El nuevo titular del Ministerio de Defensa Pública, Javier Esquivel prestó juramento ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), este lunes, y refirió en su gestión habrá un estricto control sobre el trabajo de los defensores públicos y que realizará visitas constantes a la penitenciaría para interiorizarse de los procesos judiciales.
“Nosotros vamos a exigir el cumplimiento de los plazos procesales, los plazos procesales son de orden público, de estricto cumplimiento para el juez y para las partes, nadie puede cambiar eso”, expresó Esquivel tras asumir el cargo en una ceremonia protocolar en el Palacio de Justicia, encabezada por el magistrado Luis Benítez Riera, junto con los ministros Gustavo Santander, Alberto Martínez Simón, César Diesel, Eugenio Giménez y Carolina Llanes.
“Yo fui defensor público, yo sé cómo se maneja, yo voy a visitar el penal, voy a hablar con los internos, porque ese siempre fue mi trabajo, entonces yo voy a tomar mi primera mano y escuchar lo que dicen desde la propia fuente, porque muchas veces hay tantas versiones”, apuntó el Defensor General, que fue designado el viernes 24 de mayo, con 7 votos a favor, de la terna integrada también por Lorena Segovia (a quien sucede en el cargo) y Nancy Amarilla.
Así también, Esquivel refirió a la evaluación de los defensores públicos en el cumplimiento de sus funciones. “Yo tengo que tomar decisiones en base a una información objetiva. Yo voy a participar de los juicios orales y voy a ir al penal a revisar, voy a consultar si son visitados por sus defensores y si no, vamos a tomar las medidas correctivas. La ley orgánica exige que el defensor público mínimo una vez al mes tiene que ir al penal”, sentenció.
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Proyecto que busca consolidar al RUN como registro inmobiliario más ágil y seguro, pasa a la CSJ
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó este viernes el traspaso del proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Registro Unificado Nacional (RUN) a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como parte del proceso de consolidación del nuevo sistema que integra el Catastro y el Registro de Inmuebles bajo una administración unificada.
El acto fue encabezado por el ministro de Economía, Óscar Lovera, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, quienes coincidieron en que el RUN constituye una de las principales reformas institucionales para modernizar la gestión de la propiedad inmobiliaria y fortalecer la seguridad jurídica en el país.
La transferencia forma parte del proceso iniciado en enero de este año, cuando las funciones relacionadas con el Catastro comenzaron a pasar al Poder Judicial tras la creación del Registro Unificado Nacional.
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Durante el encuentro también participaron autoridades del MEF, representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y funcionarios de las instituciones involucradas en la implementación del proyecto.
Lovera destacó que el funcionamiento del RUN tendrá un impacto que trasciende el ámbito administrativo. “En economía mucho se mueve por expectativas. Cuando empecemos a dar señales de que el sistema está funcionando, de que la decisión fue la correcta y que el proceso de gestión unificado comienza a mostrar resultados, se generará un cambio importante, tanto para la ciudadanía como para quienes buscan invertir en Paraguay”, afirmó.
Creado mediante la Ley N.º 7.424/2025, el RUN unifica en una sola plataforma la información catastral y registral de los inmuebles, con el objetivo de simplificar los trámites relacionados con la propiedad, mejorar la calidad y confiabilidad de los datos y reducir los tiempos de gestión.
Desde el Gobierno sostienen que esta transformación permitirá brindar mayor previsibilidad al mercado inmobiliario, fortalecer la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad y mejorar el clima de negocios.
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Keiko Fujimori jura como presidenta en Perú, con el reto de enfrentar una ola de crimen
La derechista Keiko Fujimori tomó posesión este martes de la presidencia de Perú en una ceremonia celebrada en el Congreso, con el reto de enfrentar el crimen organizado que azota al país y que ella ha prometido acabar con un gobierno de mano dura.
La administradora, de 51 años, ganó la elección en junio por menos de 50.000 votos frente al izquierdista Roberto Sánchez, luego de perder en el balotaje tres elecciones consecutivas previas desde 2011.
“Juro (...) que ejerceré fielmente el cargo de presidenta de la república que me ha confiado la nación para el período 2026-2031”, dijo Fujmori, la segunda mujer en tomar el poder del país andino tras Dina Boluarte (2022-2025).
Tras su juramento, un grupo de parlamentarios de izquierda que rechazan su asunción se retiró en protesta.
La mandataria es hija del fallecido expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), que cumplió años este martes. Su victoria supone el retorno del fujimorismo al poder, un movimiento populista que oscila entre el conservadurismo y el liberalismo, y divide a los peruanos.
