Los partidos y movimientos de oposición, con representación en el Congreso Nacional, apuntan a superar las divisiones y el individualismo profundizado tras el contundente fracaso electoral durante las presidenciales del pasado 30 de abril. Los legisladores buscan consolidar la anhelada unidad granítica para mantener una sola agenda nacional.
“Hemos tomado esta oportunidad para trabajar sobre un tema que veníamos haciéndolo de manera poco organizada y que hoy se hace oportuno. Anunciamos que vamos a tener un bloque parlamentario de senadores y diputados de la oposición, que se reunirá semanalmente para discutir la agenda tanto parlamentaria como de política nacional. Se consolidará un nuevo espacio de articulación”, sostuvo la senadora del Frente Guasu (FG), Esperanza Martínez.
El anuncio fue realizado en medio del respaldo otorgado a la senadora encuentrista Kattya González, quien fue denunciada días atrás por referentes del movimiento Honor Colorado de cometer tráficos de influencia para el beneficio de su entorno político. En el transcurso de este martes, la polémica congresista fue denunciada por líderes estudiantiles ante la Fiscalía por planillerismo.
En los pasados comicios generales, el Partido Colorado no solo logró una rotunda victoria para la presidencia, sino que consiguió una mayoría aplastante en ambas cámaras del Legislativo, frente a la Concertación Nacional que aglutinaba a varios partidos y movimientos de oposición.
Martínez, quien fue vocera del encuentro, continuó argumentando que el bloque también será conformado por gobernadores, intendentes y presidentes de organizaciones políticas. “Se plantea que tengamos una reunión cada dos meses con los gobernadores e intendentes de la oposición. Haremos articulaciones con una regularidad política para construir la agenda, el discurso político, debatir los temas parlamentarios y distritales”, indicó.
Te puede interesar: Oposición sigue sin debatir crisis y busca recomponerse para las municipales
Dejanos tu comentario
Diputados evaluará penas más severas para funcionarios públicos por corrupción
La Cámara de Diputados tiene previsto analizar en su sesión ordinaria de este martes un proyecto de ley que busca modificar las penas por corrupción en el Código Penal Paraguayo, estableciendo castigos de hasta 25 años de prisión para funcionarios públicos que incurran en determinados delitos.
La exposición de motivos argumenta que la iniciativa responde a la necesidad de “disuasión legal para el combate frontal a la corrupción pública y privada”, señalando que “el crimen organizado nacional se nutre con el apoyo de funcionarios públicos, desangrando al Estado en su patrimonio”.
Asimismo, señala que la corrupción pública “atenta directamente contra los derechos humanos” y que “sus consecuencias son equiparables a crímenes de lesa humanidad”, al afectar servicios básicos como salud, educación y seguridad.
El proyecto que se encuentra en su primer trámite constitucional plantea la modificación de varios artículos del Código Penal, que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, lesión de confianza y otros delitos conexos.
El proyecto también incorpora medidas como el comiso especial de bienes obtenidos ilegítimamente y prohibiciones posteriores al ejercicio del cargo, estableciendo multas de mil días para funcionarios que se vinculen laboralmente con empresas beneficiadas por contratos administrativos dentro del año siguiente a su celebración. La iniciativa busca reforzar “la confianza de la ciudadanía y de la opinión pública en las Instituciones Republicanas”, según expresó el diputado en su fundamentación.
Principales modificaciones
Lesión de confianza (Art. 192)
Pena actual: Hasta 5 años o multa
Pena propuesta: hasta 25 años para funcionarios públicos (casos graves).
