El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, encabezó este lunes la presentación oficial de la Carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Pilar. El segundo del Ejecutivo calificó de un hecho histórico, ya que por muchos años los hijos pilarense y ñeembuquenses tuvieron que migrar a la Argentina para cursar esta carrera.

La presentación se desarrolló en un acto que se realizó en la sede de la Vicepresidencia de la República, contó con autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias, como de las altas autoridades de la Universidad Nacional de Pilar, autoridades locales de la Gobernación y la intendencia de Pilar.

Durante su discurso, el vicepresidente Alliana resaltó que esta apertura de la carrera de Medicina, no se trata de una carrera más, sino que de la más importante; ya que es la que está más vinculada con el bienestar físico de los seres humanos, y sobre todo de salvar vidas humanas.

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“Este es resultado de más de 20 años de trabajo, de planificación y de una convicción firme. Aquí hay planificación. Aquí hay inversión. Aquí hay seriedad y responsabilidad. Hoy contamos con infraestructura real en Pilar: un hospital escuela, unidades de salud familiar, cooperación internacional, un hospital materno recientemente inaugurado, sanatorios y un nosocomio que sostienen esta apuesta”, comentó.

Alliana señaló que durante demasiado tiempo, estudiar Medicina en Paraguay fue un privilegio concentrado en pocos lugares. Lo que obligó a muchos jóvenes a abandonar sus familias para ir a estudiar en Corrientes, Buenos Aires, La Plata, Córdoba, dejando a sus familias, o directamente resignar su sueño.

Remarcó que con la apertura de esta carrera se está abriendo el futuro a toda una generación. ​“Como pilarense, me siento orgulloso de saber que nuestros jóvenes ya no tendrán que dejar sus hogares, sus familias y su tierra para cumplir el sueño de ser médicos. A partir de ahora, el talento de Ñeembucú se formará en casa para cuidar la salud de nuestra gente", enfatizó.

Remarcó que no se trata solamente de una educación superior; sino de Justicia para Pilar y para todo Ñeembucú. “Justicia para cada familia que soñó con ver a su hijo convertirse en médico sin tener que irse lejos. Sin tener pacientes que deban trasladarse a centenares de kilómetros de distancia para recibir una atención en salud digna y oportuna. Estamos formando profesionales serios con vocación, con arraigo y con compromiso con su comunidad”, acotó.

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La analista internacional Julieta Heduvan participó del programa “Fuego Cruzado” de canal Gen/Nación Media, donde realizó un análisis sobre el conflicto en Medio Oriente y los resultados hasta el momento. Señaló que el cese al fuego impulsado por Estados Unidos duró mucho menos de lo esperado y ninguno de los objetivos se cumplió hasta el momento.

“El alivio duró mucho menos de lo que habíamos pensado, cuando se declaró este alto al fuego siempre bajo la duda de cuánto va a durar, no había una expectativa de que sea demasiado prolongado, todos los conflictos de la región están en un conflicto constante y sería difícil que esto sea para largo, pero duró mucho menos de lo que esperábamos”, afirmó Heduvan.

Explicó que unos de los puntos claves del cese al fuego era no bombardear Líbano. “Fue un acuerdo hecho que duró casi 24 horas y que tiene que ver tal vez con la decisión que fue tomada entre los Estados Unidos e Irán, y que Israel no estaba demasiado de acuerdo y vio la oportunidad, de hecho, fue un bombardeo muy importante, murieron casi 250 personas y en el marco de un cese al fuego”, dijo.

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Indicó que el cese al fuego “fue un poco respuesta a la presión interna que está recibiendo el propio gobierno de Donald Trump, en esta guerra no están demasiado de acuerdo, a nivel interno no hay un consenso de apoyo, más que nada también”. Agregó que la situación interna de los Estados Unidos tiene como componentes la economía, la inflación y el precio del petróleo.

Por otra parte, sostuvo que “las negociaciones no son muy claras porque los objetivos tampoco son muy claros y tenemos tres actores, no son solamente Estados Unidos e Irán los que están negociando. Con Estados Unidos en principio veíamos que los objetivos eran forzar un cambio de régimen en un momento de debilidad de Irán, donde el gobierno iraní había atacado a su propia población en un momento de protesta aniquilando a un montón de gente”.

