La defensa del exministro abdista Arnoldo Wiens presentó cinco escritos distintos en menos de 64 horas, con recursos, nulidades y recusaciones que apuntan a frenar, anular o modificar el rumbo del proceso en la causa del Metrobús. El propio Tribunal de Apelación atribuyó a uno de los planteamientos una finalidad “dilatoria”.

La causa Metrobús atraviesa una intensa sucesión de incidentes procesales desde que la Fiscalía cerró su investigación contra Arnoldo Wiens y solicitó llevarlo a juicio oral.

En menos de 64 horas, la defensa presentó cinco escritos distintos que abrieron nuevos frentes dentro del expediente: una apelación por prescripción, un recurso extraordinario de casación ante la Corte, otra apelación contra el rechazo de una recusación, una recusación contra tres camaristas y, finalmente, un incidente de nulidad absoluta contra la acusación fiscal.

Los propios registros electrónicos reflejan la velocidad de la secuencia. El 21 de agosto, a las 15:57, fue registrada la apelación contra el A.I. N.º 264, que rechazó el planteamiento de prescripción. Apenas ocho minutos después, a las 16:05, ingresó otro escrito: el recurso extraordinario de casación contra el A.I. N.º 113.

Ese mismo día, a las 20:43, fue registrada la apelación contra el A.I. N.º 119, dictado el 21 de agosto. Menos de 18 horas después, el 22 de agosto a las 14:31, se presentó la recusación contra los tres integrantes del Tribunal de Apelación. Finalmente, el 24 de agosto, a las 07:00, se sumó el incidente de nulidad absoluta contra la acusación fiscal.

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Uno de los principales planteamientos de la defensa apunta a extinguir la causa por prescripción y obtener el sobreseimiento definitivo de Wiens, sin llegar a discutir el fondo de la acusación.

El juez Humberto Otazú rechazó ese pedido mediante el A.I. N.º 264, del 14 de agosto. Siete días después, el 21 de agosto, la defensa presentó una apelación contra esa decisión y solicitó la nulidad absoluta de la resolución, además de pedir que el Tribunal declare extinguida la acción penal.

La discusión gira en torno a una citación realizada el 4 de octubre de 2023. Para el juzgado, ese acto interrumpió el plazo de prescripción. Sin embargo, la defensa sostiene que aquella convocatoria hacía referencia al caso Metrobús, pero no comunicaba los hechos concretos que posteriormente fueron incluidos en la imputación contra el exministro.

Entre esos hechos figuran la supuesta orden de demolición de las estaciones 19, 20, 21, 22, 23 y 24, además de actuaciones ocurridas entre abril y mayo de 2020.

La defensa sostiene que una referencia general al proyecto no puede mantener vigente, durante años, cualquier acusación que posteriormente se incorpore dentro de la misma carpeta fiscal.

Si el Tribunal acepta esa postura, la causa podría terminar por el transcurso del tiempo, sin llegar a un juicio oral sobre los hechos atribuidos por la Fiscalía.

Mientras planteaba la prescripción, la defensa abrió otro frente para cuestionar la validez de la acusación fiscal presentada el 11 de agosto. El incidente de nulidad absoluta fue registrado el 24 de agosto, 13 días después de la presentación de la acusación y 11 días después de la providencia que la tuvo por recibida.

El juzgado había fijado el 16 de agosto como fecha para la presentación del requerimiento conclusivo. Sin embargo, la Fiscalía presentó su acusación contra Wiens el 11 de agosto y, en esa misma presentación, solicitó la abreviación del plazo.

Dos días después, el 13 de agosto, Otazú tuvo por recibida la acusación y corrió traslado a la defensa sobre el pedido de abreviación. Para los abogados de Wiens, el orden procesal debió ser distinto: primero debía resolverse la modificación de la fecha y, recién después, podía presentarse válidamente la acusación.

Por esa razón, la defensa considera “extemporánea” la acusación, pese a que fue presentada antes del 16 de agosto. El argumento no apunta a una presentación tardía, sino a que, según sostiene, la Fiscalía actuó antes de contar con una decisión judicial que habilitara el cambio del plazo.

Además, cuestiona que al llegar el 16 de agosto la Fiscalía no haya vuelto a presentar el requerimiento y haya dado por válida la acusación ingresada el día 11.

La pretensión de la defensa es que esa situación alcance a la acusación, a la providencia que la tuvo por recibida y a las actuaciones posteriores que dependan de ellas.

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La ofensiva de la defensa también alcanzó la resolución que dispuso el sobreseimiento definitivo de Ramón Jiménez Gaona y Marta Benítez.

La defensa de Wiens intentó apelar esa decisión, pero el Tribunal declaró inadmisible el recurso mediante el A.I. N.º 113, del 7 de agosto. Dos semanas después, el 21 de agosto a las 16:05, fue registrado electrónicamente el recurso extraordinario de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, apenas ocho minutos después de la apelación presentada contra el rechazo de la prescripción.

