Un equipo de auditores de la Contraloría General de la República (CGR) realizó este viernes una evaluación in situ de la efectividad del control interno en las dependencias del legislativo, en el marco del proceso de evaluación de la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos (Mecip 2015).
Los senadores y vicepresidentes del Senado, Arnaldo Samaniego y Hermelinda Alvarenga, acompañaron la jornada de evaluación de los funcionarios de la CGR, quienes remarcaron que dicho procedimiento corresponde al proceso de reestructuración del espacio legislativo.
“La burocracia hizo muy densa la estructura de nuestras instituciones. Estamos trabajando en el reordenamiento de la estructura del Estado; estos trabajos van a ir evidenciando más campos para practicar la mejora continua”, expresó Samaniego ante los medios de prensa en el Senado.
Lea más: Senadores buscan retomar proyecto de ley de protección a periodistas
De este modo, se ha trabajado en capacitaciones continuas y la profesionalización de los funcionarios, contribuyendo a dotarlos de más conocimiento y a mejorar el perfil de cada uno. Esto con el fin de ayudarlos a realizar sus funciones con excelencia en sus respectivos espacios en el Legislativo.
Incluso a través de la Academia Legislativa se han realizado importantes capacitaciones en las que ha participado el 95 % de los funcionarios de la Cámara Alta, respetando no solamente los intereses, sino también adquiriendo conocimiento de lo que son las normas de requisitos mínimos.
El equipo de auditores de la CGR remarcó que este proceso de trabajo representa la primera vez que la institución realiza controles en los espacios de trabajo del Senado, luego de que la Cámara logre posicionarse entre las 20 instituciones que ameritan este control.
“La ciudadanía espera mucho del Congreso Nacional y de su órgano de control; y nosotros, desde la Contraloría, la instrucción que tenemos es de apoyar el fortalecimiento de las instituciones”, expresó por su parte Gladys Fernández, directora general de Control Gubernamental.
Lea también: Venta de energía en Brasil expandirá oferta nacional, dijo Santiago Peña
Dejanos tu comentario
La pesada herencia de Abdo Benítez: deudas, corrupción y falta de transparencia
El expresidente Mario Abdo Benítez criticó al Estado por las deudas con los proveedores, pero “olvidó” que gran parte de la deuda con las vialeras y farmacéuticas corresponden a su administración. Así, volvió a poner en el centro del debate su gestión y la pesada herencia que dejó para las finanzas del Estado y la credibilidad institucional.
Abdo Benítez contó con abundancia de recursos en momentos clave, pero cuyos usos y resultados hoy siguen siendo cuestionados.
Durante la pandemia, Paraguay accedió a un volumen inédito de financiamiento. Se aprobó una ley de emergencia con un préstamo internacional de USD 1.600 millones. Sin embargo, se destaparon diversas irregularidades en la ejecución de esos fondos.
Mientras los hospitales denunciaban carencias básicas, se denunciaban compras fallidas de insumos médicos, irregularidades en procesos licitatorios y sobrecostos, con casos conocidos como insumos chinos, agua tónica y tapabocas de oro.
La serie de falencias durante la pandemia del covid-19 consta en un informe de la Contraloría General de la República, específicamente en la Memoria Anual 2021.
Lea también: Negra herencia del gobierno de Abdo Benítez: lujos, corrupción y nexos turbios
En paralelo, Abdo Benítez impulsó la obra pública, particularmente el rubro vial. El expresidente siempre se jacta de los 4.000 kilómetros de asfalto que hizo, pero olvida mencionar que empresas vinculadas a su entorno, Aldia SA y Createc SA.E, tuvieron una acumulación de ganancias de USD 45 millones entre el 2018 y el 2023. Esto, sin que se vea reflejado en su manifestación patrimonial ante Contraloría
Informes publicados señalan una fuerte concentración de contratos y posibles direccionamientos y abren interrogantes sobre conflictos de interés y uso de la función pública para beneficio privado.
El frente fiscal es, quizás, el punto más difícil de defender. Al cierre de su administración quedó al descubierto una deuda no reconocida de aproximadamente USD 600 millones con proveedores del Estado, incluyendo farmacéuticas y constructoras. Este pasivo, que no había sido plenamente transparentado, condicionó de inmediato al gobierno siguiente y obligó a reordenar pagos urgentes en sectores sensibles como la salud.
A esto se suma una deuda de G. 22.000 millones en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), específicamente dentro del programa Fonavis, según denunció la administración posterior en agosto de 2023. Además, se reportaron deudas adicionales con la Ande y Essap por aproximadamente G. 25.000 millones.
