Luego de escuchar los diferentes argumentos y posturas de las distintas bancadas, el plenario de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el pedido de acuerdo constitucional para dar intervención a la Municipalidad de Asunción, cuya gestión está a cargo del intendente colorado Óscar “Nenecho” Rodríguez. El registro del voto electrónico marcó un total de 74 votos a favor y 1 voto en blanco.

En este caso, incluso la bancada oficialista estuvo de acuerdo en que se lleve adelante esta intervención, reconociendo la predisposición del jefe comunal de la capital, quien manifestó ante la comisión especial que estudió el pedido presentado por el Poder Ejecutivo a petición de la Contraloría General de la República, su voluntad de ponerse a disipación a fin de aclarar cualquier duda que exista y desmentir aquellas que considera falsas en su contra.

Al respecto, el diputado Rodrigo Gamarra, quien presidió la comisión especial que analizó el pedido, defendió el trabajo que llevó adelante esta mesa que emitió un único dictamen por la aprobación.

Destacó que se realizó un trabajo serio y transparente, con compromiso institucional, dejando de lado cualquier tipo de presión externa. Señaló que las sesiones que llevaron adelante fueron públicas y abiertas con total acceso a la ciudadanía.

Informó que recibieron en audiencia tanto al contralor general Camilo Benítez, a los concejales municipales y al propio intendente Oscar Rodríguez, que acudió con su equipo técnico y jurídico, valorando su completa predisposición y apertura a formar parte del proceso de evaluación de su gestión.

No obstante, sostuvo que luego de escuchar todas las voces, y analizar los documentos consideraron que es necesario un análisis mas profundo. “Una intervención administrativa no debe entenderse como una condena, sino como una herramienta prevista por la ley para esclarecer con mayor amplitud y sin restricciones de tiempo ni de forma, las observaciones señaladas. Por ello aconsejaron la aprobación de la intervención”, expresó.

A su turno, el diputado colorado Esteban Samaniego pidió disculpas a la ciudadanía, por tanta incoherencia en una sola sesión de la Cámara Baja. Teniendo en cuenta que solo minutos antes, cuando se trató el pedido de intervención de Ciudad del Este, se dijo que la intervención es inconstitucional, que no es válida que tiene vicios de origen. “Pero ahora en este punto, cuando el intendente ya no pertenece a la oposición, sí corresponde la intervención”, cuestionó.

En tanto, el legislador Derlis Rodríguez indicó que la intervención estatal no quebranta ni violenta la autonomía del municipio, sino que por el contrario, robustece, porque ayuda a corregir las cosas. Explicó que la auditoría es una ciencia exacta, que ayuda a dar claridad cuando existen dudas sobre una gestión ya sea municipal o de gobernaciones.

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El diputado Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados, aseguró la participación del oficialismo en el tratamiento de los pedidos de intervención de las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este en la sesión extraordinaria que fue convocada para este miércoles a las 10:00.

“Yo voy a estar en el tratamiento de ambas intervenciones y el movimiento Honor Colorado no tiene la posición de abandonar ni dejar sin cuórum ninguno de los dos tratamientos”, afirmó el legislador ante la prensa, antes de ingresar a la sala de sesión, así como luego de la reunión que celebró su bancada en el Congreso.

Diputados conformó dos comisiones especiales tras el pedido remitido por el Poder Ejecutivo a partir de un informe de la Contraloría General de la República (CGR) que señala graves irregularidades en las gestiones del asunceno Óscar Rodríguez y el esteño Miguel Prieto. Ayer hubo dictamen favorable por unanimidad para Asunción; mientras que la comisión de CDE tuvo dictamen mayoritario por la intervención con cinco votos.

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“Hemos tenido todos los insumos con la visita del contralor y el intendente, hemos tenido buenas audiencias, se han hecho todas las preguntas, se han evacuado todas las dudas, y creímos pertinente elevar esto al plenario de la Cámara de Diputados porque creemos que hay indicios relevantes que ameritan una intervención”, explicó el diputado Alejandro Aguilera, quien presidió la comisión de intervención en Ciudad del Este.

Por su parte, el diputado Rodrigo Gamarra, que encabezó el equipo para Asunción, dijo: “El resultado, el dictamen no significa ningún tipo de condena política, mucho menos personal, ni siquiera tampoco de veredicto o sentencia final de lo que pueda llegar a ocurrir en el plenario el día en que se tenga que votar el pedido de intervención, pero sí, hoy en unanimidad de los presentes hemos decidido acompañar el pedido de intervención a la Municipalidad de Asunción”.

