El doctor Carlos Palacios señaló que, más allá del tra­bajo que realizan los aseso­res, cuyo objetivo es brindar el mayor blindaje posible a las sociedades para ocultar al beneficiario final, la Fisca­lía y la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes) cuentan con las herramientas necesarias para iniciar esa investiga­ción mediante la coopera­ción con grupos de unidades de inteligencia financiera de diversos países.

Indicó que, justamente, la República de Seychelles, en su afán de salir de la lista gris y dejar de ser conside­rada un paraíso fiscal, forma parte desde hace algunos años del Grupo Egmont, el organismo internacional que permite la cooperación y el intercambio de inteli­gencia entre las unidades de inteligencia financiera de varios países, incluido Paraguay.

“Esta información no es pública; la base de datos para saber quiénes son los titulares o los beneficia­rios finales de las empresas constituidas en esa juris­dicción solo puede ser acce­dida a través de estos meca­nismos oficiales. Por eso, la responsabilidad recae, creo yo, en la Seprelad y, fundamentalmente, en el Ministerio Público”, insis­tió Palacios.

El experto en materia del sistema financiero y derecho bancario, el abogado Carlos Palacios, y la periodista de investigación de Nación Media, Rosana Escobar, coincidieron en señalar que existen mecanismos para indagar y comprobar si el expresidente Mario Abdo Benítez y su esposa Silvana López Moreira podrían ser o no los beneficiarios finales de los 21 millones de dólares distribuidos en dos cuentas bancarias en las islas Seychelles, según publicó el portal argentino PeriodismoyPunto.

Durante el programa “Fuego Cruzado”,que se emite por canal GEN/Nación Media, analizaron las evidencias que fueron expuesta por la investigación del portal de noticias que encabeza el periodista argentino Luis Gasulla, respecto a dos cuentas bancarias depositadas por dos empresas cuyos beneficiarios finales serían el exmandatario y su esposa.

Palacios señaló que, aparentemente, estos fondos no figurarían en la declaración de bienes del exjefe de Estado. Por lo tanto, señaló que, en principio, parecería una situación de ocultamiento de activos, escenario que configuraría un eventual hecho de enriquecimiento ilícito.

A su turno, la periodista Rosana Escobar, quien llevó adelante una investigación profunda sobre las empresas de Mario Abdo Benítez vinculadas al tema asfalto; señaló que hay mucha similitud en el manejo del dinero con relación a los depósitos en las islas Seychelles, encontrando un mismo modus operandi en el manejo financiero,

“Parece que es la misma práctica que hizo acá en Paraguay, porque acá la fortuna que amasaron sus empresas en el país no se ve reflejada en su declaración jurada, sino que se fueron a esos fondos de reserva. Hasta ahora nadie sabe dónde están, dónde hubo movimientos tampoco, y que están constituidas en un gran porcentaje por deudas también; deudas infladas que los proveedores o los clientes suyos no reconocen”, explicó la periodista.

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Al respecto, el doctor Palacios explicó que el tema de los paraísos fiscales antiguamente se constituían con facilidad mediante acciones al portador; pero luego de la crisis financiera del 2008, obligó a las compañías bancarias a nominar a quienes constituían las empresas.

A partir de entonces, indicó que todas aquellas personas que no querían revelar su identidad constituían sociedades con otras sociedades, armando unos esquemas de sociedades por capas; buscando siempre de ocultar la verdadera identidad del dueño o del beneficiario final. Es así que las legislaciones se fueron ajustando y es así que surge la figura del “beneficiario final”.

“Es como una pirámide, sin aparecer en ella, la persona que aparece como accionista en la sociedad puede no ser el beneficiario final de esa empresa, porque por encima de la que figura como primera dueña puede haber otros dueños hasta llegar a una persona física de carne y hueso, que finalmente se puede identificar como la persona que controla o que es titular de los activos que existen en esta sociedad”, comentó Palacios.

La periodista Escobar como el experto jurídico en finanzas señalaron que existen los elementos y herramientas para que el Ministerio Público inicie una investigación, ya que la publicación periodística accedió a datos bastante concretos y específicos, como, por ejemplo, los nombres de estos dos bancos, que efectivamente existen, operan y están habilitados para funcionar en Seychelles. Además de números de cuenta, los nombres de las sociedades titulares y movimientos de los depósitos o transferencias que se recibieron.

“No se trata de una información vaga sino de una información concreta que puede perfectamente servir como punta del ovillo para que el Ministerio Público inicie una investigación con toda seriedad. Ahora, que la persona afectada haya salido rápidamente a desmentir en forma directa y a través de sus abogados, esa es la dinámica que existe cuando hay una revelación de la posible existencia de un delito”, comentó Palacios.

