de la residencia presidencial, como parte de las contraprestaciones ilícitas que la Fiscalía atribuye al exmandatario. Estas afirmaciones forman parte de la hipótesis fiscal y deberán ser acreditadas durante el proceso penal.
Carvallo habría ocultado información sobre la insolvencia
La imputación también señala a Carlos Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central, como uno de los presuntos responsables de impedir la aplicación oportuna de los mecanismos regulatorios. Según el Ministerio Público, Carvallo habría paralizado procedimientos de regularización y suscrito documentación dirigida al Congreso Nacional que no reflejaba íntegramente las advertencias técnicas sobre la situación financiera de Ueno Bank.
En particular, se cuestiona la Nota BCP/P N.º 016/2026, remitida a la Cámara de Senadores, cuyo contenido habría omitido información relevante sobre operaciones financieras investigadas. La Fiscalía sostiene que estas actuaciones habrían contribuido a mantener la operación del banco sin restricciones, pese a los informes que advertían sobre su deterioro patrimonial.
En cuanto a Holger Insfrán, la Fiscalía sostiene que habría utilizado su posición al frente de la Superintendencia de Bancos para evitar la aplicación de medidas correctivas. Entre los hechos investigados figura la venta de una cartera crediticia de Ueno Bank a Vinanzas S.A. por USD 74,4 millones, operación que, según los informes técnicos, habría sido financiada indirectamente con recursos del propio banco.
El Ministerio Público también cuestiona el tratamiento dado a un informe elaborado por el exgerente de Supervisión Fernando Rivarola, fechado el 10 de julio de 2026, que advertía sobre presuntas irregularidades en esa operación. De acuerdo con la hipótesis fiscal, la falta de aplicación de sanciones y medidas preventivas habría permitido que la entidad continuara captando fondos del público.
Exdirectivos del BCP habrían permitido continuidad de operaciones
La imputación atribuye a Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González presuntas omisiones en sus deberes de control como integrantes del directorio del Banco Central. Según la Fiscalía, los tres habrían conocido las alertas relacionadas con el deterioro patrimonial de Ueno Bank desde junio de 2026, sin impulsar oportunamente las medidas previstas en la legislación bancaria.
El acta señala que, pese a los informes técnicos disponibles, el directorio se habría limitado a disponer la apertura de un sumario administrativo, sin ordenar la suspensión preventiva de determinadas operaciones. En particular, la Fiscalía atribuye a Marco Aurelio González una presunta participación directa en la modificación de un informe institucional remitido al Senado, que habría omitido observaciones técnicas relevantes.
Respecto de Liana Caballero, sostiene que habría recibido una versión del documento cuestionado sin promover posteriormente una rectificación oficial. En cuanto a Miguel Ángel Mora, los investigadores señalan que habría presidido interinamente una sesión del directorio en la que no se impulsaron medidas más restrictivas contra la entidad financiera.
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Captación de depósitos pese a advertencias
El Ministerio Público sostiene que la presunta actuación coordinada de los investigados permitió que Ueno Bank continuara operando entre junio y octubre de 2026, pese a las observaciones sobre su solvencia. En ese periodo, la entidad habría desarrollado campañas comerciales para atraer nuevos depósitos y certificados de depósito de ahorro, incluyendo promociones con reintegros del 50 %.
La Fiscalía considera que la continuidad de estas operaciones habría incrementado la exposición del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y comprometido recursos públicos y previsionales. El acta señala que, al 30 de septiembre de 2026, los fondos públicos depositados en la entidad ascendían a aproximadamente G. 3,6 billones y USD 233,4 millones.
La situación desembocó en el procedimiento de resolución dispuesto por el BCP el 2 de noviembre, luego de constatarse que la solvencia del banco había caído por debajo del límite establecido por la normativa.
Prisión para González y arresto domiciliario para Caballero y Mora
La nueva imputación también contiene solicitudes de medidas cautelares contra los exintegrantes del directorio del BCP. El Ministerio Público requirió la prisión preventiva de Marco Aurelio González Maldonado, mientras que para Liana Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora solicitó arresto domiciliario.
Asimismo, pidió la inhibición general de vender y gravar bienes de los tres imputados y la identificación de sus cuentas, depósitos, inversiones y otros activos financieros, a fin de determinar eventuales medidas de inmovilización.
Nueva dimensión en la investigación
La imputación por asociación criminal representa una ampliación de la investigación que inicialmente apuntaba a presuntas irregularidades financieras, omisiones de supervisión y decisiones administrativas relacionadas con ueno bank.
Ahora, el Ministerio Público sostiene la hipótesis de que los hechos no habrían respondido únicamente a actuaciones individuales, sino a una presunta organización que habría funcionado mediante una división de tareas entre autoridades del Poder Ejecutivo y del Banco Central. La Fiscalía atribuye a Santiago Peña el supuesto liderazgo político de esa estructura y a las autoridades del BCP la presunta utilización de sus cargos para favorecer la continuidad operativa del banco.
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Gobierno anuncia baja de precio de combustibles de Petropar y reducción del 50 % del ISC al diésel
El gobierno del presidente de la República, Pedro Alliana, informó este viernes la baja de precio de G. 300 por litro en los combustibles de la petrolera estatal y la reducción del 50 % del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para el gasoil en lo que resta del año. El anuncio se dio en conferencia de prensa por parte del presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), William Wilka, y el ministro de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme. La baja se da para el diésel común y las tres naftas, 88, 93 y 97 octanos.
“Esto representa una disminución en promedio del 4 % en todos los combustibles, es decir, 300 guaraníes el litro en cada uno de ellos y también esto afecta a nivel nacional”, indicó el titular de la petrolera estatal.
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Además de la reducción del costo de naftas, también se anunció la reducción del 50 % al Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para las importaciones del diésel, con el fin de implementar también una baja para este combustible.
“Todos los meses venimos realizando el análisis y el acompañamiento del mercado internacional; la gasolina sufrió un comportamiento a la baja, lo cual ya nos permite trasladar ese beneficio en forma directa a la ciudadanía con un ajuste directo. No así el diésel, es por ello que se tuvo que ajustar la tasa del ISC de manera a poder permitir esta baja”, detalló Wilka.
Explicó además que “el impuesto selectivo al consumo se tocó justamente para permitir al diésel que se pueda realizar un ajuste; si no se tocaba la tasa del ISC, iba a ser difícil llevar adelante una baja”.
Por su parte, el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, agregó que se reunieron con representantes de los distintos emblemas para realizar la comunicación sobre las nuevas directivas del Gobierno del presidente Alliana y los mismos acompañaron esta decisión.
“Tuvimos esta mañana reunión con los distintos gremios que son del ecosistema del combustible en Paraguay; les hemos comunicado que esta reducción del impuesto selectivo al consumo no es solamente para Petropar, sino que es para todos los importadores de combustibles, entonces también ellos decidieron acompañar la misma medida, la reducción del diésel y la reducción de las naftas”, sentenció.
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