La diputada Carmen Giménez de Ovando participó esta semana de la instalación de la Mesa de Protección Social (MPS), en el departamento de San Pedro, catalogando el plan de Estado como una clara muestra del compromiso estatal con la erradicación de la pobreza a nivel nacional.
“El Gobierno nacional ha establecido como prioridades en el área social, acciones estratégicas orientadas a la configuración y desarrollo de un Sistema de Protección Social, al efecto de generar inclusión y fomentar la cohesión”, destacó la parlamentaria.
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Puntualizó así que a través de la MPS que se está desplegando en los territorios con mayor vulnerabilidad, se podrá concretar una política verdaderamente integral y determinante que no solo responda, sino que también erradique los índices de pobreza.
Estos proyectos se encuentran bajo dirección del Gabinete Social de la Presidencia de la República, en convenio de cooperación con las gobernaciones y municipios del país. Como encargado del Gabinete Social, el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) encabeza el despliegue de este plan gubernamental.
Los planes se enmarcan en el proceso de implementación del Sistema de Protección Social, como política pública que busca que las personas vulnerables puedan acceder a los servicios básicos para su desarrollo integral, como lo son salud, educación, empleo, entre otras áreas.
Esto forma parte del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza: “Ñaime Porãvéta”, lo cual también fue catalogado por la diputada Giménez como el objetivo de priorizar a los sectores menos favorecidos de la población, garantizando de manera consecuente una mejor calidad de vida a nivel nacional.
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Mesas de protección social, clave para bajar la pobreza, destacan
El director ejecutivo de la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia, Héctor Cárdenas, se refirió al impacto que genera la instalación de las mesas de protección social en la lucha contra la pobreza bajo el gobierno de Santiago Peña. Los trabajos en terreno comenzaron en abril de 2024 mediante la articulación de 28 ministerios y secretarías de Estado.
“Está demostrado que los trabajos deben ser focalizados en los territorios, en las familias, para que el impacto sea mayor porque si cada uno va por su cabeza y no definimos una agenda de trabajo, todo esfuerzo se diluye”, manifestó al diario La Nación/Nación Media.
Las mesas de protección social, mediante un trabajo coordinado y territorializado, acerca los servicios del Estado a las comunidades más vulnerables como salud, educación, infraestructura, seguridad alimentaria. El trabajo se concreta con el respaldo de los gobernadores e intendentes, sin distinción de banderías políticas, y de esta forma se evita la duplicación de esfuerzos y se optimizan recursos.
“La pobreza hay que abordarla de forma conjunta, con el Gobierno se empezó a tener una visión ampliada, no reduccionista como por ejemplo la realización de transferencias, ahí empezó el gran cambio”, manifestó.
Las afirmaciones de Cárdenas surgieron tras el anuncio dado por el Gobierno el pasado 27 de marzo referente a la reducción de la pobreza total en un 16 % en 2025, una disminución histórica de 3,6 puntos porcentuales desde el 19,6 % en 2024.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), esta reducción impulsada por el crecimiento económico, programas e iniciativas sociales como la instalación de las mesas de protección social en 10 de los 17 departamentos permitió que más de 213.000 paraguayos superaran la pobreza.
A la vez se puntualizó que la pobreza extrema bajó al 2,4 %, el nivel más bajo registrado. “Estas disminuciones no son fortuitas, pienso acompañado por un trabajo ordenado de muchas instituciones que están dando resultados”, dijo.
COMUNIDADES PRIORIZADAS
Cárdenas manifestó que en San Pedro las mesas de protección social fueron instaladas en las ciudades de Yrybucuá, Capiibary, Santa Rosa del Aguaray, San Vicente Pancholo y Antequera; en Caaguazú en los distritos de R.I. 3 Corrales, Yhú, Tembiaporã, Santa Rosa del Mbutuy y San Joaquín.