Exacción (Art. 312)
Pena actual: 10 años o con multa
Pena propuesta: 10 a 20 años
El artículo 2 del proyecto de ley presentado también establece modificaciones al Código penal en los artículos 239, 298, 300, 301, 302, 303 y 305, que quedan redactados de la siguiente manera:
Asociación criminal (Art. 239)
Pena actual: Hasta 5 años
Pena propuesta: 10 a 15 años para funcionarios públicos
Quebrantamiento del depósito (Art. 298)
Pena actual: Hasta 2 años o multa
Pena propuesta: 10 a 15 años para funcionarios públicos
Cohecho pasivo (Art. 300)
Pena actual: Hasta 3 años o multa para funcionarios / hasta 5 años o multa para jueces
Pena propuesta: 5 a 8 años para funcionarios / 5 a 10 años para jueces
Cohecho pasivo agravado (Art. 301)
Pena actual: Hasta 5 años para funcionarios / hasta 10 años para jueces
Pena propuesta: 5 a 10 años para funcionarios / 10 a 15 años para jueces
Prevaricato (Art. 305)
Pena actual: 2 a 5 años
Pena propuesta: 5 a 8 años (hasta 15 años en casos graves)
En el artículo 3 del proyecto presentado, se propone la modificación de los artículos 3, 4, 6, 7 y 8 de la ley n.º 2523/04, “Que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias”, que quedan redactados de la siguiente manera:
Enriquecimiento ilícito (Art. 3)
Pena actual: 1 a 10 años
Pena propuesta: 10 a 15 años
Tráfico de influencias (Art. 7)
Pena actual: hasta 3 años
Pena propuesta: 10 años (15 años si la influencia es ejercida ante magistrados o fiscales / 20 años si el autor es funcionario público).
Administración en provecho propio (Art. 8)
Pena actual: hasta 10 años
Pena propuesta: 15 a 25 años.
Dejanos tu comentario
Fortalecimiento del Ejército es clave en combate al crimen organizado, terrorismo y ciberataques
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, resaltó la importancia de fortalecer las Fuerzas Militares, sobre todo teniendo en cuenta, que hoy el país está alejado de una guerra convencional, pero exige un fuerte combate ligado al terrorismo, ciberataques, crimen organizado y narcotráfico, que son los enemigos actuales.
El segundo del Poder Legislativo acompañó los actos de conmemoración del Día del Ejército Paraguayo y del natalicio del Mariscal Francisco Solano López, héroe máximo de la nación. El acto encabezado por el comandante en Jefe y presidente de la República, Santiago Peña, se llevó a cabo en el Cuartel General del Comando del Ejército.
En la ocasión, el titular de la Cámara Baja, se refirió a la política de defensa nacional, remarcando la necesidad de readecuar las Fuerzas Armadas ante las amenazas actuales que enfrenta el país.
“Hoy no existe una hipótesis de conflicto con países vecinos, pero debemos adaptar nuestras Fuerzas Armadas a las nuevas amenazas. La adquisición de radares y aviones como los Super Tucano permitirá, por primera vez, conocer lo que sucede en nuestros cielos y ejercer nuestra defensa de la soberanía aérea”, expresó.
Inversión estratégica
El diputado resaltó también la inversión estratégica en tecnología y equipamiento militar como parte de una visión integral de defensa nacional. Mencionó que los avances en defensa han sido posibles gracias a una eficiente gestión estatal, sin necesidad de subir impuestos.
“La exitosa negociación sobre Itaipú generó un superávit importante. A esto se suma la creación de la DNIT y otros cambios en el modelo de gestión, lo cual ha permitido aumentar la capacidad de inversión en defensa e infraestructura sin aumentar la presión tributaria. Esto refuerza nuestra competitividad y atractivo para la inversión extranjera”, explicó.
Lucha contra el narcotráfico
Sobre el combate al narcotráfico, el presidente de la Cámara de Diputados destacó avances concretos, y mencionó, como ejemplo, el récord en incautaciones de drogas.
“Por primera vez, no se ha detectado ningún cargamento de droga proveniente del Paraguay incautado en Europa. Esto refleja un mejoramiento, significativo, en nuestras capacidades de lucha contra el narcotráfico", precisó.
Resaltó que enfrentar al narcotráfico es como luchar contra un monstruo al que se debe combatir con todas las fuerzas. “Estamos dando pasos firmes mediante gestión, legislación y fortalecimiento de nuestras fuerzas de seguridad”, concluyó.
Es importante señalar que durante el acto central, la Cámara de Diputados también estuvo representada por los legisladores colorados Pedro Ortiz y Diego Candia, además de su colega liberal Federico Franco.