La defensa sostiene que la resolución que desvinculó a Jiménez Gaona y Benítez no se limitó a disponer sus sobreseimientos, sino que incluyó consideraciones sobre la viabilidad del proyecto, la planificación, los pagos y las causas de la paralización, conclusiones que, según argumenta, podrían terminar trasladando la responsabilidad hacia la administración posterior.

En su recurso, la defensa habla de un “giro abrupto” y “selectivo” de la investigación para conducirla hacia Wiens y busca que la Corte vuelva a analizar una discusión que la Cámara ya había cerrado.

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Otro de los frentes abiertos se centra en la integración de los órganos que deben resolver el caso. La defensa recusó al juez Humberto Otazú al sostener que una sucesión de actuaciones había comprometido la apariencia objetiva de imparcialidad del magistrado.

El Tribunal de Apelación rechazó la recusación mediante el A.I. N.º 119, dictado el 21 de agosto. Ese mismo día, a las 20:43, la defensa registró electrónicamente una apelación contra esa decisión.

En la resolución, según el escrito posterior del abogado Sergio Coscia, el Tribunal señaló que la intención de Wiens, bajo su patrocinio, era “al solo efecto dilatorio o lograr el apartamiento del Magistrado”.

La defensa respondió cuestionando esa conclusión y sostuvo que no existía base suficiente para atribuirle una finalidad dilatoria. También afirmó que la expresión afecta profesionalmente al abogado e insistió en que la Cámara no respondió el planteamiento sobre la imparcialidad objetiva.

La secuencia continuó al día siguiente. Después de que Paublino Escobar Garay, Mario Camilo Torres Leguizamón y José Waldir Servín Bernal rechazaran apartar a Otazú, Coscia presentó una recusación contra los tres integrantes del Tribunal de Apelación.

El escrito fue registrado el 22 de agosto a las 14:31, menos de 18 horas después de la apelación contra el rechazo de la recusación del juez.

La defensa sostiene que, luego de calificar uno de sus planteamientos como destinado a dilatar el proceso, los magistrados ya no ofrecerían la apariencia de neutralidad necesaria para estudiar los próximos recursos de Wiens. También invoca, de manera subsidiaria, una causal vinculada con enemistad, odio o resentimiento.

Cada una de estas herramientas forma parte de los mecanismos previstos dentro del proceso penal y cada planteamiento deberá ser analizado por los órganos competentes. El derecho a la defensa contempla la posibilidad de recurrir resoluciones, plantear nulidades y promover recusaciones cuando existan fundamentos.

Sin embargo, la particularidad de esta etapa del caso Metrobús radica en la acumulación y la concentración temporal de los incidentes.

Entre las 15:57 del 21 de agosto y las 07:00 del 24 de agosto, los registros electrónicos consignan cinco presentaciones distintas: la apelación por prescripción, la casación relacionada con el sobreseimiento de Jiménez Gaona y Benítez, la apelación contra el rechazo de la recusación de Otazú, la recusación contra los tres camaristas y el incidente de nulidad contra la acusación fiscal.

La secuencia también fue objeto de observación por parte del propio Tribunal de Apelación, que dejó constancia, respecto de una de las recusaciones, de que la intención sería “al solo efecto dilatorio o lograr el apartamiento del Magistrado”.

Wiens y su defensa rechazan esa conclusión. Tras esa afirmación, presentaron una nueva apelación y posteriormente recusaron a los magistrados que integraban el Tribunal.

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Mientras tanto, el fondo del caso continúa pendiente. La Fiscalía busca llevar a juicio las decisiones adoptadas durante la gestión de Wiens en el proyecto Metrobús, mientras que la defensa intenta, a través de distintos planteamientos, extinguir la causa por prescripción, anular la acusación fiscal, reabrir decisiones relacionadas con otros imputados y cuestionar a los magistrados que intervienen en el proceso.

Ahora corresponderá a la Justicia resolver si cada uno de estos recursos tiene sustento. Pero, antes de que la causa pueda avanzar hacia el juicio oral, el expediente deberá atravesar esta sucesión de apelaciones, nulidades y recusaciones promovidas por la defensa del exministro.

El exministro de Obras Públicas y candidato a mandatario por el adbismo, Arnoldo Wiens, recusó este martes al juez penal de garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, con la finalidad de paralizar su proceso penal en la causa Metrobús.

La recusación fue impulsada bajo patrocinio del abogado Sergio Coscia en donde menciona “una falta de imparcialidad e independencia” por parte del magistrado. El pasado 13 de agosto, el dirigente abdista también impulsó la recusación del fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón.

Wiens alega que su planteamiento no responde simplemente a que las decisiones del magistrado hayan sido desfavorables a su posición procesal, sino a lo que considera una “secuencia objetiva de actuaciones procesales desplegadas por el magistrado, las cuales, consideradas en su conjunto, generan en mi persona una duda razonable respecto de la necesaria imparcialidad y distancia que debe mantener el órgano jurisdiccional frente a las posiciones de las partes”, indicó.

