El embajador Raúl Florentín, representante permanente del Paraguay ante la Organización de los Estados Americanos, manifestó ayer ante el pleno que la OEA no puede permanecer en silencio ante la intención del presidente nicaragüense Daniel Ortega de suprimir las elecciones libres en el país centroamericano, eliminando la participación de opositores, lo que compromete la seguridad hemisférica.

“Deseamos agradecer en primer lugar a la delegación de los Estados Unidos de América por su iniciativa para la convocatoria de esta sesión extraordinaria, que contó con el copatrocinio de Paraguay, así como con el de las delegaciones de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Uruguay, a quienes también agradecemos, declaró Florentín durante el debate en que se planteó una reunión extraordinaria de cancilleres sobre este tema.

“Hemos escuchado con suma atención y preocupación a la relatora de Nicaragua o para Nicaragua, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comisionada Rosa María Payá, a quien agradecemos por su presentación”, agregó el diplomático paraguayo. “Observamos como extremamente graves las declaraciones del dictador nicaragüense Daniel Ortega del 19 de julio pasado, en que mencionó que en Nicaragua nunca más se celebrarían elecciones, así como el posterior anuncio del 24 julio de llevar a cabo una modificación constitucional a inicios de septiembre próximo”.

“Parece hasta irónico que este tipo de declaraciones tengan lugar justamente en el año en que conmemoramos el vigésimo quinto aniversario de la Carta Democrática Interamericana. Solemos escuchar con frecuencia en este ámbito el rol fundamental que desempeña la OEA en materia democrática en la región y el orgullo que representa el despliegue de las misiones de observación electoral, cuya intervención, en no pocas ocasiones, salvó la democracia de los Estados miembros”, puntualizó Florentín.

El representante de Paraguay mencionó otras situaciones histórica vinculantes: “En ese sentido, me permito traer a colación un ejemplo que antecede incluso a la adopción de la Carta Democrática Interamericana, la misión de observación electoral encabezada por el entonces secretario general de la OEA, Joao Clemente Baena Soares, durante las elecciones generales celebradas en Nicaragua en 1990. Hoy sabemos que la presencia de nuestra organización fue determinante para garantizar una transición pacífica y hacer posible la toma posesión de Violeta Chamorro, la primera mujer elegida democráticamente para ejercer la presidencia de la República en el continente americano”.

“Los ejemplos del pasado también nos recuerdan la responsabilidad que como organización tenemos frente al presente y al futuro de nuestro hemisferio. No podemos permitir que la OEA permanezca en silencio ante una situación de esta gravedad, que ha dejado de ser únicamente una cuestión de violaciones de los derechos humanos y de erosión de la democracia para convertirse en un desafío que compromete la seguridad hemisférica”, refirió.

“Esta afirmación no la hacemos solo nosotros. La propia Asamblea General de la OEA, en su resolución 3022, aprobada en junio de 2024 en Asunción, ya advirtió, y cito: ‘La crisis democrática y de derechos humanos en Nicaragua afecta la estabilidad y la seguridad de otros países en la región’. Fin de la cita”, recordó el vocero del gobierno paraguayo.

“La misma preocupación fue reiterada este lunes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su comunicado de prensa número 15.226. Al respecto, la Comisión señaló, y cito: ‘La intensificación de la represión transnacional del régimen, sumada a la migración forzada de personas nicaragüenses, ha generado serios desafíos en materia de seguridad para otros Estados de la región. A esta situación se suma el impacto del accionar del crimen organizado en Nicaragua y otros países de la región’. Fin de la cita”, acotó Florentín

Continuó: “Por último, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha venido advirtiendo sobre el desacato sistemático de sus decisiones por parte del Estado de Nicaragua, habiendo urgido al Consejo Permanente para la aplicación de garantías colectivas en respuesta al incumplimiento de sus fallos por parte del régimen. Esto es particularmente grave porque atenta contra la efectividad misma del sistema interamericano”.

“Como bien lo señaló el tribunal en el asunto Juan Sebastián Chamorro y otros respecto a Nicaragua, la garantía colectiva se traduce en una obligación que tienen tanto los Estados partes, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como los Estados miembros de la OEA entre sí, de proteger el efecto útil de la Convención Americana y evitar que la justicia interamericana se torne ilusoria”, dijo el embajador en la parte final.

“Me permito aquí agradecer la presencia en sala de la víctima de este emblemático asunto ante la CIDH o la Corte IDH, el señor Juan Sebastián Chamorro. Muchas gracias por estar acá”, indicó al mencionar al precandidato presidencial nicaragüense que pidió una reforma electoral y fue encarcelado por el gobierno de Daniel Ortega, cinco meses antes de los comicios de noviembre de 2021. Chamorro fue liberado en febrero de 2023, y expulsado a Estados Unidos tras serle revocada la nacionalidad.

