“Impulsamos leyes para resguardar a la mujer y protegerla, pero hay mucho que hacer. Hay que ampliar urgentemente la Ley. Hay que crear juzgados y tribunales especializados”, puntualizó la senadora Lilian Samaniego ante el aumento de la violencia contra la mujer que terminan en su mayoría en casos de feminicidios.
Samaniego hizo mención a la normativa 5777/2018 de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencia, que tiene como fin establecer políticas y estrategias de prevención de la violencia hacia la mujer, mecanismos de atención y medidas de protección, sanción y reparación integral, tanto en el ámbito público como en el privado.
La legisladora manifestó que en lo que va del 2024 hay 10 víctimas y 23 huérfanos, de los cuales 9 son menores. De los 10 casos, 6 se produjeron en el departamento Central. “Algo tenemos que hacer ante esta ola de violencia que existe hacia la mujer en estos últimos años. Existen más de 200 causas abiertas por feminicidio desde el 2018 al 2023, un total de 75 fueron condenados y más de 40 están condenados por tentativa de feminicidio. Cada día amanecemos con un caso nuevo”, mencionó a la 1020 AM.
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La senadora añadió que los juzgados y tribunales especializados deberán estar dirigidos por personas técnicas, como por ejemplo psicólogos, trabajadores sociales, entre otros. “Esto existe en otros países como México, Guatemala, España. Esto se debe tomar con la seriedad que se requiere. Estoy con los últimos detalles para la ampliación de la ley. La sociedad paraguaya no se merece tener esto como algo cotidiano”, indicó.
Señaló además que se vuelve urgente una mayor socialización de la normativa y capacitación en las instituciones que deben encargarse de su cumplimiento efectivo, citando al Ministerio Público, la Policía Nacional, el Ministerio de la Mujer, entre otras.
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Samaniego reflotará proyecto para crear juzgados especializados ante feminicidios
“Estamos viendo una lamentable situación de aumento de feminicidios en el país, no se puede normalizar la muerte de mujeres por parte de sus parejas o exparejas”, sostuvo la senadora Lilian Samaniego al anunciar que reflotará su proyecto de ley para la creación de juzgados y tribunales especializados en violencia contra las mujeres.
“Esto crea un daño irreparable para sus seres queridos, cada feminicidio es una destrucción familiar, quedan niños huérfanos que crecerán sin sus madres por este flagelo que afecta gravemente a nuestra sociedad”, indicó Samaniego en una conferencia de prensa.
Detalló que la iniciativa tiene como finalidad principal “dar celeridad a las denuncias reales y desestimar las falsas. Conocemos casos de hombres que hoy están presos por acusaciones falsas. Hace dos años ya pudo estar vigente la creación de estos juzgados y tribunales especializados multidisciplinarios, integrado por jueces, fiscales, asistentes sociales, psicólogos, siquiatras, para asistir a las víctimas, esto busca la coordinación entre instituciones, que no haya burocracia”.
Dicha propuesta había sido objeto de controversia en el Legislativo, donde se sancionó una versión que creaba juzgados especializados de violencia en el grupo familiar, suprimiendo la especificación sobre las mujeres, punto que fue cuestionado por Samaniego. Finalmente el proyecto de ley terminó siendo vetado por el Ejecutivo.
“Si existiesen estos juzgados, los especialistas, al tomar conocimiento de la denuncia, llevarán su trámite adelante y si es falsa ahí mismo la desestimarán, pero eso hoy no ocurre. El hombre que está preso tiene que mostrar su inocencia, pero está preso. Cada caso duele”, lamentó.
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La postura de la parlamentaria colorada de impulsar nuevamente su propuesta surge tras el asesinado de la joven Deysi Giménez y el brutal ataque a Rosi Ramona Pinho Gire, quien fue apuñalada en varias ocasiones presuntamente por su exmarido.
“Este proyecto de ley fue elaborado durante 6 años en un trabajo conjunto entre varias instituciones del Estado, bajo la coordinación del Ministerio de la Mujer, pero los fundamentalistas senadores, sin argumentos, simplemente lo rechazaron y el feminicidio fue lamentablemente en aumento”, dijo.
Samaniego detalló que entre las instituciones que también fueron parte de la propuesta figuran el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección de Género de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Cifras del feminicidio
“Desde la pandemia del Covid-19, el feminicidio fue escalando en forma masiva. Entre el 2020 al 2025 se registraron 258 feminicidios, un promedio superior a 40 víctimas por año. En el año 2025 se tuvo un total de 37 feminicidios, 55 tentativas de feminicidio, se registraron 37.825 denuncias de violencia familiar, 69 niños y adolescentes quedaron huérfanos, nunca más verán a su madre”, refirió.