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Ante esta nueva chicana, el Tribunal de Apelación deberá definir si Otazú continúa o no al frente de la causa, en la cual debe llevarse adelante la audiencia preliminar para definir si el caso se remite o no a juicio oral y público.

De acuerdo con el Ministerio Público, el daño patrimonial ocasionado por Wiens, quien se encuentra acusado por lesión de confianza y daño a obras construidas, es de aproximadamente 14.995 millones de guaraníes.

Los agentes fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Gri­setti sostienen que Wiens recibió un proyecto con el 40 % de avance en el 2018 por parte de la administración del exministro de Obras Públicas Ramón Jimenez Gaona.

A la vez, argumentan que la iniciativa contaba con un financia­miento asegurado y contra­tos vigentes; sin embargo, sus decisiones mantuvieron la paralización, destruyeron infraestructura construida y desviaron bienes de la finali­dad para la cual fueron adqui­ridos.

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El jefe de Estado, Santiago Peña, reveló que el exmandatario y líder del movimiento Colorado Añetete, Mario Abdo Benítez, condicionó la unidad colorada a que desista de sus aspiraciones presidenciales en las elecciones generales del 2023, pretendiendo que se limite a pugnar por un cargo distrital.

“El planteamiento dentro de la operación Cicatriz y luego Concordia era en capital, que yo sea candidato a intendente en Asunción, ese fue el planteamiento formal y concreto por parte del expresidente Mario Abdo, a lo cual yo me negué”, refirió el mandatario a la 780 AM.

Detalló que, finalizadas las elecciones municipales del 2021, nuevamente surgió la propuesta por parte del abdismo de construir una candidatura de consenso bajo la operación de la Concordia colorada, lanzada entre 2019 y 2020 que consistió en el aglutinamiento de los principales movimientos internos de la centenaria agrupación.

“Hubo nuevamente un planteamiento, un intento, nunca fue tan formal de tratar de construir una candidatura en común dentro de la figura de la Concordia, pero había una sola condición: cualquier candidato, menos Santiago Peña. La negociación la llevaba a cabo José Alberto Alderete”, refirió.

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Peña señaló que el intento de Abdo Benítez para sacarlo de la carrera presidencial tuvo como objetivo las pretensiones electoralistas de su entonces vicepresidente de la República y líder del movimiento Fuerza Republicana, Hugo Velázquez. “En ese entonces, Velázquez ya había lanzado, previo a las elecciones municipales, su candidatura y bajo ninguna circunstancia estaba en condiciones en ese momento de bajar su candidatura”, comentó.

Agregó que la unidad partidaria, de acuerdo al condicionamiento de Abdo Benítez, solo se podría dar “sobre la base de una candidatura de Hugo Velázquez para la presidencia y Pedro Alliana para la vicepresidencia de la República. En un momento de idas y venidas de algunos rumores, Alliana salió y dijo que él bajo ninguna circunstancia sería candidato a vicepresidente si no es por una chapa de Honor Colorado”.

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El tribunal de sentencia que juzga a Giuzzio está integrado por Adriana Planás, Yolanda Morel y Mathias Garcete.

A las 8:00 de este martes conti­nuará el juicio oral para el exministro del Inte­rior, Arnaldo Giuzzio, acu­sado por presunto cohecho pasivo agravado tras recibir supuestos favores del pre­sunto narcotraficante Mar­cus Vinícius. La audiencia oral seguirá con la declara­ción de Adolfo D’Ecclesiis, funcionario de la empresa Ombú SA (propiedad del pre­sunto narco brasileño Mar­cus Vinícius Espíndola), y otros testigos.

Con la declaración de D’Ec­clesiis se ingresa a una etapa crucial y clave para el pre­sente caso, donde ya declara­ron varios testigos que com­plicaron la situación procesal del acusado Giuzzio.

Días atrás declaró Gilberto Enciso, gerente de Ombú SA, quien fue tajante al mencio­nar que Marcus Vinícius y el entonces ministro del Inte­rior conversaron en varias oportunidades sobre licita­ciones para el Estado. Sos­tuvo que la empresa Ombú pretendía ser proveedora de chalecos antibalas y encar­garse de la reparación de vehículos blindados.

Añadió que “Marcus Vinícius era quien tenía el contacto en el Ministerio del Interior, y sus enlaces eran el ministro Giuzzio y el viceministro de Seguridad, Pablo René Ríos”. Del mismo modo, el testigo aseguró que Giuzzio utilizó una camioneta de la firma Ombú SA para realizar un viaje familiar de vacaciones a Brasil, prestada directa­mente por su dueño. Ade­más, el gerente afirmó que “Giuzzio firmó un pagaré simbólico de 700 dólares que nunca se cobró”.

Por su parte, el Ministerio Público sostiene que tanto los testigos como las prue­bas documentales están probando su tesis acusatoria contra el exhombre fuerte del gobierno de Mario Abdo Benítez.