Desde la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), consideran que las respuestas brindadas por el Banco Central del Paraguay (BCP), a los pedidos de informes del Senado, si bien representan el cumplimiento de un requerimiento institucional, no lograron despejar las principales inquietudes planteadas sobre el ejercicio de la supervisión bancaria.

En este contexto, a fin de reafirmar su compromiso con la solidez, la estabilidad y la confianza en el sistema financiero paraguayo, mediante un comunicado manifestaron que consideran necesario expresar su posición sobre los siguientes aspectos:

1. Una preocupación genuina, no comercial: rechazamos cualquier interpretación que atribuya nuestra posición a intereses comerciales. Los bancos de esta Asociación trabajan en el sistema financiero paraguayo compitiendo desde hace varias décadas y han atravesado tiempos difíciles. Planteamos nuestras preocupaciones por escrito al Banco Central en junio de 2025 y en setiembre de 2026, por la vía institucional y sin difusión pública. Nuestro interés es preservar la solvencia y la estabilidad del sistema bancario en su conjunto.

2. Una respuesta valorable, pero incompleta: es positivo que el Banco Central haya respondido en plazo. Sin embargo, sus respuestas son incompletas y dejan dudas, cuando lo que corresponde es transmitir confianza. Una respuesta de esta trascendencia debería contar, además, con la aprobación expresa de su Directorio, máxima autoridad de la institución.

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3. La cuestión de fondo sigue abierta: la principal preocupación es la exposición crediticia de una entidad financiera frente a empresas vinculadas a su propio grupo y la razonabilidad de las operaciones, que deberían ajustarse a lo establecido en la Ley de Bancos y sus reglamentaciones. En todos los casos debe primar, como recomienda el Comité de Basilea, la sustancia sobre la forma. Esta información no tiene carácter reservado y solo el Banco Central puede aclararla con autoridad. Una respuesta clara da certeza; la falta de respuesta genera dudas.

4. La corrección no debe esperar al sumario: la Ley N.º 2334/03 dispone que la regularización procede «sin perjuicio de las sanciones». Esto permite adoptar medidas correctivas de manera inmediata, mientras que un sumario puede demorar años. Cuando una situación contraria a la normativa no se corrige a tiempo, puede generar efectos negativos para todos.

5. Un mismo criterio para todos: la solvencia de una entidad no puede depender de un trato distinto al que reciben las demás. Pedimos al Banco Central que informe sobre la solvencia de todas las entidades que recibieron facilidades en procesos de fusión, aplicando los mismos criterios respecto al reconocimiento de las pérdidas diferidas, el cumplimiento del artículo 56 de la Ley de Bancos (cálculo del patrimonio efectivo) y el tratamiento de las participaciones en empresas de un mismo grupo. Así quedarán despejadas las dudas y, si alguna entidad no cumple, se podrá actuar a tiempo. El secreto bancario, que defendemos, protege a los clientes, pero no alcanza a los actos y criterios del organismo supervisor.

6. El interés de todo el sistema: si alguna entidad no cumple con el marco legal, este permite corregir la situación protegiendo a los depositantes. El antídoto es actuar a tiempo.

“El sistema financiero paraguayo es sólido y cuenta con un Fondo de Garantía que protege a los ahorristas dentro de los límites establecidos por la ley. Por eso, este es el momento en que el Banco Central, a través de su presidente, su directorio y la Superintendencia de Bancos, informe con claridad sobre la situación y las medidas que adopta. Cada día que se dilatan las correcciones se agrava el problema y se envía una señal negativa al mercado. La credibilidad del supervisor se ha construido durante décadas; instamos a las autoridades a preservarla”, señalan desde el ente.

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Pidió al Ejecutivo convocar a una cumbre de poderes del Estado para abordar el preocupante aumento de casos.

La Cámara de Senadores aprobó ayer miércoles en su sesión extraordinaria el proyecto de declaración que exhorta al Poder Ejecutivo a convocar a una cumbre de poderes del Estado para el abordaje integral del hecho punible de feminicidio en la República del Paraguay.

El documento impulsado por la senadora de Cruzada Nacio­nal, Yolanda Paredes, y apro­bado por sus pares de forma unánime, refiere que “el femi­nicidio se presenta como una de las manifestaciones más extremas de violencia contra las mujeres y exige una res­puesta estatal integral, coor­dinada y sostenida, pero lo más importante, con carác­ter urgente”, refiere.

Agrega que “la persistencia de estos hechos impone la necesidad de evaluar la efica­cia de los mecanismos de pre­vención, protección, inves­tigación y sanción, así como las eventuales falencias en la actuación de las instituciones competentes”.

“En este contexto, una Cum­bre de Poderes permitiría reu­nir a las máximas autorida­des de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con la participación del Ministerio Público y de las instituciones especializadas, a fin de iden­tificar obstáculos, fortalecer la coordinación interinstitu­cional y definir medidas con­cretas de actuación”, expresa.

A la vez, el plenario aprobó tratar dentro de 15 días el pro­yecto de ley para la creación de juzgados y tribunales espe­cializados en violencia con­tra las mujeres, impulsado por la senadora colorada Lilian Samaniego.

La propuesta tiene como fina­lidad principal dar celeridad a las renuncias reales y deses­timar las falsas.

