El ministro del Interior, Enrique Riera, adelantó que en este mes de junio se iniciará el llamado a licitación para la compra de tobilleras electrónicas una vez que el Ministerio de Economía libere los fondos. Esta será una herramienta para la lucha contra la violencia contra las mujeres y las familias.
“En este mes se va a licitar, una vez que el Ministerio de Economía nos habilite los fondos y eso vamos a aplicar 20 por mes hasta 100 a fin de año; la idea es el año que viene tener hasta 1.000″, las expresiones del ministro se dieron tras el lanzamiento del programa Estrategia Integral para la Protección de la Familia por parte del Gobierno.
Riera indicó que, con este dispositivo, la víctima podrá tomar sus precauciones y así evitar cualquier tipo de contacto con el agresor. “Eso va mantener al agresor lejos de la víctima y va tener la posibilidad la víctima también de saber 24 horas donde está para poder tomar todas las precauciones y alejarse de él”, refirió.
Esto también tendrá otro efecto financiero en cuanto a la situación penitenciaria, teniendo en cuenta que tendrá un menor costo para el Estado mantener a una persona presa. “Es mucho más eficiente que la prisión domiciliaria que es algo que no se cumple, muchas veces se escapan, o más barato incluso que tenerlo preso, la mitad del costo de tener un preso, sin los problemas que ellos traen”, señaló.
Pero con este dispositivo, el objetivo principal será evitar más muertes de mujeres en manos de sus parejas. “Si nosotros podemos a los violentos ponerles una tobillera y darle un tratamiento psicológico quizá podemos salvar a la familia y a la pareja, pero si miramos hacia el otro lado van a seguir muriendo mujeres y van a seguir sufriendo niños y es eso lo que no queremos”, sentenció.
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Riera advierte que el dinero del crimen organizado es la mayor amenaza para la democracia
El ministro del Interior, Enrique Riera, considera que seguir la ruta del dinero es actualmente uno de los mayores desafíos y principal frente de batalla del Estado paraguayo ante el crimen organizado. Señaló que esta lucha no representa únicamente una amenaza vinculada al narcotráfico y la violencia, sino también al funcionamiento de las instituciones.
En una entrevista con La Nación/Nación Media, el ministro señaló que el lavado de dinero y la capacidad de estas estructuras de infiltrarse en instituciones, así como comprar voluntades, o financiar campañas, son la mayor amenaza para la democracia.
Riera hizo esta puntualización al hacer una balance de los tres años de gestión gubernativa en materia de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado; señalando que para combatir este problema, el Estado también se tuvo que “organizar” y unir fuerzas para enfrentarles con todo el peso de la ley.
“Creo que el tema más complicado es seguir la ruta del dinero, que es lavada mediante empresas pseudo legales donde hay abogados, escribanos, funcionarios corruptos, periodistas, jueces, fiscales que sumados al uso de kriptomonedas hacen este trabajo muy complicado”, expresó.
Añadió que cuando el dinero del crimen organizado no se encuentra, los criminales lo utilizan para permear el sector público y privado comprando jueces, fiscales, abogados, escribanos, policías, militares, periodistas y demás. “Eso les permite financiar campañas y así los electos, responden al “sponsor” y no a los electores protegiéndolos del alcance la la ley. Es hoy por hoy la mayor amenaza de nuestra democracia", remarcó.
Ante esta situación, destacó la suma del poder público (fuerzas militares y la Policía Nacional), con tropas combinadas en los grandes operaciones en perfecta coordinación con la Fiscalía y el Poder Judicial. También destacó la colaboración de los aliados internacionales en los diferentes mecanismos de cooperación (comando bipartito, tripartito, Interpol, Coaliciones y todos los países del mundo), intercambiando inteligencia, tecnología y estrategia conjunta.
Acabar con el microtráfico
El ministro Riera destacó, finalmente, la implementación del Plan Sumar como una estrategia integral frente al microtráfico, que combina la acción de la fuerza pública, el tratamiento de las adicciones desde Salud Pública y la prevención entre los jóvenes desde Educación. Señaló que la segunda etapa apunta a llevar estas acciones directamente a los barrios.
Indicó que esta lucha particularmente contra el microtráfico se está abordando a nivel nacional, trabajando de forma coordinada en el marco de la política de Estado, repartiendo tareas en los problemas de aplicación de la ley mediante toda la fuerza pública coordinada entendido como un tema de Seguridad (la oferta) y el tratamiento de los adictos (la demanda).
“Mediante el Ministerio de Salud Pública, se aborda este tema como un problema de Sanidad Pública con especialistas en adicciones y, finalmente, la prevención para los más jóvenes mediante acciones concretas lideradas por el Ministerio de Educación. Esta es una política de estado. Y los resultados son muy esperanzadores porque en esta segunda etapa estamos bajando a los barrios con el Plan Sumar en Tu Barrio 2.0″, concluyó.
