El senador Basilio Núñez indicó que llama la atención que en el periodo anterior no se hayan detectado las granjas ilegales de criptominerías. Foto: Archivo
Gobierno anterior no tenía voluntad política para combatir criptominería ilegal, aseguran
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El senador Basilio Núñez refirió que le llama la atención que en gobierno de Mario Abdo no se habían detectado las granjas ilegales de criptomonedas como se está dando con el gobierno de Santiago Peña.
El legislador reveló que el propio titular de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Félix Sosa, señaló la falta de voluntad política del gobierno anterior.
Contó que personalmente le hizo la misma consulta al titular de la Ande y éste le respondió que no existió la misma voluntad política para detectar y desmontar los locales ilegales que generan las monedas virtuales.
“Creo que varios colegas están haciendo esa pregunta, hasta por las redes sociales y personalmente también le hice, dijo que ahora hay voluntad del Ejecutivo, que ahora hay una instrucción del Ejecutivo, de que eso tiene que cambiar”, señaló a los medios de comunicación en el Senado.
El legislador indicó que ya se dieron varios cuestionamientos sobre el porqué no se actuó anteriormente sobre las criptominerías, mientras que en la actualidad se están detectando de manera permanente estos sitios.
“A mí me viene la duda, de que tanto los técnicos y funcionarios de la Ande, sea del rango que sea, no se den cuenta de que, en una ciudad, por ejemplo, Paraguarí, Villa Hayes, Ciudad del Este, estén consumiendo cierta cantidad de megawatt que en el periodo de Mario Abdo no nos dábamos cuenta y ahora en el periodo de Santiago Peña nos damos cuenta”, apuntó.
Por otra parte, se refirió al proyecto ley que plantea el Ejecutivo de elevar las penas a los sustractores de energía eléctrica, que aparentemente no estaría siendo tratado en la sesión del Senado. Indicó que la idea era que se trate, pero ante las informaciones extraoficiales se estará interiorizando.
“Estaba con la idea que se trate, ahora voy a involucrarme, voy a hablar con los colegas, veo que no son varios los artículos y voy a averiguar el porqué. Es necesario porque cada día vemos más y más caen granjas de criptomonedas, hasta da una alerta a la Ande de cómo ahora se dan cuenta y antes no”, sentenció.
Comitiva parlamentaria verificó situación de un loteamiento en Juan E. O´Leary
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Una comitiva legislativa liderada por el senador Derlis Maidana se trasladó hasta el distrito de Juan E. O´Leary, departamento de Alto Paraná, para verificar la situación de pobladores de un loteamiento.
La visita se realizó considerando que en la Comisión de Legislación presidida por Maidana obra un proyecto de ley que plantea la derogación de la Ley Nº 6852 “Que modifica y amplía el artículo 2º de la Ley Nº 823/96, que declara de utilidad social y expropia a favor del Instituto de Bienestar Rural (IBR) un inmueble de 1.000 hectáreas para ser loteado a los campesinos sin tierra del distrito de Juan E. O’Leary2.
Durante la jornada, el parlamentario mantuvo encuentros con habitantes y autoridades locales.
Según los proyectistas, se busca evitar que la indemnización sea calculada conforme al valor actual de mercado, debido a que esto podría afectar a los aproximadamente 300 ocupantes que ya pagaron sus lotes al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
La exposición de motivos señala, además, que diez ocupantes ya cuentan con sus títulos de propiedad y que los adjudicatarios realizaron sus pagos conforme al precio de G. 700.000 por hectárea, establecido mediante la Resolución Nº 207/99 del Indert.
El Ejecutivo plantea eliminar el pago previo del 3 % del valor del lote y establecer un esquema de pago diferido para las familias beneficiarias de la reforma agraria. Foto: Gentileza
Propuesta para facilitar la titulación de tierras gana respaldo del sector campesino
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Representantes de la Federación Nacional Campesina, la Multisectorial, la Coordinadora por la Reforma Agraria y comisiones vecinalesapoyaron la propuesta del Ejecutivo para eliminar el pago previo del 3 % y ampliar los plazos de pago de los lotes.