“Señor presidente, por la gravedad de la situación que representa un abierto desafío a las democracias del hemisferio, me complace anunciar ante este Consejo el copatrocinio de la República del Paraguay al proyecto de resolución presentado por la delegación de los Estados Unidos, a los efectos de activar la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores prevista en la carta de la OEA para considerar la situación grave que estamos viviendo en Nicaragua”, concluyó el embajador de Paraguay.

Estados Unidos y países aliados propusieron ayer miércoles ante la Organización de Estados Americanos (OEA) una reunión extraordinaria de cancilleres para analizar posibles medidas contra Nicaragua, cuyo gobierno quiere excluir a la oposición de las elecciones. Esa reunión debería realizarse antes de septiembre, cuando el régimen nicaragüense prevé aprobar esa reforma constitucional, propuso Michael Kozak, responsable de la oficina para América Latina en el Departamento de Estado.

Washington formuló esa demanda al inicio de una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, que agrupa a todos los embajadores de la organización regional. La moción fue bien recibida por una amplia mayoría, pero México y Brasil formularon reservas. La propuesta debía ser en principio votada este mismo miércoles, pero los representantes levantaron la sesión para seguir negociando.

“Estados Unidos, junto con Argentina, Costa Rica, Panamá y Paraguay, está presionando a la OEA para ir más allá de declaraciones sobre Nicaragua. Es hora de una acción colectiva contra el asalto de la dictadura Murillo-Ortega a las libertades del pueblo nicaragüense y a la estabilidad de nuestro hemisferio. Las palabras solas no han funcionado. La acción está retrasada”, publicó el embajador Leandro Rizzuto, representante permanente de Estados Unidos ante la OEA, en su cuenta oficial de X.

La resolución “sigue en la agenda del Consejo Permanente” pero “se necesitan más conversaciones” explicó una fuente de la OEA a la AFP bajo anonimato. Nicaragua, aislada diplomáticamente en la región, se retiró de la OEA en noviembre de 2023. El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, declaró recientemente que su país iba a acabar con las elecciones, ya que a su juicio la oposición está al servicio de Estados Unidos.

La reforma que irá a debate ante la Asamblea Nacional nicaragüense propone ampliar el periodo presidencial a siete años “prorrogables”. Los opositores, dijo Ortega la semana pasada, son “golpistas” y “traidores a la Patria”. Ortega, de 80 años, y su esposa Rosario Murillo, de 75, cogobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.

“Se acabó el tiempo de las declaraciones sin acciones. Ahora es el momento de una respuesta formal, institucional y colectiva”, pidió Kozak en su discurso ante los países miembros. La propuesta de resolución “propone convocar una reunión de consulta de ministros de relaciones exteriores para determinar una respuesta colectiva apropiada”, indicó Kozak.

“El texto establece explícitamente que no autoriza el uso de la fuerza armada”, precisó. “Lo que pedimos a este consejo es que defina qué deben decidir los ministros”, añadió el alto funcionario diplomático estadounidense. “En nuestra opinión, los ministros deberían reunirse antes del 1 de septiembre”, añadió.

“Los ministros deberían examinar todo el abanico de opciones lícitas disponibles en los planos diplomático, institucional, económico y de seguridad colectiva”, propuso Kozak ante la OEA. La convocatoria de una reunión de cancilleres es una de las potestades de la OEA, y sería “un espacio propicio” de debate, indicó Uruguay en su moción de apoyo.

En términos similares se expresaron la mayoría de países aliados de Washington, que suponen una mayoría (en torno a 18) en la actual composición del Consejo Permanente. Pero México consideró por su parte que “debe ponderarse adecuadamente la convocatoria a una reunión de consulta” de los cancilleres, y que hay que buscar “canales de diálogo” con Managua, explicó el embajador ante la OEA, Alejandro Encinas Rodríguez. “La organización debe desempeñar un papel constructivo, priorizando la apertura de canales de negociación”, añadió Brasil.

Fuente: AFP.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, advirtió ayer viernes que seguirá adelante con la reforma constitucional que busca excluir a la oposición de las elecciones, pese al rechazo de varios países y organismos internacionales. La Asamblea Nacional -controlada por el gobierno- prevé aprobar a inicios de septiembre los cambios a la Carta Magna solicitados por Ortega para impedir la participación de opositores que, según él, están al servicio de Estados Unidos.

“No les quedará más que gritar, no les quedará más que ladrar”, dijo el presidente al anunciar avances en la modificación durante el 47 aniversario de la Fuerza Aérea. Ortega, que ha tenido pocas apariciones públicas este año, reapareció el 19 de julio para presentar por primera vez esta reforma y luego de dos meses de ausencia en actos oficiales.

Varios países y organizaciones internacionales rechazan la intención de Ortega de excluir de las elecciones a los opositores a los que califica de “golpistas” y “traidores a la Patria”. La reforma además ampliará el periodo presidencial de seis a siete años “prorrogables”, lo que según líderes opositores supone enterrar las elecciones.