En este sentido, la analista apuntó que buscar forzar un cambio de régimen no sucedió, sino que se fortaleció la cohesión interna en Irán, y lograron lo opuesto, por otro lado, el objetivo también era desmantelar el sistema de misiles y el sistema nuclear hasta el punto que no fuera reversible, ninguno de estos puntos se cumplió.

“Lograron muy eficientemente descabezar al régimen iraní, se infiltraron de forma en que no lo habíamos visto a ese nivel en otros conflictos. Mataron a muchas de las cabezas de gobierno, militares y religiosos, y lo que lograron en realidad fue sacar a la parte más pragmática, que podría ser hasta un poco más moderada y ahora quedó lo más radical. Lograron el efecto contrario”, explicó.

Heduvan mencionó que “los objetivos de Estados Unidos no se han cumplido, había en las negociaciones previas al inicio de la guerra objetivos más amplios que eran casi irrisorios que se cumplieran, entregar el control del estrecho, limitar o desarmar a la armada iraní, había un compendio de requisitos sumamente amplios que nunca se iban a poder negociar”.

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El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, advirtió que existe una campaña de manipulación con fin político e ideológico en torno a la pensión universal para adultos mayores que apunta principalmente a que el programa sea administrado y ejecutado por las municipalidades, situación que considera un retroceso.

“Hay una manipulación, mala intención e incluso una especie de politización y esto lo digo con absoluta responsabilidad. Hay personajes que se hacen llamar líderes de ese sector que se pasan incitando con una intención de ideologizar y generar una suerte de reacción popular”, advirtió al programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media.

Las afirmaciones de Rojas surgieron ante la manifestación realizada el lunes y martes pasado por un grupo de 600 personas de la tercera edad, provenientes en su mayoría de Central y Caaguazú, que exigieron la inmediata inclusión de los ciudadanos de 65 años de edad al programa de asistencia y su renuncia, pese a que la ley 7322/24 fija la inclusión automática por criterio de la edad de mayor a menor, conforme a la disponibilidad presupuestaria.

“Les recibimos en la sala de reuniones, entraron 35 representantes más o menos, les escuchamos, pero sale la cabeza del grupo y plantea cuatro cosas clave, que cobren la totalidad de las personas de 65 años de edad sin discriminación de forma inmediata, que se aumente la pensión al 50 % del salario mínimo y hoy el monto es de 25 %, que se eliminen las cuentas que se bloquean por falta de movimiento y por último algo que me llamó la atención pidieron que vuelvan a las municipalidades la administración del programa“, remarcó.

Ante dichos requerimientos, Rojas les detalló que el ministerio solo es un órgano de aplicación de la ley y que es el Congreso Nacional la institución encargada de plantear modificaciones de acuerdo a la disponibilidad financiera. Señaló también que es necesario contar con un dictamen técnico/financiero para evaluar la sostenibilidad del programa.

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Igualmente, el ministro les explicó que el presupuesto destinado al programa es de USD 495 millones anuales y que sus requerimientos demandarían un monto de USD 630 millones anuales a las arcas del Estado.

“Les expliqué y brindé respuestas a todos sus requerimientos y en cuanto a que el programa sea administrado por las municipalidades, es un retroceso. No es que yo piense que las municipalidades no puedan manejarlo, sino que realmente ahí vamos a volver a entrar en un famoso censo de datos con altos costos para el Estado, vamos a volver a entrar en este es mi amigo y este no es mi amigo“, dijo.

El secretario Estado acotó: “Cuando yo les dije todas las dificultades, reaccionaron incluso agrediendo. Yo tuve que pedir permiso y retirarme de la reunión, luego ellos salieron a las calles a pedir mi renuncia. Yo les dije que mi renuncia la tiene el presidente de la República, Santiago Peña, desde el primer minuto en que firmó el decreto de mi nombramiento, es él quien puede disponer del cargo“.

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La deuda del Estado con dos sectores, vialeras y farmacéuticas, ya ascienden a más de USD 1.000 millones, gran parte de estas deudas se vienen arrastrando desde el gobierno de Mario Abdo Benítez, la mayor parte por intereses generados por los retrasos.

En el programa Fuego Cruzado del canal GEN, representantes de las cámaras de ambos sectores dieron detalles sobre el estado de estas deudas por parte del Gobierno.

Gustavo Masi, miembro de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), explicó que la deuda con la industria de la construcción parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). “Cerramos el 2025 con 250 millones de dólares de deudas en certificados y 110 millones de dólares en deudas en intereses atrasados, lo que totalizó la deuda en 360 millones de dólares”, mencionó.

