“Debo decir con mucho pesar que el Instituto de Previsión Social es por lejos la institución más desordenada administrativamente del Estado paraguayo”, dijo el Contralor General de la República (CGR), Camilo Benítez, tras presentar este lunes al Congreso Nacional el informe y dictamen sobre las finanzas públicas correspondiente al año 2025.

“Se afectó a la sensibilidad máxima de los ciudadanos paraguayos. Debo decir esto por justicia, quiero hacer un reconocimiento al expresidente del IPS, Jorge Brítez, quien fue él quien solicitó esta auditoría. Ahora entiendo por qué en años anteriores se resistían tanto los extitulares de la previsional, como por ejemplo, Vicente Bataglia, en cuya gestión incluso tuvimos que recurrir a órdenes judiciales y allanamiento para poder acceder a las diversas informaciones”, indicó a los medios de comunicación.

Benítez mencionó que “hicimos varias actividades de control en las distintas dependencias de la institución y este informe es el más emblemático de la historia de la Contraloría, en cuanto al IPS. Abarca el aspecto financiero, ambiental, tecnológico y esto puede servir para que de una vez por todas se tomen verdaderamente las medidas de corrección”.

Detalló que entre los casos detectados por la Contraloría que luego deberán ser remitidos al Ministerio Público, figuran, por ejemplo, presuntas irregularidades por G. 600.000 millones entre medicamentos adquiridos y entregados, pagos por más de G. 50.000 millones a más de 11.000 jubilados fallecidos, situación que ya fue advertida y la utilización de cuentas judiciales para realizar compras fuera del control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

“Existe una deuda flotante de más de G. 1 billón que se arrastra año a año, es decir cada vez que el IPS se propone comprar insumos o medicamentos no tiene el dinero para pagar. La imagen financiera del IPS ya da pena”, mencionó como otra de las grandes falencias dentro de la institución.

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Durante la conferencia de prensa, Benítez puntualizó que se realizaron más de 2.000 actividades de control y más de 40 auditorías financieras, de cumplimiento y de desempeño que evalúan no solamente el aspecto contable o la legalidad del gasto público, sino también el impacto de la política pública.

Agregó que el 40 % de dicho trabajo de auditoría se concentró en la previsional. A la vez comentó que existe un desfasaje entre lo que cobra el IPS en concepto de aporte patronal y lo que se paga a los jubilados.

Con relación al tema refirió que los funcionarios de la previsional no se esforzaron en cobrar estas deudas y muchas de las demandas prescribieron. “Entonces, aquí tenemos un problema de un caos financiero. El Estado paraguayo y las empresas privadas le adeudan más de G. 10.000 billones al IPS y muchas veces vemos que el IPS no hace una gestión eficiente en cuanto al cobro a empresas que le deben al IPS”, dijo.

A todas las irregularidades se suman los gastos por USD 25 millones por “el abuso del sistema de gastos judiciales para pagar acuerdos privados que fueron homologados” y los inmuebles arrendados que no generan ni el 1 % de rentabilidad.

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“Debemos sentarnos a dialogar, hay un problema estructural en la salud que no se solucionará de la noche a la mañana”, indicó el presidente del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez, ante las renuncias de decenas de médicos especialistas que se presentan este lunes, tras la huelga en reclamo de un aumento salarial y la desprecarización laboral.

“Los aproximadamente 12.000 médicos en el sector de la salud pública, desde luego que tienen que ser reivindicados, pero tenemos que diferenciar quiénes son especialistas y los que se reciben recién, de los médicos que no hicieron residencia”, indicó el legislador a los medios de comunicación en el Palacio Legislativo.

El legislador mencionó que “es grave lo que está sucediendo, el ser médico es un apostolado, yo no puedo renunciar teniendo un paciente pediátrico, se le dejará sin asistencia a ese paciente. El pedido que realizan es adecuado si se tiene los recursos, pero si no tenemos qué haremos, de dónde se sacará, ya tenemos un 3,1 % de déficit. Si vamos a reivindicar a los médicos también debemos hacerlo con otros personales como las enfermeras, bioquímicos, radiólogos, ahora se suman los docentes”.

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En el marco de la huelga general iniciada el pasado lunes 24 y finalizada ayer viernes 28 de agosto, los médicos requirieron al gobierno la adquisición de mayores insumos y medicamentos, el pago por los feriados, así como el nombramiento de los profesionales contratados.

El punto más conflictivo sobre el cual aún no se llegó a un acuerdo radica en el aumento directo de G. 3.000.000 por vínculo, solicitando pasar de los G. 5.000.000 actuales a un total de G. 8.000.000 por cada contrato de 12 horas semanales. Los gremios argumentan que, desde 2012, su poder adquisitivo cayó de 2,8 a 1,7 salarios mínimos. “Nosotros vamos a escuchar a todo el personal de salud y al docente, será integral para que ningún sector se quede sin nada”, comentó.

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Representantes de la Federación Nacional Campesina, la Multisectorial, la Coordinadora por la Reforma Agraria y comisiones vecinales apoyaron la propuesta del Ejecutivo para eliminar el pago previo del 3 % y ampliar los plazos de pago de los lotes.

El proyecto del Ejecutivo plantea flexibilizar las condiciones para acceder a la titulación, eliminando la barrera económica que implica el pago inicial del 3 % y estableciendo un régimen de pago diferido. La iniciativa recibió respaldo de representantes campesinos durante una audiencia pública que se llevó a cabo este viernes en el Congreso Nacional.