En Caazapá fueron instaladas en las ciudades de General Higinio Morínigo, San Juan Nepomuceno, Doctor Moisés Bertoni, 3 de Mayo y Tabaí; en Itapúa fueron ubicadas en las zonas de Alto Vera, San Pedro del Paraná, Jesús y Mayor Julio Dionisio Otaño; en Alto Paraná en los distritos de Itakyry y Juan E. O’Leary.
La lista sigue con Central cuyas ciudades beneficiadas son Ñemby, Capiatá, Limpio, Luque, San Antonio e Itá; en Ñeembucú fueron instaladas en Pilar, Villa Franca, Villa Oliva y Alberdi; en Canindeyú fueron priorizadas las zonas de Itanará, Laurel, Yasy Kañy y Villa Ygatimí.
En Concepción fueron ubicadas en Paso Barreto, Itacuá, San Alfredo, Sargento José Félix López, mientras que en Itapúa las ciudades priorizadas son General Eugenio A. Garay, Doctor Bottrel y Paso Yobai, alcanzando de esta forma un total de 42 municipios con la incorporación de 16 localidades a comienzos de este 2026.
No obstante, Cárdenas indicó que se evalúa agregar otras ciudades más a finales del año con la principal meta de llegar a alcanzar una cobertura nacional. “Desde el gobierno central buscamos construir una agenda de prioridades con las gobernaciones y municipios, nos comprometemos con el desarrollo de sus comunidades”, afirmó.
La selección de las ciudades priorizadas para las mesas de protección social se basa en un análisis técnico y estadístico liderado por el Gabinete Social, usando principalmente indicadores de vulnerabilidad extrema.
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Gobierno incorpora a 11.462 adultos mayores a la pensión universal
En cumplimiento de los objetivos de la agenda social del gobierno, que prioriza el bienestar socioeconómico de los sectores más vulnerables, se incluyó esta semana a 11.462 personas al Programa de Pensión Universal para Adultos Mayores, con lo que se completa la inclusión de las personas de 69 años de edad.
Esta incorporación responde a lo establecido en el artículo 6.° de la Ley 7322/24, de la inclusión gradual de mayor a menor hasta los 65 años, sin más requisitos que los establecidos en la misma ley. De esta manera, asciende a 360.183 el número de personas ingresadas a la protección social.
Del total de incluidos este mes, 294 corresponden a personas de comunidades indígenas, cuya inclusión se prevé desde los 55 años; 198 a personas con discapacidad que, según el artículo señalado, tienen derecho a ingresar desde los 60 años, siempre que estén certificadas por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS).
Gestión interinstitucional
El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, destacó que la inclusión es resultado del trabajo conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que proveyó los recursos necesarios para cubrir este pago que se enmarca en la política de protección social impulsada por el presidente Santiago Peña.
El MDS proseguirá con la inclusión de los adultos mayores, atendiendo a lo previsto en el artículo 9°, que establece la disposición presupuestaria para la incorporación de 30 mil personas anualmente, como mínimo.
Cabe recordar que la inclusión se produce de manera automática, sin más requisito que las establecidas en el mismo marco legal y de manera gratuita, por lo cual el MDS reitera que no reconoce compromisos asumidos por gestores privados para la incorporación y el pago.
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Gobierno recortará gastos, pero priorizará salud, educación y protección social
El Gobierno anunció que aplicará un ajuste del gasto público en lo que resta del ejercicio fiscal 2026, pero priorizará sectores esenciales. El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, aclaró que la medida responde a una menor disponibilidad de recursos respecto a lo previsto inicialmente en el Presupuesto General de la Nación (PGN).
El secretario de Estado precisó que los sectores de salud, educación, seguridad y protección social, concentrarán la mayor parte de los recursos disponibles. Asimismo, aseguró que se garantizará el cumplimiento de obligaciones clave como el pago de salarios, jubilaciones, medicamentos, subsidios al transporte y compromisos con empresas constructoras, además de la continuidad de programas sociales como Hambre Cero y Adultos Mayores
El ajuste se da en un contexto de presión sobre las finanzas públicas, explicado principalmente por dos factores: el comportamiento del tipo de cambio y la desaceleración de la recaudación tributaria.