Mencionó además que “la deuda se genera a partir del no pago de los certificados, es importante aclarar que a principios del 2025 se dio un fenómeno atípico, lo que estábamos acostumbrados a recibir del plan de caja mensualmente a partir de febrero del 2025 sufrió un declive importante”.

Con respecto a los montos que corresponden a los intereses, argumentó que es un reclamo legítimo que tiene la industria, atendiendo a que está establecido en todos los contratos, “que en el caso del no pago de parte del Gobierno se establecen una tasa de interés como en cualquier situación se requiere”.

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Explicó que “se hizo una salvedad, cuando ingresó el nuevo Gobierno existía una deuda muy fuerte con la industria de la construcción, ellos a principio del 2024 salieron a emitir bonos y honraron una parte importante de esa deuda y una vez que se paga el capital se está habilitado a facturar los intereses, porque hasta ese momento siguen corriendo los intereses porque hasta la fecha efectiva del pago”.

Agregó que con eso “se totalizó una deuda de 110 millones que nosotros venimos reclamando desde el principio del 2024, los intereses, y en la actualidad, una vez que honren los 250 millones de dólares se estará hablando de una nueva cifra de intereses por el retraso que se está generando, son 50 millones de dólares aproximadamente más, 160 millones de dólares en intereses, más los 250 millones, que llegarían a los 450 millones aproximadamente”.

Eso solamente para el Ministerio de Obras Públicas, “eso es muy bueno aclarar, estamos cerrando la deuda total, pero estamos hablando de una deuda en torno entre los 500 a 600 millones de dólares con el sector de la construcción de parte de todas las entidades contratantes, llámese Essap, EBY, Ande, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud que también llevó adelante cierto tipo de construcciones que hasta hoy día no fueron honrados”, de acuerdo a las explicaciones de Masi.

En el MOPC existe una deuda de 350 millones de dólares y entre los otros entes del Estado, aproximadamente 200 millones de dólares más.

Por su parte, la representante de la Cámara de Representantes de Importadores de Productos Farmacéuticos (Cripfa), Rocío Figueroa, indicó que el Ministerio de Salud Pública no solo adeuda por medicamentos, sino también por otras contrataciones de servicios en todo lo que es equipamientos, análisis clínicos, laboratoriales, el mantenimiento de esos equipamientos para los equipos de diagnósticos.

“Si vamos a hablar de la deuda global, porque todos los gremios ya estamos trabajando juntos para poder cobrar, está en más de 1.000 millones, hoy vamos a tener el número real porque en la última reunión que tuvimos con el ministro Carlos Fernández Valdovinos nos ha pedido que podamos elaborar un documento por objeto de gastos y de todo lo que sería por ejecutar, que son las facturas ingresadas ya al Ministerio de Salud en espera de cobro y las facturas que en teoría van a ejecutarse durante todo el año 2026”, detalló.

Indicó que actualmente, con el corte de marzo de este año la deuda estaba en USD 1.027 millones, sin embargo, se está compilando todos los datos que nos mandaron los presidentes de todas las otras cámaras. “Finalmente creo que va ser un poco más y eso queremos presentar mañana en la mesa de trabajo que se conformó en la Cámara de Senadores con la Comisión de Salud para que ellos también puedan ayudarnos a legar a una solución”, agregó.

Coincidió que estas deudas, “hay una parte heredada, porque hay expedientes que ingresan para ser cobrados en el Ministerio de Salud y los contratos por ejecutarse, es decir, si hay un contrato de 100, se ejecuta 50 queda 50 para que vayan saliendo las ordenes de compra de acuerdo a la necesidad y el consumo, eso no se tuvo en la administración anterior”.

Asimismo, explicó que “cuando el gobierno de Santiago Peña asume, el ministro Fernández Valdovinos pide el corte administrativo para poder hacer la emisión de bonos no se le tuvo en cuenta a los contratos que estaban terminando de ejecutarse y quedó un saldo de 260 millones de dólares, se pagó 300 millones de dólares, quedó un saldo de 260 millones que se pasó para el presupuesto del 2024, se pagó por el presupuesto de salud del 2024, quedó otro monto y así sucesivamente se fue arrastrando y terminamos con más de 800 millones de dólares”.

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