Ante las denuncias mediáticas sobre un supuesto esquema de apriete y cobro a sus funcionarios, por parte de la senadora Zenaida Delgado, el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, confirmó que remitirá el caso al Ministerio Público. Un grupo de funcionarios de Delgado denunció que la legisladora exigía millonarios pagos para nombramientos, bonificaciones e incluso para no ser despedidos de sus funciones.

“Ante las denuncias publicadas en las últimas horas contra la senadora Zenaida Delgado, informo que desde la presidencia del Congreso Nacional se presentará una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue el caso y la eventual participación de otras personas. Es fundamental que la justicia actúe con celeridad e imparcialidad”, confirmó Núñez a través de sus redes sociales.

Te puede interesar: Senadora Delgado niega esquema de peajes y querellará a exfuncionarias

El titular legislativo informó además que serán remitidas todas las documentaciones necesarias que puedan aportar en el proceso de investigación con el fin de que esta situación pueda ser aclarada.

“Desde la presidencia de la Cámara de Senadores y del Congreso Nacional, facilitaremos la documentación institucional que requiera la investigación, con pleno respeto al debido proceso. Nuestro compromiso es con el esclarecimiento de los hechos y la transparencia en la función pública”, detalló.

Núñez hizo este anuncio tras reunirse con tres de las funcionarias que realizaron la denuncia, la reunión se dio para escuchar la versión de las afectadas con el objetivo de llevar adelante acciones sobre este supuesto esquema de aprieta de la senadora Delgado. Mientras tanto, ya se impulsa un libelo acusatorio para la pérdida de investidura de la la legisladora.

Leé también: Pettengill anuncia acuerdo con Wiens para 2027: “Cualquiera puede encabezar”

La senadora Yolanda Paredes anunció que presentará el proyecto de pérdida de investidura de su colega Zenaida Delgado tras las denuncias de “peaje” realizadas a través de los medios de prensa. La legisladora indicó que “por acumulación de tarjeta” Delgado debe dejar la banca a la cual ingresó al Senado por su propio partido, Cruzada Nacional.

“Yo voy a presentar la pérdida de investidura de esta señora. No hay ninguna duda (del uso indebido de influencias), tenemos instrumentales, pruebas más que fehacientes, tenemos hasta testigos que ahora justamente están en el despacho del presidente (Basilio Núñez) ratificando esas denuncias”, adelantó Paredes, este lunes, en rueda de prensa.

La parlamentaria afirmó que se debe tomar una decisión política para sacar definitivamente a Delgado, teniendo en cuenta también otros antecedentes de hechos irregulares en los que habría incurrido utilizando el cargo, y no solo remitir el caso a la Fiscalía para una investigación.

Podés leer: Bachi Núñez recibirá a denunciantes de la senadora Zenaida Delgado por presunto peaje

“Es una más que por acumulación de tarjeta amarilla tiene la roja, definitivamente tiene que estar fuera. Acá necesitamos una decisión política, no necesitamos pasar la pelota. La Fiscalía tiene la obligación de investigar, pero cuando hablamos de la responsabilidad política es nuestra, es del Congreso, es de la Cámara de Senadores, somos nosotros los que tenemos que darle una respuesta a la ciudadanía y lo que corresponde es que esto sea resuelto a nivel político”, apuntó Paredes.

La legisladora también asumió la responsabilidad de ser el canal para el ingreso de Delgado al Senado, ya que tanto la senadora denunciada como otros dos legisladores que fueron destituidos de sus bancas ingresaron al Congreso por la lista de Cruzada Nacional. “Mea culpa total, pero denme la posibilidad de darle una patada por el trasero a esta señora”, sentenció.

Te puede interesar: Exfuncionaria denuncia que la senadora Delgado le exigió G. 50 millones para no despedirla

El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, se reunirá en el transcurso de la mañana de este lunes con tres funcionarias que denunciaron a la senadora Zenaida Delgado por un presunto esquema de “peaje” para nombramientos en la institución legislativa. La denuncia, realizada a través de los medios de prensa, refiere que la legisladora solicitaba altas sumas de dinero para realizar nombramientos de los funcionarios que hacen parte de su equipo de trabajo en su despacho.

“Voy a recibir a las partes, así como seguramente voy a recibir a la colega senadora, que también diga su parte”, confirmó el senador Núñez en el programa “Arriba Hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media. Explicó que generalmente, con el ingreso de cada legislador también ingresan funcionarios, como contratados, y muchos de ellos también dejan la función al término del periodo, mientras que otros permanecen en las oficinas de los nuevos legisladores que ingresan. En estos casos ocurre un aumento considerable de funcionarios, atendiendo a que ingresan nuevos u otros permanecen.

En el caso de Delgado, tendría alrededor de 13 funcionarios a su cargo, a quienes exigiría un pago por el cargo que ocupan. “Cuando asumí ella tenía más de 10, puede ser que sean funcionarios para su despacho, para la comisión que preside, no está topeado, se puede tener más de 10 funcionarios”, indicó Núñez.

Te puede interesar: El Frente Guasu inicia plenarias para definir la agenda progresista con miras al 2028

El titular legislativo indicó que no manejaba esta situación, pero instó a que se realicen las denuncias a las instancias que corresponden y no realizarlo solo de manera mediática. “Imposible darse por enterado de la situación de los funcionarios de esta legisladora, es inviable. Es más, si uno está enterado de una situación de esta índole y si corresponde, tiene que hacer la denuncia, es lo que yo cuestionaba también, le dije a las colegas que, si tienen pruebas que denuncien, porque hay que denunciar”, dijo el legislador.

