Los abogados defensores del expresidente de la República Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores han presentado, hasta el momento, dos recusaciones y otras chicanas con el objetivo de dilatar la investigación que pesa contra el exmandatario.
Ahora, el proceso está en la Corte Suprema de Justicia a dos votos de destrabarse, específicamente en la Sala Penal de la máxima instancia judicial.
La Sala Pena está integrada por Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Dejesús Ramírez Candia debe expedirse sobre la recusación presentada contra los camaristas a cargo de la causa para dar continuidad al proceso.
Luis María Benítez Riera ha emitido su voto y faltaría la decisión de los demás magistrados para finalmente destrabar la causa. Ahora, el expediente se encuentra en el gabinete del ministro Diesel y por último deberá pronunciarse Ramírez Candia.
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No se descarta la posibilidad de que ambos magistrados ya se expidan sobre el caso en el transcurso de este lunes. Si esto se concreta en la fecha, ya se destrabaría parcialmente la causa contra el exmandatario y su gavilla por la filtración de información de inteligencia.
El abogado Felino Amarilla, representante del extitular de Seprelad Carlos Arregui, uno de los imputados en la causa que pesa contra Abdo, fue quien presentó una recusación contra los camaristas María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera, lo cual está pendiente de resolución.
El Ministerio Público había imputado al expresidente, los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández; los funcionarios Carmen Pereira, Daniel Farías y Francisco Pereira Cohene, además del exsecretario privado de Abdo y actual diputado Mauricio Espínola.
Las acusaciones son por revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
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Juicio a Giuzzio: etapa crucial con nuevas declaraciones de testigos
El tribunal de sentencia que juzga a Giuzzio está integrado por Adriana Planás, Yolanda Morel y Mathias Garcete.
A las 8:00 de este martes continuará el juicio oral para el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, acusado por presunto cohecho pasivo agravado tras recibir supuestos favores del presunto narcotraficante Marcus Vinícius. La audiencia oral seguirá con la declaración de Adolfo D’Ecclesiis, funcionario de la empresa Ombú SA (propiedad del presunto narco brasileño Marcus Vinícius Espíndola), y otros testigos.
Con la declaración de D’Ecclesiis se ingresa a una etapa crucial y clave para el presente caso, donde ya declararon varios testigos que complicaron la situación procesal del acusado Giuzzio.
Días atrás declaró Gilberto Enciso, gerente de Ombú SA, quien fue tajante al mencionar que Marcus Vinícius y el entonces ministro del Interior conversaron en varias oportunidades sobre licitaciones para el Estado. Sostuvo que la empresa Ombú pretendía ser proveedora de chalecos antibalas y encargarse de la reparación de vehículos blindados.
Añadió que “Marcus Vinícius era quien tenía el contacto en el Ministerio del Interior, y sus enlaces eran el ministro Giuzzio y el viceministro de Seguridad, Pablo René Ríos”. Del mismo modo, el testigo aseguró que Giuzzio utilizó una camioneta de la firma Ombú SA para realizar un viaje familiar de vacaciones a Brasil, prestada directamente por su dueño. Además, el gerente afirmó que “Giuzzio firmó un pagaré simbólico de 700 dólares que nunca se cobró”.
Por su parte, el Ministerio Público sostiene que tanto los testigos como las pruebas documentales están probando su tesis acusatoria contra el exhombre fuerte del gobierno de Mario Abdo Benítez.
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Paraguay hará reconocimiento público de responsabilidad del caso Santiago Leguizamón
La Vicepresidencia de la República reafirma su compromiso con los derechos humanos y el cumplimiento de sentencias internacionales.
En ese marco extiende una invitación al Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional en memoria del periodista Santiago Leguizamón Zaván y otros vs. el Estado paraguayo.
Al respecto, la directora general de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, María Teresa Peralta, informó en comunicación con La Nación/Nación Media, que este acto se llevará a cabo el próximo lunes 27 de julio a las 8:30 en el salón “Serafina Dávalos” de la Corte Suprema de Justicia, encabezado por el titular del Poder Judicial, el ministro Alberto Martínez Simón, quien representará al Estado paraguayo durante la ceremonia oficial.
