El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, realizó un informe en conferencia de prensa sobre el operativo Umbral 3.5 que se desarrolló entre la noche de ayer domingo y las primeras horas de este lunes, en el cual fueron trasladados más de 600 reos con condena firme del Centro Nacional de Prevenidos (ex Tacumbú) a otros centros penitenciarios.

“Hoy queremos anunciar queremos anunciar la culminación del operativo Umbral 3.5, que es la continuidad del operativo 3.0, que consistió en la reconversión de la ex Penitenciaría Nacional de Tacumbú al nuevo Centro Nacional de Prevenidos”, informó el secretario de Estado.

“En la fecha de hoy y ayer domingo fueron trasladadas en total 618 personas privadas de libertad, tanto del Centro Nacional de Prevenidos a ‘Martín Mendoza’ de Emboscada, como de Ciudad del Este a la penitenciaría Centro de Reinserción Social de Minga Guazú”, agregó.

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“Este operativo conlleva el gran trabajo articulado, desde una política del Gobierno, a través del Consejo de Defensa Nacional, y tanto la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas de la Nación con el Ministerio de Defensa, involucrados en estos operativos que ya nos tiene acostumbrados a esa coordinación entre las fuerzas y los resultados previstos”, resaltó Nicora.

En el marco de este trabajo conjunto “fueron empleados 24 ómnibus de traslado para este operativo, 420 agentes de la Policía Nacional, 182 agentes de las Fuerzas Armadas de la Nación y 137 funcionarios administrativos de seguridad del Ministerio de Justicia”, de acuerdo al informe del ministro de Justicia.

“Con este nuevo operativo podemos concluir que finalmente, tanto el Centro Nacional de Prevenidos como la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este cuentan exclusivamente con personas procesadas y ya la penitenciaría regional de centro de reinserción Minga Guazú cuenta con casi el 90 % de su capacidad y en Martín Mendoza se encuentra ya a un 80 % de su capacidad. Con todos estos traslados que responden a un nuevo modelo de gestión penitenciaria, pero que se enmarca en los programas de seguridad del Gobierno nacional”, resaltó el ministro.

Puntualizó que el traslado de las personas privadas de libertad hace parte de la política e seguridad del Gobierno nacional, encabezado por el presidente Santiago Peña. “Este resultado tiene para la ciudadanía mayor seguridad, mayor control, y también de esta forma, al reordenar el sistema penitenciario podemos ejercer de mejor manera los programas de reinserción social y también separar aquellos altos perfiles que no quieren reinsertarse a la sociedad con toda la fuerza y toda la firmeza del Estado paraguayo”, sentenció.

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El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, confirmó que, en coordinación con el ministro de Defensa, Óscar González, se dispondrán de herramientas para el derribo de drones ante el episodio registrado ayer miércoles en la penitenciaría de Minga Guazú (Alto Paraná), que derivó en una requisa por la vulneración que podría representar para la seguridad del recinto penitenciario.

“En horario de la tarde de ayer, entrando ya a la noche, recibí el reporte del director general de Establecimientos Penitenciarios donde mencionaba el reporte del avistamiento de un dron sobrevolando la penitenciaría de Minga Guazú en el sector donde están los módulos 7 y 8, que son de alta y máxima seguridad”, expuso Nicora, este jueves, en entrevista al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Ante esta situación, el ministro de Justicia solicitó la cooperación de las Fuerzas Armadas para la utilización de elementos especializados para el derribo de los artefactos que sobrevuelan el perímetro de las penitenciarias.

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“Tenemos dos trabajos, todo parte en base a la Ley de emergencia penitenciaria, que es una herramienta que nos sirve mucho para trabajar con las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas de la Nación tiene un equipamiento antidrón y tuve una conversación con el ministro Óscar González, ya solicité contar con ese equipamiento, ese complemento de las Fuerzas Armadas”, detalló el titular de la cartera.

Explicó que desde el Ministerio de Justicia no cuentan con estos elementos específicos y el personal capacitado para su uso por lo que solicitó la cooperación del Ministerio de Defensa y a partir de ahora se podrá contar con el antidrón.

“El sobrevuelo de un dron puede ser para recabar información, puede ser también para entregar elementos prohibidos, sustancias prohibidas, como también armas, entonces estamos hablando de una cuestión de seguridad muy importante dentro del sistema. Aquí lo que se entiende es que se puede estar recabando información de infraestructura, ubicaciones, los movimientos, qué tipo de personal está, qué cantidad, en qué horarios”, explicó Nicora.

El sobrevuelo del dron se registró en módulos donde se encuentran personas privadas de libertad (PPL) con perfiles de mediana y alta peligrosidad, en su mayoría integrantes de una organización criminal brasileña Primer Comando de la Capital (PCC).

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Los reclusos eran “torturados y golpeados”. María Eugenia Durán denuncia los tratos despiadados que, según le contó su esposo, recibían los presos de una cárcel del oeste de Venezuela antes de amotinarse el domingo. La revuelta estalló en un centro para presos comunes del estado de Barinas. Cientos treparon hasta el techo de la prisión y colgaron pancartas con mensajes como “SOS” y “No más tortura”, según observaron periodistas de la AFP.

Varios de ellos con el rostro cubierto incendiaron colchones y sábanas. Durán, de 48 años y esposa de un hombre preso hace cuatro años, dijo a la AFP que la razón que detonó la protesta es que los reos “fueron torturados, golpeados”. Las prisiones en Venezuela son objeto de constantes denuncias por condiciones de hacinamiento, conflictos violentos entre la población carcelaria y los custodios, y el control que ejercen grupos delictivos.