El líder de Fuerza Popular ha anunciado que gobernará con mano de hierro, como el padre, sobre todo para vencer la peor crisis de inseguridad del país andino desde su conflicto armado interno (1980-2000).
“Estoy muy de acuerdo” con sus promesas, dice Nelly Vega, ama de casa de 68 años. “Nos va a llevar a algo mejor. Estamos en un país con mucho terror”, agrega.
Pero Keiko Fujimori todavía no convence a muchos que ven a su partido como uno de los responsables de la inestabilidad política que atraviesa el Perú desde hace una década.
“No le tengo fe, pero qué podemos hacer: la mitad del Perú se dividió”, dijo a la AFP Franklin González, un trabajador independiente de 62 años, en el centro de Lima.
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Desde 2016, el país de 34 millones de habitantes tuvo ocho presidentes, la mayoría de ellos destituidos o empujados a renunciar por el Congreso, donde el fujimorismo ha sido una fuerza clave.
Fujimori, que reemplaza al mandatario interino José María Balcázar, fue elegido para gobernar hasta 2031.
Con ella, Perú se sumará a la ola que avanza en Latinoamérica de gobiernos de derecha alineados con el presidente estadounidense, Donald Trump.
A la ceremonia asistieron los mandatarios Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador) y Yamandú Orsi (Uruguay), entre otros líderes.
Allanamientos y expulsiones
Durante la campaña, captó votos apelando al legado del patriarca Fujimori, que polariza a los peruanos.
Aunque se le atribuye la derrota de la sanguinaria guerrilla maoísta Sendero Luminoso y frenar una hiperinflación, también es recordado por cerrar el Congreso con militares y haber sido condenado por violaciones de derechos humanos. Su gobierno cayó por escándalos de corrupción.
“Va a ser una réplica del padre”, dijo César Fuentes, un jubilado de 80 años, que teme que sus estrategias contra la inseguridad derivada en abusos.
Fujimori propone allanamientos en zonas peligrosas, expulsiones de migrantes indocumentados, la instalación de tribunales anónimos y el retiro del país de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En Perú, los homicidios pasaron de 1.000 en 2018 a 2.600 en 2025 y las denuncias por extorsión, de 3.200 a 26.500.
El sociólogo David Sulmont dice a la AFP que “si el gobierno no logra dar señales de que está enfrentando” el problema de la inseguridad rápidamente, “puede erosionar su legitimidad y popularidad”.
Ante la inestabilidad, Fujimori planteó recientemente una “reconciliación nacional”.
Estará obligada a “construir una coalición que le permita algo más de gobernabilidad de la que tuvieron” sus predecesores fugaces, comenta Sulmont.
En el Congreso tiene la bancada más numerosa, pero los grupos de derecha no alcanzan una mayoría para sacar adelante todos sus proyectos.
Fenómeno del Niño
Junto a la inseguridad, su otra prueba de fuego será la llegada del fenómeno El Niño, con lluvias y sequías extremas y un calentamiento inusual del océano, que los meteorólogos prevén que será el más intenso y devastador desde 1998.
El factor climático podría golpear la economía peruana, una de las más estables de América Latina.
Si no responde “de manera eficiente” para prevenir los desastres y una crisis en el sector de la agricultura, “eso va a generar un descontento social fuerte”, dice a la AFP el politólogo Arturo Maldonado, investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Fuente: AFP
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Peña asistirá al juramento de Espriella como nuevo presidente colombiano
El presidente de la República, Santiago Peña, aceptó la invitación para asistir a la toma de juramento de Abelardo De la Espriella como nuevo mandatario en Colombia. La asunción del empresario se encuentra fijada para el próximo 6 y 7 de agosto.
“Mantuvimos una productiva reunión con el vicepresidente electo de la República de Colombia, José Manuel Restrepo Abondano, y su comitiva oficial. Avanzamos sobre nuestra visión de fortalecer las relaciones bilaterales y económicas para generar nuevas inversiones que impulsen el crecimiento de nuestras naciones", comentó Peña en sus redes sociales.
El encuentro entre ambos líderes políticos se concretó ayer lunes, en el marco de su visita oficial al Perú para la toma de mando de Keiko Fujimori como jefa de Estado. “También reafirmamos el compromiso de afianzar nuestra diplomacia y crear alianzas estratégicas firmes en materia de seguridad para combatir el crimen organizado de manera conjunta“, comentó.