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El titular de la Cámara de Senadores, y presidente del Congreso, Basilio Núñez, convocó una audiencia pública para analizar el proyecto de ley que modifica disposiciones del Estatuto Agrario y la normativa del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), con el objetivo de facilitar el acceso a la titulación de tierras para las familias campesinas. El debate estuvo acompañado del presidente del ente agrario, Francisco Ruiz Díaz.

Durante las deliberaciones los representantes del sector campesino, autoridades y legisladores, señalaron que están a favor de las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo. El objetivo del diálogo fue recoger las inquietudes y promover el tratamiento del proyecto de ley el próximo 16 de septiembre.

El titular del Indert presentó el proyecto con los puntos específicos que se plantea modificar. Brindó una amplia explicación a los participantes sobre la propuesta del gobierno. Explicó que el proyecto plantea eliminar el pago previo del 3 % del valor de la tierra como requisito para acceder al título de propiedad y establecer un régimen de pago diferido.

Señaló que de aprobarse, los beneficiarios podrían recibir primero la titulación y posteriormente abonar el valor de la tierra mediante cuotas anuales, con el inicio de los pagos 12 meses después de la entrega del título. El plazo previsto sería de hasta 30 años para las mujeres y 20 años para los hombres.

La audiencia se realizó en la sala de sesiones del Congreso Nacional y contó con la presencia de los senadores Natalicio Chase, Líder Amarilla, Óscar Salomón, Enrique Salyn Buzarquis, Arnaldo Samaniego, Patrick Kemper e Ignacio Iramain. El proyecto de modificación contó con un fuerte respaldo de los representantes campesinos, así como también de los parlamentarios.

Al inicio del encuentro, el presidente del Senadores, Basilio Núñez, destacó la importancia de escuchar a los distintos sectores involucrados, a fin de que el proyecto responda a las necesidades del campesinado. “Necesitamos conocer sus opiniones para establecer una respuesta que se traduzca en este proyecto de ley, que verdaderamente beneficie principalmente al campesinado”, expresó.

Marcial Gómez, dirigente de la Federación Nacional Campesina, confirmó el apoyo de la FNC a la eliminación de las barreras económicas que impiden al campesinado acceder al título de propiedad.

En ese sentido, dijo que están de acuerdo en eliminar el pago previo del 3 % y la ampliación de plazos. De igual forma, la Multisectorial, la Coordinadora por la Reforma Agraria, así como las comisiones vecinales de diferentes departamentos, brindaron su apoyo a la iniciativa de cambios en el Estatuto Agrario.

Pulciano Sánchez sostuvo que la iniciativa representa a un sector importante del país que merece ser escuchado y que las decisiones adoptadas deben contemplar las necesidades reales de las familias campesinas.

El monseñor Mario Melanio Medina, representante de la Delegación del Comité de Iglesias, resaltó la importancia de abordar el problema de fondo y encontrar una respuesta que favorezca efectivamente a las familias campesinas.

En la misma línea, Alejandro Colmán, beneficiario de San Pedro y representante de la Comisión de Fomento y Desarrollo Yvype, sostuvo que la regularización de las tierras constituye una responsabilidad del Estado y remarcó la importancia de garantizar soluciones que permitan a las familias campesinas consolidar su propiedad y mejorar sus condiciones de vida.

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El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez, reiteró su postura de no elevar los impuestos para obtener más recursos, esto en el marco del reclamo y la huelga de médicos que piden un aumento salarial que requerirá de un presupuesto aproximado de USD 100 millones más para los 12.000 médicos del sistema de salud pública.

“Ya adelanté mi postura que no estoy de acuerdo con ninguna elevación impositiva, más si lo hacemos a la ligera. Lo primero que tenemos que hacer es recaudar más, formalizar las empresas y después ver otras posibilidades, hay que tener en cuenta que si uno eleva los impuestos eso lo traslada al ciudadano, lo traslada al microempresario, traslada al constructor, al trabajador, no estoy inventando la rueda”, dijo a los medios de prensa.

El legislador indicó que con el aumento de las tasas impositivas se podría perder el atractivo de inversión para el Paraguay y afirmó que se deben analizar primeramente otras opciones para aumentar las recaudaciones.

“Vamos a hacer un círculo inflacionario, no es la solución, y si vamos al ejemplo de Uruguay que tiene el 22 % IVA, trasladar eso, entonces ¿por qué están viniendo todas las empresas a Paraguay?, precisamente por esa flexibilidad impositiva, eso le da trabajo a la gente”, expresó.

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Sobre los planteamientos de elevar impuestos a otros productos, como el tabaco u otros, refirió que toda propuesta debe ser analizada con responsabilidad. “Estamos abiertos a todas las propuestas, sea tabaco, sea cigarrillo electrónico, bebidas azucaradas, alcohol, soja, lo que sea, pero vamos a estudiarlo seriamente. Tenemos que hacer estudios serios y lo vamos a hacer”, apuntó.

Finalmente, afirmó que está en contra del aumento de todo impuesto que signifique una carga para la ciudadanía. “El martes recibimos el presupuesto general de la nación 2027, el Presupuesto de Gastos de la Nación no se estudia de la noche a la mañana. Que se presente el proyecto de ley y lo vamos a ver, en puridad no estoy en contra de cualquier aumento impositivo, porque eso lo va pagar el ciudadano, ña Juana va a pagar, si quieren que pague ña Juana o don Pedro, adelante”, concluyó.

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