El ministro del Interior, Enrique Riera, celebró la decisión de Estados Unidos en declarar como grupos terroristas al Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho, argumentando permitirá una mayor coordinación entre el Paraguay y el gobierno del republicano Donald Trump en el combate contra ambas facciones criminales brasileñas.

“Mediante el Consejo de Defensa Nacional (Codena), el Paraguay tomó esta iniciativa aún antes de la decisión de Estados Unidos. Al aplicar una ley de terrorismo las condenas y responsabilidades son mayores y naturalmente el margen de cooperación mundial también porque hay un trabajo coordinado en la región. En líneas generales, la decisión de los Estados Unidos nos favorece para trabajar coordinadamente”, dijo el alto funcionario, este viernes, a la 780 AM.

La declaración permite al gobierno de Trump extender todo tipo de operaciones policiales, de inteligencia y contrainsurgencia a los líderes de esas bandas y a sus intereses, en todo el mundo. Con esta decisión los capos y todos los que se asocien con ambas facciones criminales pueden ser sometidos rápidamente a sanciones por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

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“El Primer Comando Capital y el Comando Vermelho, se alojaron como cualquier empresa en los Estados que ofrecen facilidades, incluido Paraguay, que bajó la guardia mediante el debilitamiento de nuestras instituciones. Cuando nosotros realizamos la designación de grupos terroristas nos permitió por ejemplo ubicar a más de 150 líderes de estas facciones en la expenitenciaría de Tacumbú con la operación Veneratio", comentó.

El funcionario de Estado recordó que los criminales se encontraban detenidos en nuestro país con “documentos falsificados paraguayos, tenían altas condenas en el Brasil y acá ellos buscaban impunidad. Terminábamos dándoles cobertura, protección, luz, agua, teléfono, posibilidades de seguir delinquiendo".

Señaló también que “el terrorismo es la escala de mayor gravedad en términos delincuenciales. Con la designación de grupos terroristas, los Estados Unidos automáticamente cuando siente una amenaza tendrá la posibilidad de colaborar con los países entre ellos Paraguay, ya que no es un secretemos que tenemos buenas relaciones”.

Por otra parte, Riera comentó que ayer jueves se firmó con el Brasil un acuerdo de cooperación policial y de seguridad fronteriza en el marco de la LV Reunión de Ministros del Interior y Seguridad del Mercosur y de la LXIII Reunión de Ministros de Justicia. Se contempla el trabajo conjunto en el combate a la corrupción y al lavado de dinero, así como la capacitación de agentes policiales en análisis e investigación financiera.

Asimismo, incluye la integración de sistemas de control migratorio, el fortalecimiento de la cooperación policial en el futuro Corredor Bioceánico y la creación del comando bipartito Puerto Murtinho–Carmelo Peralta, entre otras áreas. “En el puente de la Bioceánica pasará mucha mercaderías, comercio, pero lógicamente armas, drogas y trata de personas. El crimen transnacional no tiene fronteras”, mencionó.

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El Poder Ejecutivo acaba de poner en marcha el ambicioso pro­grama Cielo Guaraní Soberano para combatir desde las altu­ras de la atmósfera al crimen organizado internacional y fortalecer la seguridad en todo el territorio paraguayo. El blindaje del espacio aéreo y la lucha contra los crimina­les tiene el apoyo del Gobierno de los Esta­dos Unidos de América que colaborará con datos de inteligencia y la asistencia técnica requerida.

La cooperación norteamericana será de fundamental importancia porque mediante su ayuda el Paraguay podrá dejar de lado la actual vulnerabilidad de sus fron­teras aéreas y se podrá ir consolidando como un elemento importante en la segu­ridad de esta parte de la región sudameri­cana.

Hay que destacar que la asistencia técnica es parte del respaldo político demostrado por el Gobierno del país del norte hacia la admi­nistración del presidente Santiago Peña. Y, por encima de las declaraciones positivas y las buenas intenciones, primarán los hechos prácticos y medidas concretas de extraordi­naria importancia para nuestra nación. La colaboración efectiva que ejercerá el país del norte se desprende del compromiso que ha realizado para intensificar el intercambio de información y la asistencia técnica que brin­dará al Gobierno paraguayo. Con respecto al tema, el encargado de negocios de EE. UU. en Asunción, Robert Alter, resaltó que “Paraguay mantiene una estrategia sólida para fortalecer el monitoreo de su espacio aéreo”.