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Por un lado, el tipo de cambio del dólar se ubica actualmente en torno a G. 6.500, por debajo de los G. 7.800 previstos en el PGN 2026. Esta diferencia reduce la cantidad de guaraníes que el Estado obtiene por los ingresos en dólares, afectando directamente su capacidad de gasto.
“Esto representa aproximadamente USD 100 millones menos para este año. El valor de los dólares que recibimos hoy se traduce en menos guaraníes, lo que nos obliga a ajustar el nivel de gasto respecto a lo inicialmente previsto”, explicó Fernández Valdovinos a la 1080 AM.
A este escenario se suma una recaudación tributaria por debajo de las expectativas. El presupuesto contemplaba un crecimiento del 8 % en los ingresos administrados por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), pero, según el titular del MEF, actualmente la recaudación se mantiene prácticamente sin variación.
“Esperábamos un incremento en la recaudación que no se está concretando, lo que implica unos USD 440 millones menos de ingresos para el Tesoro”, indicó.
En conjunto, ambos factores representan una merma entre USD 550 y USD 600 millones en los recursos disponibles para este año. Ante este escenario, el Ejecutivo optó por reordenar el gasto, concentrando los recursos en áreas prioritarias y ajustando aquellos rubros considerados no esenciales, que representan una porción menor del presupuesto.
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BID: envejecimiento y empleo femenino, en el centro del debate sobre el futuro económico
En el primer seminario de las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 2026, expertos internacionales coincidieron en que los cambios demográficos en América Latina representan tanto un desafío estructural como una oportunidad económica, especialmente si los países logran aumentar la participación laboral femenina y fortalecer sus sistemas de protección social.
Durante el encuentro titulado “Envejecer y crecer: transformando los cambios demográficos en oportunidades”, el economista Santiago Levy, señaló que Paraguay es actualmente el país más joven de América Latina, aunque no está exento del proceso de envejecimiento que atraviesa la región.
Según explicó, una de las principales herramientas para enfrentar ese escenario es incrementar la participación de las mujeres en el mercado laboral, lo que permitiría ampliar la base de trabajadores, fortalecer los ingresos de los hogares y generar mayor dinamismo económico. Levy subrayó que ampliar el acceso a servicios de cuidado para niños y adultos mayores sería clave para facilitar esa integración.
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El especialista también advirtió que los sistemas de pensiones en América Latina enfrentan presiones crecientes, y que la sostenibilidad de estos esquemas dependerá en gran medida de la capacidad de las economías para crecer y aumentar el ahorro destinado a la jubilación.
“El envejecimiento es un reto que nos afecta a todos. No podemos afrontarlo si no crecemos económicamente”, enfatizó, al tiempo de destacar la importancia de debatir desde ahora las reformas necesarias para preparar a las economías para este escenario demográfico.
Protección social y políticas de cuidado
En el panel también participó la exministra francesa de Asuntos Sociales, Salud y Derechos de las Mujeres, Marisol Touraine, quien destacó el rol del sistema de protección social de Francia como uno de los pilares de bienestar para la población.
Touraine explicó que la protección social no debe entenderse como un conjunto de medidas aisladas, sino como un sistema coherente e integrado de políticas públicas, capaz de responder a las distintas etapas de la vida. En ese sentido, resaltó el enfoque francés en el desarrollo de políticas de cuidado, que comienzan desde el ámbito familiar y se complementan con servicios públicos.
El seminario abrió el ciclo de debates, en el que autoridades, académicos y representantes del sector privado analizan cómo los cambios demográficos impactarán en el crecimiento económico, el mercado laboral y los sistemas de protección social en las próximas décadas.
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