“En ese sentido, acepté la invitación para participar de los actos de asunción al mando del nuevo presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, a realizarse este 6 y 7 de agosto. Seguiremos construyendo lazos sólidos para el desarrollo y la paz de nuestros pueblo", agregó el mandatario.
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En uno de los balotajes más ajustados de la historia colombiana, el abogado de 47 años se impuso por un punto porcentual sobre el senador izquierdista Iván Cepeda, candidato del presidente Gustavo Petro, el pasado 21 de junio. El jurista se impuso con un 49,6 % de los votos, según el 99,7 % del conteo previo, ante el 48,7% de su rival electoral.
El gobernante electo también planea reabrir la legación colombiana en Jerusalén y ordenará suspender la instalación de una embajada en Palestina, una iniciativa del presidente Gustavo Petro, quien en 2024 rompió relaciones con Israel, tradicional aliado en materia de seguridad.
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Paraguay hará reconocimiento público de responsabilidad del caso Santiago Leguizamón
La Vicepresidencia de la República reafirma su compromiso con los derechos humanos y el cumplimiento de sentencias internacionales.
En ese marco extiende una invitación al Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional en memoria del periodista Santiago Leguizamón Zaván y otros vs. el Estado paraguayo.
Al respecto, la directora general de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, María Teresa Peralta, informó en comunicación con La Nación/Nación Media, que este acto se llevará a cabo el próximo lunes 27 de julio a las 8:30 en el salón “Serafina Dávalos” de la Corte Suprema de Justicia, encabezado por el titular del Poder Judicial, el ministro Alberto Martínez Simón, quien representará al Estado paraguayo durante la ceremonia oficial.
El acto será transmitido en vivo por todos los medios de comunicación oficial, de tal modo a dar cumplimiento con la sentencia para que llegue la comunicación a toda la ciudadanía en general.
La directora Peralta destacó el compromiso institucional en el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado paraguayo, en el marco del acto de reconocimiento público a los familiares del periodista Santiago Leguizamón Zaván, conforme a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Remarcó que este tipo de acciones representan un paso importante en el fortalecimiento del Estado de derecho y en la consolidación de una cultura de respeto a los derechos humanos.
“Detrás de cada sentencia hay personas y familias que durante años esperaron una respuesta del Estado. Este acto de reconocimiento es una muestra de respeto hacia la memoria de Santiago Leguizamón Zaván y de compromiso con sus seres queridos”, expresó.
Cumplimiento de compromisos
Recordó que el 26 de abril de 1991, Santiago Leguizamón fue asesinado durante un atentado donde en la ciudad de Pedro Juan Caballero. En noviembre de 2022 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su sentencia, en la que uno de los puntos establecía que el Estado paraguayo debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
“Una vez más el Estado paraguayo va cumpliendo sus compromisos, porque ya cumplimos con la publicación de la sentencia que lo hicimos el año pasado; también se cumplió con el pago de la indemnización a los familiares, así como la construcción del monolito uno en Asunción y otro en la plaza ubicada en Pedro Juan Caballero, que fueron declarados como sitios de memoria, de acuerdo con lo establecido en nuestra normativa”, precisó.
Resaltó el rol que cumple la Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de Sentencias Internacionales (CICSI), impulsada por la Vicepresidencia de la República, para garantizar que las decisiones de los organismos internacionales se traduzcan en acciones concretas.
“El vicepresidente Pedro Alliana ha dado instrucciones permanentes para que la CICSI impulse el cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales del Paraguay, porque cree que una democracia se fortalece cuando reconoce sus deudas y trabaja para repararlas”, afirmó.
La directora Peralta agregó que el cumplimiento de las sentencias internacionales no solo responde a un deber jurídico del Estado, sino que también constituye una oportunidad para fortalecer las instituciones, honrar la memoria de las víctimas y generar garantías de no repetición.
El acto forma parte de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Santiago Leguizamón Zaván vs. Paraguay, reafirmando el compromiso del Estado con la verdad, la memoria, la justicia y la protección de los derechos humanos.
“La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en relación al caso Santiago de Leguizamón que el Estado paraguayo violó el derecho a la vida, la libertad de pensamiento y de expresión, así como la de su esposa e hijos.
También determinó que se violó el derecho a las garantías judiciales, y la protección judicial y a la integridad personal. Hecho que ocurrió, recordemos en 1991. En base a esa sentencia recaída contra el Estado paraguayo, se está dando cumplimiento los puntos de la sentencia", concluyó.
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