Emiratos Árabes Unidos anunció el jueves la prohibición del uso de redes sociales a los menores de 15 años, sumándose así a un grupo cada vez mayor de países que han adoptado medidas similares. Las plataformas de redes sociales tendrán que supervisar y desactivar las cuentas creadas por menores de 15 años o si no podrían ser bloqueadas, según una resolución del gabinete, que les otorga un período de transición de 12 meses.

“La resolución establece la edad mínima para el uso de las redes sociales en 15 años”, informó la agencia oficial de noticias WAM, en referencia a la medida. “Se prohíbe a los menores de esta edad crear, usar u operar cuentas personales en las plataformas de redes sociales”, agregó.

Al mismo tiempo, indicó que tampoco podrán acceder “a todas las funciones de dichas plataformas”, como la interacción social, publicar, comentar, compartir, unirse a grupos públicos, canales abiertos o “cualquier espacio interactivo a gran escala”.

Los organismos emiratíes que controlan los medios de comunicación y las telecomunicaciones tienen “autoridad para tomar todas las medidas necesarias [contra las plataformas de redes sociales en caso de incumplimiento]”, subrayó WAM. Estas incluyen “advertencias o el bloqueo parcial o total de las plataformas, o la imposición de sanciones administrativas aplicables”. Iniciativas similares fueron emprendidas por otros países en los últimos meses.

El primero de ellos fue Australia, que en diciembre decretó la primera prohibición mundial del uso de redes sociales para menores de 16 años. Desde entonces, otras naciones han seguido su ejemplo, entre ellas Reino Unido, que anunció una restricción en la misma línea esta semana, para los menores de 16 años, y que debería aplicarse en 2027.

Fuente: AFP.

La mesa directiva de la Cámara de Senadores definió este lunes la incorporación de 15 puntos en el orden del día a ser analizado en sesión ordinaria de este miércoles 17. La agenda prevé el estudio de pedidos de informe, proyectos de Ley vinculados a la reforma policial, educación, salario mínimo, expropiaciones y acuerdos constitucionales.

Como primer punto figuran varios proyectos de resolución que solicitan informes a distintas instituciones públicas. Entre ellos se encuentran los pedidos de informe al Ministerio del Interior – Policía Nacional y al Ministerio Público – Fiscalía General de la República.

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En segundo término, el Pleno analizará el proyecto de Ley remitido por la Cámara de Diputados que crea dos registros notariales para el distrito de Minga Porã, departamento de Alto Paraná. Asimismo será considerado el proyecto de Ley que regula el uso de dispositivos electrónicos portátiles en instituciones educativas de los niveles inicial, escolar básica y media.

Entre los temas destacados de la agenda se encuentra además el proyecto de Ley que establece el 12 de julio como “Día Nacional de la Amistad entre Taiwán y Paraguay”. En el apartado de acuerdos constitucionales, figura el Mensaje Nº 334 del Poder Ejecutivo, por el cual se solicita el acuerdo correspondiente para el ascenso póstumo al grado inmediato superior del teniente coronel DCEM Guillermo Alicio Moral Centurión.

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Suecia recomendó el jueves a los padres no dar a sus hijos un teléfono inteligente propio antes de los 13 años y cita varios riesgos asociados a su uso. En un comunicado, la Agencia de Salud Pública sueca afirmó que el objetivo de la nueva recomendación era “principalmente reducir el riesgo de que los niños se expongan a contenidos nocivos, desarrollen problemas de sueño o adquieran un patrón de uso similar a una adicción”.

Si bien las entrevistas con los niños revelaron que valoraban la posibilidad de mantenerse en contacto con familiares y amigos a través del celular, la agencia expresó que los riesgos potenciales superaban los beneficios. “El uso se asocia con distracción, presión social y exposición a contenidos y contactos nocivos”, argumentó el organismo público y subrayó que las investigaciones también demostraron que se asocia con “un sueño de menor calidad”.

En caso de que los padres deseen que sus hijos tengan un móvil, la agencia sugirió que les dieran un “teléfono sencillo” sin acceso a internet. La agencia de salud sueca ha recibido el encargo de investigar el uso de las pantallas y su impacto en los niños. En junio hizo un llamado a los padres para que dejaran a un lado sus teléfonos cuando pasaran tiempo con sus hijos. En la misma línea, el gobierno de Suecia anunció en enero que prohibiría los teléfonos inteligentes en las escuelas para los niños hasta los 15 o 16 años.