Se plantea que los juzgados y tribunales se encuentren con­formados por jueces, fiscales, asistentes sociales, psicólo­gos, psiquiatras para asistir a las víctimas mediante la coor­dinación efectiva entre insti­tuciones y la erradicación de la burocracia.

Ante los rumores de remover al senador Basilio Núñez de la presidencia del Congreso Nacional, el senador Silvio Ovelar aseguró que desde la bancada se dará todo el respaldo para que el mismo permanezca en la presidencia. Señaló que el objetivo es dar gobernabilidad y tranquilidad a los colegas.

“Vamos a abloquelarnos en el Senado para darle gobernabilidad al compañero Bachi Núñez en la presidencia del Congreso, independientemente a las decisiones internas que se pudieran tomar al interior de la bancada”, dijo el legislador a los medios de prensa este miércoles.

Agregó que ante el impase que se da dentro del movimiento Honor Colorado por la chapa presidencial, se pueden dar este tipo de situaciones, las movidas, pero que en este caso se estará trabajando para mantener a Núñez en la presidencia.

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“Cuando se dan este tipo de quiebres, muchas veces los pescadores de ríos revueltos pueden tener éxito, entonces como primera medida nosotros, en base a la experiencia, acordamos primero garantizar la gobernabilidad aquí en el Senado y con eso creo damos que también un marco de tranquilidad a los compañeros y compañeras”, mencionó.

Finalmente, también se refirió a las posiciones y preferencias que se puedan dar dentro de la bancada de Honor Colorado sobre la candidatura o la chapa presidencial, adelantando que también posteriormente se expondrá una postura como bloque en el Legislativo.

“Nosotros conversamos sobre la posibilidad de tener una posición conjunta con respecto a lo que ha ocurrido últimamente, y en ese sentido yo creo que fui un adelantado en sentar posición con respecto a mi posición de acompañar al compañero Pedro Alliana, así como lo he hecho públicamente hace un buen tiempo atrás, y los compañeros están analizando”, sentenció.

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La Cámara de Senadores aprobó este miércoles en su sesión extraordinaria el proyecto de declaración que exhorta al Poder Ejecutivo a convocar a una cumbre de poderes del Estado para el abordaje integral del hecho punible de feminicidio en la República del Paraguay.

El documento impulsado por la senadora de Cruzada Nacional, Yolanda Paredes, y aprobado por sus pares de forma unánime, refiere que “el feminicidio se presenta como una de las manifestaciones más extremas de violencia contra las mujeres y exige una respuesta estatal integral, coordinada y sostenida, pero lo más importante, con carácter urgente”, refiere.

Agrega que “la persistencia de estos hechos impone la necesidad de evaluar la eficacia de los mecanismos de prevención, protección, investigación y sanción, así como las eventuales falencias en la actuación de las instituciones competentes”.

La iniciativa sostiene que tanto el artículo 60 de la Constitución Nacional, que dispone que el Estado promoverá políticas para evitar la violencia en el ámbito familiar y otras causas que atenten contra su solidaridad, como la Ley N.º 5777/2016 “de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia”, que establece responsabilidades estatales para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, cuya implementación requiere la articulación efectiva de distintos organismos e instituciones.

“En este contexto, una Cumbre de Poderes permitiría reunir a las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con la participación del Ministerio Público y de las instituciones especializadas, a fin de identificar obstáculos, fortalecer la coordinación interinstitucional y definir medidas concretas de actuación”, expresa.

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Señala también que los datos alarmantes arrojan que en el año 2025 se registraron un total de 37 víctimas de feminicidio y 55 víctimas de tentativa de feminicidio, lo que derivó en un saldo de 69 niños que han quedado huérfanos. Con respecto al año en curso, en el 2026 ya se registran 20 feminicidios y 28 víctimas de tentativa de feminicidio, según fuentes oficiales del Ministerio Público.

“​Por tanto, se considera necesario exhortar al Poder Ejecutivo a articular los mecanismos para la convocatoria a dicha instancia, en coordinación con las máximas autoridades de los demás poderes del Estado, con el propósito de establecer compromisos institucionales verificables y avanzar en una estrategia integral que fortalezca la prevención de los feminicidios, la protección efectiva de las mujeres en situación de violencia y la respuesta oportuna de los órganos competentes que se orienten a la protección integral de las familias paraguayas", indica la iniciativa.

A la vez, el plenario aprobó tratar dentro de 15 días el proyecto de ley para la creación de juzgados y tribunales especializados en violencia contra las mujeres, impulsado por la senadora colorada Lilian Samaniego.

La propuesta tiene como finalidad principal dar celeridad a las renuncias reales y desestimar las falsas. Se plantea que los juzgados y tribunales se encuentren conformados por jueces, fiscales, asistentes sociales, psicólogos, psiquiatras para asistir a las víctimas mediante la coordinación efectiva entre instituciones y la erradicación de la burocracia.

Dicha propuesta había sido objeto de controversia en el Legislativo, donde se sancionó una versión que creaba juzgados especializados de violencia en el grupo familiar, suprimiendo la especificación sobre las mujeres, punto que fue cuestionado por Samaniego. Finalmente, el proyecto de ley terminó siendo vetado por el Ejecutivo.

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