El presidente de la República, Santiago Peña, encabezó la ceremonia en conmemoración del 90.° aniversario de la firma del protocolo de paz del Chaco, que se desarrolló en la mañana de este jueves en el Cuartel de la Victoria, en San Lorenzo. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas rindió su homenaje a los soldados que dejaron su vida en la Guerra del Chaco.

“Nos reunimos hoy en esta sagrada fecha, en un lugar cargado de historia vibrante, el mítico Cuartel de la Victoria, que fue hogar en sus últimos años de muchos de los hombres que combatieron en ese episodio tan glorioso de la historia paraguaya, la Guerra del Chaco”, expresó el mandatario.

Resaltó al Cuartel de la Victoria como símbolo histórico de este capítulo para el Paraguay. “Aquí, entre estas paredes llenas de heroísmo latió por décadas el corazón de una generación que supo entregar su juventud y sus mejores años en defensa de nuestra soberanía territorial. Nunca podremos agradecerles lo suficiente, nuestra gratitud eterna a esa generación valiente”, remarcó.

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El mandatario dijo que “en este día del 12 de junio, 90 aniversario, donde conmemoramos la Paz del Chaco, no es tanto la guerra en sí lo que celebramos en este día, sino más bien su final, la paz, aunque no olvidamos ni podemos olvidar jamás la sangre de tantos paraguayos que tiñó el territorio del infierno verde chaqueño”.

También destacó el compromiso de ambas naciones de firmar la paz de una guerra que se dio entre 1932 y 1935, que segó 100.000 vidas. “Lo que queremos recordar hoy es el compromiso de los pueblos hermanos, Paraguay y Bolivia, por dejar atrás el enfrentamiento y tender puentes hacia el porvenir”, afirmó el presidente.

Instó a proteger el legado de heroísmo y patriotismo que dejaron los héroes de la guerra. “Este gran cuartel, es un templo sagrado del heroísmo paraguayo. Hoy, que tantos de ellos ya han partido nos toca a nosotros ser sus herederos éticos y cuidar la paz que construyeron, debemos proteger el legado de entrega y de amor a la patria, enseñar a las nuevas generaciones que el patriotismo no consiste en el odio al otro, sino en la firmeza, en la defensa de lo justo y lo propio”, apuntó.

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El asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, Benito Torres, dijo que la Intendencia se mantiene en la línea de que no se incurrió en irregularidades al utilizar la caja única, como cuestiona la Contraloría General de la República, y refirió que la instrucción para los funcionarios es facilitar el trabajo del interventor a ser designado por el Poder Ejecutivo.

“El interventor tiene que auditar lo que fue objeto de denuncia. Nosotros nos mantenemos en esa posición (uso de la caja única). Acá un arbitro debe determinar quién de las dos partes tiene razón y ese es el Poder Judicial, así funciona un Estado de derecho. No solamente nosotros sostenemos que la herramienta de la caja única puede ser utilizada por los municipios, sino el mismo Ministerio de Economía", indicó el abogado, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Torres acotó: “Que el Tribunal de Cuentas se expida es lo ideal porque nosotros tenemos una disyuntiva. En el año 2020 nos indicaron que sí podríamos utilizar la herramienta de la caja única y posteriormente la Contraloría nos dijo que no. Las instrucciones que nos dio (el intendente Óscar) Rodríguez a cada funcionario es ponernos a disposición del interventor para lo que se requiera, que tenemos que facilitar todo”. A la par rechazó que la municipalidad se encuentre en quiebra alegando que se cuenta con los suficientes recursos económicos para cumplir con las obligaciones.

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El informe de la CGR señala que las supuestas irregularidades presupuestarias en la gestión de Rodríguez se dieron entre los años 2021 y 2024. El ente contralor citó la emisión del bono G8 por G. 360.000 millones realizada en el 2022 para obras de desagüe pluvial; además de los bonos G9 por G. 195.000 millones en el 2023, que fueron emitidos para pagar deudas de emisiones en anteriores administraciones.

De acuerdo a los datos que fueron proveídos por la municipalidad, a mediados de agosto del 2024, el bono G8 fue asignado a proyectos de desagüe pluvial en las cuencas de Santo Domingo, General Santos y Abasto. En ese entonces detallaron que algunos proyectos estaban en fases de planificación y verificación, mientras que las obras en San Pablo y Abasto ya alcanzaron durante ese periodo un 30 % de ejecución.

