Los informes de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) concernientes al operativo A Ultranza Py revelan datos que expone una suerte de complicidad que compromete seriamente al gobierno de Mario Abdo Benítez en torno a cómo operaba la estructura criminal liderada por Sebastián Marset. Las autoridades tenían los reportes precisos, la ruta, las pistas, los centros de acopio, hasta una alerta de bloques de criminales conformados por empresarios asociados al uruguayo preso hoy en Estados Unidos para envío de cocaína. Pero Arnaldo Giuzzio, entonces titular de la Senad, antes que reforzar los controles cerró las bases de la Dirección de Investigación Aérea Fluvial y Terrestre (DIAFT), la entidad que reportó estos datos.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

El mismo informe de inteligencia de la Uni­dad de Investigación Sensitiva (SIU) que inició en noviembre del 2019, hace refe­rencia a los datos que se habían recabado con el operativo de ARAI II, iniciado en mayo del 2018 y que en ese momento ya había alertado al esquema cri­minal liderado por Sebastián Marset, dedicado al tráfico internacional de drogas que ingresaban a nuestro territo­rio vía aérea desde Bolivia y eran enviadas en contenedo­res desde los puertos.

Es por eso que, las primeras páginas del reporte de SIU de A Ultranza Py menciona que ya tenían identificadas a cada una de las personas involucradas en la estructura de Marset, incluso la alianza con otras organiza­ciones delictivas, las rutas, las pistas, las estancias, los centros de acopios y hasta los bloques que operaban en los puertos desde donde salían las cargas contaminadas.

Araí II ya había interceptado comunicaciones, ejecutado vigilancias de inteligencia, seguimientos, identificación de las pistas y ahí proviene la base de datos que fueron ampliados para la gran opera­ción A Ultranza Py. Este hilo no es solamente una cronolo­gía de los hechos considerando la frustración como la injeren­cia que sufrieron las investiga­ciones en una abierta coope­ración del gobierno de Mario Abdo Benítez, principalmente a través de su ex ministro de la Secretaría Nacional Antidro­gas (Senad), Arnaldo Giuzzio.

Claramente el informe SIU de A Ultranza Py especifica su hipó­tesis con los datos preliminares de ARAI II. Y aquí aparece el elemento clave de cómo obró el gobierno de Abdo en favor de la estructura criminal de Mar­set y sus aliados. ARAI II es un trabajo de inteligencia que pro­viene de la Dirección de Investi­gación Área Fluvial y Terrestre (DIAFT) que, Giuzzio cerró en mayo del 2020, precisamente después de que esta unidad reportara el circuito del ilícito de la organización Marset.

El informe de SIU A Ultranza Py, claramente hace la obser­vación proveniente de ARA II a cargo de la DIAFT en la que se identifica a la organización de Marset, la de sus aliados, las ubi­caciones de las pistas, los depó­sitos y la logística en el Chaco, la ruta que sigue el tránsito de la mercancía para ser acopiada en grandes centros de distribución en el departamento Central y un dato clave en la exportación de cocaína desde Paraguay.

Textualmente, en la página 17 de las 503 del informe SIU en el marco del operativo ARAI II elaborado por la DIAFT señala, “la etapa de exportación de la droga, en la que estaría inter­viniendo otro bloque crimi­nal conformado por grupos de empresarios dedicados al comercio internacional, quie­nes haciendo uso de su logís­tica empresarial y asociados al esquema criminal de Sebas­tián Marset Cabrera, organizan envíos de mercaderías ilícitas de exportación por medio de contenedores, entre las cuales se trafican grandes cargamen­tos de clorhidrato de cocaína empleando distintos métodos de ocultamiento. Estas exporta­ciones de sustancias ilícitas par­ten desde puertos ubicados en la República del Paraguay y tran­sitan a través de las rutas fluvia­les y marítimas internacionales, desde Sudamérica hasta otros continentes del hemisferio”.

DIAFT alertó de la alianza de grupos empresariales con Mar­set y Giuzzio cerró esta unidad de inteligencia, retiró de los puertos a los agentes de inves­tigación. Giuzzio no solamente desmanteló las bases de inteli­gencia de la Senad en los puer­tos privados sino, a juzgar por las toneladas de cocaína que salieron de Paraguay hacia Europa entre el 2020 y el 2022, puede deducirse que cooperó con el narco exportación de la estructura Marset y que toda­vía es un capítulo pendiente de las investigaciones concer­nientes a la logística delictiva desarrollada en nuestro país durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

La exministra de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, Zully Rolón, admitió que ocurrieron filtraciones en el caso A Ultranza Py que habrían evitado la captura de Sebastián Marset en Paraguay. La Nación/Nación Media publica este martes que la gestión abdista tenía informes sobre el uruguayo desde 2019, tolerando que se instalara en el país y fortaleciera su estructura criminal.

