La mesa directiva de la Cámara de Diputados se reunió este miércoles con el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, ocasión en la que abordó sobre la restitución de trofeos de la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) que se encuentran en el Brasil.

Tras la reunión, el ministro de Relaciones Exteriores indicó que el objetivo es activar también la diplomacia parlamentaria para buscar recuperar, no solo el cañón Cristiano, sino también otros objetos y documentos que se encuentran en el país vecino.

“Es un tema que forma parte de las prioridades de recuperación que tiene que ver con nuestra historia, con los activos de nuestro país, y no solamente estamos pidiendo la restitución del cañón Cristiano, estamos pidiendo al mismo tiempo la restitución del cañón López y los documentos y archivos históricos que hacen a los trofeos de guerra que se llevó Brasil de nuestro país”, indicó en rueda de prensa.

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Detalló que la recuperación de los objetos y documentos “es un objetivo que persigue la República del Paraguay desde hace muchos años, tiene que pasar por una serie de procesos, primero del Ejecutivo, posteriormente del Congreso porque todos estos documentos forman parte del patrimonio del Brasil de acuerdo con la legislación”.

Con respecto a la reunión con los diputados, explicó que se estableció una agenda entre la diplomacia y el legislativo con un mismo fin, recuperar los trofeos de guerra. “Hemos acordado trabajar de manera conjunta para que la diplomacia parlamentaria también active, de manera a que podamos tener una agenda plena de Paraguay en el reclamo de nuestros patrimonios históricos”, remarcó.

El secretario de Estado adelantó que en septiembre mantendrá una reunión con el canciller del Brasil, Mauro Vieira, y reiterará el pedido del Gobierno paraguayo.

“Tengo una próxima reunión el 2 de setiembre con mi colega del Brasil nuevamente, tenemos una reunión de cancilleres para la asamblea de la Aladi (Asociación Latinoamericana de Integración) y de cancilleres del Mercosur, donde voy a aprovechar para tener bilaterales y en esa ocasión vamos a volver a tratar este tema con el canciller Mauro Vieira”, apuntó.

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“Es algo complejo que no se puede definir de la noche a la mañana”, indicó el presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, ante el pedido de aumento salarial proveniente del sector médico. El congresista requirió a sus pares aplicar una “legislación responsable” y evaluar previamente con las autoridades del Poder Ejecutivo la disponibilidad del Estado en materia presupuestaria.

“Yo, en principio, respeto cualquier reclamo de los gremios organizados y más el mío, que es el sector de los médicos, pero, en otra arista, también se encuentra la legislación responsable, debemos ver qué podemos hacer, cómo estamos financieramente”, refirió el parlamentario, este miércoles, al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Núñez acotó: “La primera ministra británica, Margaret thatcher refería que el Estado no tiene otra fuente de financiación que no sea de su propio esfuerzo y si quiere gastar más solo puede hacerlo pidiendo prestado, de los ahorros del ciudadano o cobrándole más impuestos y yo le agregaría endeudandose con bonos”.

El parlamentario añadió que “todos nosotros vamos a terminar pagando, no existe el dinero público, solo existe el dinero del contribuyente. Entonces, nosotros tenemos que ser muy responsables, pero estamos dispuestos a escuchar”. El encuentro entre la mesa directiva del Senado y los titulares de Salud Pública y de Economía y Finanzas se encuentra prevista para mañana jueves a las 9:00.

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Entre los requerimientos de los profesionales de blanco quienes impulsan desde el pasado lunes una huelga nacional, se encuentra la concreción de mejores condiciones laborales en los hospitales, garantías en la provisión medicamentos e insumos básicos, pago de feriados y nombramientos de los contratados.

Sin embargo, el punto conflicto se centra en la exigencia de un aumento directo de G. 3 millones por vínculo, solicitando pasar de los G .5.000.000 actuales a G. un total de 8.000.000 por cada contrato de 12 horas semanales. Los gremios argumentan que desde 2012 su poder adquisitivo cayó de 2,8 a 1,7 salarios mínimos.

“Por las deudas que tenemos, hasta se está hablando de aumentar el déficit fiscal. Si hacemos esto para conceder los requerimientos del sector médico, estarán también los otros sectores como el docente, es por eso que repito que estamos administrando el dinero de los contribuyentes y mi voto siempre será para cuidar esos fondos”, refirió.

Por otra parte, Núñez echó por tierra el discurso esgrimido desde la oposición referente a que el gobierno del mandatario Santiago Peña y los legisladores del oficialismo colorado terminaron dando la espalda a los médicos. “El sector de la salud para nosotros siempre fue una prioridad, nosotros fuimos la parte principal de la reivindidación de los médicos”, sostuvo al recordar que desde su sector político se impulsó la ley 7.137/2023 que establece una jornada laboral máxima de 12 horas semanales por cada vínculo para los profesionales médicos que trabajan en el sistema público de salud de Paraguay.

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El mandatario Santiago Peña firmó el decreto 6.690 que reglamenta la ley 6.634/2020, que erradica la discriminación en razón de maternidad y paternidad, y garantiza la igualdad de condiciones para el acceso, selección y admisión en las unidades académicas de formación de la Policía Nacional, comprendidas por la Academia Nacional de Policía “General José Eduvigis Díaz” y el Colegio de Policía “Sargento Ayudante José Merlo Saravia”.

