Este martes, una comitiva de agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción allanó la Municipalidad de Tomás Romero Pereira, en el departamento de Itapúa, en el marco de las investigaciones sobre supuestas irregularidades en la administración de jefe comunal Ysidro Rivas Román, padre del senador Hernán Rivas.
El jefe comunal fue denunciado por un grupo de concejales el 2 de junio del 2023, tras rechazar el balance de rendición de cuentas de la administración de Rivas Román, perteneciente al 2022. Las supuestas irregularidades guardan relación con adjudicaciones y construcción de obras públicas.
También se impulsan allanamientos en sedes de las firmas privadas presuntamente involucradas en las millonarias adjudicaciones. El procedimiento estuvo a cargo de los fiscales Natalia Fúster, Luis Said y Verónica Valdez.
El dirigente político se encuentra denunciado por los hechos punibles de lesión de confianza, estafa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal. Según refiere la denuncia presentada por la Junta Municipal de la citada localidad, existiría un perjuicio de G. 1.333.516.215.
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Los agentes buscan recolectar evidencias y documentación que permitan esclarecer los hechos denunciados. “Tenemos sospechas que los documentos y las declaraciones son totalmente falsas”, manifestaron los ediles en la acusación al sostener que las obras municipales habrían terminado siendo realizadas con las maquinarias y personal de la municipalidad.
Durante el procedimiento se lograron incautar varios documentos relacionados con la investigación, como lo son los contratos de servicios para la construcción de puentes, mantenimiento de caminos y otros del año 2022, con las empresas Delgado Neher S.R.L. y Marcio de Andrade, informaron desde el departamento de prensa del Ministerio Público.
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CGR auditará IPS: “Está como prioridad uno”, afirmó contralor
El contralor general de la República (CGR), Camilo Benítez, informó este jueves que iniciarán una auditoría combinada al Instituto de Previsión Social (IPS), bajo la presidencia de Jorge Brítez. Los resultados de la fiscalización serán publicados en julio del 2026.
Detalló que la fiscalización fue solicitada incluso por el propio Brítez y abarcará el manejo de la caja de jubilados y las inversiones financieras realizadas por la previsional. El anuncio fue concretado tras acudir al Congreso Nacional con el fin de presentar el informe final sobre las ejecuciones financieras de entidades públicas del ejercicio fiscal 2024.
“Ya tenemos un plan de auditorías para el 2025 que empezará mañana y que formará parte del informe del 2026. El IPS está como prioridad uno, porque nosotros creemos que amerita ante la cantidad de situaciones que envuelven al IPS, en especial el déficit que tienen en la caja", sostuvo en una conferencia de prensa.
Benítez acotó: “vamos a hacer una auditoría combinada. Es muy oportuno ver en el caso de IPS si las inversiones se realizan conforme a la ley“. El informe fue entregado al vicepresidente segundo de la Cámara de Senadores, el liberal Dionisio Amarilla.
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Por otra parte, el contralor manifestó que el informe final sobre las ejecuciones financieras de entidades públicas del ejercicio fiscal 2024, expone una serie de desprolijidades administrativas y contables, que podrían constituirse en hechos punibles. “Los balances presentados no reflejan la realidad de lo que se verifica. Siempre las observaciones se repiten en cuanto a la falta de sinceridad de los estados contables”, comentó.
Benítez siguió argumentando que “todas las instituciones del Estado deben presentar un plan de mejoramiento. Se hará una mesa de trabajo con la asesoría jurídica para ver si estas observaciones tienen indicios de hechos punibles para que sean remitidos al Ministerio Público“.
Caso INCAN
Benítez citó como ejemplo de una grave irregularidad administrativa el caso del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), que carece de una falta de planificación en adquisición de medicamentos. “En Paraguay es extremadamente desesperante la situación de las personas que sufren por estas enfermedades, especialmente de cáncer, y no vemos una buena planificación”, indicó.