El acto será transmitido en vivo por todos los medios de comunicación oficial, de tal modo a dar cumplimiento con la sentencia para que llegue la comunicación a toda la ciudadanía en general.
La directora Peralta destacó el compromiso institucional en el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado paraguayo, en el marco del acto de reconocimiento público a los familiares del periodista Santiago Leguizamón Zaván, conforme a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Remarcó que este tipo de acciones representan un paso importante en el fortalecimiento del Estado de derecho y en la consolidación de una cultura de respeto a los derechos humanos.
“Detrás de cada sentencia hay personas y familias que durante años esperaron una respuesta del Estado. Este acto de reconocimiento es una muestra de respeto hacia la memoria de Santiago Leguizamón Zaván y de compromiso con sus seres queridos”, expresó.
Cumplimiento de compromisos
Recordó que el 26 de abril de 1991, Santiago Leguizamón fue asesinado durante un atentado donde en la ciudad de Pedro Juan Caballero. En noviembre de 2022 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su sentencia, en la que uno de los puntos establecía que el Estado paraguayo debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
“Una vez más el Estado paraguayo va cumpliendo sus compromisos, porque ya cumplimos con la publicación de la sentencia que lo hicimos el año pasado; también se cumplió con el pago de la indemnización a los familiares, así como la construcción del monolito uno en Asunción y otro en la plaza ubicada en Pedro Juan Caballero, que fueron declarados como sitios de memoria, de acuerdo con lo establecido en nuestra normativa”, precisó.
Resaltó el rol que cumple la Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de Sentencias Internacionales (CICSI), impulsada por la Vicepresidencia de la República, para garantizar que las decisiones de los organismos internacionales se traduzcan en acciones concretas.
“El vicepresidente Pedro Alliana ha dado instrucciones permanentes para que la CICSI impulse el cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales del Paraguay, porque cree que una democracia se fortalece cuando reconoce sus deudas y trabaja para repararlas”, afirmó.
La directora Peralta agregó que el cumplimiento de las sentencias internacionales no solo responde a un deber jurídico del Estado, sino que también constituye una oportunidad para fortalecer las instituciones, honrar la memoria de las víctimas y generar garantías de no repetición.
El acto forma parte de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Santiago Leguizamón Zaván vs. Paraguay, reafirmando el compromiso del Estado con la verdad, la memoria, la justicia y la protección de los derechos humanos.
“La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en relación al caso Santiago de Leguizamón que el Estado paraguayo violó el derecho a la vida, la libertad de pensamiento y de expresión, así como la de su esposa e hijos.
También determinó que se violó el derecho a las garantías judiciales, y la protección judicial y a la integridad personal. Hecho que ocurrió, recordemos en 1991. En base a esa sentencia recaída contra el Estado paraguayo, se está dando cumplimiento los puntos de la sentencia", concluyó.
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Pedro Alliana ratifica que Cartes mantiene su liderazgo político
El vicepresidente Alliana ratificó el liderazgo de Cartes y afirmó que su presencia en EE. UU. desmontó la persecución del gobierno anterior.
El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, dijo que la presencia del titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, en los Estados Unidos, terminó desmantelando el esquema de persecución política y económica que sufrió durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
El exmandatario acudió el domingo último a la final del Mundial 2026 en Nueva Jersey. “Estoy contento y feliz, Dios y el tiempo puso las cosas en su lugar. Nosotros nunca dudamos que se trataba de una persecución política para quitarle de la cancha.
Cartes sigue siendo el mayor elector en la república, el líder más fuerte que tiene no solo el Partido Colorado, sino la clase política a nivel nacional”, refirió el pasado lunes a los medios de comunicación durante su visita a la Expo Paraguay 2026, en el marco del acto de inauguración.
Alliana hizo mención al esquema de persecución política y económica desatado desde el 2018 contra Cartes, mediante la instrumentalización de instituciones estatales como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
ANTECEDENTES
La campaña contra Cartes contó con un fuerte respaldo del entonces embajador de Estados Unidos, Marc Ostfield, y de medios de comunicación que fungieron como aliados.