La ley refiere que las disposiciones establecidas serán de cumplimiento obligatorio para los postulantes, así como también para las autoridades, dependencias y el personal policial que intervengan en dichos procesos. Determina que todos los postulantes recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades de participación, sin discriminación alguna, y el ingreso se determinará exclusivamente en función a las aptitudes, competencias y resultados obtenidos por los postulantes en base a los criterios de evaluación establecidos.

También se hace mención a la objetividad en las decisiones que se adoptarán sobre la base de criterios técnicos, verificables y previamente establecidos, libres de arbitrariedad y la transparencia, y que el proceso se desarrollará con publicidad de las actuaciones y de los resultados, garantizando el acceso a la información conforme a la normativa vigente.

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La reglamentación detalla que la Comandancia de la Policía Nacional, en su carácter de máxima autoridad institucional, tendrá el rol de velar por el debido cumplimiento e implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables al proceso de selección y admisión.

Mientras que el Instituto Superior de Educación Policial (Isepol), conforme a las competencias que legalmente le correspondan, será responsable de planificar, organizar, coordinar y supervisar el proceso de selección y admisión para las respectivas unidades académicas de formación, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

A la vez, se establece la conformación de un Comité Interinstitucional para la transparencia e igualdad en los procesos de admisión en donde el Ministerio del Interior se desempeñará como coordinador. También indica que la Comandancia de la Policía Nacional será responsable de designar e integrar, para cada unidad académica de formación, una Comisión de Admisión, la cual tendrá a su cargo la conducción del proceso de selección y admisión correspondiente, con las atribuciones y competencias contempladas en el presente Reglamento además de las que le sean asignadas por resolución de la máxima autoridad institucional.

Podrán postularse y concursar para ser admitidos en las unidades académicas de la Policía Nacional, quienes reúnan los siguientes requisitos: ser de nacionalidad paraguaya natural, tener la edad mínima 18 años al momento de la inscripción y edad máxima de 23 años hasta el 31 de diciembre del año de la convocatoria, para la Academia Nacional de Policía “General José Eduvigis Díaz”.

Tener la edad mínima 18 años al momento de la inscripción y edad máxima de 26 años, hasta el 31 de diciembre del año de la convocatoria, para el Colegio de Policía “Sargento Ayudante José Merlo Saravia”, haber concluido la enseñanza media, tener las condiciones físicas y psíquicas para cumplir con la capacidad funcional u operativa necesarias para el desempeño de las tareas propias de la Policía Nacional.

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No poseer tatuajes con contenido simbólico relacionado a grupos criminales, nacionales o extranjeros, o que expresen homofobia, xenofobia, mensajes violentos u ofensivos, hagan apología al consumo de estupefacientes o representen a partidos o movimientos políticos, no haber sido condenado por la comisión de un hecho punible o cuya condena esté en ejecución.

No contar con inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, no haber sido dado de baja o excluido de la institución policial, de las Fuerzas Armadas u otras instituciones públicas o privadas afines y no ser adicto a sustancias estupefacientes o ser farmacodependientes.

“Recibimos a los representantes de los gremios médicos que se encuentran realizando la medida de fuerza”, señaló el titular de la Cámara Baja.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, asumió un rol de mediador en el con­flicto que mantiene en huelga al sector médico del sistema público, protesta que hoy transita su segunda jornada. Tras un encuentro con repre­sentantes gremiales, el legis­lador –médico de profesión– confirmó que este miércoles la Mesa Directiva de Diputa­dos se reunirá con líderes de las distintas bancadas y con dirigentes de los sindicatos del sector para buscar una salida al conflicto.

“La escucha activa y el diálogo constituyen el fundamento de nuestra gestión. Recibimos a los representantes de los gre­mios médicos que se encuen­tran realizando la medida de fuerza”, expresó Latorre en una publicación en X. “Mañana vamos a realizar una reunión con los líderes de las diferentes bancadas de la cámara de dipu­tados y los representantes de los gremios médicos”, agregó.

La huelga nacional, impul­sada por el Sindicato Nacio­nal de Médicos (Sinamed), comenzó el lunes y se extenderá hasta el viernes 28, en momentos en que vuelve a presionar al gobierno de Santiago Peña por los sala­rios, la precarización laboral y el déficit de profesionales en los hospitales públicos. El sindicato ratificó la medida tras el fracaso de cuatro ins­tancias de mediación realiza­das desde junio. El conflicto afecta a la red dependiente del Ministerio de Salud, mientras que el Instituto de Previsión Social (IPS) deci­dió mantener su funciona­miento habitual.

Latorre planteó además avan­zar hacia una reforma estruc­tural del modelo de atención, señalando deficiencias en la arquitectura actual del sis­tema sanitario y la necesidad de reducir tanto la fragmenta­ción del sistema como el gasto de bolsillo de las familias para acceder a consultas o medica­mentos. Con este encuentro, la mesa directiva busca insta­lar un espacio de negociación permanente que equilibre las reivindicaciones médicas con la continuidad de los servicios esenciales.