También el fuerte incremento de la deuda pública, que alcanzó los USD 15.565 millones hacia agosto de 2023, representando cerca del 35 % del PIB. Si bien parte de este endeudamiento se justificó en el contexto de la pandemia, el cuestionamiento central radica en la calidad del gasto y en la falta de resultados proporcionales a los recursos comprometidos.
Otros cuestionamientos a la administración Abdo Benítez son el auge narco tras la liberación de los puertos, la destrucción del Metrobús, su proceso en Seychelles, la mansión que construyó en pandemia.
Es por ello que hoy, cuando el expresidente opina sobre la situación del país, los datos de su gestión reaparecen como un recordatorio incómodo: antes que un problema del presente, muchas de las dificultades actuales tienen origen en su gobierno. Esta es la pesada herencia de Mario Abdo Benítez.
Lea más: La plata de Abdo: millones en duda y nuevas pistas en paraísos fiscales
Dejanos tu comentario
Núñez rechaza ocultamiento de datos sobre licitaciones con dinero de Taiwán
El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, salió al paso de las publicaciones periodísticas realizadas por el diario ABC Color, donde se alega que ocultó datos sobre cinco llamados a licitaciones por USD 3 millones, recursos provenientes de los USD 8 millones donados por la República de China (Taiwán) al Poder Legislativo.
“Ante publicaciones periodísticas que generan cuestionamientos sobre los procesos vinculados a la cooperación, el Congreso Nacional considera oportuno aclarar que los mismos se ajustan plenamente al marco jurídico vigente y a los mecanismos institucionales de control. Las afirmaciones relativas a supuesta opacidad, direccionamiento o irregularidades carecen de respaldo técnico y omiten considerar tanto el marco normativo aplicable como los mecanismos de control implementados“, afirma el comunicado emitido por Núñez.
Señala también que “El Congreso Nacional reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad y la plena colaboración con las instituciones de control, manteniendo a disposición toda la información necesaria para su verificación”.
La publicación de ABC color refiere que durante las convocatorias, los procesos se realizaron eludiendo la Ley de Contrataciones Públicas, ocultando los contratos y negando solicitudes de acceso a la información.
El medio de comunicación alega que los contratos, destinados a modernizar la infraestructuras del Congreso Nacional, salieron a luz recién en febrero y que fueron tramitados “con una reglamentación oculta hasta la fecha”. A la vez expresa que estuvo marcado por plazos cortos y la cancelación de los llamados originales por falta de oferentes.
Ante dichas acusaciones, Núñez argumentó que “la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas ha determinado de manera expresa que los procedimientos vinculados a este proyecto se encuentran excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 7021/2022, conforme a lo dispuesto en su artículo 3°, inciso k), en razón de tratarse de una cooperación internacional en la cual no existe erogación de fondos públicos ni administración financiera por parte del Congreso“.
Agrega que “en ese sentido, no corresponde sostener que se ha eludido la ley, cuando es el propio órgano rector en materia de contrataciones públicas el que ha establecido su inaplicabilidad en este caso concreto. No obstante dicha exclusión, el Congreso Nacional ha adoptado estándares reforzados de transparencia en la ejecución del proyecto, orientado a la modernización y mejoramiento de la infraestructura del Poder Legislativo, mediante recursos de cooperación internacional".
Lea también: Fiscalía abrió investigación contra Chaqueñito tras difusión de audios
Pasos realizados para las licitaciones
La presidencia de Núñez detalla que, durante el proceso de licitación, se dictó un Reglamento Interno de Contrataciones que reproduce sustancialmente los principios, etapas y garantías procedimentales previstos en la Ley Nº 7021/2022, adecuándolos a la naturaleza del proyecto y su fuente de financiamiento.
Añade que los llamados fueron publicados en la plataforma de la DNCP, posibilitando la participación de oferentes, aun cuando no existía obligación legal de canalizarlos a través de dicho sistema.
Sostiene que se conformaron instancias técnicas especializadas, como la Unidad Ejecutora del Proyecto y el Comité de Evaluación, que garantizan la trazabilidad, el análisis técnico y el control en cada etapa del proceso.
Intervención de la Contraloría
“Cabe señalar, además que, en septiembre de 2025, la Presidencia del Congreso Nacional solicitó formalmente a la Contraloría General de la República la verificación de los procesos de contratación vinculados a este proyecto, en el marco de los principios de transparencia y probidad, poniendo a disposición toda la documentación correspondiente”, manifiesta la nota.
