El senador Basilio Núñez se refirió al proyecto de ley que busca aplicar el horario de verano durante todo el año, del cual es uno de los propulsores, afirmando que se solicitará al pleno en el Senado el tratamiento de la propuesta en 15 días, con el objetivo de avanzar con su eventual aplicación.
“Contamos con los suficientes argumentos a favor y quienes estén en contra tendrán la posibilidad de plantear sus fundamentos”, expresó el congresista ante los medios de prensa en el Senado, remarcando que se pretende brindar el tiempo necesario al debate a ser requerido.
Para el parlamentario, la intención es que el Senado se pronuncie con la media sanción correspondiente, para enviar el documento a la Cámara de Diputados y así avanzar con un análisis y debate en tiempo y forma para los parlamentarios, buscando su rápido pronunciamiento.
El senador remarcó que el propósito final del tratamiento al proyecto de ley responde a la voluntad para aplicar la reglamentación en octubre y que rija la legislación desde entonces, de manera permanente, aunque aclaró la falta de apuro para tratar el plan, instando a los debates necesarios.
“No hay celeridad para tratar el proyecto porque el horario de verano empezará eventualmente en octubre. Lo que haría esta propuesta es permitir que ya no se cambie ese horario y pase a tener vigencia durante todo el año”, indicó, enfatizando en la nula intención para hacer los cambios antes de octubre.
El parlamentario recordó cómo desde el Senado ya se había tratado el planteamiento de un solo huso horario en dos ocasiones, siendo rechazada la propuesta en ambos casos, por lo cual Núñez considera que el proyecto de ley no representa una sugerencia que exige demasiado tiempo para su estudio.
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Titular de Diputados analizó con rectores proyecto de ley sobre racionalización de gastos
Durante una reunión con rectores de varias universidades del país, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, analizó el proyecto de ley sobre racionalización del gasto público.
La propuesta legislativa busca establecer topes salariales y eliminar beneficios discrecionales en el sector público.
En el encuentro, los rectores valoraron el objetivo general del proyecto, aunque plantearon observaciones técnicas. Así también cuestionaron la inclusión de autoridades universitarias como cargos políticos electivos y fundamentaron sus discrepancias.
Sobre el punto, el rector de la Universidad Nacional de Concepción, Clarito Rojas Marín, sostuvo que rectores, vicerrectores y decanos cumplen funciones técnicas docentes.
“Los cargos de rectores, vicerrectores, decanos y vicedecanos son cargos técnicos docentes, no políticos, y no forman parte de la matriz salarial ni reciben esos beneficios”, aseveró.
Explicó que estos ya están siendo afectados por la aplicación de la ley de la Caja Fiscal, por lo que la nueva propuesta implicaría un impacto adicional e injustificado, conforme expresó.
Los rectores pidieron a Diputados que, en su rol de cámara revisora, analice el proyecto en profundidad e incluso evalúe la conformación de una mesa técnica para revisar punto por punto las inconsistencias.
La Cámara de Diputados se encuentra analizando el mencionado proyecto en un contexto de restricciones fiscales y en línea con el planteamiento del Poder Ejecutivo de aplicar políticas de austeridad, con el objetivo de optimizar el uso de los recursos del Estado y redireccionarlos hacia programas sociales prioritarios.
La iniciativa contempla, entre otros puntos, la eliminación de gastos considerados superfluos en los organismos y entidades del Estado, así como la prohibición de bonificaciones y beneficios adicionales para altas autoridades.
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Senado aprueba eliminar bonificaciones y destinar fondos a farmacéuticas
Tras un largo debate, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de Ley “Que suprime durante el ejercicio fiscal 2026 el pago de bonificaciones, cualquiera sea su denominación, para los funcionarios públicos que ocupan cargos de conducción política”. Esta iniciativa había sido impulsada por el propio titular del Congreso, senador Basilio Núñez, acompañado por varios de sus colegas, ante los fuertes cuestionamientos que habían generado esos ingresos.