Agregó que “si hay hechos de corrupción hay que denunciar, tenemos que acostumbrarnos a hacernos cargo nosotros también como legisladores o autoridades políticas, si nos llegan las denuncias, no hacer solamente denuncias mediáticas o debajo de la mesa, hay que hacer la denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue, para que sepamos la verdad, es lo que yo siempre sugiero”.

Podés leer: Yolanda Paredes impulsará pérdida de investidura de Delgado

La abogada, especialista en derecho penal, gobernabilidad, gerencia política y gestión pública, Dannia Ríos Nacif, defendió la iniciativa popular que plantea hasta 20 años de cárcel para quienes interfieran, alteren o dañen la percepción natural del niño acerca de la sexualidad o su identidad biológica.

“El proyecto de ley propone modificar el artículo 135 del Código Penal incorporando un apartado nuevo, el 135c. Este apartado tipifica como abuso infantil la elaboración, distribución, promoción o difusión de materiales o actos dirigidos a niños que interfieran, alteren o dañen su percepción natural sobre la sexualidad, el ejercicio de ella o su identidad biológica de los mismos”, afirmó Ríos Nacif en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

Añadió también que “estas conductas atentan contra el desarrollo armónico del niño, el mismo bien jurídico protegido en los casos de abuso sexual en niños, denominado indemnidad, el cual consiste en el derecho del niño a no sufrir interferencias o daño en el proceso de formación adecuada de la personalidad”.

Mencionó que a través de la propuesta se “busca proteger el derecho constitucional del niño, contemplado en el artículo 54 de la Constitución Nacional, que obliga a la familia, la sociedad y el Estado, que incluye a todas las instituciones, funcionarios y autoridades, a garantizarle su desarrollo armónico e integral, protegiéndolo, entre otras cosas, contra el abuso”.

Detalló que la incorporación del artículo 135, inciso c, “abuso bajo otras formas”, no modificará ni reducirá las penas y conductas ya tipificadas en los artículos 135a y 135b. “Se mantienen según la ley vigente (Ley N.º 7394/24). Solo se agrega una figura penal nueva que protege el mismo bien jurídico”, afirmó.

Con relación al cuestionamiento de la senadora opositora Esperanza Martínez, quien sostiene que la iniciativa adolece de serios problemas constitucionales y que restablece penas más bajas para los abusadores sexuales, la abogada dijo que “esas afirmaciones no se ajustan a la verdad. El proyecto no reduce ninguna pena. Las penas por abuso sexual en niños se mantienen conforme a la ley vigente (Ley N.º 7394/24). El texto se elaboró originalmente en el año 2023 y, mediante el trámite correspondiente, será incorporado al marco legal vigente”.

Agregó que “en cuanto a la constitucionalidad, precisamente el proyecto se fundamenta en el derecho constitucional que protege al niño en su etapa de desarrollo (artículo 54 de la Constitución Nacional). Por lo tanto, este derecho no puede dejar de ser atendido, tratándose del sector más vulnerable. Invocar derechos de adultos para introducir estas ideas en niños, atenta contra ese derecho y, en última, prevalece el interés superior del niño”.

Lea también: Opositores rechazaron a Payo Cubas como articulador de la unidad rumbo al 2028

Consultada sobre si el proyecto apunta a impedir toda forma de acceso a la información sobre diversidad sexual y género, Ríos Nacif argumentó que “el proyecto no prohíbe que los adultos accedan a información ni que discutan estos temas entre mayores de edad. Lo que busca es impedir que se introduzcan en la educación y en actividades dirigidas a niños, aquellos contenidos que interfieran en la formación de su identidad biológica y sexual, atentando contra su indemnidad. El objetivo es la protección del niño”.

Respecto a las afirmaciones de que la iniciativa equipara la educación sobre género con el abuso infantil, la abogada comentó que “el proyecto tipifica como abuso infantil aquellas acciones o materiales dirigidos a niños que le presenten la idea de que la identidad no responde al dato biológico, sino que se construye o se autopercibe y le siembra la duda acerca de la sexualidad o su identidad. Valga señalar que el niño no está en condiciones de comprender ni de consentir este tipo de ideas por ser un ser en desarrollo, es decir, no se trata de cualquier educación”.

Señaló que la iniciativa popular amparada en el artículo 123 de la Constitución Nacional y las leyes, se encuentra impulsada especialmente por padres de familia y cuenta con el respaldo de las organizaciones como FEDAPAR, FENAPEP, FRENVIFA, RECNAPY y Somos Muchos Muchos Más. “También cuenta con el apoyo de sectores confesionales, sectores de la iglesia católica como evangélica y la firma de más de 50.000 ciudadanos”, comentó.

Puntualizó también que requerirán al Congreso Nacional que dé celeridad al tratamiento y sanción del proyecto de ley, en respeto a las 50.000 firmas ciudadanas que dan aval a su presentación.

“En las próximas semanas se acompañará el trámite legislativo, se mantendrá informada a la ciudadanía y se continuará el diálogo con los legisladores para que el proyecto sea estudiado y aprobado, protegiendo el desarrollo armónico de los niños en cumplimiento al artículo 54 de la Constitución Nacional”, argumentó.

Te puede interesar: Itaipú cumple 42 años de su inauguración oficial como líder mundial en producción de energía