El gobierno de Canadá presentó el miércoles un proyecto de ley que contempla fijar en 16 años la edad mínima para crear cuentas en redes sociales. “La seguridad de los niños no puede ser una consideración secundaria. Todos sabemos que el contenido dañino en línea puede tener consecuencias muy graves”, declaró el ministro de Cultura, Marc Miller.

“A medida que la tecnología evoluciona, debemos asegurarnos de que nuestras leyes se adapten, porque los padres no pueden afrontar estos desafíos solos”, añadió Miller en un comunicado. “Las redes sociales y los chatbots con inteligencia artificial no promueven un desarrollo saludable en los niños y se han convertido en una fuente de ansiedad, aislamiento, depresión y muchos otros problemas de salud mental para muchos jóvenes”, dijo a su vez Marjorie Michel, ministra de Salud.

Australia se convirtió en el primer país en prohibir el uso de redes sociales a menores en diciembre de 2025 para protegerlos de los temidos efectos nocivos en su salud mental, con resultados hasta el momento dispares. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió el 29 de mayo que prohibir el acceso de los menores a las redes sociales no era suficiente e instó a los gobiernos y las empresas a diseñar plataformas más seguras.

Fuente: AFP.

Durante la CVIII sesión ordinaria del Parlamento del Mercosur (Parlasur), que se realizó este lunes en la Cámara de Diputados en Asunción, el cuerpo legislativo emitió una declaración oficial en la que manifiesta su enérgico rechazo y profunda preocupación ante la inestabilidad institucional y los recientes hechos de violencia que afectan al Estado Plurinacional de Bolivia.

El cuerpo legislativo sentó una postura firme en defensa del orden constitucional de sus países miembros. En ese sentido, hizo un llamado directo tanto a las autoridades gubernamentales como a la ciudadanía boliviana para deponer posturas extremas y garantizar el cumplimiento estricto de los tratados internacionales vigentes.

El eje central del documento radica en la exigencia del respeto al sistema democrático. Los parlamentarios del bloque regional hicieron especial énfasis en la vigencia del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur.

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Este mecanismo constituye la “cláusula democrática” del bloque y prevé sanciones de carácter político y comercial ante eventuales rupturas o alteraciones del orden constitucional en cualquiera de los Estados parte.

El texto oficial argumenta que la estabilidad del bloque depende de la solidez institucional de cada uno de sus integrantes, calificando como inaceptable cualquier tipo de salida fáctica o de violencia que ponga en riesgo los derechos ciudadanos y la paz social en territorio boliviano.

La declaración institucional lleva las firmas oficiales del diputado Rodrigo Gamarra, representante paraguayo y presidente del Parlasur, y del abogado Edgar Lugo, secretario parlamentario del organismo.

Con este documento, la conducción del bloque enfatiza el rol del parlamento como un celoso custodio de la democracia y la paz en la región, según esgrimió, finalizado el encuentro, el diputado.

El Protocolo de Ushuaia, firmado en 1998 por los países del Mercosur, establece que la vigencia de la democracia es una condición fundamental para formar parte del bloque regional. En la práctica, el acuerdo prevé que si en uno de los Estados miembros se produce una alteración o ruptura del orden democrático, los demás países pueden analizar la situación y adoptar medidas conjuntas.

Entre las sanciones contempladas figuran desde la suspensión de la participación del país afectado en los órganos del Mercosur hasta la restricción de algunos beneficios derivados del proceso de integración regional.

Uno de los antecedentes más recordados ocurrió en 2012, cuando Paraguay fue suspendido temporalmente del bloque tras la destitución del entonces presidente Fernando Lugo, una decisión que generó cuestionamientos por parte de los demás socios del Mercosur sobre el desarrollo del proceso político que derivó en su salida del cargo.

Dicha sanción fue levantada el 15 de agosto de 2013 con la asunción del presidente Horacio Cartes, luego de que los países del bloque consideraran restablecido el orden democrático mediante las elecciones generales celebradas ese año.

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