Este lunes 22 se desarrolló la audiencia pública en la que se abordó el proyecto de ley que apunta a crear un fondo especial para accidentados y víctimas de siniestros viales, conocido popularmente como “ley antipollada”. En esta instancia, se descartó la posibilidad de un cobro de peaje para motociclistas y se pusieron sobre la mesa otras alternativas para financiar el fondo.
“Casi G. 80 millones nos cuesta un accidentado y tenemos entre 1 y 4 por día. Lo que queremos hacer es crear un fondo solidario que en el momento de la expedición o renovación de un registro de habilitación se pague un canon solidario para destinar a este fondo, descartando el peaje porque hay muchos motociclistas que no se mueven por donde hay peaje”, explicó el diputado Hugo Meza.
El proyectista mencionó que la segunda opción que se discutió con representantes del Ministerio Público es que las salidas alternativas a la prisión, donde generalmente se establece la reparación de daños con aportes en especies, como compra de computadoras, impresoras, entre otras, se reemplace por una sanción pecuniaria que se destine a esos fondos.
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“La tercera fuente es que se cobre 10 % de los impuestos de las motos nacionales que se ensamblan en nuestro país y también, por qué no, hacer una justicia tributaria para que las motos importadas también pasen a aportar a este fondo”, expresó el legislador a la 650 AM.
La última vía para fondear esta ley es que las multas por incumplimiento de las normas viales pasen a formar parte del fondo blindado que no servirá para el pago de salarios, aclaró Meza, sino que buscará dar respuesta a los miles de ciudadanos que dependen de actividades benéficas para adquirir prótesis, medicamentos y otros insumos.
“Queremos dar algún alivio desde el Estado a los accidentados y víctimas de siniestros viales, esta no es una ley que quiera subsidiar la irresponsabilidad de la gente que hoy conduce sobre dos ruedas ni queremos matar la solidaridad de la ciudadanía, pero el 70 % de la población debe subsidiar a los accidentados con polladas”, sostuvo el diputado.
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Jubilados piden postergación del proyecto de emergencia sanitaria del IPS
La Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJP) solicita la postergación del proyecto que declara emergencia sanitaria del Instituto de Previsión Social (IPS), por colisionar con el artículo 95 de la Constitución Nacional y arriesgar las reservas de los fondos jubilatorios.
El mencionado artículo de la Carga Magna consagra el derecho y la obligatoriedad de la Seguridad Social.
En un comunicado entregado hoy a la opinión pública, la UNJP señala que toda situación de emergencia implica la toma de decisiones inmediatas para corregir lo antes posible un determinado imprevisto.
“Pero plantear un “Estado de Emergencia Sanitaria” con soluciones a implementarse en un plazo excesivo o para abarcar problemas ajenos a la causa de esa emergencia, es admitir problemas estructurales mucho más profundos” refiere el documento
Agrega que solucionar esos problemas estructurales no pueden ser objeto de una ley hecha a las apuradas, sino objeto de una reforma sistémica total del IPS, debatida con franqueza y sin hipocresía.
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El proyecto declara emergencia hasta el 15 de agosto de 2028, y según la UNJP permite que un problema de déficit presupuestario y financiero del programa de salud se agrave y se generalice por una razón elemental: no hay mayor riesgo que otorgar facultades extraordinarias y por mucho tiempo a los mismos causantes de ese déficit.
En efecto, el vicepresidente de la UNJP, Elvio Brun, explica que que las acciones resultantes de esta emergencia del IPS” deben ser de corto plazo – como máximo hasta diciembre del 2026, y deben centrarse en solucionar el déficit del programa de salud.
Inicialmente, el proyecto había comenzado a estudiarse con la incorporación de cuatro artículos y al final aumentó a cerca de 20 artículos, afectando a aspectos estructurales y que podría poner en riesgos los fondos jubilatorios, mencionó.
“Pero el Proyecto de Ley en estudio autoriza acciones abarcantes de aspectos relacionados a las Inversiones y Colocaciones de las Reservas Técnicas del Fondo de Jubilaciones, o la modificación de Leyes vigentes (Ley de Superintendencia de Jubilaciones)”, señala el escrito.
El proyecto de ley tal como está redactado equivale a admitir la supresión de una garantía constitucional mediante una norma legal y sus consecuentes reglamentos administrativos.
El gremio realiza esta advertencia en base al análisis técnico puntual de las disposiciones que atañen al Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones del IPS (Artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 17°, 18° y 19° del Proyecto de Ley).