Esta cárcel de Barinas tiene una población de 1.200 hombres y poco más de 100 mujeres, aunque su capacidad es sólo para 450 personas, según la oenegé Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). Ansiosos, decenas de familiares permanecieron todo el día en las inmediaciones de la cárcel, mientras veían a varios autobuses salir del penal para reubicar a los reclusos en otras prisiones.

“Queremos un listado de nuestros familiares” trasladados, demandaban a uno de los mandos militares en el lugar, ante la falta de claridad en el proceso. El militar dijo que los presos decidieron voluntariamente si querían o no ser llevados a otra prisión. Las autoridades no han ofrecido un balance sobre el motín ni confirmado si ya retomaron el control del penal.

El director de la cárcel, Elvis Macuare Guerrero, fue destituido tras la rebelión de los reclusos, confirmó un funcionario a la AFP. La oenegé indicó que desde que Macuare asumió el cargo hace una semana, los reos fueron objeto de “golpizas y torturas”. Además de que “presuntamente han sido sometidos a requisas violentas, durante las cuales les destruyen sus pertenencias dentro de las celdas”, añadió la organización.

“Ese hombre era el diablo”, dijo bajo anonimato una mujer que espera noticias de un familiar. El penal “había sido tranquilo”, pero “cambió cuando llegó el director”, contó Carla Rivas, de 36 años y quien espera noticias de su hermano recluido en esta cárcel. “Ellos lo golpearon, no sabemos cómo está”, lamenta. Militares y policías custodiaron la mañana del lunes el penal ubicado en la tierra natal del fallecido presidente Hugo Chávez, a unos 500 kilómetros de Caracas.

Temprano, 112 mujeres fueron trasladadas a otro centro penitenciario, informó el OVP. Más tarde partieron otros tres autobuses con reclusos a bordo. “¿Adónde van?”, gritaban familiares apiñados en una entrada. “¡Al Rodeo!”, respondían los presos. El centro de reclusión El Rodeo, a las afueras de la capital, es conocido por albergar presos por razones políticas en uno de sus pabellones, incluidos extranjeros.

“Aquí estamos todas las madres sin saber para dónde mandan a nuestros familiares”, se queja María Cristina Villamizar, de 66 años. “No le sigan violando sus derechos humanos, tengan compasión de ellos”, pide. El observatorio dijo en X que estos traslados “terminan incrementando el hacinamiento crítico que ya existe en los penales, generan separación familiar, aumentan el retardo procesal”.

La Fiscalía anunció más temprano en un comunicado que abrió una investigación sobre la “situación de protesta”. Al mismo tiempo la Defensoría del Pueblo envió una comisión para verificar “la integridad física” de los reclusos y “escuchar sus demandas”, indicó un comunicado del ombudsman. Las autoridades prometieron a familiares instalar una “mesa técnica” para mediar, según el OVP.

Hace un mes se registró un motín en la cárcel de máxima seguridad Yare III, ubicada a unos 70 km de Caracas, que dejó cinco prisioneros muertos, según las autoridades. En 2023 el depuesto presidente Nicolás Maduro ordenó un operativo militar para intervenir las principales prisiones del país, controladas durante años por bandas delictivas.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos tras la caída de Maduro en enero, prometió una reforma al sistema de justicia. Rodríguez impulsó además una ley de amnistía para excarcelar a cientos de presos políticos, que expertos han criticado por considerarla insuficiente.

Fuente: AFP.

Cientos de prisioneros se tomaron el domingo una cárcel en el oeste de Venezuela para denunciar “torturas” por parte de las autoridades carcelarias y exigir la destitución del director del penal, constataron periodistas de la AFP. Durante años, activistas han denunciado hacinamiento, un precario suministro de alimentos y falta de atención médica en las cárceles venezolanas. También denuncian retrasos procesales y violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Los reclusos se agruparon en el techo de la cárcel y colgaron pancartas con mensajes para pedir ayuda. En algunas se podía leer “SOS”, “Nos torturan” o “No más tortura”. Varios presos tenían el rostro cubierto. Grandes columnas de humo se elevaban del Internado Judicial de Barinas (Injuba), ubicado en la tierra natal del fallecido expresidente Hugo Chávez, a unos 500 kilómetros de Caracas. Los presos incendiaron, entre otras cosas, colchones y sábanas.

Agentes cubiertos con escudos rodearon la estructura. Decenas de familiares aguardan ansiosos a las afueras del penal. Yelitza Arrollo dijo a la AFP que desde el 8 de mayo no ha tenido noticias de su hijo preso en esa cárcel. “Me lo tienen encerrado, golpeado (...) están sufriendo, porque los están golpeando demasiado feo, torturados, les echan agua fría, les meten corriente, les meten candela, los maltratan demasiado, queremos la destitución del director”, afirmó a las afueras de la prisión.

Los familiares también afirmaron que hay varios prisioneros heridos. El gobierno venezolano aún no se pronuncia sobre el motín. Los reos “aseguran haber sido víctimas de golpizas y torturas”, indicó la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). También “han sido sometidos a requisas violentas, durante las cuales les destruyen sus pertenencias dentro de las celdas”.

Según el OVP, 1.200 hombres y más de 100 mujeres “se declararon en huelga” en esta prisión. En abril, el gobierno confirmó cinco muertos en la cárcel de máxima seguridad Yare III, ubicada a unos 70 km de Caracas luego de un motín. La prisión alberga a un grupo de presos políticos.

En 2023, el depuesto presidente Nicolás Maduro ordenó un operativo militar para intervenir las principales prisiones del país, controladas durante años por “pranes”, como se conoce en Venezuela a los cabecillas de bandas delictivas. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos, prometió una reforma al sistema de justicia.

Fuente: AFP.