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La comisión especial de Asunción estuvo integrada por: Rodrigo Gamarra (ANR-Central), Cristina Villalba (ANR-Canindeyú), Néstor Castellano (ANR-Central), Carlos Núñez Salinas (ANR-Central), Bettina Aguilera (ANR-Alto Paraná), Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), Johanna Ortega (PPS-Capital), Leidy Galeano (Yo Creo-Central), Rocío Vallejo (PPQ-Capital).

La comisión especial para CDE contó con: Alejandro Aguilera (ANR-Guairá), Jorge Barresi (ANR-San Pedro), Avelino Dávalos (ANR-Caazapá), Hugo Meza (ANR-Cordillera), Arturo Urbieta (ANR-Concepción), Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro), Cleto Giménez (PLRA-Canindeyú), Carlos María López (PLRA-Cordillera), Walter García (Yo Creo-Alto Paraná).

La Comisión de Inter­vención de la Munici­palidad de Asunción dictaminó por unanimidad a favor de la intervención de la administración capi­talina. La decisión legisla­tiva fue tomada ayer tras la reunión con los conceja­les municipales; la semana pasada también fueron reci­bidos el contralor general de la República, Camilo Benítez, y el intendente de Asunción, Óscar Rodríguez.

“El resultado, el dictamen no significa ningún tipo de con­dena política, mucho menos personal, ni siquiera tampoco de veredicto o senten­cia final de lo que pueda lle­gar a ocurrir en el plenario el día en que se tenga que votar el pedido de intervención, pero sí, hoy en unanimidad de los presentes hemos deci­dido acompañar el pedido de intervención a la Municipa­lidad de Asunción”, señaló el diputado Rodrigo Gamarra, el presidente de la comisión especial.

Indicó que la decisión de los miembros de la comisión fue tomada tras realizar audien­cias con las partes afectadas, que dieron sus argumenta­ciones sobre los aspectos referidos en el informe elabo­rado por la Contraloría Gene­ral de la República (CGR).

“Se escucharon a todas las partes, primero a la Contra­loría, después vino el inten­dente con su equipo de tra­bajo, el cual hay que resaltar que denotaba bastante cono­cimiento y claridad de lo que es una administración muni­cipal”, señaló Gamarra ante la prensa en el Congreso. “Nos explicaron bastante bien todos los procesos por los cuales les llevó a incurrir en tal o cual decisión, motivo de cuestionamiento de la Con­traloría. Para cerrar el ciclo, hoy también (se recibió) a los concejales municipales”.

Así también, el diputado Gamarra sostuvo que con la intervención se podrán acla­rar con más detalles las irre­gularidades apuntadas en contra del intendente en el periodo que dure la interven­ción, que serán de 90 días, si se aprueba por el pleno de la Cámara de Diputados.

“El criterio de cada miem­bro de la comisión y más bien por preservar lo institucio­nal, respetar los canales que tenemos en la República del Paraguay, empezando por la Contraloría, y yo creo tam­bién para darle derecho a la defensa al intendente muni­cipal porque en una intervención va a poder él aclarar todas las dudas que se tenga y poder demostrar con mayor claridad y mayor tiempo eso que vino a explicarnos en la comisión”, sentenció.

La Comisión de Intervención de Asunción fue integrada por los diputados Rodrigo Gamarra (ANR-Central), Cristina Villalba (ANR-Canindeyú), Néstor Castellano (ANR-Central), Carlos Núñez Salinas (ANR-Central), Bettina Aguilera (ANR-Alto Paraná), Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), Johanna Ortega (PPS-Capital), Leidy Galeano (Yo Creo-Central), Rocío Vallejo (PPQ-Capital).

El programa “Fuego cruzado”, emitido este domingo pasado por el canal GEN/Nación Media, fue escenario de debate en torno al requerimiento de intervención a las municipalidades de Asunción, a cargo del intendente Óscar Rodríguez, y de Ciudad del Este, liderado por el dirigente opositor Miguel Prieto.

La solicitud formulada por la Contraloría General de la República (CGR), el pasado 16 de mayo, a través del Poder Ejecutivo, fue defendida por su director de Auditoría Forense, Leandro Villalba, quien sostuvo que “en el caso de la municipalidad de Ciudad del Este estamos hablando de fallas sistémicas, en varias áreas de la gestión municipal. Por ejemplo, en el examen documental acerca de los gastos de capital del 2019-2022, se consta que la municipalidad no proveyó documentos de respaldo por erogaciones superiores a los G. 42.000 millones", refirió.

