El gobierno de Cuba dijo el jueves que iniciará el año escolar el próximo martes 1 de septiembre, a pesar de la crisis energética que vive el país bajo fuerte presión de Washington. La ministra de Educación, Naima Trujillo, reconoció sin embargo el “desafío” de comenzar las clases para los 1,4 millones de alumnos debido a la falta de energía eléctrica y los problemas de transporte en la isla.

El jueves, la compañía estatal Unión Eléctrica de Cuba reportó un apagón masivo de energía en el este de la isla por un fallo en la red eléctrica, que afectó a las provincias de Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. Varias horas más tarde, la empresa dijo que la conexión fue restablecida.

Desde enero, Estados Unidos impuso un bloqueo de facto al suministro de combustible a la isla comunista, lo que agravó la crisis energética que ya enfrentaba y ha provocado prolongados apagones que trastocan la vida de sus 9,4 millones de habitantes. “Será un curso en que el desafío mayor será que podamos realizarlo”, dijo Trujillo en conferencia de prensa.

En las últimas semanas los apagones se han prolongado por más de 30 horas en la capital, mientras que en otras provincias suman varias jornadas consecutivas. Debido a los cortes eléctricos se ven afectados también el abastecimiento de agua y la red de telefonía en todo el país.

Esta situación supone un reto para el sistema educativo cubano.

La ministra añadió que habrá políticas más flexibles respecto al uniforme y los horarios de entrada y salida para que los niños y adolescentes puedan cumplir con el curso.

“Esta vez no ha sido posible que todos los uniformes escolares estén en las manos de la familia cubana”, dijo.

Yannay Miranda, de 35 años, se dijo preocupada por los cortes eléctricos, las tareas y la calidad del sueño de su hija de seis años.

Pero dijo a la AFP que hará lo posible “para que ella no deje de educarse”.

Asegura que otras madres no enviarán sus hijos a la escuela en medio de la crisis. “Yo digo: ¿Claramente eso es lo que quieres para tu hijo?”, agrega.

Fuente: AFP.

Con el objetivo de elevar los estándares de seguridad y vigilancia en los principales puntos de ingreso al territorio nacional, tres instituciones desarrollaron una jornada especializada de capacitación en el departamento de Itapúa. Fueron protagonistas representantes del Ministerio de Salud Pública, de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), a través de la Coordinación General de Facilitación (DINAC-FAL), y la Embajada de Estados Unidos.

La actividad tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional Teniente Ramón Amín Ayub González, ubicado en el distrito de Capitán Miranda, y abordó tres áreas consideradas estratégicas para la protección de las fronteras: la prevención y detección de situaciones vinculadas con la trata de personas, la identificación de documentos fraudulentos y la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005).

Durante la jornada se compartieron herramientas y procedimientos orientados a que los funcionarios aeroportuarios puedan identificar señales de alerta, detectar documentación irregular y actuar de manera coordinada ante posibles casos de trata de personas. La cooperación con la representación diplomática estadounidense permitió incorporar conocimientos técnicos y mecanismos de respuesta aplicables a escenarios de riesgo internacional.

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Otro de los ejes estuvo centrado en el Reglamento Sanitario Internacional, cuya aplicación adquiere especial relevancia ante la llegada de viajeros procedentes de distintos países y la realización de acontecimientos de gran convocatoria.

En ese contexto, la Dirección de Vigilancia y Control de Fronteras, dependiente de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, indicó que se reforzaron los protocolos de vigilancia y control sanitario en los puntos de entrada.

La capacitación también se desarrolló como parte de los preparativos institucionales ante el WRC Rally Paraguay 2026, evento que generará un importante movimiento de visitantes y delegaciones internacionales.

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Participaron funcionarios de la VII Región Sanitaria de Itapúa, DINAC, la administración aeroportuaria, Migraciones, Aduanas y los equipos de Vigilancia y Control de Fronteras, consolidando una estrategia interinstitucional para responder de manera coordinada ante eventuales amenazas.

Se cumple en la fecha la tercera jornada de la movilización de médicos y el Dr. Gustavo Ortiz, director general de Redes y Servicios de Salud, hizo una evaluación de lo que representa la paralización de servicios en la red de servicios públicos por consultas y cirugía que no se realizaron.

“Por estos cinco días de huelga, el Estado invirtió una cifra de 10.532 millones de guaraníes por consultas no realizadas. Pero más allá del costo económico, tenemos un costo social”, señaló en comunicación con el programa Arriba Hoy de canal GEN y Radio Universo 970 AM.

