El ministro del Interior, Enrique Riera Escudero, encabezó este jueves la ceremonia oficial de apertura del Tribunal Superior de Calificaciones de Servicio de Oficiales de la Policía Nacional. La actividad tuvo lugar en el Edificio Histórico de la Comandancia, donde se tomó juramento a las autoridades que integrarán el estamento de evaluación. El acto contó con la participación de los viceministros Óscar Campuzano y Carlos Benítez, así como del comandante César Silguero y el subcomandante Feliciano Martínez.

Con el inicio formal de sus deliberaciones, el órgano colegiado asume una función neurálgica en la estructuración de la carrera policial. Su labor principal radica en el juzgamiento de méritos y la evaluación del desempeño de los oficiales operativos, garantizando que las promociones y ascensos se realicen conforme a las normativas vigentes. Desde la cúpula institucional destacaron que el funcionamiento regular de esta instancia fortalece la profesionalización e idoneidad en las filas de las fuerzas de seguridad.

Asimismo, la reactivación periódica del Tribunal busca afianzar los criterios de transparencia y gestión dentro del esquema institucional de la Policía Nacional. Los dictámenes emitidos por este cuerpo técnico servirán de base indispensable para la proyección del personal superior, consolidando los procesos de meritocracia y disciplina interna.

En forma paralela a la agenda institucional de las fuerzas del orden, el ministro Riera lideró la instalación de una mesa técnica interinstitucional enfocado en abordar la violencia intrafamiliar. De la cumbre de trabajo participaron la ministra de la Mujer, Alicia Pomata; el ministro del MITIC, Gustavo Villate; y el titular de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, junto con representantes de la Corte Suprema de Justicia.

Este espacio de coordinación fue establecido con el objetivo primordial de unificar esfuerzos y optimizar la prevención, atención y respuesta pública ante hechos violentos en el entorno doméstico. Las autoridades buscan articular recursos tecnológicos y operativos entre los ministerios involucrados, fortaleciendo la capacidad de acción inmediata del Sistema 911 y de las comisarías jurisdiccionales.

Los integrantes del equipo interinstitucional coincidieron en la urgencia de agilizar el intercambio de información para brindar contención efectiva a las víctimas vulnerables. Con el establecimiento de protocolos unificados, las carteras de Estado apuntan a perfeccionar los mecanismos de protección integral y garantizar procedimientos eficientes ante denuncias de agresión familiar en todo el país.

La Cámara de Diputados aprobó un pedido de informes al Ministerio del Interior sobre la implementación y estado actual del Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control (Simdec). Se requiere un detalle cronológico y administrativo del proceso de licitación y adjudicación del Simdec, con especificación del monto total adjudicado al consorcio proveedor.

Así también, se pide datos sobre la modalidad de contratación, compra de bienes o prestación de servicios plurianuales, y la cantidad de dispositivos adquiridos o puestos a disposición hasta la fecha.

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El ministerio deberá proporcionar igualmente, información sobre el tipo, marca, modelo y especificaciones técnicas de las tobilleras electrónicas. Se quiere saber la cantidad que está actualmente en uso y en stock, así como el tiempo de vida útil estimado de los equipos.

El pedido también comprende la cantidad exacta de dispositivos activos y operativos a nivel nacional, con un desglose por departamento, distrito, gravedad y carátula de cada causa. También se solicita informar sobre la cantidad de alertas o fallas de transmisión detectadas por la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (Omdec) desde la puesta en marcha del sistema, con indicación del protocolo de actuación policial ejecutado ante dichas contingencias.

“Como representantes del pueblo, es nuestro deber constitucional velar por la eficiencia, transparencia y sostenibilidad de estas adquisiciones”, expresa el documento presentado por la diputada Alexandra Zena, que tuvo el acompañamiento del pleno de la Cámara Baja.

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Por instrucciones del presidente Santiago Peña, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), así como el Instituto Nacional del Indígena (Indi) y el Ministerio del Interior avanzaron en una agenda de cooperación para fortalecer las capacidades productivas de comunidades campesinas e indígenas, en el marco de la Nueva Ruralidad.

Desde la Presidencia de la República informaron que esta agenda conjunta está orientada a fortalecer la titulación de tierras y promover el desarrollo productivo de las comunidades campesinas e indígenas del país.

Al respecto, el presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz; el titular del Indi, Hugo Samaniego, y el ministro del Interior, Enrique Riera, participaron de una reunión preparatoria para coordinar un próximo encuentro interinstitucional, previsto para este jueves, en el que se buscará definir prioridades, mecanismos de cooperación e integración de los equipos técnicos.

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La iniciativa responde a las instrucciones del presidente Peña de fortalecer el trabajo articulado entre las instituciones, aprovechando los avances en los procesos de titulación de tierras para generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y social en las comunidades rurales.

La propuesta contempla el intercambio de experiencias, conocimientos y capacidades técnicas entre el Indert y el Indi, con el propósito de establecer una hoja de ruta común que permita acompañar a las familias campesinas e indígenas en sus procesos de desarrollo.

En este contexto, la titulación de tierras constituye una herramienta fundamental para brindar seguridad jurídica y generar condiciones que favorezcan la producción, el acceso a oportunidades económicas y el bienestar de las familias rurales.