Dejanos tu comentario
Bancada HC analizará pedido de suspensión del diputado Miguel Martínez
El diputado Miguel Del Puerto, vicelíder de la bancada de Honor Colorado, indicó esta mañana que en los próximos días estarán analizando la posibilidad de solicitar la suspensión de su colega liberal Miguel Martínez, debido a los constantes insultos e improperios que lanza hacia los demás colegas.
El legislador se refirió a los exabruptos que propició su colega Martínez, exCruzada Nacional y ahora diputado liberal; quien durante la sesión ordinaria de ayer martes, utilizó términos descalificativos hacia el Partido Colorado, e incluso fue irrespetuoso hacia el titular del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez.
Esto generó una inmediata reacción de los legisladores colorados y del propio presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre quien inmediatamente le llamó al orden y le lanzó una advertencia para que mida sus palabras y respete al plenario.
Del Puerto señaló que si bien aún no hay una propuesta concreta, la misma ya está siendo manifestada por una mayoría de los miembros de la bancada oficialista y que será analizado en los próximos días.
“Creo que el colega fue muy irrespetuoso, salió de lo que fue el reglamento interno sobre el respeto a los colegas; y nosotros estamos analizando la posibilidad de presentar un proyecto de pedido de suspensión”, preció.
La propuesta ya está siendo analizada entre los colegas de forma individual, y que en la siguiente reunión de bancada se estará tomando la decisión.
“Hay un criterio prácticamente de mayoría, para presentar dicho pedido. El principal motivo es que no es la primera vez su exabrupto, ya son reiterativos y con mucha reincidencia pese a las advertencias. Prácticamente con ataques muy personales a los colegas”, acotó.
Siga informado con: Peña recibe a su homólogo español Pedro Sánchez en el Palacio de Gobierno
Dejanos tu comentario
Abdo offshore: Barrios y Galaverna proponen pedir apoyo de EE.UU. para investigar fortuna de Abdo
Los senadores colorados Antonio Barrios y Juan Carlos “Nano” Galaverna, coinciden en que se tiene que investigar a fondo el caso de AbdoOffshore y si es necesario llegar a instancias internacionales. Señalan que el uso de los paraísos fiscales es el modus operandi de los lavadores de dinero, por lo que señalan que no es descabellado pedir colaboración al Departamento de Estado, de los Estados Unidos.
En comunicación con La Nación/Nación Media, el senador Barrios señaló que la situación es extremadamente grave, por lo que las instituciones del Estado, como la Fiscalía General la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Ingresos Tributario (DNIT) deben empezar las investigaciones al respecto.
Le puede interesar: Intervención CDE: comprueban graves irregularidades en transferencia de fondos
“Por supuesto que tendríamos que llegar a instancias internacionales, no sería descabellado pedir ayuda al Departamento de Estado de los EE.UU., esto se tiene que investigar, llegar al fondo de la cuestión, ahora y siempre lo manifesté que el gobierno de Mario Abdo Benítez, fue un gobierno cargado de corrupción”, expresó.
A su turno, el senador Nano Galaverna indicó que amerita una investigación a fondo sobre esta gravísima denuncia divulgada por el medio argentino. “Si como expresa Mario Abdo, y esto es falso, debería enviar una solicitud a la entidad bancaria exigiendo que aclare la situación. Una nota firmada con puño y letra”, señaló.
Proyecto de declaración
Senadores de varias bancadas coincidieron en la necesidad de una investigación profunda de la denuncia periodística que ha saltado en la Argentina, sobre supuestas cuentas millonarias en paraísos fiscales del expresidente de la República Mario Abdo Benítez y su esposa Silvana López Moreira.
Por ello, presentaron en la fecha, un proyecto de declaración por la cual acompaña la investigación iniciada por el Ministerio Público e insta a la Seprelad, a la Contraloría y a la DNIT a iniciar de manera urgente y coordinada las investigaciones pertinentes sobre el caso en cuestión.
La propuesta se funda en la necesidad de que el Estado paraguayo se pronuncie a través de sus instituciones ante las graves denuncias periodísticas; con el único fin de llegar a la verdad. El proyecto de declaración fue incluido como punto número 1 de la sesión ordinaria de la fecha, la cual se encuentra en proceso de debate en el plenario.
Siga informado con: Fleitas dice que la unidad en el PLRA solo puede darse en elecciones