El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, rechazó que el expresidente de la República, Santiago Peña, haya abandonado la sede del Regimiento Escolta Presidencial, donde se encuentra recluido en el marco de la causa judicial que enfrenta por los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

“Me llegó la información y niego categóricamente la veracidad de ese hecho. El expresidente de la República guarda su reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial y el comandante de esta unidad militar sigue estrictamente las indicaciones del juez de la causa”, refirió González en una entrevista con la 1020 AM.

Las afirmaciones del alto funcionario de Estado surgieron tras la denuncia de un vecino del exmandatario destituido vía juicio político, quien alegó a través de un vídeo que Peña acudió a un festejo en su residencia localizada en Asunción entre la noche y la madrugada del viernes 13 y sábado 14 de noviembre, en la antesala de su cumpleaños número 48 que se celebrará este lunes 16 de noviembre.

González afirmó que las autoridades militares mantienen un seguimiento y monitoreo permanente sobre Peña, tarea que recae bajo la responsabilidad directa del comandante de dicha unidad militar, el coronel José Dayub.

Lea también: Caso Ueno: yate de lujo que pertenece al Grupo Vázquez es trasladado a Asunción

A la vez, mencionó que el economista recibe únicamente las visitas autorizadas de su entorno más cercano, integrado por su esposa y su hijo, además de los encuentros periódicos con sus abogados defensores.

“Peña está con un régimen donde se encuentra seguido puntillosamente por el comandante del Regimiento Escolta Presidencial, el coronel José Dayub. Peña sigue recibiendo la visita de su familia, la exprimera dama Leticia Ocampos, sus hijos y abogados”, refirió.

Parte del acta de imputación contra Peña, generado por la causa Ueno Bank, refiere que “en ejercicio de la presidencia de la República, habría intervenido en el proceso mediante el cual organismos y entidades del Estado habrían colocado, renovado y mantenido importantes sumas de dinero en Ueno Bank S.A., entidad con la cual habría mantenido una relación económica y corporativa previa y directa”.

El documento agrega que “pese a esa vinculación, durante su administración se habría producido un incremento y una concentración relevante de fondos públicos y previsionales en Ueno Bank S.A., provenientes, entre otras entidades, del IPS, Itaipú Binacional, Yacyretá, ANDE, la Caja de Jubilados y Pensionados de la ANDE, la Caja Bancaria y Cajubi. Al mes de setiembre del 2026, dichos fondos habrían alcanzado, según cifras preliminares de la Dirección Nacional del Tesoro Público, G.3.608.550.782.201 y USD 233.400.495″.

El documento menciona además que “durante casi los dos primeros años de su mandato presidencial, Santiago Peña habría mantenido simultáneamente su condición de presidente de la República y una participación accionaria y relación corporativa en Ueno Holding S.A.E.C.A., sociedad vinculada a Ueno Bank dentro del mismo grupo empresarial”.

La imputación manifiesta también que “considerando la situación patrimonial del banco, Santiago Peña habría intervenido públicamente para sostener la confianza en la entidad en tres momentos diferentes”. Cabe recordar que el pasado 3 de noviembre el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso por unanimidad el procedimiento de resolución y disolución del banco tras detectarse que su índice de solvencia cayó por debajo del 50 % del mínimo requerido por ley.

Te puede interesar: Confirman que 1.500.000 ahorristas de Ueno ya recuperaron el 100 % de sus depósitos

• Ricardo Rivas
• Periodista
• X: @RtrivasRivas
• Fotos: Gentileza

La visita de León XIV a la Argentina trascendió el acontecimiento religioso. En sus palabras, el pontífice trazó un retrato de las heridas sociales del país y reclamó una democracia comprometida con el bien común, la justicia y la dignidad humana.

Unos pocos minutos habían pasado de las cuatro y media de la tarde cuando León XIV (71) bajó de la aeronave que lo trajo desde Uruguay. La expectativa era gigante. Desde un par de días sabíamos que el pontífice caminaba por las calles de Montevideo, Paysandú y Florida. Uruguay, donde habita un pueblo laico y creyente, lo recibió con deliciosa moderación, pero también con vítores, aplausos y ovaciones.

