A nueve décadas de la llegada de los primeros inmigrantes japoneses, Paraguay reconoce el impacto económico y productivo que esta comunidad dejó en el país.

Más que una historia migratoria, la presencia de los inmigrantes japoneses marcó una transformación en la forma de producir, organizar el trabajo agrícola y conectar al país con nuevos mercados.

Desde la fundación de colonias como La Colmena en 1936, los colonos japoneses introdujeron técnicas de cultivo más eficientes, planificación productiva y modelos cooperativos que contribuyeron a modernizar el agro paraguayo.

Esa combinación de disciplina, innovación y trabajo asociativo ayudó a consolidar zonas agrícolas competitivas y a diversificar la producción.

El vínculo económico también se reflejó tempranamente en el comercio. Ya en los años sesenta se realizaban exportaciones de soja hacia Japón, un antecedente de la relación comercial que hoy continúa con granos, semillas y otros productos agrícolas que cumplen estándares internacionales de calidad y trazabilidad.

Actualmente, la relación bilateral suma una nueva dimensión. A la histórica cooperación agrícola se agregan inversiones japonesas en la industria manufacturera paraguaya, especialmente en autopartes bajo el régimen de maquila, que posiciona al país dentro de cadenas regionales y globales de valor.

Con una comunidad de alrededor de 10.000 nikkei y japoneses residentes, el legado de esta inmigración sigue presente no solo en el campo, sino también en la formación de capital humano, la innovación tecnológica y la integración económica entre Paraguay y Japón.

A 90 años de aquella primera llegada, el aporte japonés ya forma parte de la historia productiva del país y proyecta una relación bilateral que hoy combina agro, industria e inversión.

La industria inmobiliaria local empieza a ocupar un lugar cada vez más visible dentro del circuito mundial del real estate. En una reciente Convención Internacional, en Las Vegas, el país logró una serie de reconocimientos.

Una delegación de profesionales paraguayos fue reconocida por su desempeño en la reciente Convención Internacional del real estate realizado en Las Vegas, Estados Unidos, uno de los encuentros más relevantes del sector, reflejando el crecimiento y la profesionalización que atraviesa el mercado local.

El evento reúne cada año a miles de brokers, agentes y líderes inmobiliarios de distintos países para analizar tendencias que están redefiniendo el negocio: desde la integración de inteligencia artificial y herramientas digitales hasta nuevas estrategias de liderazgo comercial, expansión de redes de referidos internacionales y modelos de alto rendimiento en mercados cada vez más competitivos.

En ese escenario, Paraguay logró una presencia destacada, uno de los hitos fue el reconocimiento a un broker paraguayo, Miguel Iglesias, con el premio Global Broker Owner of the Year, una distinción que posiciona al país dentro de los niveles más altos de desempeño en la red global.

Más allá de los galardones individuales, la participación paraguaya refleja una transformación más profunda del sector. En los últimos años, el mercado inmobiliario local ha experimentado una etapa de expansión marcada por mayor profesionalización, capacitación continua de agentes, incorporación de tecnología y una creciente conexión con redes internacionales de negocios.

Ese proceso también acompaña el dinamismo del propio mercado inmobiliario paraguayo, impulsado por la expansión urbana, la llegada de nuevas inversiones y el desarrollo de proyectos residenciales, corporativos y mixtos en distintas ciudades del país.

Dentro de este contexto, la presencia en espacios globales como la convención anual de RE/MAX funciona como una plataforma de posicionamiento para el talento local y para el propio mercado paraguayo, que busca consolidarse como un actor cada vez más competitivo dentro de la industria regional del real estate.

La visibilidad internacional alcanzada en este tipo de encuentros confirma una tendencia que se viene consolidando: el negocio inmobiliario paraguayo ya no se mueve únicamente en clave local, sino que empieza a integrarse con mayor fuerza a las dinámicas globales del sector.

“Rogamos de que tengamos participación en la construcción de un nuevo modelo jubilatorio, no estamos en contra de la modificación de la Caja Fiscal, pero sí tenemos un monto de reparos”, afirmó Jorge Barboza, representante de los gremios judiciales.

“Queremos señalar que primó la prudencia y coherencia en el Senado, escuchamos a algunos legisladores, quienes de manera muy sensata dicen que es importante escuchar a todos los sectores, es importante hacer un análisis técnico social respecto a la modificación de una ley de jubilación”, comentó el camarista del fuero laboral, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El tratamiento del proyecto de reforma de la Caja Fiscal en el Senado fue pospuesto hasta el 25 de marzo. La decisión fue tomada en medio de movilizaciones a nivel país por parte de los gremios afectados, principalmente el sector de los docentes, que se concentró en las inmediaciones del Congreso Nacional.

“De las experiencias que recogemos en la región, notamos que esto siempre se ha llevado a procesos extensos por su naturaleza y sobre todo integrados, me refiero con esto que en el país se manejó a las apuradas y quizás de una manera muy poco acertada, no se tuvo tiempo para el debate y analizar en profundidad el texto del proyecto Ejecutivo”, comentó.

El camarista acotó: “Se agravó la cuestión cuando en la Cámara de Diputados se modificó perniciosamente sin motivos algunos el proyecto del Poder Ejecutivo. Todo esto ha demostrado arbitrariedad con la intención de aprobarlo a tambor batiente, esa no es la forma”.