El contralor detalló que en la institución se realizó una licitación para comprar un medicamento que precisaba un enfermo oncológico, pero al momento de la adquisición ya la persona había fallecido y el monto que se invirtió fue más de G. 5.000 millones.
“El Incan no pudo encontrar otra persona a quien destinar este medicamento, por lo que venció. También vemos una metodología con las medidas judiciales a través de amparos. No hay una planificación de compra de medicamentos. Muchas veces se compran medicamentos que están a punto de vencer”, lamentó.
Benítez agregó que “al momento de comprar un medicamento y vence, es un perjuicio para el Estado paraguayo directamente. Siendo que hay miles y miles de personas que de alguna manera sufrimos o padecimos por este tipo de enfermedades, es muy irresponsable en cuanto a los administradores no prever o no planificar“.
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Intervención CDE: auditoría del sistema informático detectó preocupante falta de control
El economista Ramón Ramírez, interventor de la municipalidad de Ciudad del Este, realizó una evaluación de su gestión en general en estos 37 días que se lleva adelante la intervención. Brindó un adelanto de los principales hallazgos respecto a la administración del intendente Miguel Prieto.
Ramírez informó durante una entrevista con Radio Concierto, de la capital del Alto Paraná, que están ejecutando una auditoría al sistema informático del área de recaudaciones y los primeros reportes que están recibiendo son preocupantes. Indicó que no hay un sistema de auditoría al propio sistema que permita la trazabilidad en las ejecuciones de cobro.
“Esto quiere decir que alguien puede tocar la cuenta de un contribuyente, por ejemplo, en la cuenta de Benigno puede poner pagado y luego puede modificar. No existe una ruta para saber quién modificó las cuestas. No sabemos las personas que no pagaron, pero que figuran como pagado, o viceversa; no existe la trazabilidad de este sistema”, comentó.
Ante esta grave situación, indicó que decidió realizar la auditoría informática del sistema, porque los primeros reportes han sido muy preocupantes y estarán presentando en el reporte, con las sugerencias de un plan de mejoramiento que debería ser aplicado cuanto antes.
Reducir las presunciones
Ramírez remarcó que al terminar su intervención su reporte no se va a centrar en presunciones, sino que se sustentará en hechos puntuales, documentaciones que esté fehacientemente comprobado y en esa línea se encuentra actualmente trabajando.
“Si bien, hay varias situaciones que se prestan a la presunción, pero la naturaleza de nuestro trabajo nos obliga a reducir todas esas presunciones”, enfatizó.
Asimismo, reconoció las dificultades que están sorteando, de tal modo que el servicio municipal no se vea afectado, pese a la notarias directrices para obstruir la intervención.
El interventor valoró que pese a las grandes trabas que están poniendo algunos funcionarios municipales para llevar adelante la gestión municipal; destacó que hay otros funcionarios que “se ha puesto verdaderamente la camiseta de la institución”, y está permitiendo cumplir con los servicios.
En cuanto a las recaudaciones, señaló que sí están con indicadores negativos en relación a los meses del año pasado. Aclaró que el mes de julio, siempre ha tenido la particularidad de ser los meses de menor recaudación en el histórico.
No obstante, instó a la ciudadanía a acercarse a realizar los pagos de sus tributos, de tal modo a que el municipio tenga el oxígeno necesario para cumplir con sus obligaciones.
“El ambiente de desconfianza en el municipio es tremendo. Nosotros a puertas cerradas, nos dicen que tratan de colaborar al máximo. Pero también nos dicen que, al salir por esa puerta, reciben fuertes presiones y fuertes observaciones”, comentó.
Indicó que la presión se da en todas las escalas o los niveles del funcionariado, desde el funcionario menor o modesto hasta los niveles superiores.
Uso de caja chica
El interventor aseguró que toda la información que está reportando está respaldada en hechos demostrables y documentaciones. Indicó que encontró 22 cajas chicas distribuidas en toda la administración, lo que involucraba a unos 150 millones de guaraníes, entre todas las asignaciones ya sea de G. 5 millones a G. 15 millones.