El texto completo de la iniciativa no ha sido difundido aún por la Asamblea ni por el gobierno de Ortega.

Estados Unidos advirtió que no se quedará de “brazos cruzados” frente a la “dictadura”, mientras la Unión Europea (UE) exhortó al gobierno nicaragüense a convocar elecciones “de conformidad con las normas internacionales”.

Ortega aseguró que la reforma busca “fortalecer la paz” mientras tanto “otros siguen conspirando para buscar como meter la guerra nuevamente en Nicaragua”, en alusión a Estados Unidos.

“Nosotros tenemos que luchar para fortalecer la paz, y fortalecerla con leyes, fortalecerla con esas reformas que no le den espacio a los terroristas, a los golpistas”, agregó.

“De eso debe estar claro el gobierno norteamericano, Nicaragua no quiere la guerra, quiere la paz y seguiremos luchando por la paz”, puntualizó.

Ortega, de 80 años, y su esposa Rosario Murillo, de 75, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU. La pareja presidencial considera esas movilizaciones como un “intento de golpe de Estado” patrocinado por Estados Unidos.

Fuente: AFP.

Amnistía Internacional (AI) pidió ayer jueves a la comunidad internacional elevar la presión contra una reforma en Nicaragua que excluirá a la oposición de las elecciones. La Asamblea Nacional -controlada por el gobierno- prevé aprobar a inicios de septiembre los cambios a la Constitución solicitados por el presidente Daniel Ortega para impedir la participación de opositores que, según él, están al servicio de Estados Unidos.

AI “solicita a los demás Estados que no reconozcan ni normalicen la supresión de este derecho (a elegir) como una decisión soberana de carácter interno”, planteó la organización en un comunicado. Además, insta a que planteen la situación en todos los foros multilaterales pertinentes, y que exijan que “Nicaragua cumpla con todas las obligaciones vinculantes que le corresponden en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, especialmente aquellas que asumió voluntariamente”.

La “reforma electoral es un intento por consolidar un sistema en el que el Estado arbitrariamente decide quién puede ejercer un derecho humano fundamental y quién queda excluido de él por motivos políticos”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de AI.

El exguerrillero izquierdista de 80 años y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, de 75, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.

La pareja presidencial, en el poder desde hace casi dos décadas, considera esas movilizaciones como un “intento de golpe de Estado” patrocinado por Estados Unidos.

Según el jefe del Legislativo, Gustavo Porras, la Constitución establecerá que “no podrán ser candidatos a cargos de elección popular, ni podrán ejercer cargos públicos (...) los golpistas” y “los que hayan incurrido en actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua”.

También excluirá a “los traidores a la Patria” y a quienes “viven pidiendo intervención militar”, que “aplauden y piden sanciones para todos nosotros”, agregó. La reforma además ampliará el periodo presidencial de seis a siete años “prorrogables”, lo que según líderes opositores supone enterrar las elecciones. El texto completo de la iniciativa no ha sido difundido aún por la Asamblea ni por el gobierno de Ortega.

La Unión Europea exhortó el sábado a Nicaragua a convocar elecciones “de conformidad con las normas internacionales” después de que el copresidente del país, Daniel Ortega, impulsara una reforma para impedir la participación de opositores en los comicios. El Congreso nicaragüense, controlado por partidarios de la dupla presidencial, Ortega y su esposa, Rosario Murillo, anunció el miércoles que redactará un paquete de reformas que votará en agosto para que no se “pueda meter la manipulación terrible de los imperios y de sus lacayos” en los comicios, dijo el jefe del legislativo, Gustavo Porras, en referencia a la oposición.

“Instamos a las autoridades a que convoquen elecciones y garanticen que estas se celebren según lo previsto inicialmente y de manera transparente, inclusiva y creíble, de conformidad con las normas internacionales”, dijo en un comunicado la Alta Representante para Asuntos Exteriores de la UE, Kaja Kallas.

Kallas, en nombre de los 27 países del bloque europeo, insistió en “la condena de la represión sistémica”, por parte de Ortega, quien acumula casi dos décadas en el poder, y le pidió" diálogo entre el régimen y la oposición" para llevar adelante cualquier tipo de reforma electoral.

Managua anunció el viernes que explicará a los diplomáticos extranjeros los puntos de esta reforma, después de una oleada de críticas contra el gobierno por su iniciativa.

Aun así, el Ministerio de Exteriores nicaragüense respondió el sábado con dureza a la petición de la UE, que calificó como “injerencista, imperialista, y propio de una mentalidad y prácticas ancladas en un Pasado Colonial”.

“No somos vasallos de nadie”, añadió. Nicaragua debía ir elecciones generales el próximo noviembre, pero hace año y medio una profunda reforma constitucional amplió el mandato presidencial de cinco a seis años, por lo que los comicios tendrían que realizarse en noviembre de 2027.

Fuente: AFP.