La cooperación norteamericana se cen­trará en tres capítulos: Tecnología de van­guardia, inteligencia operativa y capacita­ción de élite. Esta capacitación consistirá en programas de formación para las fuer­zas de nuestro país en la tarea del combate a delitos considerados complejos. Por otro lado, se considera tecnología de vanguardia la ayuda que realizarán las fuerzas estadou­nidenses en sistema de radares y monitoreo aéreo en tiempo real. En tanto que la inte­ligencia operativa se concretará en el inter­cambio de datos críticos de gran importan­cia para la detección y respuesta inmediata frente a los vuelos que están fuera de la legalidad, como los que desarrollan los nar­cotraficantes para sus fines delictivos.

Para la realización de los operativos con­tra la delincuencia se utilizarán los aviones Super Tucano que se tienen, lo mismo que el equipo de radares con sus respectivos sis­temas de mando y control.

Las medidas adoptadas por el Gobierno se tienen que entender en medio del contexto histórico de la lucha contra el narcotrá­fico y el crimen organizado, que ha tenido varias etapas. Algunas caracterizadas con importantes medidas y trabajos realizados por los organismos especializados y otras con extrañas posturas de dejadez de algu­nas administraciones anteriores que con su pasividad colaboraron con el delito.

No hay que olvidar que durante el gobierno de Mario Abdo se retiró el control fiscal de los puertos, se sacaron los escáneres para detectar drogas de los puertos privados que quedaron sin control, no se compraron radares para detectar vuelos irregulares ni se adquirieron aeronaves para la vigilan­cia aérea. Eso convirtió al Paraguay en un lugar propicio para el delito, por lo que se han dado numerosos casos de contrabando de toda suerte de sustancias prohibidas hacia países de Europa principalmente.

Con las nuevas normas de este gobierno, la Fuerza Aérea desarrolla operativos para detectar aeronaves sospechosas a las que obligan a su aterrizaje. Ya en tierra, realizan su tarea la Senad, la Fiscalía, la Policía y el Ejército, según los casos.

Además del control nacional, para hacer más efectivo el trabajo, se hace el cruza­miento de datos de inteligencia con las autoridades de Argentina, Bolivia y Bra­sil, países con los que se tiene convenios de cooperación para el efecto.

Mediante el acuerdo con los Estados Uni­dos, el Gobierno paraguayo podrá ejercer una mejor tarea en la persecución de los narcotraficantes a fin de eliminar el crimen internacional, lo que ayudará a un combate más efectivo contra el delito que no tiene fronteras.

El respaldo del país del norte es uno de los principales logros alcanzados por la admi­nistración del presidente Santiago Peña. Y constituye uno de los mejores beneficios que está obteniendo el Paraguay para la seguridad de sus fronteras y la persecución de los delincuentes que han contaminado seriamente estas tierras. Por ello la ciuda­danía tiene que valorarlo y prestar su apoyo teniendo en cuenta que el país aprovechará las ventajas que vienen de parte de una nación amiga, que es una las más grandes potencias del mundo.

“La iniciativa Cielo Soberano Guaraní se implementó ya en el año 2015 en la época del presidente Horacio Cartes”, explicó Enrique Riera.

El ministro del Interior, Enrique Riera, acusó al gobierno del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, de haber entregado la soberanía del espacio aéreo paraguayo al narcotráfico, tras el cajo­neo de la iniciativa Cielo Guaraní Soberano impul­sada por la administración del también exmandata­rio y titular de la Asocia­ción Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes.