El pleno de la Cámara Alta llevó adelante el estudio del citado proyecto, dedicando un prolongado debate, con la firme intención de eliminar las bonificaciones a altos funcionarios. Tras el debate se aprobó en general y al momento del estudio de sus articulados se fueron planteando algunas modificaciones. Ahora el proyecto pasa a la Cámara de Diputados para su correspondiente estudio.
Esta propuesta, que apunta a reducir los privilegios dentro del Congreso, es en respuesta a los constantes cuestionamientos ciudadanos sobre los beneficios que perciben las autoridades. Finalmente se estableció que la eliminación de estos recursos se extiende a las máximas autoridades institucionales en el objeto de gastos bonificaciones.
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Asimismo, el pleno estableció en el proyecto de ley que el monto que sea descontado en dicho concepto; esos mismos recursos sean destinados al pago de deudas con las farmacéuticas. Si bien los legisladores mencionaron que es difícil cuantificar cuánto será el monto a redireccionar, mencionaron ante el pleno un estimado que rondaría los USD 1.200.000.
Máximas autoridades institucionales
Al respecto, el senador Natalicio Chase mencionó que se suprimirán estas bonificaciones, durante el ejercicio fiscal 2026, cualquiera sea su denominación, para los funcionarios públicos que ocupan cargos de conducción política; que serían, legisladores, presidente de la República, vicepresidente, ministros, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fiscales, contralor, intendentes, gobernadores y directivos de entidades descentralizadas.
A su turno, el senador Dionisio Amarilla, como titular de la Comisión de Cuentas y Control, resaltó que aprobar este proyecto representa una clara señal de que están dispuestos a aplicar políticas de racionalización en el uso de los recursos, “buscando atender necesidades que demanda la población y quedamos cortos porque no previmos a todas las instituciones”, explicó.
“Esto significará un simbolismo de apostar a la racionalización que es necesaria y que estoy seguro que la gente sabrá valorar en su real dimención y que sabrá reconocer”, acotó Amarilla.
A su turno, el presidente del Congreso, Basilio Núñez comenzó señalando que todos los aumentos que se han otorgado en el Senado se han hecho de manera transparente, desmintiendo de esa forma portada de noticas que mencionaba supuestos encubrimientos.
No obstante, a raíz del planteamiento que sugió del propio Ministerio de Economía y Finanzas sobre la necesidad de una “economía de guerra”, es que personalmente y con el apoyo de varios de sus colegas han tomado la decisión de dejar sin efecto las bonificaciones que estaban previstas para el ejecicio fiscal 2026.
“Presentamos esta iniciativa legislativa, porque creemos que es un gesto del Congreso, así como las modificaciones que se plantean y espero el acompañamiento de la plenaria”, acotó.
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Senado posterga por una semana estudio de reforma de caja parlamentaria
El pleno de la Cámara de Senadores decidió la postergación del proyecto de ley “Del fondo de jubilaciones y pensiones para miembros del Poder Legislativo de la Nación”, por el plazo de 8 días.
La moción fue realizada por el senador Dionisio Amarilla, argumentando que se requiere de un debate más amplio, propuesta que fue aprobada por el pleno y se incluye como primer punto del orden del día de la sesión ordinaria del próximo miércoles.
“Probablemente este es uno de los puntos que la gente quiere extenderse en su debate, se debatió la semana pasada, pero no estaría mal incluir como primer punto del orden del día de la siguiente semana para darle la importancia necesaria y no más a los apurones resolver este tema”, argumentó el senador ante sus colegas.
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Agregó que “si bien ya hay una propuesta de modificación, son dos o tres aspectos que la gente quiere discutir, no está de más darle la posibilidad a una filosofada profunda a los colegas”.
