“Hay que preguntar en la intimidad a los precandidatos concejales, si están contentos o conformes con la candidatura de Soledad Núñez y la verdad es que no están felices”, afirmó la aspirante a intendente de Asunción por el Partido Patria Soñada, Arlene Aquino. Señaló a la vez que la exministra de Viviendas es una aspirante impuesta y carente de legitimidad popular.

“Yo jamás en mi vida he visto a una oposición tan dividida y eso es por la sencilla razón de que no se legitima la candidatura, acá la gente es la que debe decidir”, indicó a La Nación/Nación Media.

Señaló que Núñez es producto de un acuerdo de “cúpulas” orquestado por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que solo tiene como principal interés las elecciones presidenciales del 2028. “No se puede decidir entre cúpulas una candidatura; por eso que decidí salir del acuerdo Juntos por Asunción. Si hablamos de legitimidad política entre todos los candidatos opositores, yo soy la única que pudo demostrar con 14 mil votos la voluntad popular (en las pasadas elecciones generales) ni Soledad Núñez, Rodrigo Franco o Marcelo Galli tienen esto", dijo.

Aquino acotó: “Entre todos los candidatos opositores soy la única que se sienta a hablar todos los días con la gente, tengo una cercanía mundial. Yo entro como Lionel Messi a la cancha y a mí nadie me dirá que es lo que debo hacer, les quito muchísima ventaja y entraré en la municipalidad de Asunción para realmente ordenar las cosas".

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Aquino agregó que Núñez no representa el cambio para Asunción, ya que se encuentra vinculada a dirigentes políticos como el concejal del PLRA, Augusto Wagner, considerado por la mayoría de los ciudadanos capitalinos como “escombro”.

“¿De qué cambio ella puede hablar si está continuando la misma línea? Quiere extirpar el cáncer con el mismo remedio, el mismo tratamiento le quiere dar a Asunción con el mismo modus operandi, con el mismo tipo de política“, lamentó.

Ratificó que su candidatura a la intendencia sigue firme hasta las elecciones municipales del 4 de octubre. “No me voy a bajar, no me frenarán o comprarán. Le tengo tanta fe a mi política y la gente me dice que estoy por el buen camino”.

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El presidente del Consejo de Gobernadores del Paraguay, César Sosa, salió al paso de la campaña de desprestigio impulsada por la disidencia colorada y la oposición contra el gobierno del mandatario Santiago Peña, en donde advierten desde medios de comunicación que fungen como aliados sobre un inminente estallido social y un freno en el desarrollo del Paraguay.

“Hay que recordar que nosotros recibimos un Estado golpeado, con entes a punto de cerrar, con situaciones difíciles. A pesar de todo, en estos dos años y medio se trabajó y se está mejorando incansablemente. Es categórico que tiene que haber deudas con todas las obras que se están realizando y con todos los programas sociales que se están llevando a cabo", refirió al programa “Cara o cruz” de Unicanal.

Sosa acotó: “Hay que tener en cuenta también que este gobierno se está encargando de poner orden y pagar las deudas del gobierno anterior. En comparación con el gobierno de Mario Abdo Benítez, los números son mucho mejores, estamos trabajando con planes sociales gigantescos, como Hambre Cero, Tekoporã, la pensión universal para los adultos mayores".

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Las afirmaciones del inminente estallido social fue lanzada por el aspirante de la disidencia colorada a presidente de la República, Arnoldo Wiens, en el marco de la puja electoral desatada por los comicios municipales de este 2026 y las generales del 2028. “El gobierno de Peña tiene números irrefutables, extraordinarios, que no se pueden tapar con el dedo”, dijo.

A la campaña de desprestigio se suma el intento de instalar una supuesta fisura dentro del movimiento Honor Colorado, principalmente entre el líder y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, Peña y el segundo del Ejecutivo, Pedro Alliana.

“No existe ninguna fisura dentro de Honor Colorado, debemos recordar que el 70 % de la dirigencia está dentro del movimiento y es normal de que algunos actores estén buscando alguna participación, dando opiniones. Esto es algo que se quiere instalar desde los medios de comunicación, la disidencia y la oposición, pero nosotros estamos firmes y trabajando para seguir llevando más beneficios a los distintos puntos del país.

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Últimamente los parlamentarios opositores y algunos de sus amigos de la disidencia colorada se enfocan más en ser periodistas, investigadores y hasta actúan de jueces de sus adversarios políticos antes que legislar en beneficios de la gente.

Viven tratando de pillar los errores de sus rivales como caballito de batalla diario ocupando así el tiempo en sus revanchismos para ganar espacio en los medios amigos.

Los opositores no bajan el dedo acusador para apuntar y señalar culpables que no son de su agrado. Sin embargo, apuntan hacia sus adversarios, sus filas apañan a personajes que se han burlado de la Justicia, sindicados y vinculados a narcos, abusadores de la cosa pública y hasta políticos que vendieron bienes públicos para financiar un curul en el Senado.

Es intolerable ver que ante el silencio de los oficialistas cómo prima el descaro de varios villanos disfrazados de “héroes”, que en el Congreso desarrollan una oratoria contra la corrupción y la impunidad al mero efecto teórico porque en la práctica son peores que sus denunciados favoritos.