El presidente anfitrión, Yamandú Orsi (59), un militante de las izquierdas, lo esperó junto con su gabinete y todos quienes fueron sus antecesores, en armoniosa actitud democrática. Algún querido amigo-hermano uruguayo, cuya identidad preservaré, me aseguró por WhatsApp, cuando todo sucedía, que “Yamandú –agnóstico– y León, líder de la Iglesia Universal, están en ‘plena sintonía’”.

No me sorprendió. Sus diferencias –seguramente– lo son sobre el más allá. Sus coincidencias –por qué no, tengo la convicción– lo son sobre el más acá. En el aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, le dio la bienvenida Javier Milei (56), jefe de Estado local, quien se autopercibe como un león y, justamente por ello, así lo mencionan y aluden aquellas y aquellos que lo hacen benignamente.

La visita del misionero de Chicago es el tema en esta noche de viernes que escribo mientras espero un vuelo sin perder de vista al papa León que regresó a casa. A su Perú tan amado. Al que adoptó como su nación. Cerca de siete millones de personas peregrinaron en la Argentina para ver fugazmente pasar al pontífice o para participar de sus ceremonias religiosas en la capital de este país, en Córdoba, en Claypole y en torno de la Basílica de Luján, en la provincia de Buenos Aires.

Hacía casi cuatro décadas sin una visita papal. San Juan Pablo II durante su pontificado llegó dos veces hasta el sur del sur. El 11 de junio de 1982, cuando este pueblo estaba en guerra después que los dictadores genocidas desembarcaran a sangre y fuego las Islas Malvinas ocupadas ilegalmente por el Reino Unido de la Gran Bretaña desde el 3 de enero de 1833.

“Solo le pido a Dios…”, cantaba entonces otro León (Gieco) –con todas y todos– en cada rincón de este país atravesado entonces por la muerte. El 6 de abril de 1987 –cuando la transición democrática que lideraba el presidente Raúl Alfonsín (1927-2009) desde el 10 de diciembre de 1983– Karol Józef Wojtyła (1920-2005), el papa polaco, regresó para celebrar aquí la III Jornada Mundial de la Juventud. Visitó Bahía Blanca, Rosario, Salta, Paraná, Viedma, Tucumán, Corrientes y Mendoza.

“Hasta siempre, Argentina”, dijo al partir. No hay reunión con amigos y amigas este viernes. Seguir los pasos de Robert Prebost –el padre Roberto, Bob– nacido en Illinois, Chicago, Estados Unidos, en procura de respuestas a tantos interrogantes globales es mi prioridad periodística.

“¿Cómo está la Argentina?”, me aseguran un par de fuentes vaticanas cuyas identidades me comprometí a guardar quiso saber antes de partir el viajero obispo de Roma. Tres prelados argentinos confirman la información. “Incertidumbre, desasosiego, bronca es el clima social más extendido, santo padre”, fueron las respuestas que recibió de sus colaboradores más cercanos.

“Desde Buenos Aires también le enviaron varios reportes y hasta algunas encuestas que detallan el clima social”, agregaron los informantes. Sabe que aquí, cuando finalizó el pasado mes de agosto, según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) –solo en ese período– se destruyeron 13.600 puestos de trabajo asalariado. Un total de 7.600 en el sector privado, 5.400 en el público y poco más de 600 entre las y los trabajadores domiciliarios.

La estadística reporta además que –desde junio de 2025– se perdieron 183.400 posiciones laborales y, desde noviembre 2023, totalizan 386.200 desempleados y desempleadas. El cuentapropismo –el trabajo informal, “en negro”, con absoluta desprotección social– en el mismo período, alcanza al 45 %. El papa lo sabe.

De hecho, las fuentes vaticanas y eclesiales locales consultadas enfáticamente aseguran que “en no menos de dos de los dosieres que recibió el pontífice se consignan detalladamente que aquí se verifican pobrezas, indigencias, marginalidades, narcotráfico, adicciones, ludopatías que se promueven con irresponsabilidad y descaro, trata, violencias institucionales, violencias intrafamiliares, violencias callejeras, inseguridades, precarizaciones, sucesivos ecocidios, intolerancias, justicia injusta, niñeces subalimentadas que sueñan apenas con padecer menos carencias, educación insuficiente –o de baja calidad– desigualdades, inequidades, vulnerabilidades, ancianidades ignoradas, discapacidades desatendidas y silencios inexplicables de muchas y muchos de quienes debieran alzar la voz en nombre de quienes ya perdieron las fuerzas para pedir”.

