Ante la posibilidad de que en algu­nos departamentos y sectores de la sociedad se esté utilizando el Programa Hambre Cero en las Escuelas para propósitos netamente políticos partidarios, sin importar el fin de alimentar a los escolares, se están tomando algunas medidas para corregir esa anormalidad. Porque el único fin que se persigue con el plan es darles la nutri­ción adecuada a los escolares del sec­tor público para mejorar su rendimiento y preservar su continuidad académica. Todo lo que lo impida o desnaturalice debe ser arrancado de raíz, sin ningún tipo de contemplación.

Una de las decisiones que se acaba de adoptar en la cumbre política es la modi­ficación de la Ley del Fondo Nacional de Alimentación Escolar para que el manejo de la administración del programa garan­tice la alimentación de los niños y no se desvíe hacia algunos intereses que no tie­nen en cuenta la prioridad fundamental, que son los niños que van a las escuelas estatales.

En su última sesión, la Cámara de Sena­dores decidió que la administración de los fondos del programa Hambre Cero en las Escuelas destinados a algunas gober­naciones quedarán a cargo del Ministe­rio de Desarrollo Social (MDS), que es el principal organismo estatal responsable del mismo. Esto a raíz de ciertos manejos realizados por algunas gobernaciones que ponen en duda el buen uso de los recursos monetarios destinados a la adquisición de los alimentos infantiles. Habitualmente, en los diferentes departamentos del país, son las gobernaciones las que se encar­gan de administrar localmente los fon­dos para la compra y distribución de las comidas que se sirven a los alumnos de las escuelas públicas.

Si el propósito de los senadores que vota­ron la modificación de la ley es preservar la correcta utilización del dinero desti­nado a Hambre Cero en las Escuelas, tie­nen que recibir el apoyo de los miembros de la Cámara de Diputados, que estu­diará próximamente el proyecto. Y, ade­más, tendría que conseguir el respaldo de toda la ciudadanía, que está pendiente de la buena utilización de los recursos para garantizar la alimentación de los niños.

Como afirmó uno de los legisladores, con la mencionada modificación de la ley se busca equilibrar el poder y proteger el presupuesto estatal que en su momento lo aprobó el Congreso. También se pre­tende darle mayor responsabilidad al Ministerio de Desarrollo Social, por lo cual debe contar con la autoridad y capa­cidad que sean necesarias a fin de mane­jar de manera transparente los recursos públicos.

Lo que se busca con el programa Ham­bre Cero en las Escuelas es mejorar de manera sustancial los índices de seguri­dad alimentaria y nutrición de los escola­res. Esto además de estimular el aumento de la asistencia a las clases. Por ello el plan es servir la totalidad del almuerzo, el desayuno y la merienda a los chicos que cursan hasta el noveno grado de la escuela.

Con la aplicación del programa se sirve desayuno y almuerzo a los alumnos del turno de la mañana. A los del turno de la tarde se les ofrece almuerzo y merienda, en tanto que a los del turno de la noche se les provee una colación.

El plan alimentario escolar se inició por segundo año consecutivo en todas las escuelas públicas del país con el comienzo de las clases el pasado 23 de febrero. Una primera experiencia se había realizado parcialmente a fines de julio de 2024 en algunos departamentos y en la capital, cosa que se llegó a extender a todas las ins­tituciones estatales en febrero de 2025.

El administrador del proyecto es el Ministe­rio de Desarrollo Social, que colabora de ese modo con el Ministerio de Educación y Cien­cias, que es la entidad regidora de las escuelas y colegios del país. Hambre Cero en las Escue­las es el programa de mayor relevancia social y económica que, por su importancia nacio­nal, se convierte en uno de los ejes políticos más significativos del Gobierno. Y constituye uno de los mayores aciertos de la administra­ción actual.

Por todo ello no se puede permitir que algunos políticos quieran aprovecharse del programa y de los fondos monetarios para sus fines partidarios y personales, como se ha detectado en algunos puntos del país. La clase política consciente tiene que adoptar todas las decisiones nece­sarias para impedir que los niños sufran por culpa de los inescrupulosos.

