La reducción de los precios de los productos de consumo en los luga­res de venta, por la baja del dólar, es uno de los temas que está ocu­pando la atención de la ciudadanía. La mayo­ría de las personas se maneja con un presu­puesto de gastos fijos de acuerdo a su nivel de ingresos, que generalmente es estable. Nece­sita que el dinero les rinda adecuadamente y que no se perjudique su consumo ni el de su familia por la suba de precios. Debido a eso la reacción obligada cuando aumentan los precios es disminuir las compras o dejar de adquirir los artículos que suben. Y si se redu­cen los precios, automáticamente aumen­tan las compras de los productos requeridos para mejorar el consumo.

La necesidad de reducir los precios de los artículos afectados por la baja del dólar la señaló el presidente Santiago Peña, quien reclamó que los comercios deben traducir en menores precios el fuerte descenso de la moneda norteamericana. En tono de repro­che, señaló que cuando sube el dólar, rápida­mente se alzan los precios y que cuando baja la moneda, nadie los reduce.

Como en nuestro país se respeta la liber­tad de comercio y no se fijan los precios de las mercancías por orden del Gobierno, los comerciantes libremente ponen los valo­res que desean. Por eso un mismo producto, como el pan, puede tener un precio en la panadería, otro en la despensa de barrio y uno diferente en el supermercado.

Para garantizar la libre competencia entre los comerciantes y defender a los consumi­dores de posibles abusos, están la Secre­taría de Defensa al Consumidor y el Usua­rio (Sedeco) y la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom). Estas institucio­nes deben actuar con eficiencia para que la actual situación de los precios de bienes de consumo importados no permita atropellos ni situaciones abusivas. El Gobierno no per­mitirá ningún tipo de extralimitaciones, por lo que las entidades estatales deben accionar según su competencia.

La Ley 4956/13 que defiende la libre com­petencia prohíbe categóricamente los actos contra la libertad de concurrencia y esta­blece que los abusos serán corregidos o cas­tigados de acuerdo con los mecanismos y sanciones que están previstos. En otras palabras, la libertad de acción de los comer­ciantes tiene límites y las extralimitacio­nes prevén el castigo. La mencionada norma establece que todos los mercados estarán regidos por los principios y reglas de la libre competencia, excepto las limitaciones esta­blecidas por la ley, por razones de interés general.

Expresamente prohíbe el abuso de la posi­ción dominante, lo mismo que las prácticas, conductas o recomendaciones que tengan como propósito restringir, limitar, obstacu­lizar, distorsionar o impedir la competencia actual o futura en el mercado. Para que no haya ningún tipo de conductas que impida la libre concurrencia, la ley desautoriza todo acuerdo, decisión o práctica que esté enca­minado a impedir, restringir o falsear la libre operatividad.

La preocupación del Gobierno por los pre­cios de los productos de consumo que no bajan a pesar de la reducción de los costos es legítima. Demuestra su sensibilidad social y su sentido de responsabilidad por la suerte de los que vivimos en el país. Como no basta con tener buenos sentimientos y reclamar algunas medidas, está articulando ahora la acción de los organismos competentes. El primer mandatario pidió a la Conacom que brinde informaciones a los consumidores sobre los asuntos de su competencia para que la gente concurra a los sitios con mejores precios.

La Sedeco, por su lado, tiene que infor­mar a la ciudadanía sobre las inspecciones, pericias e intervenciones relacionadas a la protección del consumidor. También debe divulgar información que permita conocer las características de la comercialización de bienes y servicios en el mercado. Así como mantener y publicar el Registro Nacional de Infractores.

Con una actuación sólida, que tenga en cuenta los requerimientos de la gente, los organismos públicos prestarán una gran ayuda a las personas, para que puedan defender mejor sus derechos contra los abu­sos de toda índole. La vida cotidiana está llena de desafíos que requieren la eficaz tarea de las entidades competentes para resguardar a la ciudadanía y garantizar el cumplimiento de las normas vigentes. No hay mejor protección que la de un gobierno consciente que actúa de manera adecuada para que los agentes económicos apliquen las estrategias que deseen, pero respetando estrictamente las leyes.

• Por Jorge Torres Romero
• Columnista

En junio de este año, el Directorio de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) emitió un estudio de condiciones de competencia relativo al sector de supermercados, analizando específicamente el relacionamiento de la firma Retail SA (Grupo Vierci) con sus proveedores. Conacom reunió a Ratail y sus proveedores y de allí sale el informe.

El estudio analiza las condiciones de competencia que se generarían en el sector de supermercados a través de un cambio en la política de relacionamiento de Retail SA con sus proveedores, atendiendo la posición dominante de dicha firma que fuera declarada en el año 2022.

El estudio advierte de los eventuales riesgos que pudieran surgir desde la óptica del Derecho de la Competencia. Concluyó que la implementación por parte de una empresa dominante de una política comercial que clasifica a los proveedores, entre otros factores, en base al margen incluido en dicho precio sugerido, puede generar que suba dicho precio para incrementar el margen de utilidad de la empresa dominante para no perder acceso a los canales de distribución de dicha empresa.