Silencio y amargura. Esas reseñas –algunas de las cuales fueron preparadas por equipos interdisciplinarios del más alto nivel– “le dolieron y lo preocuparon”, asegura un monseñor español como muchos años en la Eterna, cercano a León. “El papa sintió que no era posible ninguna demora para hacer este viaje tan largamente deseado, preparado y necesario”. ¿Qué vino a decir el papa León?, pregunté. Lo escuché de su propia boca. En vivo…

VIDA PÚBLICA

“La democracia se fortalece también en la manera cotidiana de actuar en la vida pública: en la disposición a escuchar, en el cuidado de la palabra, en la búsqueda paciente de acuerdos y en la capacidad de reconocer en quien piensa de manera distinta a un compatriota con quien se comparte un mismo destino”.

“A quienes han recibido responsabilidades públicas les corresponde una tarea especialmente exigente. La autoridad alcanza su sentido más alto cuando se ejerce como servicio, cuando sabe mirar más allá de lo inmediato y cuando pone sus capacidades al cuidado de aquello que pertenece a todos”.

“Quien ejerce la autoridad tiene también el deber de actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad (porque) el bien común al que sirve la autoridad debe poder percibirse también en las condiciones concretas de la vida cotidiana”.

“Pienso de manera particular en las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, en quienes buscan trabajo, en los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad y en quienes, aun trabajando, tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar”.

Exhorta además a “prestar particular atención a los jóvenes. De las oportunidades que encuentren hoy dependerá en buena medida que puedan desarrollar aquí sus proyectos de vida (y, advierte que) una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños”.

Por ello y para ello es necesario “crear las condiciones para que puedan proyectar libremente su vida en Argentina (pero, para alcanzar ese objetivo es preciso) robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación (porque) preservar y fortalecer esta vocación educativa exige ofrecer a los jóvenes una formación que les permita descubrir sus talentos, desarrollarlos y ponerlos al servicio de los demás”.

Es palabra de León XIV, quien se hizo eco para pensarlas, escribirlas y decirlas de las enseñanzas que recibió de algunos de sus antecesores. Con ellas enriqueció y formateó sus propios pensamientos. Sus decires son los frutos de las semillas con las que san Juan XXIII, san Pablo VI, san Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco sembraron sobre el terreno fértil de la Carta Encíclica Rerum Novarum (De las cosas nuevas) que el papa León XIII, el 15 de mayo de 1891, promulgó con el título original de “De conditione opificum (Sobre la situación de los obreros)”.

Eran, aquellos, tiempos de la llamada Revolución Industrial. Desde allí emerge y se estructura la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), siempre en desarrollo. Hablaron los leones. Pero no solo con sus palabras. También con sus silencios, acciones y omisiones. Periodistas y comunicadores solo tenemos preguntas. A las y los religiosos, científicos y políticos vocacionales les atañen las respuestas.

Ahora, Perú –su casa– escucha.

“El trabajo no es un instrumento de conflicto, sino que contribuye a construir la realidad social mediante la aportación de todos”.

“El trabajo, en su fundamento antropológico y en la dimensión global que lo caracteriza, se enfrenta no solo a los fundamentos de la economía, sino también al reto de la crisis ecológica y al uso irresponsable de los recursos del planeta”.

“Allí donde el dominio de unos pocos es la ley, el trabajo se convierte en explotación de todos los componentes del mundo laboral. A los trabajadores solo se les valora por su eficiencia”.

“El primero y más fundamental de los principios de la Doctrina Social de la Iglesia (es) el principio de la dignidad de la persona humana. (Porque) El ser humano es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social y, por tanto, la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”.

“El desempleo es un auténtico drama en la vida de quien lo padece. Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social, fragmentando la cohesión del cuerpo social y destruyendo la acción comunitaria finalizada al bien común”.