Explicó que, de acuerdo a su experiencia en otras instituciones, la distribución de las cajas chicas por direcciones, solo se debe dar si existe un control estricto. Ya que en la administración en general están concentradas en la dirección de administración y finanzas.
“Sorprende aquí la segmentación de esa figura, podría decir que en algunos podría ser necesarias, para una respuesta rápida. Pero eso hace que el uso sea de forma discrecional”, acotó.
Como interventor, señaló que ahora está en constante control bajo su director de finanzas que lleva adelante un diario monitoreo del área de tesorería y recaudaciones, sobre todo.
Licitaciones
El interventor Ramírez ratificó una vez más que en materia de las licitaciones y los procesos de contratación promovidos por el intendente Prieto, mantienen un patrón de “ganadores consuetudinarios”.
Entre los que puso como, por ejemplo, la firma de SERMAQ, de Fredy Guzmán Martínez Báez, socio de tragos de Miguel Prieto, quien, desde el inicio de la gestión del hoy jefe comunal cesado, tuvo en menos de tres años contratos por 13 mil millones de guaraníes.
“Sus esquemas de llamados son calcados, hacían obras con contratos abiertos, con montos mínimos y máximos, pero al final todos se hacían con el precio máximo. Son cuestiones que hacen que se presuman el direccionamiento en las Contrataciones Públicas”, explicó.
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Prieto busca desvirtuar su corrupción con populismo, afirma abogado esteño
“La situación en Ciudad del Este está muy candente. Los delincuentes nunca admiten que son delincuentes”, sostuvo el abogado Samir Sánchez, miembro de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE), ante las afirmaciones del intendente Miguel Prieto y su entorno político, quienes alegan que el proceso de intervención a su gestión se transformó en una campaña de desinformación y persecución a base a mentiras.
“Prieto, mediante el populismo quiere tratar de desvirtuar la realidad, pero esta es mucho más fuerte, se tienen muchas irregularidades, corrupción en la administración municipal que van saliendo, que nosotros habíamos denunciado como casos de planillerismo, la existencia de empresas de maletín que fueron beneficiadas para delinquir", dijo a la radio Tribuna.
De las 49 denuncias por corrupción que pesan sobre el líder del movimiento Yo Creo, la organización no gubernamental impulsó un total de 15 acusaciones ante la Fiscalía con la finalidad de resguardar el dinero de los contribuyentes esteños.
“Por más que Prieto quiera ocultar la documentación requerida para el proceso de intervención, eso no impide que se puedan demostrar los hechos punibles y las irregularidades. La falta de documentos retrasa la investigación, pero eso no significa que el interventor no pueda presentar su informe, verificando datos de otras fuentes", puntualizó.
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Principales falencias detectadas en la gestión de Prieto
1. Documentos que aparecen y desaparecen
Desde el inicio de la intervención, Ramón Ramírez y su equipo, se enfrentaron a enormes trabas para acceder a la documentación requerida. “No es desorden, es un desorden bien planificado”, afirmó el interventor.
Documentos clave que inicialmente “no existían” en los legajos, aparecen de manera repentina, evidenciando un intento deliberado de obstaculizar la investigación.
2. Dudosa asignación
La propia administración municipal reconoció ante la Contraloría General de la República haber destinado G. 42.000 millones de fondos de capital -que debían financiar obras e infraestructura- para cubrir gastos corrientes y operativos.
3. Obras retrasadas y con plata ya transferida
Se detectaron casos graves de contratos adjudicados y con anticipos millonarios pagados, pero sin ninguna ejecución real. En varios casos, transcurrieron semanas de las fechas de inicio y las obras simplemente no existen.
4. Combustibles con cifras imposibles
La intervención también descubrió un esquema de corrupción con el manejo de combustibles.
- Un vehículo declaró un kilometraje que implicaría recorrer más de 1.300 km en un solo día, algo físicamente imposible.
- Otro caso reporta 1.120 litros de combustible cargados en una semana, lo que equivale a llenar el tanque más de seis veces en apenas siete días.