Menciona además que "este antecedente demuestra que no solo no existió ocultamiento alguno, sino que se promovió activamente el control institucional desde el inicio del proceso. Actualmente, los procesos se encuentran sometidos a la verificación del órgano constitucional competente, lo cual refuerza las garantías de control y fiscalización".
Te puede interesar: Giuzzio suprimió controles pese a alertas de acción narco en puertos
Dejanos tu comentario
Núñez anuncia proyecto para eliminar bonificaciones por responsabilidad en cargos públicos
En el marco de la aplicación de una “economía de guerra” en la Administración Central, anunciada desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el titular del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez, anunció la presentación de un proyecto de ley para la eliminación de bonificaciones en el cargo en los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
“Las bonificaciones están previstas desde el 2018, pero en una economía de guerra como lo mencionó el ministro Carlos Fernández Valdovinos, el esfuerzo debe empezar por la dirigencia política, los ordenadores de gastos; es por eso que, junto con otros colegas, vamos a impulsar un proyecto de ley para la eliminación de este tipo de asignaciones en los tres poderes del Estado para los funcionarios que ocupen cargos de conducción política", indicó este lunes en una conferencia de prensa.
Detalló que la medida de supresión del pago de bonificaciones abarcará el ejercicio fiscal del 2026. “Vamos a ajustarnos nosotros los cinturones y esperamos que también los otros poderes del Estado. Esto afectará por ejemplo a los senadores, diputados, gobernadores, el presidente de la República, el vicepresidente, los ministros del Ejecutivo, miembros del directorio del Banco Central del Paraguay, presidentes y miembros de directorio de entidades financieras, procurador, ministros de la Corte Suprema de Justicia", indicó.
Núñez señaló que la lista sigue con el “fiscal general del Estado, defensor del pueblo, defensor sindico, ministros de la Justicia Electoral, contralor general de la República y presidentes de entes“.
El parlamentario sostuvo que conversarán con el titular de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, para que el monto ahorrado vaya destinado a sectores sociales y al pago de deudas".
Por otra parte, Núñez informó que tomó la decisión de renunciar a las bonificaciones de representación hasta finalizar su mandato en el 2028. A través de las asignaciones, su salario ascendía a aproximadamente G. 63 millones mensuales.
Dejanos tu comentario
Núñez celebra captura de Marset: “Que caigan todos los que deben caer”
El titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, aguarda que tras la detención de Sebastián Marset, en Bolivia, toda su estructura criminal finalmente quede desbaratada. El capo narco es requerido por la justicia de Estados Unidos, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Colombia.
“Celebramos la detención, es un hecho importante para la región, sabemos que esta buscado por varios países, veremos la dinámica de los sucesos para estar atentos", afirmó a los medios de comunicación.
El parlamentario acotó: “Será un logro si Marset llega a hablar. Que caigan todos los que deben caer, sin ninguna excepción”. El operativo de captura de Marset fue liderado por uniformados de la Administración de Control de Drogas (DEA), junto con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Fiscalía de Sustancias Controladas.
Leé también: EE. UU. tendría condiciones para reclamar la extradición de Marset, afirma Riera
El uruguayo fue aprehendido en la zona de Las Palmas, donde se desplegó un megaoperativo desde las 02:00 horas de este viernes 06 de marzo. Marset figura en la nómina de los narcotraficantes más buscados por la DEA y se encontraba prófugo desde 2023, cuando logró burlar una operación policial destinada a capturarlo en Bolivia.
Estados Unidos, ofrece una recompensa de USD 2 millones (G. 15.600 millones) para quienes provean informaciones que conduzcan a su arresto y condena. El capo narco ingresó en el radar de los Estados Unidos mediante la operación de transferencia que realizó uno de sus principales cómplices, desde un banco de Portugal a otro en China.
El monto aproximado fue de USD 32 millones. La operación tuvo como intermediario a una institución financiera de Estados Unidos, que la aprobó mediante un servidor ubicado en Richmond (Virginia). Esta es una transferencia de un monto muy bajo para el mundo del narcotráfico, pero fue clave en la investigación contra Marset.
La citada transferencia fue una de las transacciones utilizadas por el país nortemaricano para acusar formalmente a Marset de lavado de activos. Los fiscales de la causa refieren que el uruguayo es el líder de una organización de narcotráfico a gran escala que distribuyó miles de kilogramos de cocaína desde América del Sur con destino a Europa y que tuvo operaciones en Bolivia, Paraguay, Brasil, Bélgica, Países Bajos y Portugal.
Te puede interesar: SOFA potenciará el combate contra el crimen organizado regional, dice ministro