La agenda incorpora el concepto de Nueva Ruralidad, que busca integrar la seguridad jurídica sobre la tierra con el fortalecimiento de las capacidades productivas, incluyendo tanto a las colonias campesinas como a las comunidades indígenas.

En una primera etapa, las instituciones trabajarán en la definición de prioridades y mecanismos de cooperación. Posteriormente, se prevé ampliar esta articulación a otras entidades públicas y representantes del sector privado.

El objetivo es promover alianzas que permitan incorporar recursos, conocimientos y oportunidades productivas, fortaleciendo las capacidades de las comunidades y su participación en las actividades económicas.

Con esta iniciativa, el Gobierno del Paraguay avanza en la construcción de una agenda de desarrollo rural que vincula la titulación de tierras, la cooperación institucional y el fortalecimiento productivo, con especial atención a las necesidades de las familias campesinas e indígenas.

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“Hoy es una fecha que marcó, marca y marcará todavía y espero que no sea por mucho tiempo en nuestras vidas”, comentó Beatriz Denis, hija del dirigente político del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y exvicepresidente de la República, Óscar Denis, quien desde el 9 de setiembre de 2020, hace 6 años, permanece secuestrado en manos del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

“Dónde está Óscar Denis. Ya pasaron 6 años y tenemos 6 preguntas. A qué venimos hoy, cómo hace 6 años no venimos solamente a comentar o conmemorar una fecha, venimos a señalar una deuda, pasaron 6 años desde que secuestraron a nuestro papá y el Estado paraguayo todavía no puede decirnos dónde está, qué ocurrió con él ni cuál fue su destino. Cómo llegamos a 6 años sin respuestas”, dijo Beatriz Denis en una conferencia de prensa, en compañía de sus hermanas Silvana y Lorena.

Señaló que “pasaron autoridades, ministros y gobiernos, escuchamos hipótesis, versiones y promesas, nuestra familia esperó, colaboró y confío, sin embargo seguimos en el mismo lugar, 6 años sin resultados no pueden considerarse normales, ya que constituyen una deuda con nuestra familia y con todo el país. Qué debe responder hoy el Estado, debe informar con claridad qué se investigó y qué quedó pendiente, qué se hizo con cada testimonio e información recibida, qué líneas siguen abiertas y cuáles fueron abandonadas y qué está haciendo hoy para encontrar a Óscar Denis”.

Agregó que “no queremos otros informes llenos de generalidades, queremos responsables, acciones, plazos y resultados. Buscar no puede significar esperar que alguna información aparezca, sino ir atrás de ella, revisar qué no funcionó, volver sobre cada testimonio y abrir caminos nuevos. Si una estrategia no produjo respuestas durante 6 años, el deber del Estado es cambiarla”.

Denis mencionó también que “en los últimos tiempos conocimos públicamente la existencia de importantes recursos destinados a la comunicación del Estado, y eso inevitablemente nos lleva a pensar: por qué durante estos 6 años no existió una campaña nacional, seria, permanente y sostenida destinada a obtener información sobre los paraguayos secuestrados y también sobre los secuestradores. Si hay recursos, estructura y capacidad comunicacional para otros objetivos porque no se toma la misma decisión para encontrar a los secuestrados. No cuestionamos la necesidad de que el Estado comunique, cuestionamos sus prioridades”.

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A la vez, argumentó que “porque las prioridades de un gobierno también se demuestran en aquello para lo cual decide utilizar sus recursos. Y después de 6 años tenemos el derecho a preguntar cuánto se destinó en buscar información sobre Óscar Denis, Edelio Morínigo, don Félix Urbieta; qué campañas se realizaron, durante cuánto tiempo y cuáles fueron sus resultados. Si el Estado tiene capacidad para llegar todos los días a miles de paraguayos a través de los medios y redes sociales, también debería utilizar esa capacidad para algo fundamental: buscar a sus ciudadanos secuestrados”.

Las hijas del político liberal también emitieron un mensaje a la ciudadanía en general expresando que “no se acostumbren. Que no permitan que el paso del tiempo convierta una obligación del Estado en un recuerdo. El 9 de septiembre no queremos memoria durante veinticuatro horas: queremos búsqueda los 365 días del año. Pedimos que pronuncien su nombre y que pregunten con nosotras, porque es la hora de preguntar y de exigir que el Estado cumpla con su deber. A cualquier persona que tenga información sobre nuestro papa, aunque crea que es insignificante que hable, ninguna información es demasiado pequeña cuando llevamos 6 años buscando una respuesta”.

Ayer martes, las hermanas realizaron la instalación de un memorial en el lugar donde se produjo el secuestro de Óscar Denis en la estancia Tranquerita, en Bella Vista Norte. Detallaron que el monumento no representa una despedida a su padre, sino la manera de mantener viva su memoria y su búsqueda.

El dirigente político fue secuestrado junto a su empleado, Adelio Mendoza, un joven indígena que fue liberado pocos días después del rapto. Denis se desempeñó como vicepresidente de la República entre 2012 y 2013 durante el gobierno del liberal Federico Franco. Tuvo una extensa carrera como senador y gobernador del departamento de Concepción.

Para su liberación, los criminales exigieron a las hermanas Denis la entrega de víveres por valor de USD 2 millones a diversas comunidades y al Estado la liberación de sus líderes encarcelados, como Carmen Villalba, condición que el Gobierno terminó rechazando.

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