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La Policía recuperó institucionalidad y operatividad en 3 años de gestión, asegura Riera
- Por Lourdes Torres, lourdes.torres@nacionmedia.com.
Al hacer un balance de estos tres años de gestión al frente del Ministerio del Interior, el ministro Enrique Riera sostuvo que uno de los principales resultados fue devolver la institucionalidad a la Policía Nacional, con una mayor autonomía en sus decisiones operativas y presupuestarias y una menor injerencia externa. Afirmó que este proceso estuvo acompañado por una reducción del 40 % de los hechos punibles.
El secretario de Estado destacó, en una entrevista en exclusiva con La Nación/Nación Media, que, en materia de seguridad, el gobierno de Santiago Peña tuvo más aciertos que errores y aseguró que están poniendo todo el empeño para ir mejorando en la lucha diaria contra la delincuencia común. Remarcó que los números son positivos, pero pueden mejorar más aún.
“Como resultado concreto de estos tres años se hizo mucho, pero falta más, los hechos punibles se redujeron 40 % en todos los frentes. Ocupamos el 3 lugar en Latam en relación a la cantidad de homicidios por cada de 100.000 habitantes. Y conforme al departamento de Estado de los Estados Unidos, somos, junto con la Argentina, los únicos con categoría clase 1 para recomendar a sus ciudadanos visitar como turistas e inversores”, remarcó.
Mencionó que esta situación en la Policía Nacional se está consiguiendo gracias al apoyo del Poder Ejecutivo. “Le devolvimos la operatividad, que es apostar a lo básico y esencial: movilidad y comunicación. Todavía falta mucho (particularmente armas, equipos, tecnología, infraestructura) en proporción a la cantidad de efectivos (39.000) con que cuenta actualmente”, precisó.
Principales avances
El ministro Riera destacó la Ley 7280/24 de organización y modernización de la Policía Nacional, que incorpora reivindicaciones históricas de los agentes y establece, entre otras medidas, el polígrafo como requisito para los ascensos y el fortalecimiento de Asuntos Internos para combatir la corrupción dentro de la institución. También resaltó la triplicación de los agentes del Grupo Lince, con 900 motocicletas y 1.800 policías de élite.
Asimismo, señaló una inversión de USD 92 millones en equipamiento policial, que incluye patrulleras, motocicletas, radios, sistemas de comunicación con GPS, chalecos antibalas y un laboratorio forense y criminalístico. A esto sumó el aumento de la incorporación de nuevos agentes, de 1.000 a 5.000 efectivos por año, además de una mayor inversión en la formación de oficiales y suboficiales, mediante mejores condiciones para docentes, becas e intercambios.
El ministro Riera hizo hincapié en estos puntos, atendiendo las condiciones en que estaba la institución policial al momento de asumir el mando hace 3 años, cuando se encontró con un sistema de identificaciones paralizado, vehículos con más de 300.000 km, motos deterioradas, equipos de comunicación sin funcionar, chalecos antibalas vencidos, una desfasada ley policial de 1993, y solo 24.000 efectivos. Con toda estas precariedades, señaló que el Gobierno puso énfasis en la movilidad, comunicaciones, personal y equipamiento.
Desafíos pendientes
No obstante, Riera insistió en todo momento en que aún falta mucho por hacer. “Están pendientes dos deudas históricas, reparar las más de 900 comisarías, subcomisarías y puestos policiales. Más del 50 % está en muy mal estado y el 20 % debe ser derrumbado y vuelto a edificar”, comentó.
Asimismo, está siendo necesaria la provisión de más de 15.000 armas, preferentemente a los nuevos egresados, de las marcas de clase internacional y a un precio razonables (sin intermediarios). Así como dotar de más equipamiento para los nuevos egresados, como transporte, comunicaciones, equipamiento completo.
Atendiendo a los últimos hechos violentos, incluidos ataques contra dependencias policiales, el ministro Riera señaló que exige mejorar de forma urgente el sistema de inteligencia con mayor tecnología para anticipar los golpes. “Fortalecer la capacidad de fuego de nuestras comisarías en efectivos y armas, así como una infraestructura más adecuada en zonas calientes. Mayor capacidad de respuesta en tiempo y forma”, acotó.
Finalmente, agradeció el apoyo y la confianza del Ejecutivo y de todo el gabinete, de los funcionarios y compañeros de trabajo: “Espero que todo estos cambios sean sustentable en el tiempo. Me gustaría dejar una institución policial profesional, eficiente e íntegra con resultados medibles. Bien equipada, organizada y motivada que sea la garantía de nuestra democracia”.