Villalba recordó que la Ley Orgánica Municipal establece claramente la obligación de los municipios de tener sus documentos contables y sus respaldos al día y de ponerlos a los órganos de control cuando éstos los requieran. “Prieto apenas ha enviado aproximadamente un 9 % de toda la documentación de la cuenta que fue auditada en esa oportunidad. Este es un hecho claramente gravísimo“, indicó.

El director de auditoría dijo que lo mismo sucede con la administración de Rodríguez. “Ambos utilizan el discurso, dicen que tienen todos los documentos, pero no remitieron a la Contraloría, por lo cual no podemos hacer ninguna apreciación al respecto de dónde están finalmente esos documentos. Ambos dicen que mandaron camiones y biblioratos de documentos a la Fiscalía, pero eso no es cierto. A la institución de control es a quien hay que mandarle todos los documentos para que se haga la revisión correspondiente”, manifestó.

Señaló que entre las graves inconsistencias detectadas en la gestión de Prieto, guarda relación con el manejo de las transferencias. “Se hacían por ejemplo transferencias por G. 800 millones a comisiones para la construcción de pozos y los beneficiarios cobraban los cheques de los desembolsos y luego se firmaban los documentos como los contratos y las adjudicaciones. Puntualmente en un caso detectamos que allá por el 18 y 17 de marzo del 2020, se hacían las transferencias, siendo que el 16 de marzo ya la presidencia de la República decretó el cierre total de las actividades, salvo las obras que ya estaban en ejecución", dijo.

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Añadió que otro hecho grave en relación a la gestión de Prieto, se centra en las contrataciones. “Por ejemplo, el caso de Tía Chela, que como pudimos apreciar, competían con otras empresas que no tenían la capacidad suficiente para proveerle alimentos y otras cosas a la Municipalidad y eran parientes entre sí o parece haber parentesco entre las empresas que compitieron. Es decir, no se fueron a pedirle presupuesto a un gran supermercado ciudad del este, sino a una pequeña oficina y eso generó después una investigación también por parte del Ministerio Público”, comentó.

Villalba afirmó que también la CGR detectó inconsistencias en todo lo que tiene que ver con el balance administrativo de la Municipalidad de Ciudad del Este. “Ellos mismos admiten que la municipalidad tiene graves inconsistencias en la exposición de su balance y en la gestión de sus cuentas”, puntualizó.

Agregó que otro hecho grave guarda relación con casos de nepotismo, por más que no este citado como una causal en el pedido de intervención a la gestión de Prieto. “En el requerimiento hacemos referencia y traemos a colación esta serie de denuncias ciudadanas”, puntualizó.

Siguió sosteniendo que “tanto las autoridades de Ciudad del Este como de Asunción utilizan una defensa similar. Ellos tratan de defender que supuestamente aquí no existiría un hecho penal y por tanto no corresponde la intervención, pero este argumento es falso, porque sí puede comprometer el patrimonio público e implicar el quebrantamiento de normas penales. De hecho, ambos intendentes están imputados por lesión de confianza, sobre ambos pesan muchísimas denuncias".

En lo que respecta a la municipalidad de Asunción, Villalba señaló que el principal hecho grave radica en el uso de dinero provenientes de bonos y préstamos para el pago de salarios o gastos corrientes.

“Hay que hacer un poco de historia y señalar que la municipalidad ya hace rato viene manejándose con déficit enormes en relación a lo que gasta, muy por encima de lo que recauda. Y además se presenta la necesidad de inversión en obras. Entonces, a partir de allí es que se empezó a utilizar el crédito. Ahora, ¿este crédito lo puede usar la Municipalidad? Sí lo puede usar, pero no lo puede usar, según la Ley Orgánica Municipal, para destinarlo a gasto corriente. El artículo 197 de la Ley Orgánica Municipal le prohíbe a la municipalidad hacer uso de los recursos de crédito público para destinarlo a deuda", mencionó.

Villalba continuo argumentando que “lo que está haciendo la Municipalidad de Asunción de manera bastante peligrosa es decirle a los bonistas ‘hola, yo quiero plata, quiero que por favor me den recursos para construir obras’, pero luego engañando a los bonistas, toma el dinero, lo lleva a la llamada cuenta única, mezcla los recursos y destina esos recursos a lo que quiere el municipio”.

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