5. Fondos rotatorios usados para compras injustificadas.
Se detectó la asignación indiscriminada de fondos rotatorios a dependencias municipales que los utilizaban para gastos fuera de norma, como la compra de bocaditos, en lugar de destinarlos a urgencias reales.
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Fiscalía allana casa de detenido e incauta evidencias en caso de joven desaparecido
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El agente fiscal Alberto Torres realizó un nuevo allanamiento en la tarde de este jueves, en el marco de la investigación sobre la desaparición de Francisco Daniel López Peña, de 25 años, quien fue visto por última vez el pasado 18 de julio en el barrio Tres Fronteras de Presidente Franco. El procedimiento fiscal policial fue en la casa de uno los detenidos como supuesto sospechoso por la desaparición, Juan Esteban Medina, alias Keño.
Se incautaron varias evidencias que serán sometidas a peritaje, entre ellas armas de fuego, equipos de radiocomunicación, focos y cámaras de seguridad, con miras a la ubicación del joven y determinar lo ocurrido.
Las memorias de estos dispositivos serán analizadas por técnicos de Criminalística de la Policía Nacional para la extracción de imágenes que puedan aportar datos relevantes a la causa.
La intervención fiscal fue con el apoyo de agentes del Departamento de Búsqueda y Localización de la Policía de Alto Paraná y del personal de la comisaría de Tres Fronteras. Un adolescente de 16 años, acompañado de su madre, colaboró con la Fiscalía aportando datos que sirvieron para el allanamiento de esta tarde, según dijo a La Nación/Nación Media, el fiscal Alberto Torres.
Cuatro detenidos, dos imputados
El operativo fue en prosecución a las detenciones realizadas ayer y hoy, en las cuales fueron detenidos cuatro supuestos sospechosos. Uno de ellos es Ronald David Ferreira González (23), quien contaba con orden de captura por robo agravado, asociación criminal y exposición al peligro en el tránsito terrestre. El mismo está en la mira, pero todavía no fue imputado por el caso.
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Para el fiscal Alberto Torres, siendo procesado por otra causa y con pedido de prisión, ayuda para avanzar en la búsqueda del joven y seguir investigando, manteniéndose al citado como sospechoso.
El segundo es Cristhian Javier Aranda Benítez (21), detenido e imputado por hurto. Habría sido visto con la moto del joven desaparecido y que estaba en su poder cuando ayer fue aprehendido junto a Ronald Ferreira.
Un tercer detenido y sospechoso de tener vinculación con la desaparición del joven, es José Luis González (33), quien fue imputado por omisión de dar a aviso de un hecho punible. El mismo dice que escuchó disparos después que Francisco Daniel salió del sitio donde estaban y ya no supo qué pasó con el joven.
Un cuarto sospechoso fue detenido esta mañana y se trata de Juan Eugenio Medina, alias Keño, cuya casa fue la llanada hoy. El mismo no está aún imputado y el fiscal Alberto Torres decidirá mañana al respecto. El agente explicó que todas las personas detenidas hasta ahora, estuvieron supuestamente con el joven desaparecido en la costa del río ingiriendo bebida alcohólica.
El grupo se habría dispersado supuestamente porque escucharon tiros y desconocen qué pasó de Francisco Daniel, quien estuvo con ellos previamente. El fiscal Alberto Torres manifestó que, de confirmarse los disparos, el arma incautada hoy es fundamental.
La denuncia por desaparición fue presentada por la madre del joven, Irene Peña Martínez (64), ante la Subcomisaría 10ª del barrio Tres Fronteras. López Peña salió de su vivienda el 18 de julio a las 16:30, a bordo de su motocicleta, vestido con campera y pantalón jeans negros. Esa moto fue encontrada en poder de dos de los aprehendidos.
La Fiscalía mantiene activa la orden de búsqueda y localización y solicita a la ciudadanía que cualquier información sea comunicada de inmediato al Ministerio Público o a la comisaría más cercana.