“El principio de la dignidad se vincula directamente con el principio del bien común”. “El bien común exige superar el individualismo estéril y el utilitarismo corporativista, promoviendo una cultura del encuentro donde el crecimiento económico se traduzca en verdadero desarrollo humano integral”.

“Si bien la Iglesia reconoce y defiende el derecho a la propiedad privada, este derecho está siempre gravado por una hipoteca social: la tierra y sus frutos han sido dados por Dios para el sustento de toda la humanidad. El ‘cultivar’ y ‘cuidar’ implica que no somos dueños absolutos, sino custodios de una herencia que debe compartirse con justicia y equidad, erradicando las asimetrías estructurales que marginan a los más débiles, y tomando en cuenta la responsabilidad hacia las generaciones futuras”.

“Dignidad de la persona, bien común, destino universal de los bienes: estos principios nos hablan de una intrínseca dimensión relacional y confluyen en el principio de solidaridad, que no es un sentimiento superficial de compasión, sino la responsabilidad de cada uno y de cada institución para el bien de todos”.

“En una estructura económica globalizada que tiende a la ‘cultura del descarte’, la solidaridad se convierte en una fuerza capaz de construir una arquitectura social que pueda redefinir las necesidades del mercado y las relaciones laborales según criterios de justicia y siguiendo la lógica de la reciprocidad”.

“El Estado no tiene que hacerlo todo, sino que tiene la tarea de favorecer la actuación de los cuerpos intermedios: familias, autoridades locales, grupos y movimientos sociales, manteniendo el poder regulador para el bien común y asumiendo las tareas que las agrupaciones inferiores no pueden cumplir”.

“Los movimientos populares, la economía popular y los trabajadores informales –los cartoneros, los campesinos, los artesanos– son expresiones vivas de esta subsidiariedad activa (…). Con su demanda de inclusión social ellos abogan por esas tres ‘T’: tierra, techo y trabajo”.

“Los empresarios, creadores de puestos de trabajo con su capital, arriesgan tantas veces el propio patrimonio. Porque es imposible crear riqueza en un país sin implicarse personalmente, sin asumir la incerteza que produce el futuro, cuyos parámetros se escapan por completo de nuestro control. Al mismo tiempo, hay que permanecer alerta para huir del riesgo de la avaricia”.

“La vocación empresarial es una noble tarea si se orienta por el principio de la función social de la propiedad y del capital (porque) Cuando el beneficio económico se absolutiza como el único criterio de éxito, la empresa se deshumaniza y deviene en una estructura de pecado que genera exclusión”.

“Los empresarios están llamados a subvertir esta lógica tecnocrática mediante una inversión ética que priorice la sostenibilidad ambiental y la dignificación laboral, asumiendo que el éxito financiero debe medirse en clave de bien común”.

“Los sindicatos y agrupaciones de trabajadores tienen aquí un importante campo de crecimiento y desarrollo, implicándose de un modo más directo en conseguir que se respeten las condiciones dignas de los trabajadores”.

“Su misión es específica: ser instrumento de solidaridad y cohesión; canales de colaboración entre el trabajador y la empresa. Desde esta perspectiva, el sindicato es una institución indispensable cuando defiende a los que no tienen voz y cuando se resiste a la mercantilización de la fuerza de trabajo. Sin embargo, para mantener esta autoridad moral, el sindicalismo debe mirar permanentemente a las periferias existenciales, integrando y tendiendo puentes hacia los trabajadores precarizados, informales y excluidos del sistema formal, tomando en cuenta las profundas transformaciones que atraviesa el mundo del trabajo”.

“Los desafíos de la inteligencia artificial y de la automatización desregulada pueden poner en riesgo tantos puestos de trabajo y convertirse en una verdadera amenaza para el adecuado desarrollo humano integral”.

“La técnica debe estar siempre supeditada a la ética; el algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano ni el valor intrínseco de la presencialidad y el esfuerzo del trabajador. (Y, en ese contexto) Los poderes públicos deben velar por que esto no suceda”.

“Es insustituible el compromiso de las autoridades públicas en la promoción de políticas estables, que favorezcan el pleno empleo y la inclusión social bajo un marco ético donde la economía, el mercado y el Estado operen subsidiariamente en la redistribución justa de las oportunidades”.