Refiere que el gremio de jubilados pone a disposición del Congreso el análisis realizado por la agremiación. Igualmente, de las autoridades del IPS, de la Superintendencia de Jubilaciones, de las organizaciones de asegurados, de los sindicatos de trabajadores y de la Unión Industrial del Paraguay, a fin de deslindar las responsabilidades políticas, económicas y jurídicas por el daño que se podrían causar al Fondo de Jubilaciones y Pensiones, a los miles de Aportantes y Jubilados del IPS.
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PGN 2027: economistas advierten fuerte aumento del gasto y necesidad de optimizar recursos
Tras el envío del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2027 al Congreso por parte del Ejecutivo, el economista Cayo Cáceres advirtió sobre la necesidad de optimizar los recursos. Si bien el especialista anticipa un incremento significativo en las cifras, remarcó que el desafío central estará en la eficiencia del gasto para el próximo ejercicio.
“Nosotros empezamos el Presupuesto 2026 con 19.000 millones de dólares y este pretende 26.000 millones de dólares, es un incremento sumamente interesante. Eso es lo que se presupuesta, pero nosotros no tenemos que mirar solamente lo que se presupuesta, tenemos que ver el gasto, tenemos que mejorar el gasto”, señaló el exministro de Desarrollo Social en el programa “Fuego cruzado” del canal GEN y Universo 970 AM.
Dijo que, según organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hay un 4 % del producto interno bruto (PIB) como gasto innecesario y ese es un problema. “Son 2.400 millones de dólares de gastos innecesarios. Además, tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos algunas exenciones tributarias que le damos a las empresas, por ejemplo, ensambladoras de motos, juegos de azar y algunos negocios financieros en la bolsa, que son otros 950 millones de dólares. Solamente ahí tenés más de 3.000 millones de dólares que podés redestinar hacia otro lado”, manifestó.
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Tipo de cambio
“Si uno toma en guaraníes para hacer la comparación ve que hay cerca de 12 % de aumento en el presupuesto. El ajuste por el dólar más bien tendería a modificar los índices del servicio de la deuda, sirve también como ajuste en la recaudación para lograr el déficit proyectado. Y en el camino van sucediendo muchas cosas como sucedió este año”, puntualizó el economista Rodrigo Ibarrola, quien también participó como invitado del programa, acerca de la incidencia del cambio del dólar en el plan de gastos.
El experto afirmó que varias cosas le llaman la atención, entre ellas lo referente al gasto de la administración que “sube mucho más que la recaudación proyectada”. Advirtió que “sube más del doble, porque pensamos gastar casi 20 % más y vamos a recaudar cerca del 8 % más. Entonces es el doble, verdad. Y obviamente eso se va calzando con deuda”.
“Otra cosa que me llama la atención es el tipo de cambio utilizado que no transpola mucho la tendencia que estamos viviendo con el dólar. Ahora estamos con un dólar a la baja todavía en una pendiente un poco menor que la del año pasado, pero se proyecta un dólar mayor”, dijo Ibarrola. “O sea que de alguna medida el gobierno en sus proyecciones está viendo que el dólar se va a normalizar y va a volver a obtener una tendencia positiva como siempre fue”, añadió.
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Diputado adelanta que habrá un anuncio importante del Gobierno para el gremio médico
El diputado Hugo Meza adelantó que el gobierno de Santiago Peña estará acercando una buena propuesta al gremio médico, que sostiene un reclamo de reajuste salarial de G. 3.000.000 por vínculo. El legislador mencionó que conversó con el mandatario y la propuesta será entregada en la reunión que se realiza esta mañana en el Seminario Metropolitano.
“No creo que la palabra sea indiferencia (por parte del Gobierno), creo que cuando se trata de materia presupuestaria hay que tener mucha responsabilidad, no es cualquier número, nadie está en contra de la reivindicación del sector médico y del sector de blanco”, expuso a los medios de prensa desde la sede legislativa.
Recordó que, de los cuatro puntos de reclamo de los gremialistas, tres ya se están cumpliendo. “Conversé hace un rato con el presidente de la República, me dijo ‘a las 10 de la mañana vamos a estar haciendo una propuesta importante, interesante’, los tres ítems ya se va cumplir en el presupuesto 2027, mejorando el presupuesto par adquisición de insumos y medicamentos, también se habla de una desprecarización de casi 3.000 personales de blanco, en este presupuesto, y más en el presupuesto 2027”, refirió.