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Riera espera confirmar identidad de abatidos que estarían vinculados a la banda de “Macho”
En un operativo que se desarrolló en la tarde de este viernes en Canindeyú, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) tuvieron un enfrentamiento a tiros con miembros de una supuesta estrucura criminal, en la que resultaron abatidos dos de los integrantes, de la banda que se presume estaría liderando Felipe Santiago Acosta, alias “Macho”. En tanto, lograron la aprensión de otro miembro de la organización.
Al respecto, el ministro del Interior, Enrique Riera, confirmó que está en curso la confirmación de la identidad de los abatidos, la cual espera que sea confirmada a través de métodos científicos, así como la toma de evidencias. Mencionó que hasta ahora todas las evidencias están apuntando a que estos criminales que portaban armas de grueso calibre, serían parte de esta banda criminal que opera en la zona.
Mencionó que la zona donde se produjo el enfrentamiento es un territorio complicado, porque son espacios grandes con viviendas aisladas, lo que dificulta muchas veces el factor sorpresa. Además que por lo general circulan dentro de territorios que son propiedad privada.
“Como es un lugar de siembra, la zona no tiene alambrados, no hay tranqueras, no hay portones, no hay candados los caminos no son esos angostos, ya que por la zona circulan las cosechadoras de gran valor, necesitan ser impecables y anchos. Permitiendo cruzar de Caaguazú a Caazapá, y a Canindeyú, sin necesidad de salir a caminos vecinales; y siguen siendo propiedad privada a la que solo se pueden acceder con orden judicial, facilitando la huida y complicando la persecución”, explicó.
Respecto a los abatidos, Riera señaló que preliminarmente se arriesgaría a señalar que pertenecerían a comunidades nativas; ya que uno de ellos tendrían un apellido vinculado a aquel líder indígena Derlis López, que luego fue instrumentado por el crimen organizado y que cuando se lo agarró tenía en su poder una camioneta de alta gama. Aunque insistió que espera que luego de la confirmación por métodos científicos se confirmen las identidades.
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Gobernación de Central cancela llamativamente una licitación tras suspensión de DNCP
El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Agustín Encina, informó este miércoles que la Gobernación de Central, encabezada por Ricardo Estigarribia, canceló una licitación “urgente”, poco después de que el ente regulador suspendiera ayer el llamado que pretendía la adquisición por vía de la excepción de un sistema tecnológico de seguridad por más de G. 8.300 millones, que incluye 300 cámaras IP Full HD para exteriores.
Encina explicó que este tipo de procesos por vía de la excepción es utilizado para una licitación de carácter urgente, pero que también requiere de controles para su aplicación. La convocatoria se subió el viernes 31 de julio a las 22:10, un horario atípico; con visita técnica de carácter obligatorio para el lunes 3 de agosto a las 8:30 en la sede gubernamental, y apertura de ofertas para este miércoles 5 de agosto a las 8:00.
“Las herramientas están establecidas para su buena utilización, no para su mala utilización. Cuando uno hace este tipo de procesos por vía de la excepción es porque efectivamente hay una urgencia tan grande que ni siquiera se puede llegar a publicar por cinco días. Entonces, ellos tienen que demostrar, justificar que ni siquiera tuvieron cinco días para contratar una cámara, no tenía sentido”, detalló Encina al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El titular de Contrataciones Públicas aclaró que el proceso de licitación se realiza para situaciones de carácter urgente. “Es importante aclarar que dentro de todos los procedimientos por vía de la excepción, una de esas es esta y efectivamente este tipo de procedimiento contempla la posibilidad de hacer un proceso demostrando que existe una urgencia o emergencia”, detalló.
En ese contexto se puede realizar todo el proceso con comunicación posterior, pero “eso no significa que la compra se haga”. Al momento en que se suben todos los documentos, la DNCP verifica si existió tal urgencia, como así también “si efectivamente fue un llamado en forma, si se dio oportunidad o no las empresas a participar o no, porque en cada proceso licitatorio nosotros velamos es que exista efectivamente un concurso, que se actúe con transparencia y si de alguna manera tiene un ribete que el proceso haya sido licitado y que no haya tal emergencia, nosotros procedemos a rechazar el llamado así hayan firmado contrato”, refirió Encina.
La DNCP suspendió este proceso, pero la Gobernación de Central decidió cancelar el llamado, lo que para el director llama aún más la atención. “Igual existe el plazo de protestas, el día de ayer entraron dos protestas, lo suspendimos de manera inmediata y esta mañana amaneció ya este proceso cancelado por la gobernación, hoy está cancelado. Luego de nuestra suspensión del día de ayer, hoy amaneció ya cancelado el proceso, llama la atención”, sentenció.
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