Sin ninguna intención de defender a impresentables que hay en distintas carpas, los recientes “adjudicados” en la intensa campaña –más de odio y desprestigio que de una preocupación por la institucionalidad– son el exsenador Javier Vera y el senador Hernán Rivas. La persecución inmisericorde por la duda de un título de carrera y la adjudicación de un techo no dejan dormir a los opositores y sus aliados mediáticos.

Titulares y refritos amanecen con los nombres de los mencionados y otros colegas que no gozan de la simpatía de quienes fungen ser propietarios de la moralidad, mientras cargan con oscuros antecedentes en los que no demostraron piedad por la cosa pública.

Yolanda Paredes hace retumbar las paredes del Congreso Nacional con discursos que en la teoría desprecian la inmoralidad, el despilfarro, la falta de transparencia, los privilegios desmedidos, la corrupción, etc. Fue la propulsora de un juicio político para sacar del cargo a su excolega Javier Vera al que denunció como beneficiario de privilegio de un departamento gestionado por el Estado.

Paredes quiso sacar a un colega suyo por acceder a un departamento de un programa estatal. Sin embargo, después se supo, y con documentos, que ella se había quedado con una casa propiedad de la Itaipú en condiciones poco claras, que terminó vendiendo para financiar su campaña política.

Si lo que hizo Paredes fuera obra de un oficialista ya habría sido lanzado a la hoguera, pero los suyos y la prensa amiga de inmediato, antes que asumir los hechos, acudieron a la vieja estrategia de la persecución política por la denuncia realizada.

Como Paredes, hay varios opositores y amigos con serias denuncias en su contra, pero que no tienen destaque mediático y se arrastra en medio de un silencio cómplice, una hipocresía que ofende a los ciudadanos de bien.

El caso del senador Líder Amarilla, cuyo nombre se repite varias veces como padrino de funcionarios detenidos y presos por casos de narcotráfico esquematizado en su momento en el aeropuerto Silvio Pettirossi.

Lejos de aclarar, el padrinazgo y la recomendación de quien se fue con una misión clara de articular el ilícito, el parlamentario no dudó en arremeter contra el fiscal en un abierto amedrentamiento en la labor de investigador del agente del Ministerio Público.

Pero, estos casos no caen en el discurso de la presión política a la Justicia que tanto gusta a los opositores, y mucho menos a la prensa cómplice.

Ninguno de los opositores –autopercibidos honestos y defensores de la ética– salió a mencionar siquiera la necesidad de una aclaración del caso de Líder Amarilla.

La imputación y el pedido de desafuero del diputado Walter García, amigo del exintendente destituido por corrupción Miguel Prieto, tampoco es libreto de campaña anticorrupción. El diputado García está imputado por lesión de confianza ya que, según la Fiscalía, cuando fue presidente del consejo local de Salud estuvo involucrado en caso de pago por obras no realizadas y otros.

Casos como los mencionados y de otra índole como la gran tragada de Rafael Filizzola con las comisarías de “oro”, la compra de helicópteros con un perjuicio de G. 5.000 millones, de los que salió impune gracias a un proceso dilatado con chicanas, existen cientos más.

Sin embargo, pasan desapercibidos para la oposición, mientras en sus filas se guarecen impresentables con oscuros antecedentes.

La ciudadanía debe diferenciar muy bien a los políticos con doble moral y dejarlos desprovistos de voto ya que con la indignación selectiva se constituyen en cómplices de quienes deben afrontar las consecuencias de sus malos actos.

La cantidad de trabajadores que perciben ingresos por debajo del salario mínimo se redujo en 76.200 personas en los últimos años. Mientras tanto, el número de quienes hoy ganan al menos el salario mínimo aumentó en un 34 %, según datos presentados por la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, en Universo 970 AM/Nación Media.

Estos indicadores forman parte de un análisis realizado por el Ministerio de Trabajo sobre la evolución del salario mínimo desde 2017 hasta la actualidad. La meta es disponer de insumos técnicos para establecer los cambios que se harán en el mecanismo de reajuste salarial y poder cuantificar el impacto real que esto tendrá sobre los ingresos de la población.

Según explicó Recalde, la reducción de trabajadores por debajo del salario mínimo refleja que más personas lograron alcanzar ese umbral de ingresos, lo que permite dimensionar el efecto de las políticas laborales y del crecimiento económico en el mercado de trabajo.

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A partir de estos datos, el gobierno evalúa distintas alternativas para modificar la fórmula de ajuste, que actualmente se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Entre las propuestas se encuentra incorporar el crecimiento económico o analizar mecanismos complementarios que permitan recuperar el poder adquisitivo de forma más efectiva.

También se plantea la posibilidad de establecer salarios mínimos diferenciados por sector o región, considerando que el costo de vida y la capacidad de compra no son iguales en todo el país. Esta opción se encuentra en discusión junto con el sector empresarial y los trabajadores.

La ministra advirtió que el debate no debe centrarse únicamente en el porcentaje de aumento, sino en el efecto real que tendrá en los ingresos. “No se trata solo de recuperar la pérdida del poder adquisitivo, sino de lograr que el salario alcance”, señaló.

En ese sentido, remarcó que el ajuste del salario mínimo no puede analizarse de forma aislada. Indicó que existen otros factores que afectan el ingreso disponible, como el alto nivel de endeudamiento de las familias y los descuentos legales que pueden alcanzar hasta el 50% del salario.

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