Mientras que el bono G9 se utilizó para rescatar bonos anteriores, específicamente los emitidos durante la administración de Mario Ferreiro (G3, G4, G5 y G6) con el objetivo de aliviar la carga financiera de la municipalidad. La ejecución de este bono se realizó al 100 %. En la anterior gestión indicaron que esto permitió mejorar la liquidez de la municipalidad y reestructurar su deuda, asegurando la continuidad de los proyectos.

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En la madrugada de este jueves, lo que en principio fue un intento de asalto, terminó en un choque cuando un conductor de plataforma de transporte se resistió a ser asaltado por un adolescente que se hizo pasar por cliente.

El hecho se registró sobre las calles José Berges y Emiliano R. Fernández, zona Sur de la ciudad de Fernando de la Mora. El vehículo conducido por Cesar Osmar Gómez, de 32 años, habría impactado de manera frontal contra una columna de la Administración Nacional de Electricidad (Ande).

Según el reporte de los intervinientes, el conductor del automóvil habría aceptado un viaje solicitado por un adolescente en la ciudad de Villa Elisa con destino a Fernando de la Mora. Ya en inmediaciones donde se dio el choque, el menor habría desenfundado un arma blanca y atacó al conductor.

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Este último se habría resistido a parar la marcha y entregarle sus pertenencias y empezó a pelear con el menor, quien le propinó varias estocadas en el brazo derecho. En cuanto al menor, también resultó herido, ya que, en un punto de la pelea, su víctima logró desarmarlo y apuñalarlo en el muslo derecho, la rodilla izquierda y la cintura.

Tanto la víctima como el menor fueron derivados hasta emergencias médicas para ser asistidos. Afortunadamente, sus heridas no revisten gravedad, por lo que tras ser dados de alta se continuará con el proceso judicial establecido.

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“La intervención a la municipalidad de Ciudad del Este resulta necesaria y viable”, indicó el diputado Alejandro Aguilera, quien estuvo a cargo de la comisión especial que analizó el requerimiento realizado por la Contraloría General de la República, el pasado 16 de mayo, tras detectar graves irregularidades en la gestión.

“La función principal de la Contraloría es velar por el control las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y las municipalidades. Esta comisión considera que se encuentra reunido el sustento legal de la presentación del pedido de intervención por parte de la Contraloría”, dijo el legislador defendiendo la legitimidad del órgano extrapoder en haber requerido la intervención.

Siguió sosteniendo que existieron méritos suficientes, por lo que fue aprobado el pedido y "la ciudadanía exige una respuesta efectiva en la lucha contra la corrupción y manejo discrecional de los recursos públicos y la intervención contribuirá para garantizar la transparencia y el respeto a las garantías constitucionales”.

Aguilera detalló que en la gestión de Prieto, de acuerdo a los reportes remitidos por la Contraloría se observan estados financieros con graves inconsistencias, saldos irregulares, clasificaciones erróneas, variaciones injustificadas, incumplimientos de disposiciones legales y consecuente omisión de transferencias de recursos a otros organismos y entidades del Estado.

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A la vez, existen inconsistencias y falta de justificación en la asignación y gestión de las transferencias, incumplimiento de los procesos para las contrataciones empleando transferencias para la ejecución de obras, incumplimiento de los procesos legales establecidos para las transferencias a oenegés, irregularidades en las transferencias a comisiones vecinales y a organizaciones sin fines de lucro.

Diferencias en la construcción de obras por falta de ejecución de ítems o por que fueran ejecutadas en cantidades diferentes con recursos del Fonacide, Royalties y compensaciones, pago efectuado a proveedores sin que estos hayan presentado documentaciones exigidas y sin que estén cumplidas las exigencias legales, entre otras irregularidades.

“Se ha detectado una persistencia en aquellas transgresiones en la gestión y administración que afectan a los recursos municipales. A pesar de los hallazgos que detonan inconsistencias y desviaciones, los antecedentes revelan que la administración municipal ha incurrido reiteradamente en múltiples faltas y que ninguna ha sido corregida por ninguna de las vías jurídicas, administrativas ni legales”, refiere el dictamen expuesto por Aguilera.

Los diputados de la oposición recurrieron nuevamente a los ataques y el desgastado discurso de persecución política como único mecanismo de defensa a Miguel Prieto. Sin argumentos técnicos, indicaron que el único “pecado” del líder del movimiento Yo Creo, fue haber ganado en dos ocasiones la intendencia esteña.

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