Agregó que “mientras que las tentativas de feminicidio van más de una por semana. En lo que va del año 2026 ya tenemos 20 feminicidios y solo estamos en el mes de octubre, 28 tentativas de feminicidio, 36 hijos que quedaron sin sus madres, que dolor, que impotencia”.
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Ante casos brutales de feminicidios, diputado impulsa cadena permanente en Paraguay
Implementar cadena perpetua o condena permanente con revisión, es una alternativa que sonó nuevamente en el seno de la Cámara de Diputados tras un hecho que conmovió a todo un país, el feminicidio de Deysi Paola, una joven estudiante y trabajadora que fue brutalmente asesinada por su ex pareja. De acuerdo a las estadísticas, en lo que va el año, ya son 20 mujeres asesinadas en el país en manos de parejas o exparejas.
El diputado Rubén Rubin, a través de las redes sociales reflotó su planteamiento de aplicar la cadena perpetua en Paraguay, pero bajo la figura de condena permanente con revisión. Esto implica incluir modificaciones en el Código Procesal Penal, y en este sentido, el legislador anunció que ya concluyó y presentó su proyecto de ley.
“Nos vamos a enfocar en crímenes graves como violaciones y asesinatos. Yo creo firmemente que cualquiera que le saque la vida a un paraguayo o se anime a tocar a una de nuestras mujeres tiene que perder su libertad de por vida”, explicó en su momento el diputado Rubin a los medios de prensa.
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El parlamentario cuestionó que las penas por asesinatos son bajas, incluyendo para los casos de feminicidios. “Violarle hoy a una mujer es 5 años, 3 años (de prisión), sacarle la vida a un paraguayo hoy es 5 años, 10 años, ¿Cuánto vale la vida de los paraguayos?, cero”, lamentó.
Rubin concluyó su proyecto y anunció un fuerte lobby con sus colegas para que este proyecto sea analizado en la Cámara de Diputados. El mismo viene hablando de esta modificación penal ya desde el año pasado, y con los últimos hechos de violencia, principalmente contra las mujeres, apunta a concretar su planteamiento.
“Aquí está presentado el proyecto, tiene mesa de entrada, automáticamente ahora voy a ir a entregarle en mano a cada uno de los 79 legisladores de la Cámara Baja mi propuesta, voy a hacer lobby, le voy a explicar uno a uno, voy a pedir reunión con las diferentes bancadas y le voy a presentar a los colegas. Les voy a explicar la diferencia entre cadena perpetua y prisión permanente y revisión, que es compatible con los derechos humanos”, dijo en su momento.
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Deysi Paola: el rostro de una protección que falló
Deysi Paola Giménez Segovia tenía apenas 22 años y un futuro por delante. Estaba en el último tramo de la carrera de Derecho, trabajaba y buscaba construir su independencia. Pero la noche del jueves 8 de octubre, cuando caminaba hacia su lugar de trabajo en Lambaré, fue asesinada a tiros en plena vía pública. El principal sospechoso es su expareja, Aldo Alexis Duarte, de 26 años, quien permanece prófugo.
La joven había denunciado hechos de violencia y amenazas atribuidos al hombre. También contaba con una orden judicial de alejamiento. Sin embargo, esa medida no consiguió evitar el desenlace fatal.
El caso no solo conmociona por la brutalidad del crimen, sino por los antecedentes que ahora colocan bajo cuestionamiento la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de proteger a las víctimas de violencia.
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Denunció, pidió protección y terminó asesinada
Según los reportes policiales, Deysi había recurrido a la Justicia ante situaciones de violencia atribuidas a su expareja. Un juzgado de Capiatá, donde vivían anteriormente, había dispuesto una medida de restricción.
El abogado William Amaral Martínez, quien fue jefe de la joven, aseguró que existían antecedentes de acoso y amenazas denunciados ante el Juzgado de Paz de Lambaré y que el caso también había llegado al Ministerio Público.
Amaral cuestionó la respuesta institucional y denunció que no se habría activado el protocolo de protección. También hizo referencia a demoras en el tratamiento judicial del caso, circunstancias que requieren una revisión de los expedientes correspondientes.
La joven, que estaba próxima a culminar sus estudios de Derecho, había acudido precisamente a las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento de las leyes. Su muerte instala una contradicción dolorosa: una futura abogada que recurrió al sistema judicial en busca de protección terminó siendo víctima de la violencia que había denunciado.
Una ley que protege en el papel, ¿pero también en la práctica?
Paraguay cuenta desde 2016 con la Ley 5777, de Protección Integral a las Mujeres contra Toda Forma de Violencia, que establece medidas preventivas y mecanismos de protección para las víctimas.
Entre esas disposiciones se encuentran las órdenes de alejamiento, las prohibiciones de amenazas, persecución y acoso, así como responsabilidades para las instituciones involucradas.