El proyecto de ley de la Caja Parlamentaria remitido por la Cámara de Diputados cuenta con el dictamen de rechazo de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo del Senado. Los principales cuestionamientos sobre este proyecto se dan con el sistema obligatorio de los parlamentarios para aportar a la caja; que el sistema propuesto carece de sostenibilidad y que la limitada cantidad de aportantes compromete la viabilidad del sistema.
Mientras tanto, legisladores ya debaten sobre los puntos que deben ser modificados en la versión de la Cámara de Diputados. Una vez que sea tratado por el Senado y eventualmente incluido estas modificaciones, el documento vuelve a la Cámara de origen, en este caso, Diputados, que deberá ratificarse en su versión inicial o aceptar estas modificaciones.
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Hambre Cero: Diputados frenan cambios y mantienen gestión en gobernaciones
Durante la sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados rechazó y devolvió al Senado el proyecto de ley “Que modifica el artículo 9° de la Ley N° 7264/24, Que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar para la universalización equitativa de la alimentación escolar (Hambre Cero en nuestras escuelas y sistema educativo), y sus modificatorias”.
El proyecto original, que contaba con media sanción de la Cámara Alta, pretendía que el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), además de Asunción, Central y Presidente Hayes, asuma también la administración de la alimentación escolar en los departamentos de Concepción y Alto Paraná, hasta ahora gestionada por sus respectivas gobernaciones.
Sin embargo, la Cámara de Diputados rechazó esa pretensión e introdujo las modificaciones necesarias para que ambas gobernaciones continúen al frente de la administración del programa en sus departamentos.
Apuestan a la descentralización
Al respecto, el diputado Miguel Del Puerto, líder de bancada de Honor Colorado, ratificó su postura a favor de la descentralización. “Hambre Cero es uno de los ejes del gobierno de Santiago Peña, y aprobar lo que proviene del Senado sería un retroceso”, sostuvo.
En tanto, el diputado colorado Roberto González también acompañó el rechazo al proyecto y abogó por una descentralización plena. Además, hizo un llamado a la reflexión para que los departamentos de Central y Presidente Hayes puedan, en el futuro, asumir igualmente la administración de los recursos del programa, actualmente a cargo del MDS.
Por su parte, el diputado Adrián Vaesken cuestionó la constitucionalidad del programa Hambre Cero, al considerar que centraliza fondos del Estado y decide discrecionalmente a quiénes beneficiar.
A su turno, el diputado colorado Hugo Meza calificó la decisión del Senado como una represalia política contra la administración del presidente Santiago Peña. “Acá vemos una vendetta política y no vamos a formar parte de ello. Es la postura de la Cámara de Diputados rechazar, rotundamente, este proyecto porque consideramos a Hambre Cero como un programa emblemático que va a ser recordado por mucho tiempo; es patrimonio de los niños y jóvenes de nuestro país”, afirmó.
Asimismo, señaló que, si existieran irregularidades en el manejo de fondos por parte de la Gobernación de Concepción, lo que corresponde es una investigación formal. “Sin embargo, en este caso ni siquiera hay una denuncia formal”, acotó.
En este sentido es importante recordar que la Cámara de Senadores había aprobado retirar la administración de los fondos de Hambre Cero a la Gobernación de Concepción, encabezada por Liz Meza, en medio de la polémica suscitada por la ostentosa fiesta de quince años celebrada por su hija en una de las zonas más empobrecidas del país.
Modificaciones puntuales
Luego del análisis que realizó el plenario, el documento fue puesto a consideración y fue aprobado conforme al dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros que sugirió algunas modificaciones.
El artículo 6° establece que la gestión de las políticas, programas y proyectos de alimentación escolar en Asunción y en los departamentos de Central y Presidente Hayes estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social.
En tanto, la administración del programa en Concepción, Alto Paraná y los demás departamentos del país recaerá en cada una de sus respectivas gobernaciones, restituyendo así la autonomía de gestión a las dos gobernaciones en cuestión.