“El tema de las filtraciones, de las que se hablaba, en el caso de A Ultranza en especial, nosotros tomamos conocimiento de eso en el 2021 cuando tuvimos el informe de Europol, pero sí en verdad existen (las filtraciones) y eso está en el informe que se remitió al fiscal de la causa, que hubo conversaciones hacia el año 2020 donde nombran a un jefe de la Senad, de un departamento de inteligencia técnica”, dijo la exministra, este martes, en conversación con la 1020 AM.

A cuatro días del amistoso entre Paraguay y Grecia, en la antesala del Mundial que se disputará en Estados Unidos desde junio, se alista el inicio de los vuelos directos entre Asunción y la ciudad estadounidense de Miami, una conexión que promete dinamizar el flujo de pasajeros y oportunidades comerciales.

En conversación con La Nación/Nación Media, el director de Aeropuertos, Rubén Aguilar, confirmó que el 8 de junio comenzarán los vuelos entre Asunción y Miami operados por la aerolínea Gol, en el marco de su expansión internacional.

Es incesante la visita de grupos empresariales brasileños a la ciudad de Presidente Franco con interés de inversión en construcciones edilicias y en generación de industrias. No obstante, el municipio no tiene todavía resuelto su Plan de Ordenamiento Urbanístico Territorial (POUT).

“En la Municipalidad de Presidente Franco reciben cada mes entre 20 y 30 empresarios desde el año pasado y existen entre ellos quienes presentaron proyectos de construcción en la cabecera del Puente de la Integración para edificios de 30 a 90 pisos”, dijo a La Nación/Nación Media Cristian Ortiz, secretario de obras de la comuna.

Un grupo de diputados de diferentes bancadas presentó este martes un proyecto de ley que apunta al ahorro de entre USD 8 a 10 millones mensuales, al establecer medidas de racionalización del gasto público, fija topes a las remuneraciones y prohíbe beneficios económicos discrecionales en el sector público.

“Nos hacemos eco de lo que mencionó el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, de que estamos con una economía de guerra. Este es un proyecto más específico, amplio y responsable donde se establece en qué se debe gastar y en qué no. Planteamos la eliminación de la bonificaciones directas, compras innecesarias como bocaditos, regalos, obsequios, pasajes”, comentó el diputado colorado Hugo Meza al programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El accidente de un avión militar ayer lunes en el suroeste de Colombia dejó 66 muertos y decenas de heridos, lo que lo convierte en uno de los peores ocurridos en este país, dijo a la AFP una fuente de las Fuerzas Militares. La aeronave Hércules, de fabricación estadounidense, se precipitó a tierra con 125 ocupantes a las 10:00 (15:00 GMT), poco después de despegar en Puerto Leguízamo, cerca de la frontera con Perú y Ecuador, por causas que aún se desconocen.

Entre los muertos hay 58 soldados, seis miembros de la fuerza aérea y dos policías, según la fuente militar, que no especificó la cifra de heridos. Imágenes de la AFP captan los restos del avión envueltos en llamas y humo, en medio de la vegetación. Campesinos de la zona dijeron que escucharon un “estruendo”.

El abogado de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Claudio Lovera, detalló que el próximo 30 de abril se concreta el plazo ordinario que dispone el Ministerio Público para la finalización de la investigación contra el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, imputado junto con otras ocho personas por lavado de dinero.

“A partir de la admisión de la querella, desde la Conmebol observamos que el Ministerio Público realmente ha recopilado información relevante y claramente es un caso donde corresponde una acusación por lavado de activos. Acá se desarrollaron varias circunstancias graves, este es un caso que debe ser debatido en un juicio oral“, indicó este martes al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El precandidato de Honor Colorado para la intendencia de Asunción, Camilo Pérez, celebrará el lanzamiento de campaña con un acto que se realizará este jueves 26 de marzo, desde las 19:30, en el club Coronel Pablo Rojas del emblemático Barrio Republicano, en un evento que aglutinará a las bases dirigenciales, acompañado por vecinos asuncenos.

La jornada incluirá un show previo con una artista sorpresa, que dará paso a un acto central que reunirá a los 48 candidatos a concejales y a los 40 presidentes de seccionales del Partido Colorado, junto a los principales líderes del movimiento Honor Colorado en la capital, reafirmando la fuerza y unidad del proyecto de la Lista 2.

El senador colorado Juan Carlos “Nano” Galaverna denunció que su colega del Partido Cruzada Nacional, Yolanda Paredes, vendió por USD 160 mil una vivienda perteneciente a la entidad binacional Itaipú, antes de los comicios generales del 2023 y de haber omitido este ingreso en la rendición de sus declaraciones juradas.

“Una senadora de la nación vendió una casa de Itaipú por USD 160 mil, dijo que nunca tuvo casa, pero no la tiene porque vendió una casa ajena. Estoy pidiendo que me pasen los documentos; cuando fue electa senadora, cobró USD 50 mil en tres pagos que no están en su declaración jurada”, mencionó el legislador sin precisar de quién se trataba.