“La fraternidad no es una utopía abstracta, sino una categoría política y teológica que nos obliga a mirarnos como iguales, rompiendo los muros de la indiferencia globalizada”.

“La tarea (entonces, es) defender la dignidad del ser humano, promover el bien común, reconocer el destino universal de los bienes, vivir una solidaridad efectiva y una subsidiaridad responsable para construir juntos la civilización del amor”.

El exmandatario afronta los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y ahora asociación criminal; toda la cúpula anterior del BCP cayó.

La Fiscalía formuló ayer una nueva imputación por el supuesto hecho punible de asociación crimi­nal contra el expresidente de la República Santiago Peña y cinco exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades financieras que derivaron en el colapso de Ueno Bank.

En una improvisada rueda de prensa, al agente Christian Benítez, uno de los fiscales de la causa, confirmó la amplia­ción de la imputación contra Peña y Carlos Carvallo, expre­sidente del BCP, por el hecho punible de asociación crimi­nal. También fueron imputa­dos por este mismo hecho los exintegrantes del directorio del BCP: Marco Aurelio González, Liana Caballero y Miguel Mora. El fiscal señaló que además de asociación criminal, uno de los exdirectivos fue imputado por producción mediata de docu­mentos públicos de contenido falso, uso de documentos públi­cos de contenido falso, lesión de confianza y asociación cri­minal. Se refería al exdirector Marco Aurelio González, que fue nombrado en el cargo por el expresidente. Al ser con­sultado sobre la expectativa de pena para Santiago Peña, el agente recordó que sigue siendo 15 años y que esto no se modi­fica por haber agregado el hecho punible de asociación criminal.

La imputación atribuye a Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González pre­suntas omisiones en sus debe­res de control como integrantes del directorio del Banco Cen­tral. Según la Fiscalía, los tres habrían conocido las alertas relacionadas con el deterioro patrimonial de Ueno Bank desde junio de 2026, sin impul­sar oportunamente las medidas previstas en la legislación ban­caria. El acta señala que, pese a los informes técnicos dispo­nibles, el directorio se habría limitado a disponer la apertura de un sumario administrativo, sin ordenar la suspensión pre­ventiva de determinadas ope­raciones. En particular, la Fis­calía atribuye a Marco Aurelio González una presunta parti­cipación directa en la modifi­cación de un informe institu­cional remitido al Senado, que habría omitido observaciones técnicas relevantes.

Por otra parte, el juez penal de Garantías Humberto Otazú decretó la prisión preventiva de los tres exintegrantes del directorio de la banca matriz que fueron detenidos ayer vier­nes. La medida afecta a Mar­cos González, Miguel Mora y Liana Caballero, quienes debe­rán permanecer bajo custodia policial durante los próximos 15 días, conforme a lo dispuesto por el magistrado.

En el caso de González y Mora, el juez ordenó su reclusión en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, donde perma­necerán durante ese periodo. Mientras que Liana Caballero fue destinada al Departamento Judicial Femenino de la Policía Nacional, también por un plazo de 15 días. La resolución judi­cial establece así medidas de prisión preventiva para los tres exdirectivos, mientras avanza el proceso penal y se desarro­llan las diligencias vinculadas a la causa.

El fiscal Francisco Cabrera sostuvo ayer que el proceso que investiga la caída de Ueno Bank debe partir de la reconstrucción de los hechos y que, a medida que avance la investigación, se podrán determinar las figuras penales que correspondan. En ese sentido, señaló que las calificaciones jurídicas pueden ampliarse o modificarse en función de los elementos que vayan surgiendo durante las diligencias.

“Son los hechos los que determinan la calificación, no al revés. El hecho de que encuentres elementos es lo que te permite realizar una calificación y no el hecho de calificar primero es lo que te permite realizar actos investigativos”, sostuvo el agente.

Agregó que “no existe una limitación; al contrario, primero hay que hacer una investigación, determinar los hechos y eso va a ser lo que va a permitir realizar una calificación. La calificación es el resultado final de la investigación, no al revés, no es el inicio de la investigación”, destacó el agente del Ministerio Público.