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Asimismo, Palacios señaló que la Fiscalía y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) cuentan con las herramientas como para iniciar esa investigación mediante la cooperación con los grupos de unidades de inteligencia financiera de diversos países.

Indicó que justamente la República de Seychelles, en su afán de salir de la lista gris de paraísos fiscales, desde hace unos años ha formado parte del Grupo Egmont, que es el organismo internacional que permite la cooperación e intercambio de inteligencia entre las unidades inteligencia financiera de varios países, incluido también Paraguay.

“Esta información no es pública, la base de datos para saber quiénes son los titulares o los beneficiarios finales de las empresas constituidas en esa jurisdicción solamente se pueden acceder a través de estos mecanismos oficiales; por eso la responsabilidad recae yo creo que en la Seprelad y fundamentalmente en el Ministerio Público”, insistió Palacios.

Agregó que la Seprelad podría estar guardando el debido sigilo, no como ocurrió en otros casos durante el gobierno de Abdo, pero ya debería estar tramitando de manera oficial la investigación. “Ahora, si la información llega a recibirse y confirma la existencia de estas cuentas, ahí si esta investigación cobraría fuerza y podría derivar eventualmente en una imputación contra el expresidente”, puntualizó.

Por su parte, Rosana Escobar recordó que la investigación de la Fiscalía sobre eventual enriquecimiento ilícito de Mario Abdo lleva ya un año, sin tener noticias de avance en la investigación.

“Lo que tiene que hacer, reitero, la Fiscalía es sencillo, es revisar las cuentas bancarias, así nomás, es donde está la plata, dónde se fue, uno puede ponerle todo el ropaje que quiera, el concepto que quiera, financieramente hablando, pero hay que revisar dónde está la plata, nomás, sencillo, va a la cuenta y ya está”, acotó.

La Contraloría General de la República se encuentra analizando posibles acciones ante la supuesta fortuna no declarada del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez. Así lo confirmó el director de Declaraciones Juradas, Armindo Torres, a La Nación/Nación Media.

“Si esto se constata, si esto es verdad, estaríamos ante un caso de declaración falsa y una intencionalidad de ocultar un enriquecimiento ilícito”, advirtió Torres, quien recordó que ya existe un análisis de correspondencia a Abdo que está suspendido actualmente, debido a los llamativos ingresos que obtuvo de sus empresas del rubro de la construcción.

El director también precisó que se había recurrido tanto al Ministerio Público como a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) de modo a obtener detalles sobre el fondeo a largo plazo de unas inversiones de las cuales la Contraloría no tenía detectado el origen y, por ende, se necesitaba indagar en ese aspecto en que no tiene potestad sobre empresas privadas.

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“Hemos escuchado que la Fiscalía abrió una investigación preliminar y, eventualmente, la Contraloría podría pedir algún informe a través de la Cancillería, pero eso sería mucho más lento, otras instituciones que tienen esos convenios internacionales como creo que es el caso del Ministerio Público que tienen ese canal, así como también la Seprelad, pero la Contraloría no tiene y estamos evaluando qué acciones tomar”, sostuvo.

Torres precisó que en la próxima semana tendrían más claridad sobre el caso y podrían solicitar informes a través del Ministerio Público de modo a poder avanzar en el examen de correspondencia, el cual puede seguir adelante, pese al blindaje con que cuenta Abdo por sus fueros como senador vitalicio.

Desde la Contraloría afirmaron que sería muy positivo poder tener claridad sobre esta supuesta fortuna oculta en Seychelles, noticia que trascendió a través una investigación periodística de Argentina. “Sería muy bueno para la República aclarar esta situación, inclusive para el expresidente, y si es así, que hay una cuenta con dinero, también seguir la ruta del dinero”, aseveró.

Los depósitos a cuentas que presuntamente tienen como beneficiarios finales a Abdo y su esposa Silvana López Moreira se habrían dado mientras el exmandatario aún estaba en función de gobierno, por lo que, para la Contraloría, es importante saber de dónde provinieron esos fondos que hoy estarían descansando en un paraíso fiscal, de acuerdo a la investigación de PeriodismoYPunto. “Hoy día hay mecanismos con que se puede seguir la ruta del dinero”, dejó en claro Torres.

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El entorno del expre­sidente Mario Abdo Benítez ya estableció su estrategia: desacreditar la investigación del periodista argentino Luis Gasulla (de Periodismo y Punto) sobre la existencia de sus cuentas en las islas Seychelles. Para ello, envió un exhorto al gobierno de ese país para que respon­dan en la brevedad posible. La respuesta más lógica será que no existe cuentas ban­carias a nombre del expresi­dente y de su esposa, Silvana López Moreira. Situación que la publicación de Gasulla ya lo advertía, por eso insistía la investigación filtrada que en realidad ambos, marido y mujer, son beneficiarios fina­les de las dos cuentas, de Star Capital Financial Service y Exchange Contracts Inter­national Finance.

