El empresario José Ortiz Escauriza, dirigente de Alto Paraná, explicó por qué decidió involucrarse en la campaña de Rigoberto Chamorro para la Intendencia de Ciudad del Este. Destacó la capacidad de gestión, honestidad y compromiso del candidato altoparanaense en responder a las necesidades de la ciudadanía.

Durante una entrevista que brindó a C9N, Ortiz sostuvo que el candidato de la Lista 1 en Ciudad del Este representa una alternativa para cambiar la administración municipal de Ciudad del Este. Destacó que el candidato tiene un plan de gobierno centrado en atender las necesidades básicas de la población.

En ese sentido, aclaró que su presencia al lado del candidato no tiene que ser visto como un político más, sino como un ciudadano que acompaña al candidato que tiene una excelente trayectoria y una gestión intachable.

Remarcó que en la actualidad apuesta por el intendentable esteño, motivado por el deseo de impulsar el desarrollo y la mejoría de Ciudad del Este.

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En ese sentido, destacó que ve en la figura de Rigo Chamorro a una figura que empatiza con la ciudadanía de Ciudad del Este; una persona que empezó desde abajo y que, gracias a su espíritu emprendedor y a su trabajo honesto, logró posicionarse en el lugar que ocupa hoy.

“Rigobierto tiene hoy la vida resuelta, eso es muy importante, le digo a la ciudadanía, porque es una persona que tiene su vida económicamente resuelta, no viene para robar y para progresar económicamente, viene para brindar, tiene capacidad de gestión y es honesto”, remarcó.

Al respecto, reconoció y lamentó que en Ciudad del Este, la ciudadanía llegó a un “nivel de degradación”, porque la gente decía en elecciones pasadas: “le votamos a este porque roban menos; pero hoy la historia dice que roban mucho más”, acotó.

Sostuvo que la ciudadanía tiene que comprender que no existe una persecusión política contra los exintendente Miguel Prieto o Daniel Pereira Mujica; ya que las denuncias fueron promovidas por su propio entorno político. “Acá no hay persecución política, las denuncias viene de su mismo equipo político defraudados de ellos, por el robo y por la deshonestidad”, remarcó.

No obstante, destacó que hoy la oferta electoral que hace el Partido Colorado con la Lista 1 con la candidatura a la intendencia de Rigoberto Chamorro ya está siendo reconocida por la ciudadanía. “Hoy la gente le conoce más a Rigoberto, conoce de su tipo de persona, sus capacidades y ya está más informada también de qué se trata, y quiénes son las personas que están administrando hoy y saqueando esta ciudad”, remarcó.

Sostuvo que Chamorro ha presentado su candidatura con las mejores intenciones, ofreciéndose como candidato a la intendencia, acompañado por un equipo político junto al Gobernador César “Landy” Torres, quienes ven en la persona de Rigoberto “todas las cualidades para hacer un cambio en Ciudad del Este. Apostamos por él; en un trabajo duro ganó las internas contra una estructura pesada e histórica, consigue ganar las internas y hoy la gente ya le conoce mucho más”, acotó.

En ese sentido, Ortiz destacó que tras las internas pasada, el candidato Rigo Chamorro esta cumpliendo con su palabra de mantener distancias de quienes en el pasado, han defraudado no solo a la ciudadanía, sino a los propios colorados esteño. Lo cual es abalado por todo el equipo político.

“Rigoberto prometió que esta gente no iba a tener vínculo alguno en su administración. Él mantuvo su palabra, él es un hombre de palabra y nosotros avalamos eso. Estamos de acuerdo con él, que tiene que mantener distancia; y reconquistar ese voto que se alejó del Partido Colorado defraudados por esa situación. Hay que escucharla a la gente; de repente hoy se critica a la gestión actual, pero sí, este grupo, esta familia, no hace parte de nuestro equipo”, remarcó.

De hecho, el empresario fue mucho más contundente al señalar que este clan familiar de Ciudad del Este está mucho más cerca hoy en día de la campaña a favor de Daniel Pereira Mujica que de los candidatos de la Lista 1.

“Hoy le siento a esta familia mucho más cerca de Mujica. Eso se vio cuando la gente de Yo Creo llevaba votos para Magno; se vio cuando Mujica renuncia antes de tiempo tratando de dar un golpe diciendo: Miren, Chamorro no es colorado, es de Yo Creo; porque él tenía que jurar como concejal. Rigoberto nunca escondió que fue parte de ese equipo, pero salió defraudado de ese grupo político. Entonces volviendo a esto, yo les siento mucho más cerca; y puedo asegurar a la ciudadanía que el que vota por Mujica le está fortaleciendo a esta familia” remarcó.

