El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, acudió este martes ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, presidida por Silvio “Beto” Ovelar. Lo hizo con el fin de exponer los planes de acción que impulsará su cartera en este segundo tiempo del mandato del presidente Santiago Peña, para saldar las millonarias deudas acumuladas con las proveedoras del Estado.

“La ley de responsabilidad fiscal lo que ha permitido en este proceso es dar credibilidad a las finanzas públicas y eso se traduce en resultados que son visibles, como los (dos) grados de inversión. Acá lo que tenemos que ser es responsables en administrar y gestionar las deudas que tenemos”, dijo a los medios de comunicación.

Las afirmaciones de Lovera surgieron al ser consultado sobre el proyecto de ley impulsado desde Diputados, el cual plantea elevar el déficit fiscal del 1, 5 % al 2,5 % del Producto Interno Bruto (PIB). “No es una iniciativa del Ejecutivo, no fuimos consultados y evidentemente no acompañamos ese proyecto“, sentenció.

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El proyecto para flexibilizar el déficit fiscal según la exposición de motivos responde a una desaceleración en los ingresos tributarios, evidenciada en el primer trimestre del año, lo que ha reducido el margen financiero del gobierno. Se detalla que será “transitorio, acotado y necesario” para evitar la acumulación de pasivos y sostener la actividad económica.

“Lo que hacemos ahora es discutir con los sectores afectados, el pasado sábado nos reunimos con las vialeras y esta semana nos reuniremos con las farmacéuticas, se está agotando todas las herramientas posibles para poder llegar a acuerdos de pagos, que nos permitan no afectar de manera significativa la expectativa de resultados que tenemos en el corto y mediano plazo”, comentó Lovera.

El alto funcionario de Estado acotó: “Estamos trabajando en un plan de pagos para este año, en base al flujo que esperamos de los ingresos, tuvimos un incremento en el mes de marzo y tenemos una perspectiva positiva para este mes“.

Detalló que mantenerse dicha perspectiva positiva, se tendrá la posibilidad de pagar montos superiores a los inicialmente acordados que eran de 40 millones de dólares mensuales provenientes del Presupuesto General.

A inicios de marzo, las deudas con el sector de las farmacéuticas superaban los USD 700 millones, mientras que con las constructoras el monto era de USD 360 millones. “Estamos viendo la forma de ir cancelando las deudas de tal manera a no realizar una carga inmediata de ese requerimiento en este ejercicio fiscal 2026 (elevar tope). Vamos a seguir revisando que gastos en el sector público podemos o debemos priorizar“, manifestó.

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El encargado de Negocios de los Estados Unidos, Robert Alter, acudió este lunes al Congreso Nacional con el fin de solicitar una mayor cooperación en materia legislativa en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el terrorismo para consolidar la seguridad hemisférica.

“Con Paraguay compartimos valores democráticos e intereses nacionales; se está fortaleciendo y llevando a cabo entre los dos países todo un horizonte de alianza estratégica en materia de seguridad y oportunidades económicas para los dos pueblos”, comentó a los medios de comunicación.

Las afirmaciones de Alter surgen tras mantener un encuentro con el senador opositor Eduardo Nakayama, con quien dialogó en torno a los beneficios que otorgará a Paraguay el acuerdo de Estatuto de las Fuerzas (SOFA).

“Conversamos sobre la importancia del acuerdo y el marco jurídico que nos da para fortalecer la colaboración en seguridad entre los dos países. Acá la intención es hacer más y mejor. Tenemos una excelente colaboración entre las fuerzas de seguridad de ambos países y el acuerdo SOFA nos da un marco jurídico para facilitar la llegada de las capacitaciones, ejercicios conjuntos para que las fuerzas de ambos países tengan niveles de profesionalismo fuertes y efectivo”, refirió.

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El acuerdo fue promulgado el pasado 11 de marzo por el presidente de la República, Santiago Peña. “La intención es fortalecer a ambos países para defender sus soberanías. El acuerdo habla de inmunidades, no impunidades, existe una gran diferencia entre las dos cosas”, refirió Alter.

Por su parte, Nakayama detalló que “hablamos sobre la seguridad hemisférica y uno de los principales flagelos que tenemos como América Latina es el crimen organizado y el terrorismo. Hablamos también sobre la ciberseguridad, ya que existen ataques constantes, avanzados y difíciles de evitar que requieren de mejores capacidades. El convenio SOFA permitirá tener una mayor flexibilidad y movilidad a la hora de responder a las amenazas que se tienen”.

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El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, salió al paso de las publicaciones periodísticas realizadas por el diario ABC Color, donde se alega que ocultó datos sobre cinco llamados a licitaciones por USD 3 millones, recursos provenientes de los USD 8 millones donados por la República de China (Taiwán) al Poder Legislativo.

“Ante publicaciones periodísticas que generan cuestionamientos sobre los procesos vinculados a la cooperación, el Congreso Nacional considera oportuno aclarar que los mismos se ajustan plenamente al marco jurídico vigente y a los mecanismos institucionales de control. Las afirmaciones relativas a supuesta opacidad, direccionamiento o irregularidades carecen de respaldo técnico y omiten considerar tanto el marco normativo aplicable como los mecanismos de control implementados“, afirma el comunicado emitido por Núñez.

