Las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación; y la de Justicia de la Cámara de Diputados dieron su conformidad al proyecto de Ley que plantea modificaciones de varios artículos de la Ley N° 1.160/1997 - Código Penal de la República del Paraguay; y leyes modificatorias”; con el objetivo de establecer la imprescriptibilidad en hechos punibles contra el patrimonio del Estado.
Al respecto, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, diputado Roberto González explicó que esta iniciativa busca ampliar los plazos de prescripción de la acción penal para delitos cometidos por funcionarios públicos.
Mencionó que se focaliza en el endurecimiento de las penas, la ampliación del universo de tipos penales, la extensión de los plazos para la prescripción de la acción penal, y el endurecimiento de los criterios de medición de la pena para los delitos de corrupción pública y privada, con énfasis en la corrupción cometida por funcionarios públicos.
Aceptan modificaciones
Durante el análisis, los miembros acordaron allanarse a las modificaciones de la Comisión de Legislación y Codificación, comenzando en el mismo acápite, que quedaría en: “Que modifica y amplía el artículo 102 de la Ley N° 1.160/1997 - Código Penal; modificado por el articulo 1° de la Ley N° 3.440/08, que modifica varias disposiciones de la Ley N° 1.160/97 - Código Penal”.
En el artículo 3° se establece que serán imprescriptibles, además de los hechos punibles previstos en el artículo 5° de la Constitución, todos los hechos punibles contra el patrimonio del Estado.
De acuerdo a la exposición de motivos, la propuesta es una clara señal institucional en el sentido de buscar la preservación del pacto social originario que exige la vigencia de la legalidad, la democracia y el Estado de derecho.
Otros asuntos tratados
Por otra parte, los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales resolvieron aconsejar la postergación del análisis del proyecto de ley “Que modifica los artículos 6°, 136° y 305° de la Ley N° 1.286/98 - Código Procesal Penal”, cuyo debate está previsto para la sesión ordinaria de este miércoles.
La propuesta será tema central de una audiencia pública a ser organizada próximamente, a fin de discutir a profundidad los alcances del proyecto, según adelantaron. “Podría ser una manera de descongestionar los penales y, por otro lado, refiere a derechos humanos fundamentales”, señaló el titular de comisión, sobre el punto.
“Un individuo denunciado es investigado muchas veces durante dos o tres años y no puede ejercer su defensa porque no tiene imputación; pero resulta que venía siendo investigado por años y violentando su derecho fundamental de defensa”, esgrimió.
La iniciativa busca introducir modificaciones, específicamente, en los artículos que regulan la “inviolabilidad de la defensa”; la “duración máxima del procedimiento”; y la “desestimación”.
Así también, pretende que toda persona tenga derecho a una resolución judicial definitiva en un plazo máximo de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento para los hechos de acción penal pública. Habla de un año y seis meses para los hechos punibles de acción penal privada.