La senadora Celeste Amarilla está a favor de que el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) administre el programa “Hambre Cero”. La legisladora fundamentó su postura a favor de la centralización de planes señalando que de esta manera se facilita el control y evita la dispersión entre varias instituciones.

“Todo el tema de alimentación escolar, todo el tema social tiene que estar dentro de ese ministerio. Paraguay se caracteriza por tener esparcidos sus programas. Entonces, hace puente la Gobernación, hace puente el intendente y hace el MOPC”, señaló a La Tribu 650 AM.

A su criterio “todo está atomizado” y consideró “muy difícil controlar y hacer un balance”. “Toda la alimentación escolar tiene que manejar el Ministerio de Desarrollo Social. Esto yo lo vengo diciendo hace años. No es una cosa de ayer, hace años que digo: hay que centralizar los planes. Entonces, también facilita el balance, el control”, remarcó.

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La Cámara de Senadores dio media sanción en la sesión ordinaria de ayer miércoles al proyecto que modifica la Ley del Programa “Hambre Cero”.

Con la aprobación de esta reforma, la administración de los fondos del citado plan de alimentación escolar destinados a las Gobernaciones de Concepción y Alto Paraná se centralizará a través del Ministerio de Desarrollo Social (MDS).

Las modificaciones aprobadas por unanimidad establecen que la gestión de las políticas, programas y proyectos de alimentación escolar, previamente dirigida para Asunción y los Gobiernos departamentales de Central y Presidente Hayes, incorpore ahora a la gobernación de Concepción, a propuesta del senador Silvio Ovelar, bajo la dirección y ejecución del MDS.

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El presidente de la República, Santiago Peña, fue consultado sobre la ejecución por parte de las gobernaciones del programa Hambre Cero en las escuelas, atendiendo a que el Senado aprobó ayer el pedido para que la gestión de la alimentación escolar en Concepción y Alto Paraná dependa directamente del Ministerio de Desarrollo Social (MDS).

“Hicimos un programa demasiado grande, ambicioso y, por supuesto, el control es fundamental. El año pasado fue el año de la implementación, este es un año de la consolidación. Nosotros desde el Gobierno, el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Desarrollo Social, ya desde el año 2024 empezamos a implementar de manera rigurosa, aplicamos las primeras sanciones por algunos incumplimientos, multas, eso envió también la señal correcta”, señaló el presidente.

Durante su conversación con medios de prensa en su jornada de gobierno en Caazapá, el jefe de Estado destacó que, al tratarse de un programa grande y ambicioso, se requiere del apoyo de todas las autoridades locales, señalando que su implementación se pudo llevar adelante gracias a ese apoyo.

“Estamos trabajando de manera coordinada, estamos muy entusiasmados con el impacto que está teniendo, pero tenemos que cuidar entre todos, claramente el control y el trabajo que están haciendo nosotros no hubiésemos podido implementar probablemente de una este programa, sin el apoyo y el acompañamiento de los gobiernos locales, de los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales”, manifestó Peña.

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Por otra parte, se refirió al proyecto de reforma de la Caja Fiscal y sostuvo que se realizaron varias conversaciones con el objetivo de mejorar el sistema de jubilaciones para los sectores afectados por esta iniciativa. El tratamiento, que estaba previsto en principio para el 25 de marzo, fue aplazado sin plazo fijo (sine die) por el Senado, ayer miércoles.

“Es una discusión en el Parlamento, se están escuchando todas las posiciones desde hace meses, pero en realidad esto es algo que se viene discutiendo hace años y ningún gobierno tuvo la valentía para poder presentar, nosotros presentamos y también después de un largo debate, análisis, esto sigue hoy ya en el ámbito parlamentario”, concluyó.

