Durante la reunión del Consejo de Ministros, liderado por el presidente de la República, Santiago Peña, el titular de la cartera de Justicia, Ángel Ramón Barchini manifestó que continúa firme la iniciativa de descomprimir las penitenciarías del país, separando a los reos condenados de los procesados.
“Todo lo que ocurre en la inseguridad nacional se pergeña (dispone) en un gran porcentaje en las cárceles, que estuvieron abandonadas a libre arbitrio durante años para las bandas criminales. Este mes de mayo, en el mes de la patria, por primera vez en la historia del Paraguay, haremos justicia con las personas privadas de libertad”, sostuvo.
Barchini detalló que a más tardar en la quincena de mayo se concretará el traslado de los presos condenados a la nueva cárcel de Minga Guazú, anunciada como la nueva penitenciaría de alta seguridad.
Agregó que estará bajo el control de los nuevos agentes penitenciarios formados con la colaboración del Ministerio de Defensa Nacional, bajo una estructura militar, disciplinada.
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“Seguimos en una lucha frontal que no tiene pausas. No hay días feriados en donde no se esté preparando en los 18 centros penitenciarios, golpes contra la seguridad de nuestro país”, dijo.
A la vez, solicitó al mandatario un fuerte respaldo del Ejecutivo para la concreción de la aprobación en el parlamento de dos proyectos de leyes claves para la transformación del sistema penitenciario.
El ministro citó la propuesta denominada “Orgánica Penitenciaria” que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y el proyecto que establece un régimen especial de máxima seguridad en las cárceles para criminales de alta peligrosidad, pendiente de tratamiento en el Senado.
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Tercer caso de Prieto: suman siete los procesados con suspensión condicional tras admitir hechos de corrupción
El juez Humberto Otazú otorgó la suspensión condicional del procedimiento a Cinthia Noelia Alén Guerrero, quien admitió su complicidad en el delito de lesión de confianza. El caso también involucra al exintendente Miguel Prieto por el pago de obras inexistentes, financiadas por el Consejo Local de Salud de Ciudad del Este, lo que ocasionó un perjuicio de G. 757 millones.
Tras la admisión de los hechos, el magistrado resolvió aplicar la salida procesal. Alén Guerrero deberá abonar la suma de G. 50 millones como reparación del daño social en un plazo de 10 días hábiles, una vez que la resolución quede firme.
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El dinero será destinado a la Municipalidad de Ciudad del Este. La defensa de la procesada se allanó al pedido de suspensión formulado por los fiscales Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimy Adle.
Semanas atrás, durante una audiencia preliminar, otros seis procesados también admitieron los hechos de corrupción ante el juez Otazú, devolvieron un total de G. 300 millones y obtuvieron el mismo beneficio.
Los procesados que recibieron la suspensión son: Lucía Lisboa (exsecretaria del Consejo de Salud), Salem Esgaib Zugaib (extesorero), y Karen González, Fredy Guzmán, Sonia Barrios y Hugo Benítez.
El juzgado estableció reglas de conducta que deberán cumplir por el plazo de un año, incluyendo la donación de G. 50 millones cada uno como reparación del daño. Además de Miguel Prieto, otras dos personas siguen acusadas en la causa.
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Digitalizan solicitudes de traslados internacionales de condenados paraguayos
La Dirección General de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (DGTIC) de la Corte Suprema de Justicia informó sobre la puesta en marcha gradual de un nuevo procedimiento para gestionar de manera digital las solicitudes de traslados internacionales de personas condenadas.
El nuevo procedimiento permitirá gestionar de manera digital estas solicitudes de paraguayos que manifiesten expresamente su intención de cumplir el resto de sus condenas en la República del Paraguay.
El Poder Judicial puso en vigencia la digitalización de las solicitudes de traslados internacionales de paraguayos condenados en el extranjero, iniciativa orientada a modernizar y agilizar la gestión de estos procedimientos y facilitar la tramitación de los pedidos de traslado conforme a las normativas que regulan la materia.
El procedimiento contempla los casos de ciudadanos paraguayos condenados en el extranjero que soliciten cumplir el resto de sus condenas en Paraguay, así como los de personas extranjeras condenadas que requieran su traslado a su país de origen, siempre de acuerdo con los requisitos y disposiciones legales correspondientes.
La iniciativa estuvo a cargo de las magistradas de los Juzgados de Ejecución Penal, Luz Bogarín y Sandra Kirchhofer, en coordinación con la Dirección de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional, bajo la dirección de la abogada Mónica Paredes. Además participaron los jefes de la citada dirección abogada Alejandra Pistilli y el licenciado Juan Jim Zaracho. Por parte del Ministerio de Justicia, intervino el director de Asuntos Internacionales, licenciado Sergio González Velilla.
Implementación gradual
El nuevo procedimiento será implementado de manera gradual y en esta primera etapa, su ámbito de aplicación comprenderá exclusivamente a los Juzgados Penales de Ejecución de Sentencias de la Capital, para los casos vinculados con ciudadanos paraguayos que soliciten cumplir el resto de sus condenas en el país y con extranjeros condenados que requieran su traslado a su país de origen.
Posteriormente, y conforme avance el proceso, la aplicación se extenderá progresivamente a las demás Circunscripciones Judiciales y a otros procesos vinculados con la gestión de la Dirección de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional.