El proyecto del Ejecutivo plantea flexibilizar las condiciones para acceder a la titulación, eliminando la barrera económica que implica el pago inicial del 3 % y estableciendo un régimen de pago diferido. La iniciativa recibió respaldo de representantes campesinos durante una audiencia pública que se llevó a cabo este viernes en el Congreso Nacional.
El titular de la Cámara de Senadores, y presidente del Congreso, Basilio Núñez, convocó una audiencia pública para analizar el proyecto de ley que modifica disposiciones del Estatuto Agrario y la normativa del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), con el objetivo de facilitar el acceso a la titulación de tierras para las familias campesinas. El debate estuvo acompañado del presidente del ente agrario, Francisco Ruiz Díaz.
Promover su próximo tratamiento
Durante las deliberaciones los representantes del sector campesino, autoridades y legisladores, señalaron que están a favor de las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo. El objetivo del diálogo fue recoger las inquietudes y promover el tratamiento del proyecto de ley el próximo 16 de septiembre.
El titular del Indert presentó el proyecto con los puntos específicos que se plantea modificar. Brindó una amplia explicación a los participantes sobre la propuesta del gobierno. Explicó que el proyecto plantea eliminar el pago previo del 3 % del valor de la tierra como requisito para acceder al título de propiedad y establecer un régimen de pago diferido.
Representantes de la FNC, la Multisectorial, la Coordinadora por la Reforma Agraria y comisiones vecinales apoyaron la eliminación del pago inicial del 3%. Foto; Gentileza
Señaló que de aprobarse, los beneficiarios podrían recibir primero la titulación y posteriormente abonar el valor de la tierra mediante cuotas anuales, con el inicio de los pagos 12 meses después de la entrega del título. El plazo previsto sería de hasta 30 años para las mujeres y 20 años para los hombres.
La audiencia se realizó en la sala de sesiones del Congreso Nacional y contó con la presencia de los senadores Natalicio Chase, Líder Amarilla, Óscar Salomón, Enrique Salyn Buzarquis, Arnaldo Samaniego, Patrick Kemper e Ignacio Iramain. El proyecto de modificación contó con un fuerte respaldo de los representantes campesinos, así como también de los parlamentarios.
Apoyo del sector campesino
Al inicio del encuentro, el presidente del Senadores, Basilio Núñez, destacó la importancia de escuchar a los distintos sectores involucrados, a fin de que el proyecto responda a las necesidades del campesinado. “Necesitamos conocer sus opiniones para establecer una respuesta que se traduzca en este proyecto de ley, que verdaderamente beneficie principalmente al campesinado”, expresó.
Marcial Gómez, dirigente de la Federación Nacional Campesina, confirmó el apoyo de la FNC a la eliminación de las barreras económicas que impiden al campesinado acceder al título de propiedad.
En ese sentido, dijo que están de acuerdo en eliminar el pago previo del 3 % y la ampliación de plazos. De igual forma, la Multisectorial, la Coordinadora por la Reforma Agraria, así como las comisiones vecinales de diferentes departamentos, brindaron su apoyo a la iniciativa de cambios en el Estatuto Agrario.
Pulciano Sánchez sostuvo que la iniciativa representa a un sector importante del país que merece ser escuchado y que las decisiones adoptadas deben contemplar las necesidades reales de las familias campesinas.
El monseñor Mario Melanio Medina, representante de la Delegación del Comité de Iglesias, resaltó la importancia de abordar el problema de fondo y encontrar una respuesta que favorezca efectivamente a las familias campesinas.
En la misma línea, Alejandro Colmán, beneficiario de San Pedro y representante de la Comisión de Fomento y Desarrollo Yvype, sostuvo que la regularización de las tierras constituye una responsabilidad del Estado y remarcó la importancia de garantizar soluciones que permitan a las familias campesinas consolidar su propiedad y mejorar sus condiciones de vida.
El presidente del Senado, Basilio Núñez, indicó que se deben analizar otras opciones para aumentar las recaudaciones y no elevar los tributos. Foto: Archivo
Huelga de médicos: Bachi Núñez ratifica postura de no elevar impuestos
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El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez, reiteró su postura de no elevar los impuestos para obtener más recursos, esto en el marco del reclamo y la huelga de médicos que piden un aumento salarial que requerirá de un presupuesto aproximado de USD 100 millones más para los 12.000 médicos del sistema de salud pública.