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El juicio oral y público contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, por un presunto hecho de lesión de confianza en el caso conocido como “Tía Chela”, entra en una fase decisiva de análisis de facturas y documentos contables presentados por la Fiscalía para probar un presunto esquema de sobrefacturación en la compra de kits de alimentos durante la pandemia. El proceso continuará el lunes 5 de octubre, de 8:00 a 13:00, con la prosecución de la etapa de producción de pruebas documentales.

Durante la última audiencia del 29 de setiembre ante el Tribunal de Sentencia (integrado por las juezas Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel), los agentes fiscales Silvio Corbeta y Verónica Valdez presentaron comprobantes de ventas a crédito y al contado emitidos por la firma Tía Chela SRL a la Municipalidad de Ciudad del Este. Asimismo, se incorporaron registros de compras de insumos básicos como arroz, fideos, aceite y harina, además de facturas correspondientes a empresas proveedoras del establecimiento investigado.

Con este desglose documental, la representación del Ministerio Público busca reconstruir la cadena de suministro para demostrar la existencia de un esquema destinado a la supuesta fabricación de facturas y sobrefacturación en la adquisición de cestas básicas durante la emergencia sanitaria del covid-19 en el año 2020. La tesis acusatoria sostiene que la administración municipal instrumentó este mecanismo para simular compras e inflar costos en perjuicio del erario público.

La acusación fiscal señala que Prieto habría favorecido de forma directa a la empresa Tía Chela SRL mediante una contratación por vía de excepción, a pesar de que la firma carecía de la capacidad operativa y financiera para responder a la demanda. Según los investigadores, la distribución de víveres se realizó de manera parcial, lo que habría generado un perjuicio patrimonial estimado en G. 2.130.036.160 a la Municipalidad de Ciudad del Este.

Por su parte, la defensa técnica argumenta que la apelación a la vía de excepción estuvo plenamente justificada por el contexto de crisis sanitaria y las severas restricciones de movilidad vigentes en 2020, las cuales exigían una respuesta institucional inmediata para asistir a las familias vulnerables. Bajo esta postura, los defensores sostienen que los alimentos fueron adquiridos y entregados efectivamente en tiempo y forma.

Finalizados los alegatos iniciales, el tribunal se enfoca ahora en la evaluación pormenorizada del acervo probatorio aportado por ambas partes. Junto con el exjefe municipal y líder del Partido Yo Creo, se encuentran procesadas en la misma causa otras nueve personas, entre ellas excolaboradores de la comuna y proveedores vinculados a las operaciones comerciales efectuadas con la firma Tía Chela SRL.

Estados Unidos canceló el lunes las visas del fiscal general boliviano, jueces, altos funcionarios y empresarios de ese país, así como de Colombia, Ecuador y Perú a los que acusa de corrupción, vínculos con el narcotráfico o de conspirar contra sus respectivos gobiernos. La retirada de visas a esos altos cargos y a sus familias forma parte de los compromisos asumidos en la alianza Escudo de las Américas, creada a iniciativa del presidente Donald Trump en marzo de este año, explicó el comunicado del Departamento de Estado.

“Bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden entrar libremente a Estados Unidos”, aseguró el texto. “Esta política restringe la expedición de visas para los ciudadanos extranjeros —y sus familiares directos— que socaven a un gobierno elegido democráticamente mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región”, añadió.

“Socavar a un gobierno elegido democráticamente es una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas, y no será tolerado”, advirtió el comunicado. El gobierno conservador boliviano vivió semanas de protestas que paralizaron buena parte del país, hasta que el 20 de junio el presidente decretó el estado de excepción, que sigue vigente.

Colombia acaba de elegir a un presidente, Abelardo de la Espriella, que se presenta a su vez como aliado de Trump, tras una reñida campaña electoral y acusaciones contra la oposición de izquierda de haber intentado impedirle llegar al poder. Ecuador es otro de los países aliados de Washington, inmerso en una guerra contra el crimen organizado que cuenta con el apoyo de fuerzas militares estadounidenses, mientras que Perú también acaba de elegir a una presidenta conservadora tras otra reñida campaña.

Esos cuatro países forman parte del Escudo de las Américas, que agrupa a una quincena de países de la región. Líderes de la alianza se reunieron la semana pasada al margen de la Asamblea General de la ONU y ratificaron su disposición a tomar “medidas colectivas”, con una primera batería de sanciones contra 24 grupos criminales.