La maniobra obligó al exmandatario a impulsar una denuncia penal por persecución política ante el Ministerio Público, el 31 de julio de 2023, que derivó en que Abdo junto con sus exministros Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías (extinto), Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene sean imputados.
La operación política incluso motivó que Estados Unidos, en el marco del anterior gobierno de Joe Biden, aplicará sanciones financieras y restricciones de visa a Cartes, medidas que terminaron siendo erradicadas por completo, según se oficializó en octubre de 2025 por su representante legal, el abogado Pedro Ovelar.
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Títulos falsos: senadores citarán a ministros de la Corte y al fiscal general
El presidente de la Comisión Especial de Investigación sobre títulos falsos de la Cámara de Senadores, Patrick Kemper, manifestó que próximamente convocarán a los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, con el fin de interiorizarse sobre los avances de las denuncias impulsadas y las causas judiciales que se encuentran abiertas.
“Comenzamos a trabajar hace 15 o 20 días, hasta la fecha ya le hemos recibido al ministro de Educación y Cultura, Luis Ramírez, y también en su rol de presidente del Consejo Nacional de Educación Superior. A la vez recibimos al presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior de Paraguay, y tenemos previsto para la próxima reunión recibir a los representantes de la Corte y al fiscal general”, comentó Kemper a los medios de comunicación.
El parlamentario detalló que ya remitieron pedidos de informes a dichas instituciones del ámbito educativo cuyas respuestas serán proporcionadas en el transcurso de esta semana. Señaló que las solicitudes abarcan desde el año 2013 en adelante. “Queremos interiorizarnos sobre los avances de los procesos presentados. Vamos a hacer un conjunto de esfuerzos para que esto en lo posible ya no vuelva a pasar en nuestro país y encontrar a los responsables que se prestaron a esta situación nefasta”, refirió.
Agregó que requirieron informes a siete universidades, de las cuales ya respondieron cinco. “También hemos solicitado informes a seis institutos superiores y solo uno dio acuse y recibo; los plazos de 15 días establecidos en la Constitución Nacional para que nos brinden datos vencen esta semana, por lo cual vamos a realizar las reiteraciones”, puntualizó.
Señaló que entre este lunes y mañana martes remitirán otros 20 pedidos de informes a 10 universidades privadas e institutos. “Queremos recibir todos los datos necesarios para poder procesarlos”, refirió tras comunicar que también se prevé la conformación de una mesa técnica con representantes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).
“Esto para que trabajen en conjunto fuera de lo que son las reuniones ordinarias de la comisión”, mencionó. Añadió que en el transcurso de esta semana también se concretará una “alianza estratégica” con la Contraloría General de la República (CGR), con el objetivo de que su equipo técnico pueda colaborar con el volumen de fiscalización de las informaciones recibidas.
“Una sola universidad nos entregó 800 páginas y la comisión requerirá informaciones a 60 instituciones o más. Estamos hablando de un volumen de información muy grande y necesitamos de la ayuda de las carteras especializadas en educación y la Contraloría, que de hecho ya tiene investigaciones abiertas”, indicó.
Denuncia ante Fiscalía
Por su parte, el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, comunicó que en el transcurso de la mañana de este lunes formularon una denuncia penal ante el Ministerio Público contra funcionarios que participaron en la emisión de títulos falsos. Se detectaron 130.000 acciones irregulares, sumando ya 283 funcionarios sumariados por este esquema de títulos falsos.
“En la primera hora de este lunes ya hemos hecho una denuncia en la Fiscalía de la auditoría que impulsamos. Detectamos a 13 funcionarios que participaron en el proceso de emisión de 330 títulos investigados. Esta denuncia fiscal investigará el caso de los 550 usuarios o personas que no fueron autorizadas y que por algún motivo o circunstancias extrañas, entraron y cargaron al sistema con algún elemento vinculado a títulos. Estas personas también ya fueron también denunciadas", comentó.