“Ya adelanté mi postura que no estoy de acuerdo con ninguna elevación impositiva, más si lo hacemos a la ligera. Lo primero que tenemos que hacer es recaudar más, formalizar las empresas y después ver otras posibilidades, hay que tener en cuenta que si uno eleva los impuestos eso lo traslada al ciudadano, lo traslada al microempresario, traslada al constructor, al trabajador, no estoy inventando la rueda”, dijo a los medios de prensa.
El legislador indicó que con el aumento de las tasas impositivas se podría perder el atractivo de inversión para el Paraguay y afirmó que se deben analizar primeramente otras opciones para aumentar las recaudaciones.
“Vamos a hacer un círculo inflacionario, no es la solución, y si vamos al ejemplo de Uruguay que tiene el 22 % IVA, trasladar eso, entonces ¿por qué están viniendo todas las empresas a Paraguay?, precisamente por esa flexibilidad impositiva, eso le da trabajo a la gente”, expresó.
Sobre los planteamientos de elevar impuestos a otros productos, como el tabaco u otros, refirió que toda propuesta debe ser analizada con responsabilidad. “Estamos abiertos a todas las propuestas, sea tabaco, sea cigarrillo electrónico, bebidas azucaradas, alcohol, soja, lo que sea, pero vamos a estudiarlo seriamente. Tenemos que hacer estudios serios y lo vamos a hacer”, apuntó.
Finalmente, afirmó que está en contra del aumento de todo impuesto que signifique una carga para la ciudadanía. “El martes recibimos el presupuesto general de la nación 2027, el Presupuesto de Gastos de la Nación no se estudia de la noche a la mañana. Que se presente el proyecto de ley y lo vamos a ver, en puridad no estoy en contra de cualquier aumento impositivo, porque eso lo va pagar el ciudadano, ña Juana va a pagar, si quieren que pague ña Juana o don Pedro, adelante”, concluyó.
En sesión ordinaria, el Senado aprobó con modificaciones el proyecto de ley que declara en emergencia el Instituto de Previsión Social (IPS). Foto: Gentileza
Senado aprobó con modificaciones ley de emergencia del IPS
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La Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley que declara en emergencia al Instituto de Previsión Social (IPS), por lo que el texto fue remitido nuevamente a Diputados para su consideración en segunda vuelta.
Varios diputados impulsaron la propuesta ante el desabastecimiento de medicamentos esenciales, problemas en la infraestructura edilicia, de máquinas y falta de personal; y faculta la realización de acciones administrativas y financieras necesarias.
En su intervención ante el pleno, el senador Silvio Ovelar explicó que la iniciativa establece procedimientos excepcionales para atender las necesidades de la institución, entre ellos la suspensión de mecanismos convencionales de contratación y la posibilidad de realizar compras directas de medicamentos e insumos, además de reparaciones edilicias.
Recordó que durante una reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto participaron el presidente del IPS y el ministro de Economía y Finanzas, quienes expusieron sobre el alcance de la propuesta.
A su vez, el senador Natalicio Chase propuso su aprobación con modificaciones. El planteamiento contempla, entre otros aspectos, medidas relacionadas con el fortalecimiento del recurso humano, incluyendo la desprecarización laboral de aproximadamente 700funcionarios y la incorporación de nuevos contratos, conforme a la planificación institucional, para cubrir el déficit de médicos existente en el ente previsional.
La propuesta también contempla la constitución de una fiducia de gestión de cobranza, orientada a la recuperación de la cartera judicializada de la institución. El objetivo es alcanzar al total de los deudores en mora y recuperar, en un plazo de cinco años, el 60 % de la cartera entregada para gestión de cobro.
Durante el tratamiento también se planteó modificar el plazo de vigencia de la emergencia, estableciendo que sea por un año desde su promulgación, en sustitución del plazo previsto inicialmente hasta el año 2028.
Finalmente, el proyecto de ley fue aprobado con modificaciones y, al contar con cambios respecto de la versión sancionada por la Cámara de Diputados, se envió nuevamente a la Cámara Baja para su tratamiento en plenaria.