El titular de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), Óscar Stark, afirmó que la próxima semana se regularizará el pago de salarios a los 66 funcionarios de la firma Vox, correspondientes al mes de julio. Agregó que la alternativa más rápida para dirimir el conflicto de la institución se centra en la venta de sus inmuebles.

“Actualmente, en el caso de Copaco tenemos 16 días de atraso, debido a que los funcionarios tenían que haber cobrado el pasado 5 de agosto sus salarios del mes de julio. En el caso de Vox sí estamos más complicados, es una empresa que está en peores condiciones financieras, si bien gran parte de sus funcionarios ya cobraron su salario de junio, hay 60 funcionarios, más o menos, que todavía no han percibido su pago, totalizando 46 días de atrasos“, indicó Stark, este jueves, en una entrevista con “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Detalló que, en el caso de Copaco, la regularización del pago de salarios se dará la próxima semana. Detalló que la empresa cuenta con un total de 2.310 de los cuales 600 funcionarios se acogerán al retiro voluntario.

“La realidad es que la solución de Copaco no viene desde adentro, no es posible hacer una reestructuración o recuperación de la institución solo con los ingresos provenientes de la venta de servicios porque la infraestructura de telecomunicaciones está muy deteriorada y esto generó que, desde hace cuatro años y medio, que los salarios de Copaco empezaron a atrasarse”, dijo el titular de la empresa estatal.

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Asimismo, Stark manifestó: “Debemos ver un plan B (para zanjar la crisis financiera), que probablemente vaya por el lado de ir vendiendo algunos de los inmuebles. Copaco tiene 700 propiedades, no es razonable que una firma de telecomunicaciones tenga esa cantidad, esto genera un riesgo de invasión, la institución ya perdió decenas de hectáreas por invasiones en las últimas décadas y la venta nos permitirá generar un flujo para bajar la cantidad del personal, pagar cuentas y ponernos al día con los salarios“.

Detalló que incluso Copaco debe percibir, de parte del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (Muvh) y el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), millonarias sumas por la venta de sus inmuebles. “La venta al Muvh fue de USD 11 millones y medio, ya nos pagaron USD 2 millones, mientras que, en el caso de MDS, el saldo que queda es de G. 14.000 millones”, comentó.

Trece personas fueron detenidas este miércoles por su presunta participación en el asesinato de dos cercanos colaboradores de la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, ocurrido hace tres meses, anunció la funcionaria.

Ximena Guzmán y José Muñoz, asesores de Brugada, fueron atacados a balazos, a plena luz del día, el pasado 20 de mayo en una avenida del sur de la capital.

Sin aludir a los móviles del crimen, la alcaldesa dijo en rueda de prensa que entre los detenidos hay “tres personas que participaron directamente (...) y otras relacionadas con la preparación logística” del atentado.

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Los arrestos se llevaron a cabo durante la madrugada en el marco de un operativo conjunto de autoridades locales y federales, además de militares.

Tras el doble homicidio, las autoridades aseguraron que se trató de “un ataque directo y con un grado importante de planeación, y quienes lo ejecutaron tenían experiencia previa”.

El gobierno de Estados Unidos manifestó que este crimen demostraría el vasto poder del narcotráfico en México.

En junio de 2020, Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Pública federal y entonces jefe de la policía capitalina, resultó herido en un inédito ataque ejecutado por unos 30 sicarios del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación.

• Fuente: AFP

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Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este apartado del cargo, renovó una serie de contratos de funcionarios que prestaban servicios en la comuna esteña y cuyos contratos fenecían el 30 de junio. Lo llamativo del caso es que dichos contratos figuran como que fueron renovados el 1 de julio de este año, fecha en que Prieto ya no ejercía funciones como intendente, por tanto, dichos documentos no tienen validez.

Esta situación está ahora generando un serio problema en la administración de la comuna esteña, ya que estos funcionarios están exigiendo el pago de sus salarios por el mes de julio muchos de los cuales no están pudiendo acceder, porque la renovación del contrato debería haber firmado el interventor Ramón Ramírez, puesto que es el actual responsable de la administración del municipio.