El fiscal general boliviano, Roger Mariaca, asumió su cargo a finales de 2024 tras ser nombrado por la asamblea legislativa anterior. Durante su postulación a fiscal general fue cuestionado por el retraso de varios casos judiciales cuando era fiscal de Santa Cruz, entre ellos el del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

“Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas de Bolivia”, explicó el comunicado. Mariaca aseguró en una declaración a la prensa el lunes que la decisión es un acto de “injerencia” y “presión política” a raíz de sus investigaciones. “No podemos aceptar que el trabajo que vengo desarrollando (...) sea puesto en duda por decisiones o pronunciamientos provenientes del exterior”, dijo.

También son sancionados en Bolivia el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero y Martín Irusta, fiscal que ejerció antes de abogado del expresidente Evo Morales. Otros sancionados son el juez instructor Rodrigo Vedia, así como los fiscales Albania Chane y Alberto Zeballos, ambos de Santa Cruz, la juez Rosario Flores (Santa Cruz), el fiscal Alvaro Nava (Chuquisaca) y el empresario José Luis Iriarte.

El sancionado coronel de Policía Frans Cabrera ha sido investigado por organismos de inteligencia de la misma policía boliviana, por supuestos nexos con el narcotráfico y por ralentizar investigaciones. Otros nueve bolivianos quedaron imposibilitados de recibir la visa en caso de solicitud.

Cuatro ciudadanos ecuatorianos que el comunicado no identifica también quedaron sancionados. El Departamento de Estado tiene la potestad de anunciar o dejar en el anonimato a las personas a las que se revoca la visa de entrada al país. De Colombia, los afectados son Euclides Torres, un empresario del sector energético, relacionado con la presunta financiación ilegal de la campaña electoral del ahora expresidente Gustavo Petro, y la senadora Martha Isabel Peralta, del movimiento indígena Mais.

“La lucha apenas empieza; pronto se ampliará no solo en número, sino también en decisiones administrativas” advirtió el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en la red X. En Perú, el sancionado es Juan Carlos Núñez, juez del primer circuito constitucional de Lima, conocido por una sentencia que favoreció a Cosco Shipping, una empresa china que opera el puerto de Chancay, al norte de la capital.

Fuente: AFP.

El juez Penal de Garantías de Luque, Nelson Romero, admitió la imputación presentada por el fiscal Augusto Ledesma Blasser contra el abogado Fernando René Marecos Gamarra, por la presunta comisión de los hechos punibles de coacción y usurpación de funciones públicas. Asimismo, el citado magistrado fijó para el 8 de octubre a las 10:00 la audiencia de imposición de medidas cautelares, en la que se definirá si el imputado litigará en libertad o estará en arresto domiciliario o preso.

Igualmente, el juez Romero fijó el 25 de marzo de 2027 como fecha límite para que el Ministerio Público presente su requerimiento conclusivo, el cual puede consistir en una acusación con pedido de elevación a juicio oral o la solicitud de una salida procesal para el profesional del derecho.

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De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos se registraron el pasado 16 de septiembre en las instalaciones de la empresa Cargo Line Paraguay S.A., durante la ejecución de una resolución judicial que disponía un cambio temporal en la administración de la firma. La imputación refiere que el abogado Marecos Gamarra habría asumido atribuciones que no le correspondían al momento de realizarse el procedimiento, en el cual incluso estuvo presente la jueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Mafalda Cameron.

Asimismo, la denuncia señala que el imputado se presentó y participó de la diligencia judicial como supuesto representante de la parte demandante; sin embargo, no existe ningún poder agregado al expediente que le otorgue dicha representación. El escrito aclara que es otro profesional del derecho quien cuenta con el poder legal para representar a los demandantes, por lo que Marecos Gamarra no debió tener intervención en el acto. El denunciante fue el ahora exgerente general de Cargo Line Paraguay S.A., Gustavo Martínez Venialgo.

El relato fáctico sostiene que el abogado imputado exigió a Martínez Venialgo abandonar la sala y, cuando este intentó atender una llamada telefónica, le sujetó la mano para impedírselo. Posteriormente, tras la retirada de la jueza y de la Policía Nacional, Marecos Gamarra le habría comunicado su desvinculación inmediata y ordenado la entrega de su teléfono, computadora, documentos y demás bienes de la empresa.

Asimismo, el abogado Marecos Gamarra criticó la imputación presentada en su contra y aseveró categóricamente que la imputación carece por completo de fundamentos jurídicos y subrayó que el relato del denunciante falta gravemente a la verdad de lo acontecido. Sostuvo que la denuncia promovida en su contra se encuentra plagada de profundas incongruencias. La manifestación la hizo en el sitio web Cuarto Poder Py.

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