Por otra parte, instó dejar de lado el radicalismo en las posiciones y avanzar con las negociaciones. “Creo que va haber un anuncio importante, que no voy a sacarle la primicia al Ejecutivo, y ojalá que eso acerque las posiciones (propuesta del Ejecutivo), los extremos son malos, en decir ‘no nos dieron nunca nada’, y no es cierto eso, hay reajustes importantes que se hicieron en salario de demás, falta más, claro que sí”, apuntó.
Finalmente, Meza señaló que en el marco del tratamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2027, se podría evaluar las posibilidades de cumplir con el reajuste solicitado por los médicos. “A nosotros nos resta, en estos casi dos meses del estudio del presupuesto, poder buscar inclusive de dónde sacar más. La sociedad, la ciudadanía necesita gestos políticos, eliminación de privilegios, de gastos superfluos, ese es una parte. Por eso le pido a la prensa, instalemos la necesidad de un gran debate nacional, de un pacto nacional”, sentenció.
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Buscan acelerar incentivos para médicos subespecialistas del sector público
El diputado colorado Arturo Urbieta destacó la importancia del proyecto de ley “Que crea el Programa Nacional de Incentivos para Profesionales Médicos con Subespecialidad en el Sistema de Salud Pública”, en un contexto de reclamos planteados por médicos del sistema público.
La iniciativa adquiere especial relevancia tras la huelga nacional de médicos y la presentación de renuncias de profesionales de distintas especialidades. Los reclamos del sector incluyen mejores condiciones laborales, reajustes salariales, desprecarización y nombramientos.
En este escenario, el diputado Urbieta manifestó su preocupación por la situación y urgió el tratamiento del proyecto en las distintas comisiones asesoras de la Cámara Baja, con miras a la emisión de los respectivos dictámenes y su posterior consideración en sesión plenaria.
La iniciativa impulsada por el legislador Urbieta se halla en etapa de análisis en las comisiones Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y Previsión Social; Derechos Humanos; Salud Pública; Presupuesto; Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria; Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer; y Reestructuración y Modernización del Estado. Una vez dictaminado será puesto a consideración del plenario de la Cámara de Diputados.
Programa de incentivos
La propuesta tiene por objeto establecer un régimen laboral y financiero especial mediante la creación del “Programa de Incentivos para Profesionales Médicos con Subespecialidad”. La finalidad es atraer y retener a estos profesionales, promover su formación continua y garantizar su permanencia en las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud.
Según la exposición de motivos, la formación de un médico subespecialista puede demandar entre 12 y 15 años, considerando la carrera de Medicina, una especialidad básica y la posterior capacitación en áreas de alta complejidad.
El documento señala que, al incorporarse al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social o al Instituto de Previsión Social, estos profesionales encuentran las mismas condiciones laborales y salariales que un médico general o un especialista de primer nivel.
Las disposiciones alcanzarían a médicos con subespecialidad debidamente acreditada que presten servicios en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el Instituto de Previsión Social, el Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción y la Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales.
El proyecto define como médico con subespecialidad al profesional que cuente con el título de médico cirujano y una especialidad médica básica, haya completado un programa formal de formación en una subespecialidad, posea la certificación correspondiente del Círculo Paraguayo de Médicos y mantenga actualizado su registro profesional expedido por el Ministerio de Salud Pública.
El programa se sustentaría en un régimen especial de becas y remuneración complementaria. Para ello, plantea la creación del “Fondo de Actualización Científica para Subespecialidades”, que sería administrado por el Ministerio de Salud Pública y permitiría otorgar permisos especiales con goce de sueldo de hasta 30 días anuales para participar en congresos, seminarios, pasantías o rotaciones internacionales relacionadas con la subespecialidad.
El fondo también podría financiar total o parcialmente pasajes y viáticos para la presentación de trabajos científicos en congresos internacionales en representación del Estado, conforme a las condiciones que establezca la reglamentación.
La iniciativa contempla una bonificación permanente por subespecialidad equivalente a un salario mínimo mensual, que sería aplicable a un solo cargo cuando el profesional mantenga más de un vínculo laboral y se percibiría independientemente de otros incentivos otorgados al personal de salud del sector público.
Para acceder, los médicos deberán contar con la certificación o recertificación de su subespecialidad y poseer un registro profesional vigente como subespecialistas, otorgado por el Ministerio de Salud Pública. La cartera sanitaria deberá mantener actualizada la nómina de profesionales que reúnan estas condiciones.
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