El juez penal Humberto Otazú admitió la imputación por asociación criminal contra el expresidente Santiago Peña, en el marco de las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público por el caso Ueno Bank. Con esta decisión, el exmandatario suma un nuevo cargo a los que ya le habían sido atribuidos al inicio de la pesquisa. Los primeros hechos punibles imputados fueron lesión de confianza, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.

La admisión de la figura de asociación criminal marca un endurecimiento de la causa, ya que este tipo penal supone que los hechos investigados no habrían sido acciones aisladas, sino parte de un esquema en el que habrían participado varias personas. El proceso continúa en su etapa inicial, mientras el Ministerio Público avanza con la recolección de evidencias y la defensa del expresidente podrá presentar sus descargos ante los nuevos cargos.

La Fiscalía formuló este viernes 13 de noviembre una nueva imputación por el supuesto hecho punible de asociación criminal contra el expresidente de la República Santiago Peña y cinco autoridades y exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades financieras que derivaron en el colapso de Ueno Bank.

El Acta de Imputación N.º 9, correspondiente a la causa penal N.º 92/2026, sostiene que los investigados habrían integrado una estructura organizada y jerárquica dentro del aparato estatal para favorecer los intereses del conglomerado empresarial Grupo Vázquez, controlador de la entidad bancaria.

La nueva imputación alcanza a Santiago Peña Palacios, expresidente de la República; Carlos Carvallo Spalding, expresidente del BCP; Holger Insfrán Ibarrola, exsuperintendente de Bancos; y los exdirectores Marco Aurelio González Maldonado, Liana Emilce Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora.

En el caso de los tres exintegrantes del directorio, la Fiscalía también atribuye otros hechos punibles relacionados con presuntas omisiones de supervisión y el manejo de documentos oficiales.

Lea también: Caso Ueno: Peña, Carvallo y exdirectivos del BCP, bajo la lupa de la Fiscalía

Según la hipótesis del Ministerio Público, Santiago Peña habría utilizado su posición como presidente de la República para colocar y mantener en cargos estratégicos a personas de su confianza o con vínculos corporativos previos.

Los investigadores sostienen que estas designaciones habrían permitido establecer un esquema de protección institucional para Ueno Bank, mediante la participación de autoridades encargadas de regular y supervisar el sistema financiero.

La Fiscalía señala que Peña habría actuado como jefe de la presunta organización, mientras que los demás integrantes habrían cumplido funciones específicas desde sus respectivas responsabilidades públicas.

En ese contexto, el documento menciona la designación de Carlos Carvallo, expresidente de financiera ueno, como titular del BCP, además de la permanencia de Holger Insfrán en la Superintendencia de Bancos y la actuación de los tres integrantes del directorio. La imputación sostiene que el objetivo de la presunta estructura habría sido subordinar los mecanismos de control financiero a los intereses particulares del Grupo Vázquez.

Otro de los aspectos centrales del acta fiscal es la presunta relación entre el expresidente Peña y Federico Miguel Vázquez Villasanti, principal referente del conglomerado empresarial. Los investigadores sostienen que ambos habrían mantenido reuniones reservadas en Mburuvicha Róga para coordinar necesidades e intereses del grupo financiero.

De acuerdo con la imputación, Peña habría impartido directivas destinadas a evitar la intervención de Ueno Bank y frenar las alertas públicas relacionadas con su situación de insolvencia.

El documento también menciona el presunto hallazgo y entrega de USD 200.000 en efectivo, distribuidos en sobres dentro de la residencia presidencial, como parte de las contraprestaciones ilícitas que la Fiscalía atribuye al exmandatario. Estas afirmaciones forman parte de la hipótesis fiscal y deberán ser acreditadas durante el proceso penal.

Le puede interesar: Caso Ueno: quiénes son los 27 imputados por las presuntas irregularidades financieras del banco

La imputación también señala a Carlos Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central, como uno de los presuntos responsables de impedir la aplicación oportuna de los mecanismos regulatorios. Según el Ministerio Público, Carvallo habría paralizado procedimientos de regularización y suscrito documentación dirigida al Congreso Nacional que no reflejaba íntegramente las advertencias técnicas sobre la situación financiera de Ueno Bank.