Señala también que “El Congreso Nacional reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad y la plena colaboración con las instituciones de control, manteniendo a disposición toda la información necesaria para su verificación”.

La publicación de ABC color refiere que durante las convocatorias, los procesos se realizaron eludiendo la Ley de Contrataciones Públicas, ocultando los contratos y negando solicitudes de acceso a la información.

El medio de comunicación alega que los contratos, destinados a modernizar la infraestructuras del Congreso Nacional, salieron a luz recién en febrero y que fueron tramitados “con una reglamentación oculta hasta la fecha”. A la vez expresa que estuvo marcado por plazos cortos y la cancelación de los llamados originales por falta de oferentes.

Ante dichas acusaciones, Núñez argumentó que “la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas ha determinado de manera expresa que los procedimientos vinculados a este proyecto se encuentran excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 7021/2022, conforme a lo dispuesto en su artículo 3°, inciso k), en razón de tratarse de una cooperación internacional en la cual no existe erogación de fondos públicos ni administración financiera por parte del Congreso“.

Agrega que “en ese sentido, no corresponde sostener que se ha eludido la ley, cuando es el propio órgano rector en materia de contrataciones públicas el que ha establecido su inaplicabilidad en este caso concreto. No obstante dicha exclusión, el Congreso Nacional ha adoptado estándares reforzados de transparencia en la ejecución del proyecto, orientado a la modernización y mejoramiento de la infraestructura del Poder Legislativo, mediante recursos de cooperación internacional".

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La presidencia de Núñez detalla que, durante el proceso de licitación, se dictó un Reglamento Interno de Contrataciones que reproduce sustancialmente los principios, etapas y garantías procedimentales previstos en la Ley Nº 7021/2022, adecuándolos a la naturaleza del proyecto y su fuente de financiamiento.

Añade que los llamados fueron publicados en la plataforma de la DNCP, posibilitando la participación de oferentes, aun cuando no existía obligación legal de canalizarlos a través de dicho sistema.

Sostiene que se conformaron instancias técnicas especializadas, como la Unidad Ejecutora del Proyecto y el Comité de Evaluación, que garantizan la trazabilidad, el análisis técnico y el control en cada etapa del proceso.

“Cabe señalar, además que, en septiembre de 2025, la Presidencia del Congreso Nacional solicitó formalmente a la Contraloría General de la República la verificación de los procesos de contratación vinculados a este proyecto, en el marco de los principios de transparencia y probidad, poniendo a disposición toda la documentación correspondiente”, manifiesta la nota.

Menciona además que "este antecedente demuestra que no solo no existió ocultamiento alguno, sino que se promovió activamente el control institucional desde el inicio del proceso. Actualmente, los procesos se encuentran sometidos a la verificación del órgano constitucional competente, lo cual refuerza las garantías de control y fiscalización".

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La primera dama de Paraguay, Leticia Ocampos, participó del encuentro internacional “Fostering the Future Together”, una iniciativa liderada por la primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump. Se trata de un espacio que reúne a primeras damas y representantes de distintos países para abordar los desafíos de la infancia en la era digital, que se desarrolla en el Departamento de Estado y la Casa Blanca, en Washington, Estados Unidos.

Ocampos expuso sobre la agenda de la niñez que lleva adelante el Gobierno de Paraguay, sobre el cual destacó la importancia de avanzar hacia un modelo que combine innovación, protección y bienestar para la infancia. “Es un honor ser parte de esta reunión y agradezco la invitación a formar parte de esta iniciativa que nos convoca a trabajar juntas, para que nuestros niños crezcan y se desarrollen plenamente en un entorno digital seguro”, expuso la primera dama ante la plenaria.

Habló sobre la implementación de la tecnología y los espacios para el desarrollo de los niños y adolescentes. “En Paraguay estamos implementando laboratorios de informática y robótica en 200 instituciones educativas, con el objetivo de desarrollar pensamiento computacional y habilidades tecnológicas. Queremos que nuestros niños y jóvenes no sean solo consumidores de tecnología, sino también creadores”, explicó.

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Igualmente, citó uno de los programas de capacitación con un gran impacto que cuenta con la participación de alrededor de 30.000 adolescentes, denominado “Jóvenes Conectados”, con una mirada a la inteligencia artificial, programación y ciberseguridad, que promueve la inclusión y las oportunidades en la economía digital. También hizo énfasis en la promoción del equilibrio en el uso de la tecnología en el ámbito educativo.

“Entendemos la importancia del uso responsable de la tecnología. Por eso impulsamos una regulación del uso de dispositivos móviles en las escuelas, que no es prohibitiva, sino orientada a un uso con propósito, que priorice la concentración, el bienestar y la interacción social de los estudiantes”, refirió.

Por otra parte, resaltó la importancia y la necesidad de abordar la infancia de manera integral. “Estamos convencidos de que para aprender, un niño necesita estar bien alimentado y cuidado. Por eso impulsamos programas como Hambre Cero, que garantiza alimentación diaria a más de un millón de niños, y Semillas del Futuro, que acompaña a las familias durante los primeros mil días de vida, promoviendo el desarrollo infantil temprano”, señaló la primera dama.

También abordó sobre los avances en materia legislativa con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos de los niños. “Paraguay impulsa un proyecto de ley para la promoción y protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el entorno digital, que incorpora herramientas como un Observatorio Nacional para monitorear riesgos en internet”, apuntó.

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