No obstante, casos como el de Deysi Paola plantean interrogantes sobre el seguimiento efectivo de esas medidas y la capacidad del Estado para intervenir antes de que las amenazas se conviertan en hechos irreparables.
La existencia de una resolución judicial no garantiza, por sí sola, la seguridad de una persona. Su efectividad depende también de la evaluación del riesgo, el seguimiento policial, la actuación fiscal y la coordinación entre las distintas instituciones.
En este caso, será fundamental esclarecer qué actuaciones se realizaron después de las denuncias y si existieron omisiones o demoras que pudieron haber comprometido la protección de la víctima.
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¿Es momento de revisar las leyes?
La muerte de Deysi Paola vuelve a colocar sobre la mesa la necesidad de evaluar tanto la legislación vigente como los procedimientos para su aplicación.
Entre las propuestas que merecen un debate legislativo se encuentran el seguimiento obligatorio de las órdenes de restricción, la evaluación inmediata del nivel de riesgo de las víctimas, el fortalecimiento del monitoreo electrónico de agresores y la intervención urgente cuando se detectan incumplimientos.
Otro aspecto fundamental es establecer controles efectivos sobre la actuación de las instituciones responsables de atender denuncias, garantizar la coordinación entre juzgados, Fiscalía y Policía, y determinar responsabilidades cuando se comprueben negligencias.
El desafío no pasa únicamente por aumentar las penas o aprobar nuevas disposiciones, sino por conseguir que los mecanismos de protección funcionen antes de que ocurra una tragedia.
Una tragedia que exige respuestas
Hasta septiembre de este año, el Ministerio Público había registrado 19 víctimas de feminicidio y 28 tentativas en Paraguay. Detrás de esas cifras hay mujeres, familias y proyectos de vida interrumpidos por la violencia.
Deysi Paola Giménez representa hoy mucho más que un nuevo caso en las estadísticas. Su historia obliga a examinar qué sucede después de que una mujer denuncia, solicita protección y espera una respuesta efectiva de la Justicia.
La investigación deberá determinar las responsabilidades penales del crimen, pero también corresponde esclarecer cómo actuaron las instituciones que conocieron sus denuncias.
Porque el verdadero alcance de una ley de protección no se mide solamente por las medidas que permite dictar, sino por su capacidad para evitar que una mujer amenazada termine asesinada.
Deysi recurrió a la Justicia para proteger su vida. Ahora, el Estado debe explicar qué hizo para protegerla.
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La duplicación de la ruta PY01 dinamizará la economía e impactará a 2,6 millones de personas
La modernización de la ruta PY01 se perfila como una de las principales apuestas de infraestructura para mejorar la conectividad y acompañar la actividad económica de las localidades ubicadas a lo largo del corredor. El proyecto contempla la ampliación y mejoramiento de 108 kilómetros, desde Cuatro Mojones hasta Quiindy, con una inversión estimada de USD 413 millones bajo el modelo de Alianza Público-Privada (APP).
La intervención tendrá impacto directo sobre unas 2,6 millones de personas de los departamentos Central y Paraguarí, además de generar efectos indirectos en Misiones e Itapúa. La transformación de esta vía busca mejorar las condiciones de circulación y fortalecer la conexión entre comunidades, centros productivos y servicios, factores que pueden favorecer el movimiento de bienes y personas y acompañar el desarrollo de las actividades económicas locales.
Entre las obras previstas se encuentra la duplicación del tramo Ytororó–Paraguarí, además de nuevas calzadas, intercambiadores, pasarelas peatonales y variantes viales en Yaguarón y San Roque González. El proyecto también contempla la reconstrucción de al menos siete puentes y la intervención de más de 20 intersecciones, junto con la instalación de al menos 17 semáforos y 35 paradas de ómnibus.
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La modernización también incorpora cuatro enlaces a desnivel en Ytororó, Ypané–Villeta, Guarambaré e Itá, con el objetivo de mejorar la conectividad y las condiciones de circulación en puntos estratégicos del corredor. Para las comunidades y comercios asentados en estas zonas, la mejora de la infraestructura representa un cambio en las condiciones de acceso y movilidad que acompañan sus actividades cotidianas.
El proyecto ya avanza con una etapa de operación transitoria, que incluye tareas de conservación, mantenimiento, señalización y asistencia a los usuarios. Paralelamente, el MOPC continúa con la socialización de las futuras intervenciones junto a pobladores y frentistas, como ocurrió recientemente en Ypané, donde se recogieron inquietudes vinculadas al impacto de las obras en la comunidad.
Con una visión de largo plazo, la transformación de la PY01 apunta a consolidar un corredor más moderno y conectado entre Central y el sur del país. La infraestructura prevista no solo busca atender las necesidades actuales de movilidad, sino también generar mejores condiciones para el desarrollo de las actividades comerciales, productivas y de servicios vinculadas a esta ruta estratégica.
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