Se confirma que que los proveedores, obligados por el Grupo Vierci, mantienen un precio sugerido uniforme para todos sus canales de distribución similares, esto motiva el alza generalizada en el mercado de los precios en los productos afectados. Por lo tanto, esta metodología genera riesgos de conductas anticompetitivas.

Por todo esto, se recomendó a Retail SA analizar los condicionamientos impuestos, evaluar la nueva política de relacionamiento con sus proveedores propuesta para considerar y mitigar los riesgos de vulneración. Los riesgos generados por la práctica del uso de precios de venta al público sugeridos y la posibilidad de que dicha práctica motive el alza en los precios, especialmente si se aplican en márgenes garantizados; y la inclusión del índice de precios en la fórmula de cálculo para la clasificación de proveedores.

El estudio contiene las opiniones formuladas sobre la base de las informaciones recabadas, sin perjuicio de que, ante posibles conductas anticompetitivas, la Dirección de Investigación de la Conacom pueda profundizar en el análisis y, si encontrara méritos suficientes, abrir el sumario respectivo.

En síntesis, los supermercados del Grupo Vierci tienen una posición dominante, imponen el precio a sus proveedores, clasifican a sus proveedores dependiendo de la aceptación de sus reglas de juego para tener visibilidad en sus góndolas. Con esto se evita la competencia justa, nunca bajarán los precios y sus márgenes de ganancias siempre serán para arriba. Mientras tanto, usan sus medios para editorializar el drama de la “heladeras vacías”, culpan al gobierno de todo y ellos se llenan los bolsillos, mientras sus perifoneros mediáticos nos distraen relatando un supuesto país a la deriva. Pillos, peajeros y corruptos. Eso son. Es hora de desenmascararlos y llamarlos por su nombre: los legionarios 2.0. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.

Teniendo en cuenta la tendencia a la baja del dólar, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) realizará un plan de fiscalización a los diferentes sectores sobre los productos de la canasta básica familiar, de tal manera a dar insumo a la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) para que sean evaluados los precios y se aplique la norma o la ley establece dentro de sus competencias.

“Vamos a hacer una trazabilidad de la estructura de los precios, el valor agregado. Básicamente desde el momento de la salida o la importación de los productos, la producción y toda esa trazabilidad hasta que llegue a las góndolas de los supermercados”, explicó el titular de la DNIT, Óscar Orué, en entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Señaló que la institución tiene la posibilidad de advertir u observar todo ello, ya que se cuenta con los datos de las declaraciones juradas y los movimientos de las empresas de todos los sectores. “Se observará si hay una posición dominante, un aprovechamiento de esa posición para fijar precios acordes a lo que sería justo o coherente”, manifestó.

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Según explicó, los precios en el mercado deberían haberse reducido teniendo en cuenta que a todos les afecta la baja de la moneda norteamericana, porque por ejemplo, los importadores están pagando menos, lo cual debería trasladarse a la estructura de costos.

“A nosotros nos afecta de manera negativa en el ámbito de la recaudación aduanera porque cuando hay una baja del tipo de cambio eso directamente les beneficia a los importadores”, expresó Orué.

El impacto también ya se reflejó en el crecimiento de los ingresos de la DNIT que fue del 7 % al cierre de julio, mientras que se venía con un promedio de más del 10 %. Un impacto negativo, “seguimos creciendo, pero crecimos menos en este mes de julio”, agregó.

Ayer jueves el presidente de la República, Santiago Peña, convocó a autoridades de las carteras económicas a fin de que la ciudadanía acceda mejores precios de la canasta básica familiar, atendiendo la baja del dólar y pidió tomar las acciones que correspondan para trasladar la bonanza económica que atraviesa el país al consumidor final.

El Gobierno fortalecerá los trabajos con la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) y la Secretaría de Defensa al Consumidor (Sedeco). Por su parte, el Ministerio de Industria y Comercio trabajará con el sector privado en la búsqueda de un mercado competitivo que beneficie a todos los paraguayos.

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Este viernes, 1 de agosto, asume la presidencia del Directorio de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) Eduardo Barros Vasconsellos, en reemplazo de Eduardo González Martínez. El cambio se da en virtud de la rotación de los miembros del directorio de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley n.° 4956/2013.

El directorio está integrado por Eduardo Barros Vasconsellos, Eduardo González Martínez y Rolando Díaz Delgado, y en este caso, Barros quedará en la presidencia por el período de dos años a partir de la fecha.

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La Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) es la autoridad de aplicación de la Ley 4956/13 de “Defensa de la competencia” y sus Decretos Reglamentarios 1490/2014 y n.° 3488/2020. Esta institución tiene la finalidad de promover y defender la libre competencia en los mercados, mediante mecanismos de promoción, abogacía, investigación y sanción, previstos en la ley.

Eduardo Barros, es administrador de empresas y contador público de profesión, además se desempeñó como profesor encargado de la cátedra Liderazgo y Dirección en la carrera Administración de Empresas de la Universidad Católica, como profesor del módulo de Liderazgo Empresarial en la maestría de Derecho Empresarial de la misma universidad.

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