Las afirmaciones de Galaverna surgieron en el marco de la reunión desarrollada este miércoles entre senadores y el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, quien acudió hasta el Congreso Nacional con el objetivo de exponer sobre la adjudicación de un departamento en Luque al parlamentario Javier “Chaqueñito” Vera.

“Existe la frase haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Se quiere instalar un relato falaz y mentiroso, queriendo atacar al gobierno de Santiago Peña”, dijo Galaverna.

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La senadora Paredes salió al paso de las acusaciones realizadas por Galaverna, lanzando improperios y admitiendo que fue ocupante y poseedora de dicha vivienda perteneciente a la represa.

“Yo no toqué dinero público, sí fui una ocupante poseedora de una casa de Itaipú en el área 1 de Ciudad del Este. Yo sé que estoy molestando en el Congreso, porque les puedo decir a ustedes los delincuentes que son", dijo.

Las declaraciones de Paredes obligaron al titular del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, a cortar la transmisión pública realizada a través de los medios de comunicación de la cámara. “Senadora, no se va a referir así a nosotros; cortaremos la reunión si vamos a continuar así. Usted es la delincuente”, apuntó Núñez.

De acuerdo a las denuncias, la vivienda fue cedida por Paredes a Alberto Ariel Ramírez Brítos y a Liz María Auxiliadora Aquino, quienes, por un instrumento jurídico de dudosa procedencia, fueron autorizados a hacer las gestiones ante Itaipú para registrar la casa a sus respectivos nombres.

“La senadora vendió un bien público. En la reunión se exacerbó y nos trató a todos de delincuentes. ¿Quién es la delincuente que se apropió de una casa de la entidad Itaipú?“, mencionó Núñez luego de abandonar la reunión.

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• Por Benjamín Livieres
• Analista político de NM

Los ataques sistemáticos del grupo Abc al gobierno de Santiago Peña y al cartismo, sobre el tema que fuere, tienen como único objetivo instalar la idea de que “estamos peor”, lo que implicaría que “con Mario Abdo estábamos mejor”, algo que ni los mejores sofistas –ausentes en sus filas– podrían sostener algunos segundos.

Ese es un camino con inconvenientes para sus fines, pues no lograrían más que hacer el ridículo. Los registros dan cuenta del retroceso económico y social durante la gestión anterior, así como de los cerca de 20.000 muertos por falta de vacunas en pandemia, además de los casos penales por enriquecimiento ilícito y lavado que se le siguen al expresidente, y por haber utilizado las instituciones del Estado para borrar del mapa a Horacio Cartes, a los que se suma un rosario de ilícitos en diversas reparticiones.

Tampoco es capaz de rebatir los indicadores económicos –claramente positivos en esta gestión–, que la inversión en programas sociales es la mayor de todos los tiempos o que el país ha ganado posiciones en la consideración internacional; aparte de mantener la estabilidad política en los últimos 30 meses, un don muy preciado en la convulsionada Sudamérica.

¿Entonces, qué hace Abc Color? Se monta sobre algunos hechos puntuales, verdaderos o inventados, para atacar “el todo”, para descalificar la gestión de gobierno en su conjunto y socavar las bases de sus programas más relevantes, en el afán de producirle el mayor desgaste político que le sea posible.

Este es el caso de la campaña que despliegan los medios del Grupo Zuccolillo sobre la politización del programa Hambre Cero, que no apunta a enmendar errores y desarrollarlo, sino a destruirlo. Así, las denuncias sobre malos manejos en ciertas gobernaciones, que van desde presunto enriquecimiento ilícito hasta prácticas de chantajes laborales para respaldar tal o cual candidatura, no tienen como centro la investigación de los hechos denunciados y que se apliquen las medidas pertinentes, sino la invalidación absoluta del proyecto.

Podríamos citar muchos otros ejemplos, pero sería redundante. Estamos ante el “relato” de un poderoso grupo mediático que defiende sus intereses corporativos sin la menor ética ni escrúpulos, con el fin de acabar con aquellos a quienes considera enemigos, los “cartistas malvados”.

Dicho esto, la respuesta a estos ataques de los que está siendo objeto Hambre Cero no puede ser, simplemente, que “todo es falso”, que “las gobernaciones ni inciden en los contratos laborales” y sus titulares, sin excepción, ya tienen reservado un lugar en el paraíso. No es minimizando los problemas, ni menos desconociéndolos, como se fortalecerán los programas y proyectos en curso, sino al revés, actuando sobre ellos y rectificando lo que deba rectificarse, en esas y otras áreas en donde los problemas de gestión resultan notorios. Y comunicar bien. Claro, para eso el Gobierno debería contar con su propio “relato” y responder las cuestiones de estratégicas, no la montaña de acusaciones que recibe a diario.

Como criterio general, es siempre importante separar la paja del trigo. Hay críticas que se ajustan a la realidad, pero no por eso invalidan, ni mucho menos, programas de tanta trascendencia. No porque exista paja en el trigal, se considera una plantación de pura paja, como transmite Abc en todas sus páginas, al no diferenciar –intencionalmente– lo uno de lo otro.