En particular, se cuestiona la Nota BCP/P N.º 016/2026, remitida a la Cámara de Senadores, cuyo contenido habría omitido información relevante sobre operaciones financieras investigadas. La Fiscalía sostiene que estas actuaciones habrían contribuido a mantener la operación del banco sin restricciones, pese a los informes que advertían sobre su deterioro patrimonial.

En cuanto a Holger Insfrán, la Fiscalía sostiene que habría utilizado su posición al frente de la Superintendencia de Bancos para evitar la aplicación de medidas correctivas. Entre los hechos investigados figura la venta de una cartera crediticia de Ueno Bank a Vinanzas S.A. por USD 74,4 millones, operación que, según los informes técnicos, habría sido financiada indirectamente con recursos del propio banco.

El Ministerio Público también cuestiona el tratamiento dado a un informe elaborado por el exgerente de Supervisión Fernando Rivarola, fechado el 10 de julio de 2026, que advertía sobre presuntas irregularidades en esa operación. De acuerdo con la hipótesis fiscal, la falta de aplicación de sanciones y medidas preventivas habría permitido que la entidad continuara captando fondos del público.

La imputación atribuye a Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González presuntas omisiones en sus deberes de control como integrantes del directorio del Banco Central. Según la Fiscalía, los tres habrían conocido las alertas relacionadas con el deterioro patrimonial de Ueno Bank desde junio de 2026, sin impulsar oportunamente las medidas previstas en la legislación bancaria.

El acta señala que, pese a los informes técnicos disponibles, el directorio se habría limitado a disponer la apertura de un sumario administrativo, sin ordenar la suspensión preventiva de determinadas operaciones. En particular, la Fiscalía atribuye a Marco Aurelio González una presunta participación directa en la modificación de un informe institucional remitido al Senado, que habría omitido observaciones técnicas relevantes.

Respecto de Liana Caballero, sostiene que habría recibido una versión del documento cuestionado sin promover posteriormente una rectificación oficial. En cuanto a Miguel Ángel Mora, los investigadores señalan que habría presidido interinamente una sesión del directorio en la que no se impulsaron medidas más restrictivas contra la entidad financiera.

Lea más: Fiscalía aguarda autorización judicial para peritaje al teléfono de Peña

El Ministerio Público sostiene que la presunta actuación coordinada de los investigados permitió que Ueno Bank continuara operando entre junio y octubre de 2026, pese a las observaciones sobre su solvencia. En ese periodo, la entidad habría desarrollado campañas comerciales para atraer nuevos depósitos y certificados de depósito de ahorro, incluyendo promociones con reintegros del 50 %.

La Fiscalía considera que la continuidad de estas operaciones habría incrementado la exposición del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y comprometido recursos públicos y previsionales. El acta señala que, al 30 de septiembre de 2026, los fondos públicos depositados en la entidad ascendían a aproximadamente G. 3,6 billones y USD 233,4 millones.

La situación desembocó en el procedimiento de resolución dispuesto por el BCP el 2 de noviembre, luego de constatarse que la solvencia del banco había caído por debajo del límite establecido por la normativa.

La nueva imputación también contiene solicitudes de medidas cautelares contra los exintegrantes del directorio del BCP. El Ministerio Público requirió la prisión preventiva de Marco Aurelio González Maldonado, mientras que para Liana Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora solicitó arresto domiciliario.

Asimismo, pidió la inhibición general de vender y gravar bienes de los tres imputados y la identificación de sus cuentas, depósitos, inversiones y otros activos financieros, a fin de determinar eventuales medidas de inmovilización.

La imputación por asociación criminal representa una ampliación de la investigación que inicialmente apuntaba a presuntas irregularidades financieras, omisiones de supervisión y decisiones administrativas relacionadas con ueno bank.

Ahora, el Ministerio Público sostiene la hipótesis de que los hechos no habrían respondido únicamente a actuaciones individuales, sino a una presunta organización que habría funcionado mediante una división de tareas entre autoridades del Poder Ejecutivo y del Banco Central. La Fiscalía atribuye a Santiago Peña el supuesto liderazgo político de esa estructura y a las autoridades del BCP la presunta utilización de sus cargos para favorecer la continuidad operativa del banco.

Lea además: Jubilados impulsarán ley de emergencia financiera tras la crisis de Ueno Bank