“La iniciativa Cielo Sobe­rano Guaraní se implementó ya en el año 2015 en la época del presidente Horacio Car­tes y constituía una suma de esfuerzos para contro­lar nuestros cielos y evitar naves de tripulación clan­destinas y no identifica­das en nuestro suelo”, dijo Riera en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El ministro acotó: “Lo curioso de todo esto es que este procedimiento que fue un éxito se hizo hasta el 2020, pero desde ese año sin nin­guna explicación desapare­ció el proyecto, nunca más se implementó. Curiosamente en ese año un antecesor mío (Arnaldo Giuzzio) quien hoy está procesado por narcotrá­fico también levantó el con­trol de los puertos privados, retiró a los canes antidro­gas, desmontó los escáneres con la historia de que iban a reorganizar las tropas en la Secretaría Nacional Anti­drogas y luego esto fue sos­tenido en el Ministerio del Interior”.

Riera siguió mencionando que “liberaron los cielos y puertos para contaminar las cargas y mediante eso pasaron más de 60 toneladas de cocaína pura. Debemos recordar que el Paraguay no produce ningún gramo de esa droga que no fue descu­bierta en nuestro país, sino acopiada a través de pistas clandestinas que nos cansá­bamos de denunciar. Real­mente en ese gobierno se declaró arco libre”.

Las afirmaciones de Riera surgieron tras la decisión del gobierno del mandata­rio Santiago Peña, de impul­sar vía decreto la creación de la Comisión Nacional Cielo Guaraní Soberano, con el objetivo de consolidar meca­nismos de comunicación directa, intercambio de inte­ligencia y reacción conjunta para combatir el narcotrá­fico, el crimen transnacional organizado y los vuelos irre­gulares que operan en terri­torio nacional.

“La semana que viene se reu­nirán sus integrantes para cruzar datos, tener puntos focales y a funcionar coordinadamente, esta es la parte del tablero que nos faltaba”, manifestó Riera.

El ministro del Interior, Enrique Riera, recordó que hace 11 años el senador Rafael Filizzola, está chicaneando ante la Jusicia y a la fecha, “nunca se sentó frente a un juez”, en el marco del procesado por supuesta lesión de confianza durante su gestión al frente del Ministerio del Interior por la compra de helicopteros para la Policía Nacional.

Filizzola estuvo procesado por la compra de cuatro helicópteros Robinson R44 usados para la Policía Nacional, en 2010, operación cuestionada por presuntas irregularidades administrativas y un supuesto perjuicio patrimonial al Estado. Dos de esas aeronaves fueron denunciadas posteriormente como inservibles.

Al respecto, el ministro Riera, en comunicación con el Programa “Arriba Hoy” que se emite por canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, recordó que su colega, senador Filizzola, de quien señaló que se había molestado cuando le dijo en su momento que sus helicopteros no volaban porque no servía. Pero, por esta causa ya lleva 11 años chicaneando.

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“Hace 11 años que chicanea y hasta ahora no se pudo hacer la audiencia preliminar. Es decir, que nunca, hasta hoy en día se sentó ante un juez. Lleva 11 años chicaneando en una causa que ya está ante la Corte”, precisó.

El ministro Riera señaló además que el primer caso vinculado a los helicopteros de la Policia Nacional ya prescribió, mientras que el segundo caso está a poco tiempo de prescribir. “Pero hasta ahora él nunca se presentó ante la Justicia”, remarcó.

Cabe señalar que el Ministerio Público había imputado al exministro del Interior, Rafael Filizzola, por supuesta lesión de confianza. La Fiscalía argumentó en su momento que la adquisición, realizada a la empresa Proibérica, se hizo de forma irregular y causó un perjuicio patrimonial estimado al Estado de 50.000 millones de guaraníes.

A la fecha, esta causa penal prácticamente está cerrada, luego de que en marzo del año pasado, Filizzola lograra obtener una resolución a medida, atendiendo a que la jueza Penal de Garantía, Alicia Pedrozo, dio lugar al pedido del fiscal Francisco Cabrera y ordenó el sobreseimiento definitivo del exministro, lo que en el ámbito político se calificó como un “blanqueamiento” por plazos vencidos.

La salida procesal no se dio porque Filizzola demostró su inocencia en un juicio, sino debido a un fallo previo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que anuló la acusación de la Fiscalía de aquel entonces por vicios procesales y plazos vencidos. Al quedarse sin acusación válida por el paso del tiempo, el fiscal anticorrupción Francisco Cabrera no tuvo otra opción técnica que solicitar el sobreseimiento definitivo.

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