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Para comprender la situación, La Nación/Nación Media conversó con el interventor Ramírez, quien explicó que los contratos firmados con fecha 1 de julio por el señor Prieto, quien ya había dejado la administración, carecen de validez.

“Sí, justamente hoy tuve una manifestación de funcionarios, entre ellos aquellos que dicen que no cobraban sus salarios y cuyos contratos fueron renovados por este señor que ya no estaba en funciones en fecha 1 de julio y me entregaron como prueba esos contratos firmados por Prieto“, comentó.

Señaló que aparentemente estos contratos fueron firmados por Prieto, antes de dejar el cargo el pasado 20 de junio, fecha que inició la intervención municipal; el problema es que lo hizo con fecha 1 de julio, pero aun así los documentos no son válidos, ya que aún no fenecía en esa fecha el contrato anterior.

No obstante, señaló que ya ordenó reimprimir aquellos contratos de los funcionarios que sí cumplieron funciones en la municipalidad durante este tiempo.

“Lo que hizo Prieto fue firmar un nuevo contrato desde el 1 de julio y obviamente es inválido, él no estaba en funciones. Ahora, no puedo pagar sueldos de contratos que no están vigentes. Están volviendo a imprimir los contratos, de a poco me están pasando, y estoy volviendo a firmar, pero solo de aquellos que están confirmados que han cumplido funciones”, precisó.

Esta redacción tuvo acceso a uno de los contratos firmados por Prieto, que guarda relación con su asesor, Daniel Pereira Mujica, cuyo contrato feneció el pasado 30 de junio; y que fue recontratado de manera irregular por el intendente Prieto en fecha 1 de julio. Esto no tiene validez, ya que a esa fecha debía ser firmado por el interventor, Ramón Ramírez, quien estaba en funciones.

Al respecto, el interventor señaló que esos contratos son inválidos, por tanto, no puede pagar salarios con base a esos contratos. No obstante, aclaró que en este caso particular del asesor Pereira Mujica, así como varios otros asesores que están en la misma situación, adelantó que sus contratos no serán adelantados.

“Ese contrato en particular (Pereira Mujica) no voy a renovar, así como a muchos otros asesores que no tengo pruebas de que hayan cumplido con funciones específicas en la municipalidad en este tiempo. Esa es una de las razones, por las que ellos querían sostener que el contrato firmado por Prieto era válido. Pero no les voy a renovar, porque no cumplieron con funciones en este tiempo. Pereira Mujica se ha dedicado a hacer campaña política en este tiempo”, precisó.

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Tras la culminación de la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, funcionarios se aglomeraron frente a la sede comunal, que habrían sido convocados por el propio intendente Miguel Prieto, y protagonizaron una violenta manifestación. Los mismos afirman que las irregularidades detectadas en esta fiscalización “son mentiras”, reportó el corresponsal de Nación Media, Gustavo Galeano.

La turba agredió incluso a un trabajador de prensa, además se registraron incidentes con las fuerzas de seguridad. Entre gritos e improperios, estos funcionarios dejaron sus actividades laborales para “defender” al intendente Prieto, cuando este jueves se oficializó la entrega del informe final del interventor ante el Ministerio del Interior y se recepcionó en la Cámara de Diputados.

Desde el inicio de la intervención, el pasado 23 de junio, se registraron incidentes, tanto por parte de los funcionarios prietistas, como del propio jefe comunal, marcando trabas en el proceso de fiscalización de las irregularidades marcadas por la Contraloría General de la República (CGR). Esta no fue la primera vez que convocó a sus funcionarios para una movilización en su defensa.

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En esta ocasión, los colaboradores municipales y adherentes de Prieto actuaron de manera violenta, con agresiones verbales e incluso física hacia los trabajadores de prensa, rechazando los resultados de la intervención, encabezado por Ramón Ramírez.

Son varias las irregularidades detectadas en la municipalidad por la Contraloría que fueron confirmadas por el interventor, y otras detectadas en este proceso. Sin embargo, adherentes e incluso actores políticos de la oposición siguen defendiendo al intendente.

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