Añadió que a los 5 mil médicos agremiados que se encuentran en huelga, hay que descontar aquellos que tienen que cubrir servicios esenciales, los cuales suman alrededor de 2 mil. De esa cifra, son aproximadamente 1.000 médicos que no estarían por día en los hospitales, incluyendo las APS, explicó.

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Las consultas reflejan una demanda diversa, encabezando el top 10 las consultas de prevención y control de salud. Por ejemplo, controles de salud infantil, exámenes médicos generales, ginecológicos, controles prenatales y otros controles.

Luego, están las enfermedades crónicas no transmisibles que requieren alta presencia, como diabetes e hipertensión. Y finalmente, afecciones agudas que recurren al sistema de guardia, precisó.

Ante esa situación, estimó que durante una semana de huelga serían 259.251 consultas no realizadas. “El Estado invirtió en ese tiempo la cifra de G. 10. 532. 234.700 por consultas no realizadas. Lo que representa un costo económico, social, humano, entre otros”, apuntó.

En cuanto a cirugías programadas en julio, se tuvo un promedio a nivel país de 500 cirugías de todo tipo. “Multiplicado por 5, el tiempo de la movilización, serían 2.550 cirugías no hechas. Y eso por un costo mínimo de 5 millones, totaliza un monto de 12.750 millones de guaraníes”, indicó.

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La inteligencia artificial y la computación cuántica están cambiando el mapa de riesgos del sistema financiero y obligan a las instituciones a replantear cómo protegen sus datos.

La transformación digital amplió las capacidades de las instituciones financieras, pero también existen más puntos de exposición de la información. Durante una conferencia sobre ciberseguridad y soberanía digital, el especialista en seguridad de la información, Luis Noguerol planteó el concepto de “encriptado pero expuesto”, que cuestiona la idea de que un dato está completamente protegido por el solo hecho de estar cifrado.

Explicó que la información atraviesa diferentes sistemas, se almacena, procesa, comparte y utiliza para tomar decisiones, generando una pérdida progresiva de visibilidad y control.

Cada interacción con estas herramientas puede generar nuevos datos derivados, patrones o información que quedan fuera del perímetro original de la organización. Por ello, el reto ya no consiste únicamente en determinar quién puede leer los datos, sino en saber quién mantiene el control sobre ellos durante todo su ciclo de vida.

Políticas claras para el uso de la IA. Señaló que a estos riesgos se suman las denominadas “alucinaciones” de la IA, la manipulación mediante prompts, la exposición de APIs y las vulnerabilidades que pueden incorporarse mediante código generado automáticamente.

Ante este escenario, las entidades financieras deben establecer políticas claras para el uso de inteligencia artificial, clasificar la información que puede procesarse mediante estas herramientas y desarrollar mecanismos para verificar sus resultados.

Además, subrayó que el desafío también alcanza al ámbito regulatorio, considerando la necesidad de establecer reglas para un uso seguro y responsable de estas tecnologías.

Otro frente de preocupación es la computación cuántica, cuya evolución podría comprometer sistemas criptográficos utilizados actualmente. Durante la exposición realizada en el marco de la Segunda Convención Bancaria Paraguay 2026, Noguerol advirtió sobre la futura vulnerabilidad de algoritmos como RSA y sobre el riesgo conocido como “conecta hoy, desencripta mañana”, mediante el cual actores pueden recopilar actualmente datos cifrados para intentar descifrarlos cuando exista capacidad cuántica suficiente.

Una hoja de ruta ante estos desafíos. Frente a este escenario, propone una hoja de ruta partiendo de un inventario y clasificación de todos los datos, el mapeo de sus flujos y la evaluación de riesgos.

Seguidamente, planteó fortalecer el cifrado, la gestión de claves y los controles de acceso; avanzar hacia arquitecturas de IA verificables y migrar progresivamente a algoritmos resistentes a la computación cuántica.

Finalmente sostuvo que el desafío, trasciende al área tecnológica. La expansión de la nube, IoT, 5G y la inteligencia artificial convierte la ciberseguridad en una responsabilidad transversal dentro de las organizaciones.

En ese marco, señaló que el sector financiero paraguayo, debe tener como objetivo avanzar hacia una soberanía digital sostenible, fortaleciendo las capacidades locales, promoviendo la innovación en seguridad y estableciendo reglas que permitan aprovechar las nuevas tecnologías sin perder el control sobre los datos, uno de los activos más importantes de cualquier institución.