Para el abogado Ricardo Preda, respondió a esta estra­tegia de la defensa del exman­datario para desligarse for­malmente de las supuestas cuentas bancarias en este país insular africano.

“Una manera correcta de soli­citar información no es pre­guntar si el presidente Abdo Benítez tiene una cuenta por­que la información que fue filtrada por un medio argen­tino ya de por sí descarta que Abdo Benítez sea el titular de la cuenta”, sostuvo Preda en el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. “El titular de la cuenta en reali­dad son personas jurídicas y, por ende, una pregunta que diga si Mario Abdo es titular de cuentas bancarias, la res­puesta es casi obvia, dirán que no”, expresó.

La estrategia se basa en un pedido de informe formal al Gobierno de Seychelles, a través de la Cancillería para­guaya y con la intermedia­ción de Luigi Piccollo, cón­sul honorario nombrado durante su presidencia. La nota solicita al Estado afri­cano surge para confirmar o negar la existencia de cuen­tas bancarias abiertas directa o indirectamente a nombre del exmandatario y su esposa.

Esa declaración sería utili­zada como prueba exculpato­ria y replicada por medios afi­nes al abdismo, en un intento por desactivar el escándalo y proyectarlo como una ope­ración política promovida por el cartismo para dañar su imagen.

Los fondos ocultos enviados a Star Capital y a Exchange Contract fueron canalizados a través de empresas offshore que habrían recibido depó­sitos desde otras firmas apa­rentemente fantasmas crea­das en Hong Kong y Dubái. “Hay que investigar quiénes integran las empresas que figuran como titulares, quié­nes son los beneficiarios fina­les y si hubo transferencias desde el sistema financiero paraguayo a esas cuentas o a las sociedades intermedia­rias”, dijo.

Preda manifestó que para obtener informaciones sobre las supuestas cuentas ocultas, se debe activar mecanismos de cooperación internacio­nal, ya sea mediante la Fisca­lía en el marco de tratados de asistencia penal, o por medio de las unidades de inteligen­cia financiera, aunque estas últimas no están obligadas a compartir datos y dependen de relaciones de reciprocidad.

“Esto debe ser tomado en serio, es una investigación compleja, que simplemente enviar una carta a bancos. Es muy grave que un expre­sidente de la República tenga una cuenta que excede de una manera considerable su patri­monio total, considerando lo que Abdo declaró en su salida de la función pública, esa es una suma muy supe­rior. Si no es verdad, también es importante esclarecer ya que finalmente queda mal para la imagen del país que se sospeche que un expresi­dente de la República tenga cuentas bastante grandes, no declaradas”, indicó.

El actual mandatario aseguró que su gobierno no usará al Estado como garrote político, como sí lo hizo Mario Abdo.

El presidente de la República, Santiago Peña, respaldó la apertura de una investigación sobre el exmandatario Mario Abdo Benítez, tras los informes periodísticos que lo vinculan con una presunta fortuna no declarada en paraísos fiscales. Sin embargo, aclaró que desde el Poder Ejecutivo no se impulsará ningún tipo de persecución política, como ocurrió durante el gobierno de Abdo.

“Lo que puedo decir y ratificar es que nosotros desde el Poder Ejecutivo no vamos a utilizar el Estado como una herramienta de persecución política”, sostuvo Peña. Afirmó que si bien tiene “enormes diferencias” con su antecesor, no replicará prácticas que, según él, fueron cuestionables y que incluso derivaron en sanciones de otros países hacia los adversarios políticos de Abdo.

El mandatario recordó que el Ministerio Público ya tomó la decisión de abrir una investigación, la cual fue respaldada por un pronunciamiento del Congreso Nacional. También dijo que si la Contralo­ría General de la República confirma los datos publicados por la prensa, esa institución deberá actuar con independencia. “Me parece que es el camino correcto”, expresó.

Peña subrayó que no le corresponde al Ejecutivo investigar este tipo de denuncias, sino al Ministerio Público, al Poder Judicial y a la Contraloría. “Mal podría estar haciendo en tratar de utilizar el Estado con un fin político. No es nuestra intención”, insistió.

En sus declaraciones, también lanzó una crítica directa a la administración anterior: “Lo que más cuestioné de la anterior administración es haber utilizado las instituciones del Estado, llámese Secre­taría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y otras, como herramientas de persecu­ción”, señaló.