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La representante de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP), Blanca Ávalos indicó que el sector de los docentes aguarda la contrapropuesta del Ejecutivo y Legislativo sobre las modificaciones que plantearon al proyecto de reforma de la Caja Fiscal, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y cuyo estudio en el Senado fue postergado sin plazo fijo (sine die).

“Nosotros ya hemos entregado nuestras modificaciones y esperamos la contrapropuesta. Tengo miedo de que la postergación sine die haga que se pueda estudiar el proyecto en cualquier momento, debido a que los senadores pueden convocar a una sesión extraordinaria dentro de la convocatoria a una ordinaria. No hay confianza hacia ellos”, refirió la docente gremialista, este jueves, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El ministro de Desarrollo Social (MDS) y titular del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae), Tadeo Rojas, aseguró que la deuda que mantiene su cartera y las gobernaciones con las proveedoras de alimentos del programa Hambre Cero en las Escuelas será saldada antes del 15 de marzo.

Rojas detalló que la deuda alcanza actualmente USD 50 millones, correspondiente al periodo 2025. “Desde el ministerio estamos arrastrando una deuda de USD 14 millones. Mientras que las 15 gobernaciones que ejecutan el programa cuentan con una deuda que está al orden de los USD 36 millones”, dijo a la 1020 AM.

El Senado de Brasil ratificó ayer miércoles el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea tras el reciente visto bueno de la Cámara Baja al pacto que creará el mayor mercado común del mundo.

También ayer, por unanimidad, la Cámara de Senadores de Paraguay aprobó el proyecto de Ley que acompaña el acuerdo interino de comercio entre ambos bloques. El documento con media sanción pasa ahora a la Cámara de Diputados.

Una comitiva de representantes de la empresa española Novargi Group, encabezada por el vicepresidente del grupo, Daniel Pascual, se reunió con el viceministro de Industria, Javier Viveros. En esta oportunidad anunciaron su interés en invertir en una planta de fertilizante verde en la ciudad de Villeta.

El proyecto se ejecutaría en dos fases: una primera etapa donde la inversión sería de USD 220 millones. En materia de empleo, prevé la generación de alrededor de 100 puestos de trabajo directos y al menos 200 indirectos, con la perspectiva de impulsar empresas auxiliares vinculadas al mantenimiento industrial, servicios técnicos y formación especializada.

El periodista del portal Salto del Guairá Noticias y corresponsal del canal GEN y de Universo 970AM, Juan Alcaraz, denunció una presunta agresión a latigazos por parte del intendente de Laurel (Canindeyú), Pablo Karjallo Pérez, ayer al mediodía, cuando el trabajador de prensa fue convocado por vecinos para tomar un reclamo.

“Me convocaron a Laurel para una denuncia de vecinos por una escuela. Y no sé qué le pasó al intendente. Había sido que es la casa de su exsuegra y se fue y me atacó. Había sido tenían un conflicto y le dijeron que llevarían prensa y al verme me agredió”, relató Alcaraz al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) continúa este jueves la distribución de chapas y otros elementos para las familias del Bañado Sur damnificadas por la tormenta que dejó a muchos pobladores sin techo.

Gloria Riquelme, funcionaria de la SEN, informó al canal Gen/Nación Media que las familias que están recibiendo asistencia son las que figuran en el listado proveniente del censo recientemente realizado. Los afectados están recibiendo chapas de zinc, terciadas, colchones, frazadas y puntales para compensar las pérdidas sufridas durante las tormentas registradas durante la semana.

En un operativo desarrollado en la madrugada de este jueves, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) decomisaron un cargamento de 40 paquetes de marihuana prensada que totalizó 1.180 kilogramos. La droga estaba oculta en una zona boscosa de Isla Ovecha de Ita Corá, zona de Mayor Martínez, departamento de Ñeembucú.

El valor aproximado de la carga incautada representa una pérdida de unos USD 472.000 para los grupos criminales, constituyendo un golpe económico importante para las estructuras dedicadas al tráfico internacional de drogas, destaca la institución.