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La Organización de Estados Americanos se declaró ayer miércoles “alarmada” ante la situación política y social en Nicaragua y exhortó al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo a respetar los derechos humanos. El Consejo Permanente de la OEA, órgano ejecutivo del bloque regional, aprobó por unanimidad una resolución que urge al país centroamericano a “poner fin a las violaciones a los derechos humanos, incluida la liberación incondicional de todas las personas detenidas injustamente, y de aquellas injustamente sujetas a arresto domiciliario”.

El último informe del grupo especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua describe "acciones de hostigamiento, persecución y atentados contra la vida que se extienden más allá de las fronteras terrestres" del país, recuerda la resolución. El texto señala que esto ocurre “incluso a través de la instrumentalización de los mecanismos internacionales de cooperación, como el uso indebido de las notificaciones rojas de Interpol”.

Nicaragua, cuya presidencia es compartida desde noviembre de 2024 por Ortega y su esposa Murillo, abandonó la OEA hace poco más de un año. El Consejo Permanente invitó al país “retornar” a la organización, en cumplimiento con los principios de la Carta Democrática Interamericana. Al mismo tiempo, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que mantenga su monitoreo sobre la situación de los derechos fundamentales en el país, a pesar de que el gobierno de Ortega y Murillo rechaza sus visitas.

La oenegé Human Rights Watch (HRW) denunció el miércoles “la ejecución extrajudicial de 120 latinoamericanos” en el Caribe por ataques de Estados Unidos, y dijo que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca animó a varios gobiernos de América Latina para cometer abusos. Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, advirtió que a las “graves violaciones a derechos humanos” identificadas “por décadas” en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, se suman ahora los abusos cometidos por Washington en la región, además de la retención de extranjeros deportados por Estados Unidos en El Salvador, Panamá y Costa Rica.

“La ejecución extrajudicial de 120 latinoamericanos en aguas del Caribe y el Pacífico” durante ataques estadounidenses contra embarcaciones supuestamente utilizadas para el trasiego de drogas es una de las acciones del gobierno de Trump que han agravado la situación de los derechos humanos en la región, citó Goebertus en una rueda de prensa.

Estas muertes se dieron en el contexto del despliegue naval que mantiene Washington en el Caribe, donde ha atacado botes presuntamente del narcotráfico, y que condujo al poderoso operativo militar para capturar al depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 3 de enero.

En su informe anual, presentado en Ciudad de México, HRW menciona también que El Salvador recluyó a 252 venezolanos deportados desde Estados Unidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). En esa megacárcel inaugurada en 2023 por el presidente Nayib Bukele, HRW pudo “documentar que (los deportados) sufrieron torturas sistemáticas”, añadió Goebertus en entrevista telefónica con AFP. La abogada lamentó que países “que históricamente han sido muy comprometidos con la defensa de derechos humanos, como Panamá y Costa Rica” hayan retenido a extranjeros deportados por Estados Unidos “sin ninguna justificación”.

“El gobierno de Estados Unidos ha tenido una influencia indudablemente negativa” en la región, cuyo balance frente a las políticas migratorias del republicano “es muy desafortunado”, afirmó. El recorte de Trump a la ayuda internacional de Washington, a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), tuvo un impacto “supremamente grave” en América Latina y el Caribe, denunció Goebertus.

Los ecos de esta política también llegan hasta países como Ecuador y Perú, que al igual que El Salvador, lanzaron leyes “para el cierre arbitrario de organizaciones” de derechos humanos, aprovechando el “debilitamiento” de las oenegés. HRW destaca que, con resultados disímiles, gobiernos latinoamericanos que aplicaron políticas de mano dura contra la delincuencia registran un incremento en las violaciones a los derechos humanos. El informe sostiene que la administración de Bukele cometió “detenciones arbitrarias y masivas”, “tortura” y “desaparición forzada” para conseguir una importante disminución de la violencia ligada a las pandillas.

Ecuador, por otra parte, cerró 2025 con una tasa de homicidios récord de 52 asesinatos por cada 100.000 habitantes, mientras que sus fuerzas de seguridad incurrieron en “ejecuciones extrajudiciales” y “desapariciones forzadas”, según HRW. En el caso de México, Goebertus llamó a poner “la lupa” en “la erosión del sistema de pesos y contrapesos”, entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, provocada por la reforma constitucional que instauró la elección popular de jueces.

Esta reforma convirtió “a los jueces en actores sujetos a mayorías políticas y presiones electorales”, añadió la politóloga Denise Dresser en la rueda de prensa. Lisa Sánchez, especialista en seguridad y política de drogas señaló que la “militarización” de la seguridad pública no solo incrementa los riesgos de violaciones a las garantías fundamentales, sino que no ha puesto un freno a la corrupción en México.

“Las fuerzas armadas están participando igualmente en esquemas de corrupción”, dijo Sánchez, en alusión a las indagatorias por contrabando de combustible contra elementos de la Secretaría de Marina en 2025. El informe de HRW reconoce la reducción de la pobreza en México, pero “comer mejor no compensa vivir sin justicia”, subrayó Dresser.

Fuente: AFP.