El objetivo final es avanzar hasta alcanzar la digitalización integral de los procedimientos que actualmente se encuentran bajo competencia de dicha Dirección y que aún se tramitan en formato papel.
Cabe destacar que, con la digitalización de los traslados internacionales, la citada Dirección podrá obtener con mayor facilidad las estadísticas relacionadas con estos procedimientos, facilitando el acceso, registro y seguimiento de la información.
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Ministro de Justicia defiende rápida asistencia médica a Hugo Javier y rechaza rumores
El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, defendió el trabajo realizado por el personal de sanidad y guardias de la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza (UPIE) para socorrer al exgobernador de Central, Hugo Javier González, en la noche del domingo 6 de setiembre, tras el incidente que lo dejó con graves heridas a nivel craneoencefálico. El alto funcionario aseguró que se actuó con rapidez para asistir y derivar al paciente a un centro de mayor complejidad.
“Está a la vista, se tardó aproximadamente 20 minutos entre que se toma conocimiento del hecho, transcurre menos de 60 segundos en que se abre la celda y se constata la situación de Hugo Javier y a los 5 minutos ya teníamos a tres personales de salud atendiendo a Hugo Javier, ya sentándolo en la silla de ruedas para no movilizarlo y remitirlo al Centro de Salud”, dijo Nicora este jueves a los medios de prensa.
Aseguró que todo el personal obró bien y estuvo a la altura de las circunstancias. “No se perdió tiempo esperando una ambulancia porque se consideró que él necesitaba una atención urgente, entonces se tomó la decisión de trasladarlo en la menor cantidad de tiempo posible, tal es así que las 11:12 se toma conocimiento del hecho y las 11:30 él estaba camino al Hospital de Barrio Obrero”, apuntó.
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Así también resaltó que cada una de las personas que estuvieron involucradas están documentadas y presentadas, y también recabadas por el Ministerio Público. En este sentido, citó a todo el personal involucrado en la asistencia inmediata al paciente en ese momento.
“Haciendo un recuento rápido, no tengo un número exacto, pero tenemos a los dos jefes de guardia que son los primeros que acuden, la persona privada de libertad, después viene el personal de sanidad, ahí ya son seis personas, después ya vienen dos agentes penitenciarios más a acompañar, y cuando ya bajan a la sanidad existen otras dos personas más, más el personal del móvil del traslado. Estamos hablando de aproximadamente de 15 a 16 personas”, detalló el ministro.
Respetar el trabajo fiscal
Por otra parte, el titular del Ministerio de Justicia pidió respetar el trabajo de investigación que está realizando el Ministerio Público sobre lo que ocurrido con Hugo Javier González. Sostuvo que no se pueden sacar conclusiones de manera acelerada por la complejidad del caso.
“Nada está cerrado al 100 %, lo que nosotros pedimos desde la institución del Ministerio de Justicia es dejar que el Ministerio Público haga su trabajo y tener la paciencia necesaria, porque la complejidad de estos casos sacar una conclusión pasada las 48 o 72 horas”, señaló.
También manifestó que existe una gran confianza en que Hugo Javier se pueda recuperar y tener de primera mano los detalles de lo ocurrido, y con eso cerrar todas las dudas que se dieron en medio del debate de las circunstancias en que sufrió los golpes.
“Sí ya se tiene indicios de lo que pudo haber ocurrido, pero nosotros como institución responsable no vamos a sacar ninguna conclusión hasta que el caso esté cerrado, y creemos, confiamos en que Hugo Javier se va a recuperar, y esperemos que él también pueda dar su versión en primera persona de qué fue lo que ocurrió, confiamos en que así va ser”, apuntó.
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Ministro Nicora explica en Diputados el episodio que afectó a Hugo Javier
La Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, recibió al ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, para analizar el episodio que afectó recientemente al exgobernador del Departamento Central, Hugo Javier González. El titular de dicha cartera brindó detalles de las condiciones de seguridad en el sistema penitenciario.
Los miembros de esta mesa asesora formularon consultas sobre las circunstancias en que se produjo el episodio que afectó gravemente al exgobernador y respecto a los procedimientos aplicados posteriormente para la asistencia y traslado a un centro hospitalario, desde el penal “La Esperanza”.
El diálogo se centró, en las condiciones de seguridad existentes en los establecimientos penitenciarios y los protocolos para responder a situaciones de emergencia, con especial énfasis en la necesidad de contar con mecanismos de respuesta adecuados y una atención oportuna.
Al respecto, el ministro Nicora se refirió a las supuestas amenazas contra Hugo Javier González e indicó que el Ministerio de Justicia no cuenta con información al respecto. Expuso los procedimientos aplicados tras el incidente y las acciones desarrolladas para asistir y trasladar al exgobernador a un centro hospitalario.
Esta comisión asesora es presidida por Yamil Esgaib, quien destacó la importancia de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema penitenciario ante este tipo de situaciones. Estuvo acompañado de sus colegas colorados Alejandro Aguilera y Daniel Centurión, quien es vicepresidente del referido bloque de asesoramiento de la Cámara Baja.
“Creo que hubo una intervención inmediata, pero lo ideal es que cada penitenciaría tenga ambulancias a disposición. El protocolo para casos en los que se produzcan hechos como este debe contar con información o mapeo de los hospitales cercanos al lugar de reclusión”, sostuvo.
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